NOTA DEL EDITOR. El aprovechamiento de los recursos naturales, sin duda, demanda un política sistemática de planeamiento. Igualmente, los suelos para el crecimiento de las urbes. Valdría una intenso debate la tesis
aquella que comienza a difundir el autor del "Otro Sendero", respecto al derecho del agua, que condiciona a la figura de la definición del origen y el destino de este recurso. Felicitaciones al trabajo de SER que nos han enviado y publicamos en las siguientes líneas. Jorge Zavaleta
Superposición de concesiones sobre territorios de importancia social
La superposición de concesiones mineras, petroleras o megaproyectos en zonas del territorio consideradas áreas protegidas ha sido uno de los desencadenante de los conflictos sociales en el país. El Plan de Ordenamiento territorial es un instrumento técnico, administrativo y político que permite dar un uso racional al territorio, de acuerdo a la vocación de los suelos (información técnica) y a la voluntad de la población. “Ordenamiento territorial significa que el Estado debe ordenar el territorio en un proceso de consenso con diferentes agentes económicos. Considerar qué tipos de actividades se pueden desarrollar en ciertos territorios para que el ordenamiento no se dé de facto. Es decir, que el futuro de los territorios no sean decididos por quienes tengan el poder o por quienes tengan sólo necesidad”, señala el antropólogo Javier Torres de la Asociación SER.
Aquí un recuento de los casos más descriptivos de superposición de concesiones sobre territorios de importancia social, cultural y económica en varios departamentos del país.
En Lambayeque, la petrolera inglesa Pitkin Petroleum XXVIII iniciará próximamente operaciones de búsqueda de petróleo y gas en el 85% de las 38.000 hectáreas de terreno que estaban destinadas a la agricultura incluidas en el Proyecto Olmos. En Puno, por lo menos diez zonas arqueológicas protegidas han sido concesiones a empresas mineras. Una de ellas fue el Complejo Arqueológico de Cutimbo, pese a que el Ministerio de Cultura le otorgó la categoría de Patrimonio Cultural de la Nación.
La construcción de Puerto Esperanza (provincia de Purús, en Ucayali) e Iñapari, en Madre de Dios, amenaza por atravesar el Parque Nacional Alto Purús afectando la Reserva Comunal Purús, región donde viven indígenas en aislamiento voluntario. Los nativos dicen que la carretera afectará los cursos de las aguas que nacen al interior de las áreas naturales protegidas y la armonía con el ecosistema, las actividades de pesca, entre otros. El proyecto fue presentado por la bancada fujimorista “a fin de solucionar el aislamiento de Purús y promover la integración de su población al seno de la patria”.
En Puno, es conocido el caso de la Central Hidroeléctrica de Inambari que amenaza con inundar 101 kilómetros de la carretera Interoceánica Sur, obra avanzada en un 95%. A la vez, cuando la carretera aún era un proyecto, se reportó el peligro que significaría para los ecosistemas del Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Puno y Madre de Dios, declarado el 4 de septiembre del 2000 como una zona de vital importancia en la protección de la Amazonía. Haciendo caso omiso, la obra fue aprobada y emprendida por Toledo. El proyecto conocido como ‘la interoceánica sur’, generaba la invasión de las áreas protegidas por efecto de la migración y la consecuente deforestación - que se promediaba en 50 kilómetros a lo largo de cada lado del derecho de vía - en vista de que una parte de su tramo pasaba por el límite de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional.
En Cusco, en la provincia de Echarate, el Lote 58 otorgado a Petrobras está bordeando el Parque Nacional Manú así como el Santuario Nacional Megantoni (áreas protegidas intangibles). Las operaciones hidrocarburíferas representan un peligro en estos ecosistemas tropicales que podrían tener impactos irreparables. Aún sin la probable generación de vertidos al ambiente, la conectividad biológica entre estas áreas protegidas se verá sin duda afectada por la presencia y tránsito de helicópteros, barcos y personal durante las próximas décadas.
Las Áreas Naturales Protegidas se crean para proteger los ecosistemas y procurar su preservación dados sus valores paisajísticos, culturales y científicos. Ello no siempre supone intangibilidad pero, legalmente su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad, pudiendo establecerse el aprovechamiento regulado de recursos, su restricción o intangibilidad.
En Madre de Dios, el Estado concesionó el Lote 76 al proyecto de explotación petrolera de las empresas Hunt Oil Company y Repsol Exploración Perú, que se superpone a la Reserva Comunal Amarakaeri. Esta es un área natural protegida de uso de la comunidad y asegura la estabilidad del equilibrio ecológico y el ambiente adecuado de las comunidades nativas Harakmbut.
En Cajamarca, el proyecto Conga es un caso emblemático de ausencia de ordenamiento territorial. Hay un proceso de zonificación económica ecológica (ZEE) avanzado desde el 2007.
A 4.380 metros sobre el nivel del mar, el gigantesco tajo abierto de la Volcan Compañía Minera prácticamente está devorando la ciudad de Cerro de Pasco. Los relaves mineros, las explosiones de dinamita y los gases tóxicos de la explotación de zinc, oro y plata están arrinconando a la población que, según se planificó, tendrá que ser trasladada.
En Piura, el proyecto minero de la Monterrico Metals Plc., empresa británica propietaria de Río Blanco Copper S.A., antes llamada Minera MajazS.A., aún está en suspenso. La mina se ubica en medio de los páramos y bosques de neblina, importantes ecosistemas que abastecen de agua al norte del Perú. El peligro de la contaminación es inminente. Los productos químicos y el uso excesivo del agua, necesarios para extraer el cobre de la montaña, tendrán un impacto desastroso en los ríos que nacen en los Andes. La llegada de la mina terminará con la agricultura y con los páramos. Campesinos del norte del país han protestado reiteradamente contra la mina y en defensa de sus tierras. Se ha reprimido las protestas de manera brutal.
En Lima, hace poco el Grupo Romero pretendió construir un puerto en el balneario de Ancón, un área de valor histórico y de gran afluencia de pesca. La construcción del puerto sólo respondía a intereses particulares del Grupo Romero. El conflicto con los pescadores y los bañistas se prolongó por varios años.
Al respecto Javier Torres señala: “La dinámica de las actividades económicas no sólo son productivas, no sólo se centran en generar ingresos. Los modos de vida que existen en Ancón, Inambari y Piura, se ven afectados por estas inversiones que no responden, en muchos casos, a lo que la gente quiere o hace en el lugar sino a intereses de terceros”.
La salida ante los múltiples conflictos que se generan alrededor de la falta de planificación del Estado con el territorio debería encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad del Estado en generar rentas y explotar sus recursos para promover el crecimiento económico y las actividades y necesidades que tienen los pobladores.
