Jorge Zavaleta Alegre
La reducción de la pobreza se ha estancado desde 2012 y la
indigencia muestra una leve tendencia al alza.
Además, América Latina
y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo en términos de
distribución del ingreso.
Según las últimas estimaciones de la CEPAL para 19 países de la Región , en 2014
existían 167 millones de personas en situación de pobreza (28% del total de la
población), de los cuales 71 millones (12% del total de la población) se
encontraban en la indigencia.
Teniendo en consideración esta cruda realidad, el economista Manuel Romero
Caro, fundador en 1992 de
GESTION, el primer diario de Economía del Perú, plantea la necesidad de que los candidatos a la presidencia de la República que suman nada menos que 19 postulantes, deberían
dar a conocer sus planes y acciones, empezando
por los primeros cien días al frente de
un eventual gobierno.
Como parte de esa
sugerencia señala la conveniencia de debatir abiertamente la Reforma del Estado, a partir de una
modernización de la administración pública.
En un reciente Foro de
Pro Ética se reveló que el Organismo
Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) ha descubierto que servidores públicos se valen de sus
empresas para hacer negocios con el Estado.
El Foro Pro Ética
permitió remarcar la necesidad de asegurar la Carrera Pública, al conocer que
según OSCE, numerosos servidores públicos violando la norma han suscrito
contratos con el Estado con sus empresas por más 37 millones 600 mil soles, problema que plantea la Reforma del Estado, asegurando el derecho al trabajo y la
Carrera Pública.
En el Informe de la Oficina de Estudios Económicos de
OSCE, aparecen violaciones a la
norma de no contratar con el Estado, por
parte de autoridades de Huánuco, del concejo provincial del Cusco, de Abancay,
Apurímac y otros, y no descarta
una investigación más amplia que constate similares violaciones de
congresistas de regiones.
La Ley de
Contrataciones del Estado en su artículo
10, al igual que la nueva Ley
30225, precisa que los gobernadores y consejeros regionales, los alcaldes y
regidores no pueden ser postores ni
contratistas, en el ámbito de su región mientras dure su cargo hasta un año después
Actualmente, según la entidad pública SERVIR, trabajan 1.4
millones de servidores públicos, y se estima que cada año ingresan cuarenta mil
nuevos servidores al Estado.
Para modernizar el Estado y desarrollar mejor la actual economía agro minera de exportación, diversos institutos de investigación como Grade, CEPAL, Oxfam, recomiendan que es indispensable promover la innovación y la industrialización y para cumplir con estos objetivos es necesario disponer de partidas suficientes para la modernización de la administración pública.
Según un informe de la
Oficina del Primer Ministro, en el 2011 absorbía a 1.4 millones de servidores,
con un costo de 22,300 millones de soles, cerca al 30% del presupuesto público.
Los problemas que tiene la administración pública, según un
resumen de la PCM son la falta de planificación y dirección coherente,
distintos regímenes laborales con diferentes reglas de juego, abuso de
contrataciones temporales, distorsión del sistema de remuneraciones y alta dispersión normativa. “La planilla
pública aumenta año a año en alrededor de mil millones de soles. Si en el año
2000 el costo era de 6,200 millones de soles en el 2011 el costo fue 22,300 millones de soles”, precisa el
informe.
La Reforma del Estado que figura en múltiples diagnósticos
de CEPLAN, Servir, MEF, PCM, coinciden
con Apoyo, cuya encuesta señala la
ausencia a de un sistema ordenado de servicio civil en el Estado, y sólo el 9% de estudiantes universitarios
aspira a trabajar en el Estado al terminar su carrera. Las evaluaciones anuales
generan 4 tipos de personal: rendimiento distinguido, buen rendimiento, sujeto a observación y de ineficiencia comprobada.
El personal del Estado está integrado a través de tres regímenes: Decreto
Legislativo 276 (carrera pública), Decreto Legislativo 728 (régimen de acuerdo
a normas para el sector privado) y el Contrato Administrativo de Servicios
(CAS).
La Reforma del Estado
demanda la profesionalización del
servidor público para hacer posible una
administración capaz y responsable de
sus funciones para innovar
procesos y decisiones acertadas.
