Jorge Zavaleta Alegre
El crimen nunca paga o jamás será encubierto. La Historia se
repite. Los jueces Baltasar Garzón, de España,
los peruanos Richard Concepción Carhuancho
y José Domingo Pérez, los identifica una
vida paralela, de amor por la justicia y al mismo tiempo del odio de los condenados a la prisión o de
aquellos cuya libertad se acorta cada día.
En 1998, el general Augusto Pinochet, a instancias del juez
Baltasar Garzón, apoyado en el principio de Jurisdicción Universal, marcó un
hito en el tratamiento penal de genocidas y autores de crímenes contra la
humanidad. Así lo recuerdan millones de personas y que pueden actualizar
detalles a través de la frondosa información pública.
El proceso contra el dictador chileno, acusado por 94 denuncias
de tortura de ciudadanos españoles, duró 16 meses, hasta que la Cámara de los
Lores resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad y podía ser juzgado.
Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elogió la decisión de la Cámara, declarando que quedaba claro que la tortura es un crimen internacional sujeto a jurisdicción universal.
Amnistía Internacional y la Fundación Médica para la Atención
de las Víctimas de la Tortura pidieron la extradición del general a España. Por
su parte, Chile retiró por un tiempo a su embajador en Madrid en protesta por
la actuación de España.
El arresto domiciliario de Pinochet en Londres, donde había acudido para recibir tratamiento médico, duró 503 días. Pese a las protestas de organizaciones de defensa de los derechos humanos, en marzo de 2000 Pinochet pudo volver a Chile. Su imagen de anciano desvalido en silla de ruedas saliendo de territorio británico contrastó con su figura erguida tras aterrizar en el aeropuerto de Santiago de Chile el 3 de marzo de 2000.
Pinochet fallecería finalmente el 10 de diciembre de 2006 sin
haber sido condenado por delito alguno, a pesar de que se llegaron a presentar
más de 300 cargos criminales contra él en Chile.
A pesar de que por decisión política el exmandatario fue
devuelto a Chile, donde se le continuó proceso, la extradición, fue resuelta
favorablemente por el Juez Ronald Bartlle a favor de España. Del mismo modo
abordó investigaciones sobre blanqueo de dinero y alzamiento de bienes contra
Augusto Pinochet y otros, relacionadas con fondos hallados en el banco Ribb
de EE.UU, consiguiendo importantes indemnizaciones para las
víctimas.
En 1913, Yoko Ono,
Baltasar Garzón, Pablo Milanés y Gael García Bernal, entre otros
intelectuales y artistas, revivieron el último discurso del presidente de
Chile, Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, en una aplicación para
tabletas lanzada por la Fundación Allende.
El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha animado
hoy a "seguir dando la batalla" para que la reforma de la ley de
jurisdicción universal que estudiará el Congreso no restrinja ninguna
posibilidad de investigar crímenes en el extranjero aunque no haya conexión de
los hechos con España.
La acción de Garzón no cesa. Ha cuestionado el
"genocidio" -a ojos de la ONU- que comenzó el 25 de agosto del 2017
tras un ataque de un grupo insurgente que sirvió de pretexto para una represión
del Ejército birmano contra esta minoría étnica con la "tutela y
justificación".
Con cierto escepticismo sobre la posibilidad de que los más
de 700.000 rohinyás puedan volver a Birmania, un país que les niega la
nacionalidad, ambos han charlado sobre los cauces existentes para investigar los
hechos.
Garzón, por su parte, ha criticado a los políticos por
"estar desnaturalizando" la justicia universal y "poniendo
trabas" para luchar contra la impunidad y les ha animado a conseguir una
"visión integradora de la justicia".
Garzón, juez que destapó el caso Gürtel, desarticuló una
trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos, y que sacó de la
política a dos decenas de dirigentes del PP que colaboraron en el pillaje, ha
sido expulsado de la carrera judicial.
El magistrado Baltasar Garzón, titular del Juzgado de
Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional desde 1988, fue condenado
a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal
Supremo a instancias de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel, vinculada
al Partido Popular.
RICHARD CONCEPCION CARHUANCHO
Nació Tarma -Junín, 16 de abril de 1971- abogado y magistrado peruano especializado en
derecho penal, es titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
Nacional. Desde esta posición dictó orden de prisión preventiva de los ex
Presidentes Alejandro Toledo y de Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia,
involucrados en el caso Lava Jato.
En la oscura lista se incluyen los
empresarios Gonzalo Ferraro Rey, ex presidente ejecutivo de Graña y Montero;
José Graña Miró Quesada, ex presidente del directorio de Graña y Montero y
accionista del Grupo el Comercio; Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirector de
la constructora Graña, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, Presidente de JJ
Camet Contratistas Generales S.A. y José Fernando Castillo Dibós, Director
Gerente General de ICCGSA quienes son investigados por los delitos de colusión
agravada y lavado de activos, lista que ha sido publicada en El Peruano y
diarios electrónicos como Ojo Público, IDL, La República, agencias de prensa, Gestión-Atalaya Económica, Diario16, El Mercurio,
El 31 de Octubre del 2018, Richard Concepción Carhuancho
ordenó 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori por el presunto delito
de lavado de activos en agravio del Estado Peruano, siguiendo los pasos de su
padre el expresidente Alberto Fujimori, quien ha perdido el indulto presidencial
violando incluso la jurisprudencia internacional que desconoce tal gracia cuando se trata de violaciones de los DDHH. Ese indulto fue concedido
arbitrariamente por el entonces presidente Pedro Pablo Kuzcynki, otro candidato
a la cárcel por sobornos de la brasileña Odebrecht.
Carhuancho vivió su niñez y adolescencia entre las ciudades peruanas de La Merced, Chanchamayo y Tarma. En Lima realiza estudios de Derecho, en dos universidades privadas. Retornaría a Junín como abogado independiente.
Como funcionario público comenzó como juez suplente
especializado en lo civil. Luego, juez penal, primero en Satipo y después de Investigación Preparatoria del
Santa Chimbote. El 2014, como juez del Tercer Juzgado de Investigación
Preparatoria del Santa, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el
presidente regional de Áncash, César Álvarez, por el caso La Centralita,
responsable de un dolosa inversión en un túnel que cruza los andes de
Ancash y Pucallpa, muy cerca de Cruzeiro
Do Sul, Brasil
Después dictó prisión preventiva y orden de captura
internacional contra Gerald Oropeza López. Dicta orden de captura
internacional contra Gerson Galvez Calle, conocido como Caracol, por el
presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado, como líder de la organización
criminal “Barrio King”.
El 2017 dicta prisión preventiva contra Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari, por el presunto delito de lavado de activos agravado vinculado a organización criminal. Después de estas sentencias justas y conocidas a favor de la fiscalía, el Poder Judicial le asignó el caso Odebrecht, y envió a prisión preventiva a varios funcionarios por el caso Metro de Lima y el caso Interoceánica Sur.
El 2017 dictó 18 meses de prisión preventiva y orden de
captura internacional contra el ex Presidente Alejandro Toledo, por
presuntamente haber cobrado un soborno de la constructora Odebrecht para la
adjudicación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera
Interoceánica Sur.
El 7 de diciembre de 2017 autorizó los allanamientos de los
dos locales de Fuerza Popular, en el marco de la investigación de Keiko
Fujimori Higuchi, por el caso Odebrecht a raíz de las suficientes pruebas
contra la jefa del partido Fuerza Popular, como la anotación en el teléfono
celular de Marcelo Odebrecht que lleva su nombre, y los supuestos aportantes
fantasmas.
FISCAL JOSE DOMINGO PEREZ
"Tengo casi 14
años como fiscal titular y nunca he tenido que dar cuenta de mis actos".
Así respondió, hace algunos meses, el fiscal Domingo Pérez en entrevista con
corresponsales de prensa extranjera en Lima.
En ese entonces, había ordenado los allanamientos a los locales de Fuerza Popular, en lo que fue un golpe para el partido de Keiko Fujimori, investigado por el presunto delito de lavado de activos.
Desde que fue designado el fiscal a cargo de la investigación
a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, Pérez Gómez se ha convertido en uno de los
más reconocidos integrantes del Equipo Especial del Ministerio Público.
También uno de los más polémicos. La Comisión de Defensa del Congreso, en su desesperación por defender a su lidereza Keiko Fujimori, le ha exigido explicaciones sobre por qué llamó "guerrilla" al terrorismo en su discurso en un evento académico en México. Él se ha defendido señalando que su exposición fue sacada de contexto y que "no ha ofendido" la memoria de los peruanos respecto a la guerra subversiva. Distintos parlamentarios han considerado que Fuerza Popular busca amedrentarlo con esta citación.
La carrera judicial de Pérez Gómez se inicia en el 2005,
cuando fue nombrado fiscal adjunto titular en la fiscalía provincial mixta de
Maynas, Loreto.
El fiscal ha pasado por el Ministerio Público de La Libertad,
de Moquegua y de Lima, según su hoja de vida en el Consejo Nacional de la
Magistratura.
En Moquegua, donde fue fiscal provincial penal corporativo de
Mariscal Nieto. Entre los casos que tuvo a su cargo fue la investigación por el
llamado ‘Moqueguazo’, que ocurrió en el 2008, cuando fueron retenidos unos 60
policías por una multitud de manifestantes. En ese proceso pidió 35 años de
cárcel para la ex gobernadora regional Cristala Constantinides.
En Lima, como fiscal anticorrupción titular, ha investigado
–por ejemplo– al ex ministro aprista Rómulo León Alegría y el empresario
dominicano Fortunato Canaán, por el caso de los 'petroaudios' relacionado con
la construcción de hospitales. En julio del 2017, empezó el juicio oral. Pérez
Gómez pidió, para ambos procesados, una pena de cinco años y cuatro meses de
prisión.
En la fiscalía anticorrupción a su cargo, Domingo Pérez
también inició una investigación al contrato de la Línea Amarilla. Y hasta hace
poco estuvo a su cargo el Caso Chinchero, por la adenda suscrita entre el
Gobierno y el consorcio Kuntur Wasi.
Con su pase al Equipo Especial del Ministerio Público, el
fiscal no solo investiga al fujimorismo, sino también está a cargo de las
pesquisas a los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro
Toledo por los presuntos aportes de Odebrecht a sus campañas.
La justicia en la mayor parte de casos adolece de vacíos y actúa lleno de subterfugios. La sociedad en su mayoría protege, saluda, apoya, conductas de estos tres jueces y las encuestas indican que el fiscal de la nación Chávarry debería renunciar porque cada día que fuerza su cuestionada estabilidad destruye la figura de un magistrado. Vale un saludo de América y España los magistrados Garzón, Concepción Carhuancho y Domino Peña.
