“Yo creo que la lucha es un fin. Cualquiera que sea el resultado del combate, los indios de los Andes centrales han vencido”, Manuel Scorza, en Redoble por Rancas.
La Oroya. Lima. Lo que ocurre en la minería peruana con la empresa norteamericana Doe Run (la mayor productora de plomo primario del mundo), al burlar los compromisos ambientales, constituye un grave síntoma de lo que puede significar el Tratado de Libre Comercio como instrumento de protección de los negocios de los EEUU en América Latina.
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| La Oroya y Niños de Plomo |
El arzobispo, ante tal acusación y previa consulta con el Arzobispado del Perú, Monseñor Luis Cipriani, muy ligado al Opus Dei, respondió “que su voluntad era que la Doe Run - como parte del grupo de capitales privados con sede en Nueva York Renco - cumpliera los compromisos gubernamentales asumidos, para así evitar mayores daños en la población de La Oroya, donde opera desde hace casi un siglo una refinería de minerales concentrados.
En una reunión en Huancayo entre delegados de la Cooperación Italiana, la Mesa Regional de Lucha Contra la Pobreza y el Arzobispo de Junín, se recogió el sentir de la Iglesia y decidieron invitar a expertos ambientalistas de la Universidad jesuita de Missouri, donde también tiene su sede la Doe Run. Pues los investigadores con el apoyo de instrumentos muy modernos, corroboraron en las propias viviendas de los mineros, el diagnóstico del Ministerio de Salud sobre las altas dosis de plomo en la sangre de los niños.
Ese diagnóstico de la muerte sigue tal cual. La Oroya llama una vez más la atención del mundo. El arzobispo de Huancayo, se ha presentado en la ciudad minera invitado por el grupo de abogados norteamericanos que expusieron los avances de su demanda en contra de la matriz de la empresa Doe Run, por daños a la salud.
Un comunicado del Arzobispado explica que el Mons. Barreto, también Coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín, exhortó a los asistentes a mantener una actitud de diálogo, tolerancia y respeto en la búsqueda del bien común, que incluye una solución integral al problema medioambiental y laboral de La Oroya.
En presencia de cerca de 600 asistentes y de seis abogados norteamericanos que demandan una indemnización para 107 niños de La Oroya, el mismo sacerdote enfatizó la unidad que debe existir entre todos los sectores para pedir a Dios que muestre el camino de la auténtica justicia y la verdad: “La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y se siente en el deber de ejercer también en el ámbito público para defender la tierra, el agua y el aire, dones de Dios, creador para todos”, remarca.
Durante la conferencia, la abogada Kristine Kraft informó que en la demanda judicial planteada hace tres años ante tribunales de justicia de Estados Unidos, entre ellas el Estado de Missouri logró tres fallos favorables para que el juicio se desenvuelva en Estados Unidos. Pero no fue demandada, de manera concreta, para proteger la salud de los niños de La Oroya. En la presentación de los abogados no faltaron las protestas, incluidos los insultos, de un grupo de personas afines a la empresa en contra de quienes promueven la solución integral del problema laboral y ambiental en la Región Junín, informa la Pastoral Social.
EL JUEGO DE LAS ESTADISTICAS
La productora de metales Doe Run Perú ha desembolsado más de US$120m desde 1997 para mejorar su fundición-refinería polimetálica La Oroya y el área circundante con trabajo orientado a controlar la contaminación. Dicha empresa, recuerda, al mismo tiempo, que la contaminación ambiental existía desde mucho antes de que Doe Run comprara la fundición al Estado. De los US$120 millones, US$40m estaban destinados para cumplir con el programa de ajuste ambiental.
En efecto Doe Run contaba hasta enero del 2007 para mejorar los procesos en La Oroya y reducir las emisiones tóxicas. Sin embargo, los niveles de plomo en la sangre de los empleados han disminuido en un pequeño porcentaje. Una auditoría internacional independiente, precisa que la empresa, por indicaciones del Ministerio de Energía y Minas de Perú, debe cumplir estrictamente con las recomendaciones para reducir la contaminación.
PANORAMA SOMBRIO.
El alcalde de La Oroya informa que la situación en su ciudad se pone sombría, tras la suspensión de operaciones del complejo metalúrgico. El empleo ha disminuido progresivamente, alcanzado más del 50% del total de la población y ha aumentado la deserción escolar.
La paralización del complejo metalúrgico ha provocado la reducción del presupuesto municipal provincial de Yauli (La Oroya), al haber perdido los tributos en poco más de 40%. Las universidades locales están a punto de cerrar porque los padres de familia no tienen cómo solventar los gastos de sus hijos. La comunidad demanda al gobierno central la asignación de nuevos recursos para concluir los proyectos de inversión que corresponden a los presupuestos participativos de los dos últimos años.
Sondeos de opinión realizados por la ONG Labor indican que los responsables de la caótica realidad de La Oroya son el gobierno y la minera Doe Run. El Estado por permitir que una empresa que continuamente ha venido incumpliendo con sus compromisos ambientales y laborales siga administrando el complejo metalúrgico, y la minera estadounidense por el poco compromiso para cumplir sus obligaciones.
La comunidad exige que el Estado debe buscar un nuevo administrador para el complejo, pero en el camino surge una advertencia: El Tratado de Libre Comercio que firmó el Perú con los Estados Unidos protege las inversiones del país americano en suelo nacional, como las de Doe Run. Si el Perú rescinde el contrato, esta empresa recurrirá a un tribunal internacional que podría obligar a los peruanos pagarle a la incumplida minera una millonaria indemnización.
La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo del Perú, institución representativa de las grandes empresas radicadas en el país, considera irrelevante el anuncio de The Renco Group, socio principal de Doe Run Perú, exigiendo al Estado peruano cumplir con una serie de obligaciones legales y responsabilidades de carácter social y ambiental.
El Comité Aurífero de la SNMPE, el más fuerte de la sociedad minera, expresa que The Renco aplica la ley del embudo; es decir, lo más ancho para su interés y lo más angosto para el país. “Primero que cumplan con sus obligaciones antes que exigirle nada al Gobierno peruano”, sostuvo el ejecutivo.
Sin embargo los empresarios mineros no dejan de señalar que el Perú fue reconocido como el mejor país destino sudamericano para las inversiones. “Los grandes capitales creen en el país, en su desarrollo y en su futuro; y no se dejan intimidar por este tipo de acciones. El Estado debe seguir trabajando como hasta ahora y no preocuparse por lo manifestado por The Renco, pues es totalmente irrelevante”, reiteran los voceros empresariales.
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| Pasco, ciudad minera del Perú |
Pésimos antecedentes. Mediante la Ley 29410, del 26 de setiembre de 2009, el Congreso amplió en 10 meses el plazo para que Doe Run consiguiera el financiamiento del proyecto de una planta de ácido sulfúrico de la línea de cobre y reiniciara sus operaciones. Además, el gobierno le concedió 20 meses adicionales para que concluyera la construcción de la obra.
Esta planta era la más importante herramienta para reducir la contaminación y formaba parte del Programa Ambiental que Doe Run incumplió sistemáticamente y por el que pidió hasta cuatro prórrogas desde que se hizo cargo de la fundición.
Doe Run Perú mantiene una deuda con el Estado de aproximadamente US$ 500 millones. El Ministerio de Energía y Minas solicitó el reconocimiento de una deuda por US$ 160 millones por el incumplimiento del Programa Ambiental, cuyo plazo de ejecución vencía en marzo de 2012.
