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"Después de cuatro
décadas, se abre las grandes alamedas"
Jorge Zavaleta Alegre.
Latinoamérica, en el
último medio siglo ha transitado por una economía libre o libérrima, y ahora pasa por un conflicto entre los grupos
económico tradicionales y las emergentes
fuerzas populares, cuyos ingresos no
transitan por la banca ni los sistemas de tributación. Esta crisis se complica por las pandemias y la vigencia de una informalidad ampliada y delictiva de la droga amazónica, concentrada
en el sur oriente peruan Bolivia y Paraguay.
Chile (al igual que
Perú, Venezuela y Ecuador) ha decidido tener
una nueva Constitución Nacional que reemplace aquella que dejó la
dictadura de Pinochet.
Para los
latinoamericanos de pensamiento conservador, el presidente Allende fue un orgullo porque su antepasado
conquistador había recibido un título de nobleza por la cantidad de indígenas
que había eliminado.
Pero ese pensamiento cambió tres años más tarde, cuando
el presidente Allende era derrocado en un violento golpe de Estado, comandado
por Pinochet y respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, que puso fin
al gobierno de la Unidad Popular y a su propia vida.
Era el 11 de septiembre
de 1973. Poco antes de morir, en su discurso postrero, Allende dijo: “Mucho más
temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre
libre para construir una sociedad mejor”.
Durante la era del
dictador Pinochet se habían hecho reformas para implantar una economía de libre
mercado. El país puso en manos de inversionistas privados las empresas
estatales existentes al mismo tiempo que los servicios de salud, la seguridad
social, la educación, la vivienda y las telecomunicaciones. Se prohibieron las
acciones reinvindicativas de los sindicatos y gremios.
Después de la vuelta a
la democracia, en 1990, varios gobiernos de la llamada Concertación se
sucedieron entre ese año y 2010. Las políticas neoliberales se profundizaron
aún más. Se impulsó el consumo y el crédito. El país crecía económicamente e
ingresaba a organismos de países desarrollados.
El otro lado de la
medalla era que Chile seguía estando dentro de las naciones más desiguales del
mundo. Balances de la primera década del siglo, revelan que las cuatro familias
más ricas en Chile poseían una riqueza equivalente al 20 por ciento de lo que
producía el país al año (PIB).
La protesta que siempre
ha sido parte del escenario chileno se desató con una fuerza inusitada hace
diez años. El movimiento por volver a hacer pública la educación se constituyó
en uno de los más fuertes desde el retorno a la democracia. Los esfuerzos del pueblo chileno obtuvieron
como resultado de las protestas el llamar a una nueva Constituyente para abolir
la Constitución de Pinochet. Las marchas feministas es un elemento muy valioso que ayudó
y ayuda al cambio.
El ciclo de sufrimiento
al que el pueblo chileno ha sido sometido en los últimos cincuenta años con
desaparecidos, exilio, represión y presos políticos parece haberse cumplido.
Las palabras proféticas
de Salvador Allende acaban de hacerse realidad. Las pasadas elecciones en el
país austral para elegir representantes a la Convención Constitucional,
alcaldes y gobernadores han tenido resultados contundentes.
El resultado de la
votación: “La suma de los independientes con las dos grandes listas de la
oposición al gobierno de Piñera supera los dos tercios de los 155 escaños de la
Convención, que contará con 17 cupos reservados para los pueblos indígenas y
tendrá paridad entre hombres y mujeres, algo inédito en el mundo”, enfatiza la
prensa de Santiago, la capital nacional.
El pueblo chileno ha retomado la vocación de participación sencilla
y en humildad. Elisa Loncón, una
lingüista chilena, que creció en una choza tradicional de madera y paja donde
viven los indígenas mapuche en áreas rurales del centro-sur de Chile, ha obtenido el liderazgo en esta nueva etapa.
Ella fue a la más
cercana, donde era la única niña indígena en su clase. Pero renunciar a la oportunidad de la
educación no era una opción. Ya su madre
abandonó la escuela en tercer grado, cansada de caminar largas horas descalza
para llegar a su salón de clases, mientras que su padre no aprendió a leer
hasta los 17 años.
Elisa Loncón, hoy con
58 años, tiene una maestría y dos doctorados. Es una de los 155 miembros de la
nueva asamblea constituyente encargados de redactar la nueva carta magna del
país.
En octubre pasado, más del 78% de los votantes chilenos
aprobaron el cambio constitucional, y el junio volvieron a votar para elegir a
los miembros de una asamblea constituyente. La asamblea ya tuvo su primera sesión
oficial, de un proceso que debe durar hasta un año y producir un texto que será
ratificado a través de un nuevo plebiscito.
Esto acontecimiento no
solo pone fin al legado del régimen
autoritario de Chile. Es una oportunidad única para que cualquier país
establezca nuevas pautas para el siglo XXI.
Se espera que la
asamblea constitucional de Chile trate de limitar los privilegios de una élite
con un control dominante en el poder político, que todavía actúa como una
oligarquía. En el centro del debate constitucional estará si eliminar o no una
sección existente que regula el poder del Estado para desarrollar actividades
empresariales, lo que la mayoría de los chilenos cree que conduciría a nuevas
políticas de bienestar social.
La asamblea con 155 miembros que en conjunto
reflejan el fuerte rechazo de los chilenos a la clase política establecida. Las
coaliciones de centro izquierda y derecha que han compartido el poder desde el
retorno a la democracia en 1990 sufrieron un duro golpe, obteniendo sólo el 16%
y el 24% de los escaños, respectivamente.
En contraste,
candidatos independientes y recién llegados de partidos políticos de izquierda
y movimientos sociales han tenido su momento de gloria, reuniendo el 60% de los
votos.
La asamblea chilena es
la primera en el mundo en tener paridad de género (77 miembros son mujeres) y
la primera en la historia del país en incluir asientos designados (17) para
representantes indígenas. También incluye ambientalistas, feministas, miembros
de la comunidad y chilenos de todo el
espectro social. La edad promedio de los asambleístas es de 44 años.
La constitución de
Chile que fue redactada bajo la influencia del modelo neoliberal, no obstante muchas enmiendas, la mayoría de
los chilenos la considera demasiado dirigida al libre mercado y marca las
desigualdades del país.
Chile es el país más
desigual de América Latina, donde el 10% en el nivel más alto concentra el 60%
del ingreso nacional promedio, coincide más de uno de los estudios socioeconómicos de este país.
La «Encuesta
Bicentenario» que viene midiendo indicadores culturales anualmente desde 2010, el
año pasado mostró que el 77% de los chilenos cree que hay un «gran conflicto»
entre ricos y pobres. En este contexto, muchos ven la nueva constitución como
la solución.
Los conservadores temen
que el proceso constitucional degenere en un camino populista para que un líder
consolide el poder ejecutivo, como ha ocurrido en Bolivia y Venezuela. Pero los
expertos dicen que eso es poco probable.
Claudia Heiss, socióloga autora de varios libros destaca la
nueva actitud de la juventud de su país:. «En Chile estamos viendo una
respuesta institucional a un levantamiento social y sus demandas. Es inédito en
América Latina tener un proceso que comienza como una revolución y se convierte
en una convención con deberes limitados»,
La mayoría de los
constituyentes han demostrado que están dispuestos al cambio: «Si Chile lo hace
bien, tiene el potencial de convertirse en un país que dé el ejemplo a otros»
coinciden líderes de grupos juveniles”.
La lucha de Chile con
su pasado autoritario no es única. Los países con democracias recientes, como
Birmania, Corea del Sur y Turquía, se han regido por constituciones
autoritarias durante años o incluso décadas.
En algunas naciones, como Argentina, que han
oscilado una y otra vez entre la democracia y la dictadura, varias transiciones
democráticas han sido guiadas por constituciones redactadas por gobiernos
autoritarios.
Este hecho refleja una
vez más cómo Sebastián Piñera, el multimillonario presidente empresario de
Chile, está sumamente desconectado de la manera en que viven la mayoría de los
chilenos. El gobierno de Piñera está consciente de esto y está tomando medidas
para oponerse a un cambio político radical.
El proceso de reforma
no necesariamente tiene que descarrilar el estatus de Chile como una fuerza
económica en la región. Un sistema político más inclusivo que promueva los
intereses de la mayoría de sus ciudadanos también puede beneficiar a los
empleadores mediante estabilidad política y una fuerza laboral más feliz y
saludable, coinciden múltiples países.
