Papel de Arbol

miércoles, 10 de junio de 2020

EXILIO PARA EL REY EN SANTO DOMINGO, UNA FOTOGRAFIA DEL PAIS

La última  encuesta  de Transparencia  Internacional, Mayo 2020, revela que la República de Santo  Domingo ocupa el  primer  lugar entre los indicadores  de corrupción  en América Central.  Honduras y Nicaragua le siguen en segundo y tercer lugar.

https://acento.com.do/2020/actualidad/8773408-transparencia-internacional-certifica-fracaso-del-gobierno-con-la-corrupcion-analisis-de-juan-bolivar-diaz/
https://diario16.com/encuesta-diario16-situacion-de-la-monarquia/
https://www.elmercuriodigital.net/2020/06/gobierno-de-santo-domingo-espera-rey-de.html
http://papeldearbol-papeldearbol.blogspot.com/2018/11/el-futuro-de-republica-dominicana.html


El índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional (TI) 2019, publicado esta semana, certifica el fracaso del gobierno de Danilo Medina en combatir la corrupción, después de haberse iniciado en el 2012 proclamando un Código de Pautas Eticas y creando una comisión para vigilarlo.
El IPC 2019 muestra que la República Dominicana sólo obtiene una puntuación de 28 sobre 100, y ocupa el escalón 137 entre 180 países evaluados, con retrocesos en ambos renglones, lo que la deja entre las naciones de mayor corrupción en América Latina, igualada a Paraguay, y sólo superada por Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Retroceso sobre el 2018
El informe dado a conocer a nivel mundial en Berlín, y en Santo Domingo por el movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo nacional de TI, muestra que en el último año la puntuación dominicana se redujo de 30 a 28, y en el ranking mundial cayó del escalón 129 al 137. El año anterior había tenido un ligero repunte, de 29 a 30 puntos, y había disminuido seis posiciones de la 135 a la 129. En los tres últimos años siempre entre 180 países evaluados.
En todo el continente, la RD recibe una peor puntuación que el 78 por ciento de las naciones y con 15 puntos por debajo del promedio regional, que es de 43. Los mejores evaluados en América son Canadá, con nota de 77, Estados Unidos 69,  y chile 67, así como  las islas caribeñas, Bahamas y Barbados, con 64 y 62 puntos sobre 100.
A nivel mundial los países de mejor puntuación en transparencia y menor corrupción son casi todos del norte de Europa, excepto Nueva Zelandia, empatada con Dinamarca en el liderazgo, con 87 puntos, y Singapur, que iguala a Finlandia, con  86. Les siguen Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos (Holanda),Alemania, Luxemburgo, Islandia y Austria, Canadá y Reino Unido, que registran desde 85 a 77 puntos.
Al analizar el IPC, Participación Ciudadana encontró que de 110 países con ingresos por cápita iguales o inferiores a la RD, con un promedio aproximado a los 8 mil 50 dólares, el 62 por ciento están mejor posicionados, aunque se ha demostrado que los países con mayores ingresos tienden a poseer mayores niveles de institucionalidad y menos corrupción.
Fracaso durante 14 años
En análisis del récord del IPC de TI desde el 2006, cuando comenzó a abarcar a 180 países, muestra que RD ha seguido un deterioro persistente en materia de corrupción, que incluye la falta de transparencia y la impunidad, mientras en muchos países han logrado mejoría. En el 2006 tenía la misma puntuación de 28 sobre 100, pero estaba en la posición 99 del ranking mundial, es decir 38 menos que la 137 del 2019.
El retroceso es más visible en el gobierno del presidente Danilo Medina, ya que en su comienzo en el 2012, alcanzó 32 puntos y la posición 118, para de ahí en adelante ascender hasta la actual 137, es decir 19 escalones peores. En el 2015 apareció en el 103, pero con sólo 168 países evaluados, es decir 12 menos. De todas formas implicó una mejoría, que se agravó hasta alcanzar ahora la peor puntuación y posición en el ranking.
El fracaso es más significativo al recordar, como lo hizo Participación Ciudadana, que el país oficializó el IPC de TI al ser incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012 en que inició el gobierno de Medina. Allí se fijó como meta que RD alcanzaría una puntuación de 51 sobre 100 para este 2020. Los 28 puntos registrados en el último Indice, apenas superan la mitad de lo esperado en reducción de la corrupción.
Se perdió el rumbo inicial
El revés es más significativo porque el actual mandatario inició su gestión proclamando un Código de Pautas Eticas y emitiendo el Decreto 486-12, que creó la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) También el Ministerio de la Presidencia auspició la formación de comisiones de veeduría social, con participación de representantes sociales, que con los años fueron desapareciendo en la medida en que no se cumplían las expectativas de transparencia.
El decreto atribuía 42 responsabilidades a la DIGEIG, que en su mayoría no han sido cumplidas, resaltando entre ellas, el Código de Etica, según el cual además de la Declaración Jurada de Bienes, los altos funcionarios gubernamentales tendrían que entregar un informe financiero anual, (artículo 7) entre el 15 y30 de agosto, especificando la evolución de su patrimonio, incluyendo cónyuge. No hay registro de que un solo funcionario lo haya hecho y tampoco que se le reclamara.
Como es tradición, en el primer período del gobierno de Medina, hubo más esfuerzos por controlar la corrupción y la malversación, pero la brújula empezó a perderse a partir de la búsqueda de su reelección, que al decir general incluyó una compra masiva de legisladores para hacerla posible mediante una reforma constitucional.
Los Grandes escándalos
Pero lo peor le estalló al gobierno en diciembre del 2016, apenas comenzado el segundo período, con las revelaciones del escándalo de corrupción internacional de Odebrecht, que implicó relevantemente al país. Con el agravante de que el Ministerio Público ha evadido investigar los sobornos del período de gobierno de Medina, especialmente  sus demostrados vínculos con el asesor político-electoral de Odebrecht Joao Santana.
Las sombras en la contratación de la mayor obra del actual mandatario, las plantas de carbón de Planta Catalina, han perseguido y seguirán persiguiendo a su régimen. Todavía no se han realizado auditorías de las obras contratadas con Odebrecht y hace poco el consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación impactó la opinión pública al revelar registros de sobornos por 55 millones de dólares en obras del actual gobierno, incluyendo 20 por las plantas de carbón. Se publicaron 28 seudónimos de los receptores de esos sobornos, que están en los registros de Odebrecht, pero nadie en el gobierno se ha dado por aludido.
Otros escándalos de corrupción durante el actual gobierno se registraron en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y el Consejo Estatal del Azúcar, en los cuales hubo un suicidio y varios muertos de por medio. En la Corporación de Empresas Estatales (CORDE) se reveló el escándalo de la venta de todo un barrio a “precio de vaca muerta”.
Desafío a nuevo gobierno
La preocupación por los altos niveles de corrupción en el país, han aumentado en los últimos años en el país y tuvieron su mayor expresión en el movimiento Marcha Verde que durante el 2017 y 18 sacudió el país, llevando a las calles a cientos de miles de personas. Mientras las encuestas la registran como uno de los principales males, con hasta 80 por ciento considerando que empeora.
La convicción generalizada es que al gobierno de Medina le cayó la noche para ponerle límite a la corrupción, la malversación y la impunidad. Y que será uno de los grandes desafíos del gobierno a instaurarse en agosto próximo. “La guerra total a la corrupción y la impunidad” es el punto 1.2 de las prioridades políticas e institucionales suscritas por la Coalición Democrática por el Cambio, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y proclamada en noviembre por 6 partidos.
Analistas políticos concuerdan en que la corrupción y la impunidad han detonado un deterioro institucional que alcanza niveles cada vez más preocupantes, mientras múltiples expresiones de la Sociedad Civil la tienen como prioridad. Lo peor es que se teme que, como es tradicional, la malversación y el clientelismo de los años electorales, dispare aún más la corrupción y la impunidad.- 
   Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional
                               2001-2019: República Dominicana

CAMBIAN LOS ESTADOS O EL LIBRE MERCADO ACABA CON ELLOS

   Fotos D16, Madrid.
Jorge Zavaleta Alegre

Las estadísticas  de los años noventa y a los inicios  de la tercera década del XXI, nos presentaron un mundo urbano idílico, cuya economía de libre mercado era el  camino para construir un mundo de democracia plena. Sin embargo, ni los  gobernantes  ni la ciudadanía percibieron el acelerado  crecimiento de la economía  informal, el deterioro del Estado y la pasajera solidez de los exportadores al primer mundo. 

Detrás de las fotografías de los barrios marginales, hoy  se  comprueba que allí supervie un infinito cordón de pobreza con  las mayores consecuencias en la salud, hoy agravada por la coronación de un virus 2019, cuya vacuna, sin duda,  aparecerá cuando sea más rentable para los laboratorios.

América Latina y el Caribe en los últimos ochenta años ha vivido un  proceso de urbanización que se traduce en paulatina disminución de  la población asentada en el campo, en área rural.  

Por ejemplo en el Perú,  la población rural  representaba más del 50% de la población total del país, Bajó a 40% en el año 1981. A 30% en el año 1993.  A 25% en el año 2007. En  2015,  la población asentada en el área rural apenas representará el 23% de la población total.... 

En el Perú hoy, la proporción de la población menor de 15 años, representa el 28,3% de la población peruana, y se estima que dicha participación disminuirá hasta 18,5% en el año 2050, en tanto la
población adulta, de 65 años y más, que ahora representa el 6% pasará a representar el 18% de la población peruana, en el 2050. 

La población activa, en plena edad de trabajo, representa el 65% de la población, cuyo  espacio será de medio siglo hacia adelante, con tasas de dependencia bajas, con un bono demográfico que debe aprovechar el país. Es una etapa de oportunidades, de mayor trabajo, ahorro e inversión, que redunda en crecimiento económico. Significa además posibilitar un aumento de los gastos en salud, seguro social y educación especialmente orientada a la población joven....

El Diario16, consideró necesario recurrir a profesionales especialistas para contribuir en abrir mayores espacios de opnión, por la  construcción de un Nuevo Estado o  Estado  diferente que contribuya al  cambio  estructural, incentivando el camino de retorno a sus pueblos,   a las poblaciones de origen teniendo con el aval de un Estado para todos y que los productores sean los principales benificiarios de la producción agraria al igual que los  artesanos....

Existe una importante población que sigue manteniendo relaciones integrales con sus pueblos de  origen. Con ella es factible dar vuelta a la cara, acompañar al productor y menos al comerciante.

Precisamente, profesionales en negocios  intenacionales con los cuales hemos tomado en consideración sus juicios  de valor plantean la necesidad de encontrar caminos de retorno a su país  de origen o  dejar la capital no para morir pronto sino para reconstruir alternativas  de vida bajo un Nuevo Estado, que sea para todos. Esta opinión  es compartida profesionales vinculados a la economía, la contabilidad pública y la psicología, como Virginia Valverde, Gustavo Stuart Alegre y July Z. Camerieri...

A continuación, un comentario al libro El Estado....Y Mitos Jurídicos, del joven jurista Adolfo Céspedes Zavaleta, publicado por Gestión Pública y Desarrollo, Información, Análisis. Ediciones Caballero Bustamante - ecb. 312pp.* Céspedes Zavaleta, abogado y bachiller de la Facultad de Artes Liberales con mención  en Filosofía por la Universidad de Piura. Cuenta con una maestría en Deerecho Internacional por la Universidad de Pittsburg, PA - USA. Profesor  de varias universidades del Perú: San Martín de Porres, Universidad Católica de Arequipa  y de la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP.

-Es un mito jurídico que la existencia  misma de empresas públicas en un país constituya, de por sí, una demostración de falencias económicas, de ideologías socialistas o de profunda inadaptación de los  Estados al orden globaliizado.

-La naturaleza jurídica  de una empresa pública es híbrida, es decir se trata de una persona jurídica,  diferente a las entidades clásicas de la Administración Pública. Es constituida  como sociedad anónima, con fines de interés social, y a la  vez comercial, no son contradictorios entre sí, sino que en todo caso deben ser sopesados en cada decisión particular de la empresa, lo cual no sucede en las sociedades privadas. Ello, nos  atrevemos, constituye una verdad jurídica fundamental para comprender el manejo adecuado de las empresas del Estado.

-Un mito jurídico, que se ha demostrado, consideramos con suficiencia en la presente obra, es el  referido a que la privatización agresiva o en su totalidad de las empresas públicas constituya, como plantean algunos analistas, la solución idónea para el denominado "problema" del Estado empresario. La verdad respecto a este tema, es que antes que privatizarla, una creciente preocupación por la mejora del desempeño técnico-financiero de las empresas públicas y por  un cambio  de rumbo en la conducción despolitizada de las mismas, es lo que más debe preocupar a los países, espcialmente en vías  de desarrollo, que cuenten con empresas públicas.

- La despolitización radical en la designación de los órganos de dirección de las empresas públicas es vital para el manejo de los órganos  de dirección de las empresas públicas es vital para el manejo gerencial idóneo de las mismas. Ello, sin  descuidar los controles de todo  el aparato estatal sobre los  fondos que manejan las entidades públicas, a la que asimilan a las empresas públicas en este aspecto, puesto  que  en el  fondo las empresas del Estado, "pertenecen" en algún sentido a todos los ciudadanos.

-La influencia política en las empresas públicas. En sí, las empresas públicas representan, intrínsecamente, un formidable instrumento de poder político y social del que los gobiernos no  quieren prescindir. Ello se da por  la conjunción de factores que se presentan en cuanto a la regulación y la propiedad pública. Además, es claro que la intervención política  en las mismas se hace muy común debido que los políticos manipuladores de las operaciones de las empresas públicas reciben todos los beneficios de esas intervenciones, pero soportan poco o nada de los costos e ineficiencias directas que producen como  consecuencia de ello.

-Es una verdad jurídica que el Estado debe sopesar, antes de crear una empresa pública, si los fines que pretende satisfacer con la misma son exclusivamente de interés público, puesto que en dichos casos la mejor figura legal resulta siendo un organismo público ejecutor, como lo señala la literatura de la organización  de un Estado.

-Es un hecho que  seguirán apareciendo  mitos, conjeturas y probables verdades jurídicas acerca del Estado empresario en  general, pero mientras se hayan comprendido las bases esenciales de su naturaleza ontológica y su justificación  pragmático-teleológica, se podrán diferenciar fácilmente unas de otras, distinguiendo aquellos  comentarios que sean  prejuiciosos, parcializados e infundadado, de aquellos que sean objetivos, imparciales y  argumentados en base  en la realidad y las normas vigentes.

Comentarios. Entre las diversas  opiniones vertidas, sobre la obra de Adolfo Céspedes, incluyendo las de sus profesores de la Universidad de Pittsburgh, PA-EU, reproducimos los juicios  del  profesor de Derecho Administrativo de la PUCP, Jorge Danós, quien califica como la primera obra en la bibliografía jurídica peruana que aborda exhaustivamente el análisis del régimen jurídico de las empresas  del Estado, comentando el nuevo  marco legal y reglamentario dictado en nuestro país. Es un libro de obligatoria lectura para todos aquellos que requieran conocer o tengan relación  con la actividad de las empresas  estatales, los  niveles de gobierno nacional, regional y local, remarca.  La editoral ha publicado una segunda reedición, con autorización de los padres del autor, residentes en la ciudad de Trujillo-Perú.

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