Jorge Zavaleta Alegre. Cambio16,Madrid.
Como en los Tiempos Modernos de Chaplin, la nueva alegoría no
es el lenguaje mudo, sino la sofisticada comunicación instantánea de la imagen,
la palabra y el gesto.
En América Latina la inversión extranjera es bienvenida. Siempre
ha tenido un terreno fértil para los
negocios altamente rentables. Ninguna empresa ha abandonado un país de estas
latitudes por su propia voluntad, salvo cuando
gobiernos, con respaldo popular, han justificado
nacionalizaciones.
El gobierno peruano acaba de renovar la primera concesión de dos décadas a Telefónica de España, por otros 18 años y 10
meses, contrato que posibilitará el acceso a la telefonía móvil e internet de cerca de un millón de peruanos con “tarifa
social”.
Este segundo compromiso
establece inversiones de Telefónica por 1,184 millones de dólares o 3,020
millones de nuevos soles, más del triple
de lo obtenido por el gobierno anterior.
La decisión peruana ha sido recibida con escepticismo. La opinión pública está fraccionada. Por un
lado, los empresarios consideran que es una
decisión saludable en un mercado
competitivo como es el de las comunicaciones. Están pendientes las negociaciones con las
empresas Claro y Nextel, las cuales tendrían impacto en las tarifas.
LA GLOBALIDAD EMPRESARIAL
Las crisis europea y norteamericana inducen a profundizar alianzas entre inversionistas y sus propios
gobiernos de origen. Los foros internacionales son mecanismos más frecuentes
para las negociaciones. La reciente Cumbre
de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), en Santiago de Chile, tiene ese
objetivo central: coordinar políticas comunes basadas en la apertura de
mercado e impulsar el comercio birregional.
Latinoamérica, especialmente el Sur-Sur, presenta una economía sólida y sana. Los voceros oficiales que magnifican su
entusiasmo, olvidando que el crecimiento en base a servicios y mono exportación
de materias primas no genera desarrollo sostenible. Por ahora, el endeudamiento
regional es bajo con respecto a su
PBI, el déficit fiscal está controlado y
hay una mínima inflación.
La Eurozona, en cambio, tiene altas tasas de desempleo, crecimiento económico mínimo y creciente
déficit fiscal, y encuentra en América Latina, por delante de China, un espacio más propicio
para invertir sus capitales, con alta rentabilidad y que beneficia a las repúblicas de la vieja Europa.
No son casuales las visitas oficiales al Perú y países vecinos de representantes de la Unión Europea y jefes de Estado como Mariano Rajoy, en vísperas de la renovación del contrato con Telefónica, en condiciones que no
gozan del respaldo mayoritario de los
usuarios.
El grupo Telefónica, según su presidente Javier Manzanares,
aceptó el acuerdo “a pesar de las duras condiciones que no tienen precedente
alguno". Los próximos días se dará curso a los procedimientos vigentes del
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
Pero la decisión peruana
no goza de la credibilidad local. El mencionado organismo al igual que otros mecanismos reguladores del
sector minería, de los fondos de pensiones y de la banca y seguros no ofrecen
transparencia, carecen de técnicos en la materia. El usuario percibe que la regulación y la empresa son una misma entelequia.
Las multas que ocasionalmente emiten,
son judicializadas y los jueces relativizan los fallos.
Telefónica mantiene en el Perú las tarifas más altas que en
España y en países vecinos. Fue
beneficiario de un régimen muy permeable
que remató, a precios simbólicos, más de ochenta empresas públicas. Telefónica
recuperó en nueve meses de 1994 la inversión de
2 mil millones de dólares.
Una intensa publicidad incide en la existencia local de una
emergente clase media. La verdad es que la mayor parte de esa población tiene
ingresos no mayores a los 250 dólares mensuales, y solo el acceso a internet, teléfono y televisión por cable, absorbe
más del 50% del salario mínimo, con el agravante de que esos servicios no
llegan adecuadamente ni a los distritos residenciales de Lima.
La inclusión de una tarifa especial para telefonía móvil
dirigida fundamentalmente a beneficiarios de los programas sociales Juntos,
Cuna Más, Pensión 65 y adicionalmente a servidores públicos que trabajan en las
áreas rurales, serán cubiertos con recursos del Estado.
El Perú cuenta con 4,064 poblados con status municipal, y
Telefónica en más de una ocasión dejó sin servicio a varias centenas de localidades rurales, incumpliendo con informar
del hecho al organismo regulador.
En los últimos 18 años, Telefónica obtuvo utilidades por encima de 11.000 millones de dólares,
pero mantiene una millonaria deuda con
la Sunat. Ofrece ampliar la cobertura de sus servicios de modo que 100% de las
poblaciones con más de 400 habitantes cuente con telefonía móvil y acceso
gratuito a Internet satelital a las entidades estatales de 661 distritos más
pobres del país.
Telefónica había solicitado
la renovación de tres contratos de concesión: las bandas de 800 y 1,900 Megahertz (MHz) para Lima y Callao. Y
la renovación de las licencias con Telefónica. En el Perú tiene más de 20 millones de líneas de telefonía
celular en servicio. Sin embargo, la
filial de la operadora española mantiene una deuda no reconocida con el
recaudador de impuestos peruano.
En estos casi dos años de negociaciones los servicios bajaron
de calidad, el organismo regulador no tomaba medidas. Como holding mundial,
Telefónica ha estado viviendo de los ingresos de las operaciones
latinoamericanas.
Voces de algunos congresistas consideran que la deuda de Telefónica existe,
"es real", por tanto, no tiene ningún fundamento la acción iniciada
contra el Estado peruano. Además de la
deuda tributaria con la Sunat, tiene
deudas laborales que deberían ser
revisadas por el Ministerio de Trabajo. Hace dos años la Sunat, informó en el Congreso que Telefónica encabezaba una
lista de diez empresas con deudas tributarias.
La controversia tributaria que hoy distancia y crispa la
relación entre el gobierno y Telefónica del Perú es un conflicto que pasó
inadvertido por las gestiones anteriores de Alejandro Toledo y Alan García. Se
ha llegado al punto que, a la fecha, más del 80% del monto en disputa con la
Sunat corresponde a multas e intereses.
Se espera que en esta segunda etapa, el Estado fortalezca sus instituciones reguladoras,
para lograr un mejor intercambio en términos de igualdad. La no renovación del
contrato, sin duda habría significado un
duro golpe a España, país que como señala la Historia, sigue siendo la
puerta de ingreso de América Latina a Europa. Y viceversa. No es verdad que
solo las relaciones económicas
construyen las alianzas más sólidas.
