Atalaya Economica de Manuel Romero Caro: Odebrecht: ¿LAS PRUEBAS DEL DELITO? ?

NE. El suicidio del expresidente peruano Alan García cuando iba a ser detenido ha devuelto el foco a la trama cuyos tentáculos se extienden por toda Latinoamérica.

La  DW  de Alemania publica un informe sobre la transnacional Odebrecht y la cadena de proyectos que involucran operaciones delictivas, en medio  de artificios legales y complicidad de varios gobernantes. El caso del Peru es uno de los mas grandes en la cadena estafas en las cuales estan comprometidos los ultimos cinco presidentes al final del Siglo XX y en lo que va del XXI.

  

La de Odebrecht y el poder en América Latina es una historia de amor que se antoja interminable. El último capítulo peruano de la saga más ilustre de los escándalos de corrupción con la marca de la constructora brasileña se ha empezado a escribir con sangre: la del expresidente Alan García.

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DW ha recuperado la cronología del caso Odebrecht en Perú, una trama que ha hecho temblar a los poderosos en prácticamente toda la geografía latinoamericana y cuyas consecuencias incluso han hecho caer a algunos de ellos. JZA

MANUEL ROMERO CARO Enero, 2020

Economista, ex Ministro de Estado, fundador  del Diario Gestion, el primer diario especializado en eonomia y finanzas del Peru.

A concesionarios les devolvían la inversión, los costos de operación y mantenimiento. Y tenían ingresos garantizados durante 30 años. Según un interesante artículo de Ricardo Uceda, está por demostrarse cómo se habría organizado una licitación para que ganara Odebrecht. Ya que los actos colusorios señalados por la fiscal Mori no lucen consistentes(I).

Sin embargo el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP) otorga una serie de beneficios (indebidos en mi opinión) a Odebrecht (Odb), Enagas y luego Graña y Montero. Es así que los concesionarios tenían derecho a recibir ingresos garantizados por más de US$ 900 millones anuales hasta la finalización del contrato.

Para lograr dicha cifra se había establecido una meta de cumplimiento obligatorio de trasportar a través del ducto 500mmpcd (casi el nivel de consumo de Lima). La que se tenía que pagar hubiera o no hubiera reservas de gas o demanda real para ser transportada. Y la diferencia entre los ingresos por lo realmente transportado , y los $ 900 millones que se debían pagar anualmente, la asumían los consumidores eléctricos.

Además se le devolvían el monto de la inversión, los costos de operación y los de mantenimiento: $ 7,300millones. Inclusive los consumidores eléctricos empezamos a pagar dichos subsidios desde el 2015 :5% de los 7,300 millones ($365mlls). El 2016 se pagó el 15% ($1,095mlls). Y las protestas por dichos cobros aumentaron significativamente. Y como en el 2017 se iba a cobrar el 35% ($ 2,555mlls) , y el 2018 se pagaba el 45% ($3,285mlls!!) las protestas sí iban a representar un problema importante, PPK anunció que el Tesoro Público asumiría dichas obligaciones. Pero da lo mismo que los subsidios los paguen los consumidores o el MEF, porque siempre lo terminaremos pagando vía mayores impuestos, reducción de gastos o deterioro de los servicios públicos.

En resumen, a Odebrecht, Enagas y Graña & Montero les devolvían la inversión efectuada, los costos de operación y de mantenimiento. Y tenían ingresos garantizados durante 30 años.  ¿Y la colusión no es un delito que se concreta bajo el acuerdo clandestino alcanzado entre dos o más personas para perjudicar a un tercero (el Estado)?. 

En el GSP era vital determinar por anticipado la demanda futura de gas en el sur, pero ProInversión, el MEF y el MEM decidieron no contratar ningún estudio de mercado. Peor aún, ya ProInversión había contratado anteriormente un estudio  “Mercado Energético de la Macroregión Sur”, elaborado por el Consorcio R. García Consultores; Arcan y Corsanac. El que presentan 3 escenarios de demanda (alto, medio y bajo con proyecciones hasta el 2030) . Y en ninguno se llega a los 500 mmpcd establecidos. Siendo la demanda más alta 391 mmpcd, al final del 2030. Lo que evidencia que la meta del GSP estaba claramente sobredimensionada.

Es que inicialmente el Proyecto Integrado tenía dos partes: el gasoducto y un complejo petroquímico . Es que no había gasoducto sin petroquímica; ni petroquímica sin ducto. Porque el ducto necesitaba “anclas” que generen tráfico. Y sino no había petroquímica ( el proyecto ya estaba descartado pero Odb insistía); deberían haber habido otras anclas: una planta de LNG (como la de Cañete) o un contrato de exportación de largo plazo. En ausencia de anclas nunca se debió aprobar dicho proyecto.

Inclusive el vice ministro de hidrocarburos Eduardo Guevara en mayo del 2019, en declaraciones sobre el estado de situación del gasoducto al sur, afirmó que “siempre está la incógnita” de cómo se va a desarrollar una mayor demanda por gas . Lo que confirma que el ducto, a pesar de haber transcurrido más de 5.5 años desde que firmó el contrato del GSP, no tiene demanda suficiente que lo justifique .

Por lo que se estima que durante los primeros 5 años en que hubiera operado el GSP (2019-23), la demanda del sur hubiera sido muy reducida. Y si se estimara generosamente que la demanda real del gas a ser transportada llegara a los $100 millones, los subsidios promedio en los primeros 5 años serían $ 800 millones anuales!!, $ 4,000 millones. Además hay que considerar que a lo largo de la concesión el gas  sería sustituido por proyectos de energía renovable, de menores costos. Tal como está sucediendo desde hace años en Chile. Claro que la falta de demanda suficiente para el gasoducto no le hubiera preocupado a Odebrecht, Enagas y Graña & Montero, porque ellos tenían garantizados sus ingresos durante 30 años.

Y sobre la oferta para el GSP (que debía haber sido el gas del lote 58, de CNPC) tampoco esta asegurada..

Por lo que cabe preguntarse, si ni la demanda ni la oferta del GSP estaban aseguradas; ¿por qué motivos profesionales con experiencia nacional e internacional en el sector gasífero (los de Energía y Minas) y con amplios conocimientos y experiencia en sectores productivos (los del MEF y ProInversión) aprobaron condiciones tan claramente dañinas para el interés nacional? 

(I)El Informante: Atragantados, por Ricardo Uceda. LR  21.01.2020

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