Jorge Zavaleta Alegre
Un Ministro de Educación del Perú, cuyo nombre me permito
omitir, por respeto a su impecable conducta ciudadana, me contestó en lenguaje
coloquial: “…la distribución del Presupuesto de la República no es una acción
civilizada sino una disputa entre buitres”. Mi pregunta ingenua fue ¿por qué no
se puede disponer de más recursos para la
Educación?.
La mayoría de los ciudadanos de América Latina viene exigiendo
más y mejores servicios por parte de sus gobiernos, en tanto van tomando más
conciencia sobre el comercio
inequitativo entre la materia prima que se exporta del sur y los escasos
efectos para la mayoría de sus poblaciones.
“Esta cruda realidad
no es una coyuntura pasajera, sino es crucial, si los gobiernos no logran atender las nuevas
demandas, de extender las posibilidades de ascender en la escalera del
desarrollo”, explica un reciente análisis de la banca regional de desarrollo.
El libre mercado estimula las tensiones sociales y aumenta en progresión geométrica, poniendo en
riesgo el funcionamiento de la maquinaria del
comercio desigual.
El presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo-BID, Alberto Uribe explica que “este
desafío de los países de la Región es
aún mayor ante la amenaza de las tasas de interés internacional más altas, los precios
más bajos en los productos básicos y el menor crecimiento a nivel mundial. Por
cierto estos factores externos pueden no
favorecer a la Región, como sucedió a principios del decenio de 2000”
“Durante los años de bonanza, varios gobiernos elevaron
rápidamente el gasto público con la esperanza de que las ganancias externas se
mantendrían, para luego descubrir que se habían deteriorado y habían acelerado
la necesidad de consolidación fiscal, en un contexto de incremento de la deuda”
¿Cómo se puede resolver este rompecabezas de mayores demandas
y fortalecimiento fiscal?
-La edición de Desarrollo en las Américas (DIA) busca una
respuesta argumentando la necesidad de aumentar
la eficiencia fiscal y con un gasto inteligente, y no con la solución
estándar de hacer recortes generalizados del gasto público para lograr la
sostenibilidad fiscal, en ocasiones a un gran costo para la sociedad. Se trata
de hacer más con menos.
Pero el gasto público es un factor determinante de la inversión
privada, que a su vez es el principal motor del crecimiento económico.
No es fácil plasmar el
slogan “Mejor gasto para mejores vidas”. Por lo tanto una política de recorte gastos
que solo se centra en la inversión pública es errónea.
¿Surge este sesgo exclusivamente de las decisiones de los
responsables de las políticas públicas?
No es cierto que los ciudadanos están solicitando a sus
políticos transferencias inmediatas en lugar de inversiones. La confianza en el
gobierno es un ingrediente clave de las demandas ciudadanas.
Cuando hay un alto nivel de desconfianza —ya sea por la ineficiencia
del gobierno o por la corrupción flagrante— los ciudadanos prefieren las
transferencias a las inversiones a largo plazo.
Este equilibrio político podría ser muy perjudicial para el
crecimiento y el desarrollo, dado que todos podrían acabar saboteando el futuro
con menores inversiones, tanto de capital físico como de capital humano.
Por lo tanto, un requisito previo para aumentar el gasto
público parece ser la capacidad del gobierno de prestar servicios eficientes,
sin desperdiciar nada.
Los ciudadanos que confían en sus gobiernos probablemente
pagarán más por servicios adicionales, en especial por aquellos que exigen más tiempo,
como educación o infraestructura.
Los gobiernos latinoamericanos sufren tanto de ineficiencia
técnica como ineficiencia en la asignación.
Los latinoamericanos podrían tener acceso a más y mejor
educación, servicios de salud, seguridad pública e infraestructura si sus
gobiernos utilizaran los recursos existentes como lo hacen los mejores países del
mundo. .
Las políticas impositivas y de gasto público en América
Latina y el Caribe contribuyen poco a reducir la desigualdad de ingresos en
comparación con los países avanzados. Mientras que en la región las políticas impositivas
y de gasto público reducen la desigualdad en alrededor de un 5%, en las
economías avanzadas la reducción es de un 38%.
El análisis del gasto público en América Latina y el Caribe
revela desperdicios e ineficiencias generalizadas que podrían llegar al 4,4 por
ciento del PIB de la región, lo que demuestra que hay un amplio margen para
mejorar los servicios básicos sin necesariamente gastar más recursos.
Esta es una de las diversas conclusiones más sólidas
e importantes de la investigación
realizada por especialistas del BID
sobre lo que se domina “eficiencias del
gasto público”
La publicación argumenta en contra de los recortes generales
de los presupuestos nacionales. Analiza si los países gastan demasiado o muy
poco en diferentes prioridades, si invierten lo suficiente para garantizar un
futuro mejor y si esos gastos mejoran o empeoran la desigualdad.
En América Latina, el gasto en educación ha aumentado
significativamente en las últimas décadas. Sin embargo, la eficiencia y la
equidad de los gastos fueron relativamente bajas en comparación con otras
regiones del mundo.
Desde 2000, el gasto público por alumno ha aumentado en términos reales en casi 80 por ciento en el nivel primario y casi 45 por ciento en el nivel secundario, superando los $ 2,000 por alumno en ambos niveles. En los países de la OCDE estas tasas de crecimiento son más del doble que en la escuela primaria en los cuales el gasto se cuadruplica en educación secundaria durante el mismo período.
Este aumento en el gasto se ha producido en un entorno
macroeconómico favorable, destacado por un mayor ingreso per cápita, menores
tasas de pobreza y una menor desigualdad socioeconómica, todo ello en el
contexto de un mayor enfoque en la educación. Entre 1995 y 2013, la inversión
en educación creció del 3,6 por ciento a 5.
Afortunadamente, las inversiones han dado sus frutos en una
mejor prestación de servicios concluyen los autores de esta investigación:
Gregory Elacqua, quien ha participado en varias reformas educativas, tiene un
Ph.D. en política pública de la Universidad de Princeton. Y Matias Martinez, que
ha trabajado en varios proyectos de investigación y discusiones sobre políticas
escolares para apoyar reformas educativas en Chile.
