Papel de Arbol

sábado, 16 de abril de 2016

Tercera República, conciencia social en la Segunda Transición,Diario16, Manuel Domínguez




Una incontestable ‘legión’ de 62.000 intelectuales miembros del Ateneo, junto al recién creado movimiento civil de Iniciativa Republicana Española (IRE), han comenzado una iniciativa popular con el buen criterio de dar entrada y reconocer por igual a los republicanos y republicanas de cualquier pensamiento ideológico, sobre todo los de las llamadas izquierdas y derechas.

Porque el ser republicano obedece mucho más a un sentimiento que a una ideología, y este sentimiento fundamentalmente es más coincidente con mi teoría de una “ideología de conciencia social colectiva” que a otros comportamientos “encasillados en pensamientos mas propio del siglos pasados”.

La república es el pueblo, y recordemos que el pueblo somos todos  y todas, un principio básico de igualdad incontestable. Jamás podrá reinstaurarse la III República si no se acepta que la republica es el “pueblo con conciencia”, y en este concepto y pensamiento caben todas las mujeres y hombres de conciencia, hombres y mujeres de conciencia que deben “dormir a diario con sus conciencias” pensando qué comportamientos les pueden dejar dormir tranquilos.

La mediocridad, el egoísmo, la desigualdad, la ambición, el odio, la mentira, la demagogia, la esclavitud en cualquiera de sus diferentes manifestaciones, la prepotencia, la demagogia, el egocentrismo, la “divinidad humana”, la razón con miedo, el cómplice silencio y, en definitiva, la mediocridad son los grandes enemigos de la república. La republica es libertad con dignidad, democracia, igualdad y justicia social.

El almeriense Nicolás Salmerón fue presidente de la I República española durante apenas mes y medio en el verano de 1873. Dimitió por negarse a firmar varias condenas a muerte. “La pena de muerte como materia de penalidad”, dijo sin dudarlo, “no la admitiré nunca porque es contraria a mi conciencia, porque es contraria a mis principios y a los principios de la democracia”. Federalista moderado, Salmerón defendía la necesidad de hallar caminos de convergencia y entendimiento con los grupos conservadores para desembocar en una lenta transición hacia la república federal. Se constituyó, por su intachable trayectoria, como símbolo de la mítica Institución Libre de Enseñanza y como máximo exponente de la España del siglo XIX en su totalidad.

Bueno sería rescatar su defensa a ultranza de la ética como arma de combate político para estos convulsos años de la Segunda Transición española que vivimos, en los que sin duda alguna debe exteriorizarse una salida airosa en pos de una Tercera República que desatasque las cañerías de una democracia maltrecha y renqueante.


Este primer paso a favor del empoderamiento del pueblo en las instituciones democráticas queda registrado ad eternum como la pujanza del pueblo ante las adversidades y frente a los clichés asentados unilateralmente por mandatos cuasi divinos.

Un cronista de excepción llamado Benito Pérez Galdós narraba magistralmente el clima parlamentario que se vivía en esas fechas históricas: “Las sesiones de las Constituyentes me atraían, y las más de las tardes las pasaba en la tribuna de la prensa, entretenido con el espectáculo de indescriptible confusión que daban los padres de la Patria.

El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas. Días y noches transcurrieron sin que las Cortes dilucidaran en qué forma se había de nombrar Ministerio: si los ministros debían ser elegidos separadamente por el voto de cada diputado, o si era más conveniente autorizar a Figueras o a Pi para presentar la lista del nuevo Gobierno. Acordados y desechados fueron todos los sistemas. Era un juego pueril, que causaría risa si no nos moviese a grandísima pena”.

Cualquiera diría que el escritor canario se asomaba en pleno 2016 al hemiciclo de la Carrera San Jerónimo desde el gallinero de la tribuna de invitados para contemplar la vida de una Cámara que respira nuevos aires aunque aún no haya dado con la tecla de la concordia y se mantenga impertérrita en el guirigay de las voces disonantes como pollo sin cabeza.
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Comentario desde Lima

Jorge Zavaleta Alegre

 y veraz pensamiento de los sectores populares. La academia es necesaria para llevar adelante la voluntad popular, pero no al revés. 

Las declaraciones muy elocuentes de la candidata Verónica Mendoza son muy claras: representar la voluntad de mantener su programa social de gobierno y no como lo sugieren algunos grupos o empresarios a buscar alianzas con el empresario PPK en la segunda vuelta electoral. 

La pseuda clase progresista o de izquierda tradicional le encanta el poder por el poder. Desde ex guerrilleros y notables académicos, respaldaron y trabajaron con el soldado Ollanta Humala y el Perú termina en la debacle, confundiendo crecimiento de la economia para unos cuantos, y el subdesarrollo acelerado de las grandes mayorías.

La universidad en Latinoamérica: Entre la Utopía y el lucro infinito



por Jorge Zavaleta Alegre
 

Si el objetivo de UNASUR es promover la ciudadanía regional, la Ley Universitaria que debe aprobar el Congreso Peruano, es un aporte a este propósito de integración.

Lima, la segunda semana de marzo del 2014, se convierte en sede de la reunión de altos delegados y equipos técnicos del Consejo Suramericano de Educación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Durante esta cita se concretarán acciones que forman parte del Plan Operativo Quinquenal de dicho Consejo para los próximos cinco años y se revisarán los avances de los proyectos financiados por el Fondo de Iniciativas Comunes.

La Educación Superior no será un tema específico de este Consejo, del cual el Perú ejerce la presidencia pro témpore 2013-2014, pero bien vale comentar la trascendencia del Proyecto de Ley que cambiará el rumbo de las Universidades Nacionales y su correlación con el lucrativo negocio de la educación.

La cantidad no es sinónimo de calidad. Una evaluación de las primeras 100 universidades de América Latina, indica que las de mayor prestigio se encuentran en Brasil, México y Buenos Aires. Del Perú no figura ninguna, no obstante que ya cuenta con 140 universidades, el 70% privadas.

Algunos mensajes ratifican el carácter crítico de la Universidad Peruana: - Más de cuatro mil científicos, egresados de universidades prestigiosas de Europa y EEUU, no pueden retornar a su país, el Perú, debido a las dificultades que impone la Asamblea Nacional de Rectores, entidad que sería reemplazada por una Superintendencia de la Educación Superior, que es parte del Proyecto de Ley que deberá ser aprobado por el Congreso de la República este mes de Marzo.

Es irónico que existan universidades privadas que pagan salarios mínimos a los profesores y rectores con ingresos mensuales cercanos al millón de soles (350 mil dólares americanos) e impongan el nepotismo.

Diversos círculos cercanos a los negocios universitarios como el FIPES, especula sobre la posible vejación de la libertad de pensamiento con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), adscrita al Ministerio de Educación, que, según el proyecto, supervisará y fiscalizará a las universidades.

El congresista Daniel Mora, del partido gobernante Gana Perú y presidente de la Comisión de Educación del Congreso - cuya vida ha sido dedicada a la docencia y capacitación de las Fuerzas Armadas -, confía en que el Proyecto sea convertido en Ley, al mismo tiempo que invoca la abstención de su voto en el Pleno de aquellos legisladores vinculados a la creación de universidades.

El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de la Enseñanza ha brindado diversos aportes para fortalecer el sistema educativo universitario. Se suma la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, que identifica la participación negativa del sector privado en la calidad de la formación del profesional en la mayoría de las instituciones creadas en la última década. Hay universidades que pertenecen a holdings que succionan los ingresos nacionales hacia otras latitudes, pero ninguna de ellas reconoce que es una institución de lucro.

La Federación de Estudiantes del Perú (FEP), en apariencia y siguiendo la Reforma de Córdova, rechaza el proyecto porque es una norma que violenta la autonomía.

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería votan por una reforma que mejore la calidad de la enseñanza, por encima de los privilegios que mantienen las actuales autoridades.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresa su preocupación por la aprobación de la nueva Ley, que incluye el desarrollo de las diez principales universidades públicas, a las cuales se les otorga una década de plazo para rescatar los principios esenciales de una educación al servicio a la comunidad. El gremio empresarial, señala que la norma “no toma en cuenta ninguna opinión de los propios involucrados, que desnaturaliza la autonomía y que más bien la somete a una entidad bajo el control político de turno”.

La Confiep, pretende confundir o que significa autonomía académica y administrativa en concordancia con calidad y no el negocio especulativo que gobierna el mercado. En el proyecto de Ley figura una representación de los sectores empresariales, que le faculta su participación en las decisiones en el sistema universitario, pero no defender el lucro.

La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), considera que una norma que “viola la autonomía política, administrativa y académica; burocratiza la innovación del conocimiento”. Sin embargo, ignora que durante cerca de tres décadas de libre mercado, las universidades no se han quejado de nada, por el contrario sólo han crecido en número.

Los ataques a la nueva legislación se centran básicamente contra el presidente de la Comisión de Educación del Congresista, por su cercanía a las Fuerzas Armadas, como la Escuela Militar, el Centro de Altos Estudios Militares, que durante el régimen del presidente Velasco Alvarado (1968-1975), se alentó reformas estructurales en el campo laboral, agrario e intercambio académico con escuelas de los países vecinos como Venezuela.

Para prolongar privilegios, la dirigencia de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) pide la postergación del debate parlamentario hasta la próxima legislatura. Aunque la ANR no oculta su “victoria” cuando considera que la reglamentación de la Ley tardará y también porque no se fija presupuestos de inversión.

Las críticas se centran en la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria que está adscrita al Ministerio de Educación y la acreditación de la calidad universitaria que pasará a ser obligatoria. Los centros de estudios que no logren la certificación no tendrán autorización para expedir títulos.

En el Perú funcionan 140 universidades, entre públicas y privadas, número que refleja que la educación es vista como un negocio. Según diagnóstico de la Comisión del Congreso, la rentabilidad de la educación universitaria en promedio es de 30% anual, con lo que una inversión de US$100 millones puede ser recuperada en tres o cuatro años.

Solo entre 2006 y 2011 se crearon en el Perú 49 universidades: 16 públicas y 33 privadas. De las públicas, 12 deben estar cerradas por inconstitucionales. Y de las privadas, ninguna goza de prestigio académico.

El 9 de diciembre del 2013, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen de la nueva Norma. De ser ratificada por el Pleno, las universidades tendrán siete años para acreditar sus respectivas carreras y se preparará un plan piloto en nueve universidades nacionales, que cubren el desarrollo descentralizado del país: Mayor de San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cuzco, Trujillo, San Agustín de Arequipa, de Ingeniería, Agraria La Molina, Altiplano de Puno y la de la Amazonía Peruana.

Se buscará acreditar a todas las universidades de forma obligatoria, de tal modo que las que no consigan esta certificación no podrán entregar títulos a nombre de la Nación. Se cerrarán las facultades que no logren la acreditación en tres evaluaciones consecutivas.