Los yacimientos de gas de Camisea fueron descubiertos por
Shell en 1986 y la extracción de gas comenzó en 2004.
El megaproyecto es operado por un consorcio de compañías
liderados por la argentina Pluspetrol, la estadounidense Hunt Oil y la española
Repsol.
la planta de distribución de gas del proyecto Camisea es operada
por la argentina Pluspetrol. El megaproyecto es gestionado por un consorcio de
compañías liderados por la argentina Pluspetrol, la estadounidense Hunt Oil y
la española Repsol.
La corporación también incluye a la empresa SK Corporation,
de Corea del Sur, y la compañía Sonatrach, de Argelia, entre otras.
El proyecto Camisea costó cerca de US$2.700 millones e hizo
de Perú "una nación rica en gas con regalías esperadas de US$34.000
millones durante 30 años", según el sitio Hydrocarbons-technology.com.
Se estima que las reservas de Camisea contienen cerca de 14
millones de pies cúbicos de gas natural, y el proyecto inició en 2010 exportaciones
a México y España.
Además de la polémica por el impacto en los pueblos
indígenas, el Proyecto Camisea ha estado rodeado por otras controversias.
El proyecto Camisea se encuentra a unos 100 km de Machu
Picchu.
El control de las ganancias ha sido foco de protestas en la
provincia de La Convención en la región de Cuzco, por ejemplo, donde pobladores
locales acusan a Lima de controlar los beneficios de la producción de gas sin
destinar suficientes recursos a la región de donde sale el recurso.
La industria extractiva también ha destruido parte del
ecosistema cerca del Río Camisea, lo que llevó a protestas locales en la
localidad de Quillabamba.
Y la llegada ahora de gas a Reino Unido, según informa la BBC, reaviva el debate en
torno otra polémica que no deja de generar protestas y arrestos en territorio
británico: el impacto del fracking.
Gasoducto al sur se define, es el título de la crónica que Manuel Romero Caro publica en su columna semanal de Gestión, en la cual explica otro capítulo de la complejidad de este proyecto, no solo de contenidos técnicos sino de montos de inversión, críticas y retrasos. Leamos....
Por Manuel Romero Caro
13.11.18
El Ministro de Energía ha anunciado que en noviembre la consultora internacional contratada para determinar cuál es la mejor solución técnica y económica para llevar gas al sur presentará su recomendación sobre la alternativa a seguir (Gestión 13.09.18).
Explicando que existen tres alternativas:
1) seguir el trazo original (ducto que conecta las Malvinas hasta Moquegua)
2) otra sería un ducto por la costa y
3) llevar el combustible licuefactado (cabotaje) hasta el sur, y en un puerto de esa zona regasificarlo y conectarlo con las redes de los distribuidores.
Considerando que el fracasado proyecto de Odebrecht (Odb) estuvo plagado de graves irregularidades (y en mi opinión de algunos delitos), como estar groseramente sobredimensionado sin siquiera contar con un estudio de mercado; que diversos colaboradores eficaces han denunciado que la representante legal de Odb se reunía, antes del otorgamiento de la buena pro, con los funcionarios de Pro Inversión encargados de la licitación, resulta indispensable que este nuevo proyecto sea lo más transparente posible.
Asimismo hay que tener en cuenta que el informe de la Comisión Lava Jato, que ya ha sido aprobado por el Congreso en el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP) ha recomendado denunciar a 27 personas entre ex funcionarios públicos y privados.
Al ex presidente Ollanta Humala y a nada menos que a 9 ex ministros nacionalistas por Infracción constitucional y a Nadine Heredia por lavado de activos, entre otros. Lo cual estaría confirmando las numerosas denuncias que desde el segundo semestre del 2014 venimos efectuando en diversos artículos publicados por Gestión. Por lo que se espera que el Presidente Vizcarra, que ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera política, disponga la publicación en internet del análisis costo beneficio realizado para escoger la alternativa que el gobierno decida seleccionar, así como de los otros estudios que se realicen.
A más transparencia, menos corrupción. De lo que se trata es de explicar claramente a la ciudadanía las ventajas de la alternativa que se escoja. Por ejemplo ya el MEF Oliva ha anunciado que el nuevo ducto al sur no requeriría de financiamiento del Estado.
Asimismo hay que explicar si el nuevo proyecto requerirá subsidios. Si este fuera el caso , ¿a cuánto ascenderían los mismos?, ¿ por cuantos años tendremos que subsidiar?; ¿el concesionario contará con el sistema de ingresos garantizados?; ¿ ya se cuenta con las reservas de gas que serían transportadas por el nuevo ducto? Y las demás características que lo diferencien del GSP.
Otro aspecto a tener en cuenta es la duración del período de concesión. En este sentido hay que considerar la velocidad a la que avanza la tecnología de las energías renovables, la disminución de sus costos, y la competitividad que a futuro le significarán al gas.
Sobre este tema hay que considerar que el Informe Global sobre las perspectivas en energía correspondiente al 2018 elaborado por Mc Kinsey informa que el 2016 fue el primer año en el que las adiciones netas de energía solar y eólica superaron al carbón y al gas. Qué las nuevas fuentes de energía renovable para el 2030 en algunos mercados se volverán más baratas que incluso las centrales de ciclo combinado (las más eficientes). Por lo que las condiciones en que se negocie la concesión hoy definitivamente cambiarán significativamente en el plazo de la misma. Lo cual se deberá tener en cuenta al negociar los plazos de la respectiva concesión.
Asimismo, como un argumento utilizado por el gobierno de Humala para llevar adelante el GSP fue el de asegurar la seguridad energética con la redundancia en la zona de selva, sería bueno que se informe cuanto de ese tramo avanzó Odb, y en qué estado se encuentra. Estaremos alertas a los respectivos anuncios.
* Sirva la Atalaya para poder darle una mirada global y una perspectiva crítica a la economía y entender los temas sectoriales, microeconómicos , y la implicancia que ellos tienen para el país.
Manuel Romero Caro. Economista por la Universidad del Pacífico. Master en economía (Virginia Polytechnic Institute and State University) y Bachiller en Administración de Empresas, además de diversos cursos de post grado en BID, ESAN, University of Notre Dame, etc.
Ha sido gerente general y Presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Decano del Colegio de Economistas del Perú y ministro de Industria, Comercio, Turismo e Integración . Luego fundó y dirigió la consultora Servicios para la Gestión Empresarial y en 1989 creó la revista Gestión que luego se convertiría en el Diario Gestión.
Se ha desempeñado también como Director Ejecutivo de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. e integrante del Directorio en diversas compañías y gremios como la Cámara de Comercio de Lima ; la American Chamber of Commerce of Perú y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En la actualidad, se desempeña como director independiente en diversas empresas.
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