Papel de Arbol

lunes, 7 de noviembre de 2016

CIENCIA Y TECNOLOGIA. Codificación de Datos:Guía UTF-8 para PHP y MySQL.


Como desarrollador PHP o MySQL, una vez que pasas más allá de los confines de los cómodos conjuntos de caracteres sólo en inglés, te encuentras rápidamente enredado en el maravillosamente y extraño mundo de UTF-8.
Una Mirada Rápida UTF-8 Primer

Unicode es un estándar de la industria de computación ampliamente utilizado, que define un mapeo completo de valores únicos de códigos numéricos a los caracteres de la mayoría de los conjuntos de caracteres escritos hoy en día, para ayudar con la interoperabilidad de los sistemas y el intercambio de datos. 

UTF-8 es una codificación de amplitud variable (variable-width encoding) que puede representar todos los caracteres en el conjunto de caracteres Unicode. Fue diseñado para mantener la retrocompatibilidad con ASCII y para evitar las complicaciones con Endianness y marcas de orden de bytes en UTF-16 y UTF-32. UTF-8 se ha convertido en la codificación de caracteres dominante para la World Wide Web, lo que representa más de la mitad de todas las páginas Web. 

UTF-8 codifica cada carácter utilizando de uno a cuatro bytes. Los primeros 128 caracteres de Unicode corresponden uno a uno con ASCII, haciendo válido el texto ASCII, al igual que el texto con codificación UTF-8. Es por esta razón que los sistemas que están limitados al uso del conjunto de caracteres en inglés, están aislados de las complejidades que de lo contrario pueden surgir con UTF-8. 

Por ejemplo, el código hexadecimal Unicode para la letra A es U + 0041, que en UTF -8 simplemente está codificado con el byte único 41. En comparación, el código hexadecimal Unicode para el carácter  es U+233B4, que en UTF-8 se codifica con los cuatro bytes F0, A3, B4, 8E.
En un trabajo previo a éste, comenzamos a encontrar problemas de codificación de datos al mostrar biografías de artistas de todo el mundo. Pronto se hizo evidente que había problemas con los datos almacenados ya que a veces los datos se codifican correctamente y otras veces no.
Esto llevó a los programadores a implementar una mezcla de parches, a veces con JavaScript, a veces con etiquetas meta charset HTML, a veces con PHP, y así sucesivamente. Pronto, terminamos con una lista de 600.000 biografías de los artistas, con la información codificada al doble o triple, con datos almacenados en diferentes formas, dependiendo de quién había programado la característica o aplicado el parche. Un clásico nido de ratas técnico.
De hecho, navegar por problemas UTF-8 relacionados con codificación de datos, puede ser una experiencia frustrante. Este post proporciona un “libro de cocina” conciso para abordar estos problemas cuando se trabaja con PHP y MySQL particularmente, basado en la experiencia práctica y las lecciones aprendidas (y con agradecimientos, en parte, a la información descubierta aquí y aquí en el camino)......

ANCASH. Cumplen con la Ley, pero delinquen

Marco Castillo Torres, economista, consultor internaciona, ex gerente de la Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE, analiza en la revista Ancash Noticias la  corrupción institucionalizada.
http://www.ancashnoticias.com/2016/11/cumplen-con-la-ley-pero-delinquen/



Nuestro país se encuentra en pleno proceso de formulación del presupuesto 2017. A decir de los especialistas, poseemos una normativa bastante precisa que debería permitir a nuestro Gobierno Regional y a nuestros Gobiernos Municipales buenas prácticas de gestión.
Nos vamos a referir ahora al Plan de Desarrollo Concertado y al Presupuesto Participativo, los que supuestamente posibilitan una mejor priorización de obras e intervenciones apoyados por mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.
Pero entre la norma y la realidad existe una enorme brecha. Lastimosamente los planes de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo del Gobierno Regional y de la mayoría de  Municipalidades formulados para este año y también para los  anteriores;  han sido aprobados de manera curiosa  en reuniones en las que además de los funcionarios públicos han asistido ciudadanos “convocados”, “trasladados”, o “convencidos”; sólo para que firmen y validen un instrumento que cuando se trata de obras se comenta abiertamente habrían sido “coordinadas” previamente entre constructores y autoridades locales.
Solo eso explica la ejecución de “mejoras” urbanas sin criterio arquitectónico o de servicio solo para sembrar cemento. Al validarse el presupuesto participativo en esas reuniones se cumple con la ley, ¡claro!  pero se convalidan arreglos previos para favorecer a unos cuantos, burlándose y traicionando a los ciudadanos que aspiran a vivir en mejores condiciones.  
Si nos basamos en la experiencia de años anteriores, lo peor viene después. Luego de aprobados los presupuestos anuales para la ejecución de estudios y obras se proceden a convocatorias abiertas tal como lo dispone la ley. Para asegurar la contratación de algún constructor o consultor, los términos de referencia de las convocatorias se ajustan milagrosamente al perfil y experiencia de a quien se pretende favorecer. Esto que se comenta se encuentra como constante en los informes que realiza la Contraloría en sus exámenes especiales que realiza a las diversas entidades públicas tanto del Gobierno Central como de los Regionales y Municipales, pero persiste la impunidad. ¿O no es así estimado lector?
¿Cómo se eliminan prácticas tan perversamente enquistadas? ¿Con más regulación a pesar que ya contamos con normas de transparencia, vigilancia, rendición de cuentas y presupuesto por resultados? ¿Con comisiones de expertos para que digan qué hacer?
Todos conocemos la respuesta: con funcionarios públicos realmente comprometidos en atender y solucionar los diversos problemas que aquejan a nuestros pueblos, con autoridades honestas que asuman su función entendiendo que son los que con sus decisiones tienen la oportunidad de transformar penosas realidades para ofrecer a sus ciudadanos mejores condiciones en ciudades más saludables.
Ganar las elecciones para ocupar el Gobierno Regional o un Municipio no significa haber conseguido un botín. Esto también debe ser entendido por las nuevas autoridades de nuestro Gobierno Regional. Nosotros los ancashinos NO deseamos más de lo mismo.
Recientemente el Fiscal de la Nación ha propuesto 22 medidas en materia de lucha contra la corrupción en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia suscrito entre el actual Gobierno y los titulares judiciales del país. Entre las medidas propuestas por el fiscal Pablo Sánchez se encuentra la de evaluar los antecedentes judiciales, policiales y penales de todos los servidores estatales para conocer el perfil de cada trabajador en cargos públicos. Ojalá esto ayude en la lucha contra la corrupción.  Sin embargo, al interior de cada dependencia pública existe el conocimiento suficiente respecto de los antecedentes, pero también de las potencialidades de cada servidor.
Le corresponde al nuevo Gobernador y a nuestros alcaldes, tener la capacidad y sensatez suficiente de rodearse de personal calificado, transparente, con buenas prácticas de gestión; pero sobre todo comprometido con la función pública. Función por la cual percibe un salario con los recursos que aportamos nosotros los ciudadanos mediante el pago de nuestros impuestos.
Desde la sociedad civil lo que nos corresponde es tener un mayor y genuino interés en participar en la formulación de los planes y presupuestos anuales del Gobierno Regional y de nuestras comunas municipales. La razón es simple:  los recursos presupuestales que se asigna a las Regiones y Municipalidades para financiar: saneamiento, salud, educación conectividad e infraestructura de soporte a la actividad productiva son absolutamente insuficientes y por lo mismo su orientación tiene que ser priorizada en función del interés de los ciudadanos y no de unos cuantos que cumplen con la ley, pero delinquen y traicionan a sus pueblos.
Por ello, la participación y vigilancia ciudadana es imprescindible para que se prioricen y utilicen correctamente los recursos presupuestales. En la Sociedad Civil hay conocimiento suficiente para ayudar a las autoridades de turno a tener gestiones aceptables.
Para ello los colegios profesionales, universidades, cámaras de comercio, organismos no gubernamentales y otras instituciones de la sociedad civil deben sentirse corresponsables con el desarrollo de sus territorios; y, no dejar que los presupuestos anuales obedezcan solamente a la visión y capacidad de los formuladores que no necesariamente tienen ni la visión ni los atributos suficientes para conducir un proceso serio de desarrollo económico territorial en nuestro Departamento.










Tanta Imagen: Ilustración

VIGILANCIA CIUDADANA

Cumplen con la Ley, pero delinquen

Nuestro país se encuentra en pleno proceso de formulación del presupuesto 2017. A decir de los especialistas, poseemos una normativa bastante precisa que debería permitir a nuestro Gobierno Regional y a nuestros Gobiernos Municipales buenas prácticas de gestión.
Nos vamos a referir ahora al Plan de Desarrollo Concertado y al Presupuesto Participativo, los que supuestamente posibilitan una mejor priorización de obras e intervenciones apoyados por mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.
Pero entre la norma y la realidad existe una enorme brecha. Lastimosamente los planes de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo del Gobierno Regional y de la mayoría de  Municipalidades formulados para este año y también para los  anteriores;  han sido aprobados de manera curiosa  en reuniones en las que además de los funcionarios públicos han asistido ciudadanos “convocados”, “trasladados”, o “convencidos”; sólo para que firmen y validen un instrumento que cuando se trata de obras se comenta abiertamente habrían sido “coordinadas” previamente entre constructores y autoridades locales.
Solo eso explica la ejecución de “mejoras” urbanas sin criterio arquitectónico o de servicio solo para sembrar cemento. Al validarse el presupuesto participativo en esas reuniones se cumple con la ley, ¡claro!  pero se convalidan arreglos previos para favorecer a unos cuantos, burlándose y traicionando a los ciudadanos que aspiran a vivir en mejores condiciones.  
Si nos basamos en la experiencia de años anteriores, lo peor viene después. Luego de aprobados los presupuestos anuales para la ejecución de estudios y obras se proceden a convocatorias abiertas tal como lo dispone la ley. Para asegurar la contratación de algún constructor o consultor, los términos de referencia de las convocatorias se ajustan milagrosamente al perfil y experiencia de a quien se pretende favorecer. Esto que se comenta se encuentra como constante en los informes que realiza la Contraloría en sus exámenes especiales que realiza a las diversas entidades públicas tanto del Gobierno Central como de los Regionales y Municipales, pero persiste la impunidad. ¿O no es así estimado lector?
¿Cómo se eliminan prácticas tan perversamente enquistadas? ¿Con más regulación a pesar que ya contamos con normas de transparencia, vigilancia, rendición de cuentas y presupuesto por resultados? ¿Con comisiones de expertos para que digan qué hacer?
Todos conocemos la respuesta: con funcionarios públicos realmente comprometidos en atender y solucionar los diversos problemas que aquejan a nuestros pueblos, con autoridades honestas que asuman su función entendiendo que son los que con sus decisiones tienen la oportunidad de transformar penosas realidades para ofrecer a sus ciudadanos mejores condiciones en ciudades más saludables.
Ganar las elecciones para ocupar el Gobierno Regional o un Municipio no significa haber conseguido un botín. Esto también debe ser entendido por las nuevas autoridades de nuestro Gobierno Regional. Nosotros los ancashinos NO deseamos más de lo mismo.
Recientemente el Fiscal de la Nación ha propuesto 22 medidas en materia de lucha contra la corrupción en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia suscrito entre el actual Gobierno y los titulares judiciales del país. Entre las medidas propuestas por el fiscal Pablo Sánchez se encuentra la de evaluar los antecedentes judiciales, policiales y penales de todos los servidores estatales para conocer el perfil de cada trabajador en cargos públicos. Ojalá esto ayude en la lucha contra la corrupción.  Sin embargo, al interior de cada dependencia pública existe el conocimiento suficiente respecto de los antecedentes, pero también de las potencialidades de cada servidor.
Le corresponde al nuevo Gobernador y a nuestros alcaldes, tener la capacidad y sensatez suficiente de rodearse de personal calificado, transparente, con buenas prácticas de gestión; pero sobre todo comprometido con la función pública. Función por la cual percibe un salario con los recursos que aportamos nosotros los ciudadanos mediante el pago de nuestros impuestos.
Desde la sociedad civil lo que nos corresponde es tener un mayor y genuino interés en participar en la formulación de los planes y presupuestos anuales del Gobierno Regional y de nuestras comunas municipales. La razón es simple:  los recursos presupuestales que se asigna a las Regiones y Municipalidades para financiar: saneamiento, salud, educación conectividad e infraestructura de soporte a la actividad productiva son absolutamente insuficientes y por lo mismo su orientación tiene que ser priorizada en función del interés de los ciudadanos y no de unos cuantos que cumplen con la ley, pero delinquen y traicionan a sus pueblos.
Por ello, la participación y vigilancia ciudadana es imprescindible para que se prioricen y utilicen correctamente los recursos presupuestales. En la Sociedad Civil hay conocimiento suficiente para ayudar a las autoridades de turno a tener gestiones aceptables.
Para ello los colegios profesionales, universidades, cámaras de comercio, organismos no gubernamentales y otras instituciones de la sociedad civil deben sentirse corresponsables con el desarrollo de sus territorios; y, no dejar que los presupuestos anuales obedezcan solamente a la visión y capacidad de los formuladores que no necesariamente tienen ni la visión ni los atributos suficientes para conducir un proceso serio de desarrollo económico territorial en nuestro Departamento.indignación causa esta actitud cronica de una corupción instiucionalizada, permanente, por un grupo que sigue impune. Alli están los Otárola, que presidían una mafia desde el Parlamento contra los municipios distritales. Pregunten a los vecinos de Huaylas, por ejemplo, y escucharán los testimonios y las coimas que tuvieron que pagar para que le entreguen una partida destinada a un escuelita de esa pequeña urbe. No cesa el proyecto de cambiar el nombre de Ancash por el de Huaylas para utilizar la Notaría familiar como caja del cambio de titulos de propiedad inmueble que implicaría ese proyecto de Ley que sigue pendiente en la secretaria del Parlamento. Los ratones del humalismo comenzaron a roer, porque el jefe y su pareja ya habían recibido el pase o la aprobación de los botines de Odebrecht.


http://www.ancashnoticias.com/2016/11/cumplen-con-la-ley-pero-delinquen/


Imagen: Ilustración

VIGILANCIA CIUDADANA

Cumplen con la Ley, pero delinquen

Nuestro país se encuentra en pleno proceso de formulación del presupuesto 2017. A decir de los especialistas, poseemos una normativa bastante precisa que debería permitir a nuestro Gobierno Regional y a nuestros Gobiernos Municipales buenas prácticas de gestión.
Nos vamos a referir ahora al Plan de Desarrollo Concertado y al Presupuesto Participativo, los que supuestamente posibilitan una mejor priorización de obras e intervenciones apoyados por mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.
Pero entre la norma y la realidad existe una enorme brecha. Lastimosamente los planes de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo del Gobierno Regional y de la mayoría de  Municipalidades formulados para este año y también para los  anteriores;  han sido aprobados de manera curiosa  en reuniones en las que además de los funcionarios públicos han asistido ciudadanos “convocados”, “trasladados”, o “convencidos”; sólo para que firmen y validen un instrumento que cuando se trata de obras se comenta abiertamente habrían sido “coordinadas” previamente entre constructores y autoridades locales.
Solo eso explica la ejecución de “mejoras” urbanas sin criterio arquitectónico o de servicio solo para sembrar cemento. Al validarse el presupuesto participativo en esas reuniones se cumple con la ley, ¡claro!  pero se convalidan arreglos previos para favorecer a unos cuantos, burlándose y traicionando a los ciudadanos que aspiran a vivir en mejores condiciones.  
Si nos basamos en la experiencia de años anteriores, lo peor viene después. Luego de aprobados los presupuestos anuales para la ejecución de estudios y obras se proceden a convocatorias abiertas tal como lo dispone la ley. Para asegurar la contratación de algún constructor o consultor, los términos de referencia de las convocatorias se ajustan milagrosamente al perfil y experiencia de a quien se pretende favorecer. Esto que se comenta se encuentra como constante en los informes que realiza la Contraloría en sus exámenes especiales que realiza a las diversas entidades públicas tanto del Gobierno Central como de los Regionales y Municipales, pero persiste la impunidad. ¿O no es así estimado lector?
¿Cómo se eliminan prácticas tan perversamente enquistadas? ¿Con más regulación a pesar que ya contamos con normas de transparencia, vigilancia, rendición de cuentas y presupuesto por resultados? ¿Con comisiones de expertos para que digan qué hacer?
Todos conocemos la respuesta: con funcionarios públicos realmente comprometidos en atender y solucionar los diversos problemas que aquejan a nuestros pueblos, con autoridades honestas que asuman su función entendiendo que son los que con sus decisiones tienen la oportunidad de transformar penosas realidades para ofrecer a sus ciudadanos mejores condiciones en ciudades más saludables.
Ganar las elecciones para ocupar el Gobierno Regional o un Municipio no significa haber conseguido un botín. Esto también debe ser entendido por las nuevas autoridades de nuestro Gobierno Regional. Nosotros los ancashinos NO deseamos más de lo mismo.
Recientemente el Fiscal de la Nación ha propuesto 22 medidas en materia de lucha contra la corrupción en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia suscrito entre el actual Gobierno y los titulares judiciales del país. Entre las medidas propuestas por el fiscal Pablo Sánchez se encuentra la de evaluar los antecedentes judiciales, policiales y penales de todos los servidores estatales para conocer el perfil de cada trabajador en cargos públicos. Ojalá esto ayude en la lucha contra la corrupción.  Sin embargo, al interior de cada dependencia pública existe el conocimiento suficiente respecto de los antecedentes, pero también de las potencialidades de cada servidor.
Le corresponde al nuevo Gobernador y a nuestros alcaldes, tener la capacidad y sensatez suficiente de rodearse de personal calificado, transparente, con buenas prácticas de gestión; pero sobre todo comprometido con la función pública. Función por la cual percibe un salario con los recursos que aportamos nosotros los ciudadanos mediante el pago de nuestros impuestos.
Desde la sociedad civil lo que nos corresponde es tener un mayor y genuino interés en participar en la formulación de los planes y presupuestos anuales del Gobierno Regional y de nuestras comunas municipales. La razón es simple:  los recursos presupuestales que se asigna a las Regiones y Municipalidades para financiar: saneamiento, salud, educación conectividad e infraestructura de soporte a la actividad productiva son absolutamente insuficientes y por lo mismo su orientación tiene que ser priorizada en función del interés de los ciudadanos y no de unos cuantos que cumplen con la ley, pero delinquen y traicionan a sus pueblos.
Por ello, la participación y vigilancia ciudadana es imprescindible para que se prioricen y utilicen correctamente los recursos presupuestales. En la Sociedad Civil hay conocimiento suficiente para ayudar a las autoridades de turno a tener gestiones aceptables.
Para ello los colegios profesionales, universidades, cámaras de comercio, organismos no gubernamentales y otras instituciones de la sociedad civil deben sentirse corresponsables con el desarrollo de sus territorios; y, no dejar que los presupuestos anuales obedezcan solamente a la visión y capacidad de los formuladores que no necesariamente tienen ni la visión ni los atributos suficientes para conducir un proceso serio de desarrollo económico territorial en nuestro Departamento.


LA RIQUEZA YA NO ES PROPIEDAD DE LAS NACIONES


Jorge  Zavaleta Alegre
El absolutismo del libre mercado ha creado un mundo de infelicidad. Desde el 29  de Octubre de 1989 que cayó el Muro  de Berlín, el planeta Tierra se aproxima cada vez más a los abismos, como es el caso de los EEUU, donde el  Partido Demócrata, siguiendo la  tradición puede reencontrarse con la razón, pero el  Republicano, apuesta ahora a una aventura,  a la desesperación, para “evitar” el descalabro.

El ultra liberalismo, con presencia  delincuencial,  defiende al candidato Donald Trump. El  NY Times, principal  vocero de la “libertad económica”,  ironiza el liderazgo republicano:

“¿Quién necesita experiencia para ser presidente? Es verdad que Donald Trump tendría menos experiencia en el servicio público que cualquier presidente en la historia estadounidense, pero el conocimiento no sirve. Quizá el partido Know-Nothing en el siglo XIX capturó ese espíritu en su nombre…y Trump es la apoteosis de no saber nada. En mi carrera periodística, jamás he conocido a un candidato nacional tan desinformado, evasivo o pueril como Donald Trump. “¡Probemos la puerilidad para variar! ¿Qué podría salir mal?”

Los fanáticos  no creen  en las necesidades insatisfechas de la humanidad. Han traicionado al  padre de la Economía Política,  Adam Smith (1723-1790), pretendiendo ignorar  que la riqueza procede del trabajo  de la nación, es decir la primacía de los sentimientos morales, como sustento de la Riqueza de las Naciones.


MIGRANTES
EEUU es un país de migrantes. Actualmente, la segunda mayoría la representan los hispanos. Son más de 55 millones los que ahora viven en este  “tierra de oportunidades”. Según las encuestas el 12%  está habilitado para elegir a Hillary Clinton o a Donald Trump, aunque es muy baja la participación de la comunidad latina en las ánforas.  El cálculo es que cualquier candidato necesita algo más del 40% del voto latino para vencer. Obama en 2012 obtuvo el 71% de los votos hispanos, frente al 27% de su rival republicano, Mitt Romney.

El migrante latinoamericano forma parte de un alto porcentaje de indocumentados, con una ausencia de civismo  y que oculta simpatía con el candidato republicano, sinónimo de Fujimori, Pinochet o Videla o cuanto delincuente que ya falleció o vive en alguna playa o isla  del  Caribe o en un paraíso fiscal.     

No  es casual que muchos latinos critican, desde la lejanía, a las gestiones de Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández en Argentina y últimamente a José Mujica y su esposa, personajes que la Historia sabrá reconocer. Y  callan conductas delictivas de una serie de gobernantes que han sido fieles al catecismo del  capital extranjero. Jueces y expresidentes en países libres, podrían fortalecer la democracia. Pero este ideal está cada vez más lejos, muy lejos.

Un poco de historia. No olvidemos  que en el surgimiento de los  EEUU, el imperativo de la igualdad afectó las relaciones de las 13 colonias originarias con la madre patria, Inglaterra. La  Declaración  de Independencia proclamó en 1776  que todos los hombres  han sido creados iguales y todos tienen derecho a “la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad”.

Esa Declaración de la  Independencia y más tarde la Constitución-según documentos oficiales del  Departamento de  Estado de los  EEUU- conjugaron  la experiencia colonial de  Norteamérica con el pensamiento político  de filósofos como el  inglés John Locke, para crear el concepto  de una república democrática.

Hoy en día, la maquinaria ultra liberal,  lubricada con el petróleo del tercer y  cuarto mundo,  en manos de oligopolios,  se propone desacreditar cualquier iniciativa que postula por una economía social de mercado,  o algo semejante. Se rechaza cualquier de intento orgánico que busque un Estado moderno, eficiente, comprometido con las causas de todos los habitantes de una nación.

Directamente o en forma subliminal  toda la prensa monopólica que maneja la riqueza de las naciones, en alianza con administraciones corruptas,  cuestionan a los líderes sociales que intentan salvar a sus países de la marginalidad de las mayorías.

Se olvida que casi todas las crisis de los últimos 15 años tienen su origen en un tipo de locura. La invasión a Irak, que la izquierda prefiere recordar como un conjuro neoconservador, en realidad fue obra de un consenso intervencionista de dos partidos, con gran apoyo de George W. Bush, pero al que también se adhirió una gran proporción de personas de centro izquierda, como Tony Blair y más de la mitad de los demócratas del senado en Washington.

Lo mismo ocurrió con la crisis financiera: sin importar si consideramos que la falta de regulación de los servicios financieros o la optimista política de vivienda (o ambas) fueron responsables, ambas alas del establecimiento político aceptaron las políticas que contribuyeron a inflar y reventar la burbuja.


RIQUEZA Y DINERO
De acuerdo con un estudio de la Corporate Library, el ingreso medio total, incluyendo salarios, extras, participaciones y opciones sobre acciones, de los presidentes de las 500 compañías incluidas en el índice Standard&Poors (S&P) fue de 3,65 millones de dólares en 2002.

Sports Illustrated  calcula que  el salario medio de un jugador de la NBA durante la temporada 2002-03 fue de 4,54 millones y el de un jugador de las ligas mayores de béisbol al inicio de la temporada 2003 era de 2,56 millones. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el salario anual medio en EE.UU. en 2002 fue de 35.560 dólares.


Diversas opiniones de Cambio16 y Diario 16 de Madrid, medios con mayor independencia y libertad, explican a sus lectores que de hecho, la riqueza no es el dinero. Los  enemigos  de la modernidad, de aquellos  gobiernos que intentan fortalecer  valores como  la salud, educación y tecnología intermedia para evitar un brusco desplazamiento de la población en edad  de trabajar,  son mirados como  ajenos a la teoría  y la práctica  de los valores de la modernidad.  

El dinero, que ahora circula por las  grandes redes  invisibles, es traducido en riqueza para pocos  y esta apropiación no es desarrollo. Los grandes edificios, centros comerciales, agencias  de turismo, bancos no tienen accionistas  de los sectores populares. Los muros y vallas de fierro  que rodean a los  barrios y playas exclusivos no son desarrollo. Crecimiento  del Producto Bruto Interno, no es sinónimo  de bienestar  para el creciente ejército de asalariados.