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miércoles, 25 de julio de 2018
VALOR DE LA INFORMACION PUBLICA
Este trabajo es para la construcción de un ecosistema digital que fomente la innovación pública y es parte de la agenda de conocimiento e investigación de la División de Innovación para Servir al Ciudadano sobre las oportunidades y los retos de la transformación digital del Estado y el fortalecimiento de la transparencia e integridad públicas, explica Carlos Santiso, del BID.
LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DEBEN SER EL CORAZON DE UN GOBIERNO LOCAL
Jorge Zavaleta Alegre
El Perú asistirá el próximo domingo 7 de Octubre a las Elecciones Regionales y Municipales para decidir quiénes deben ser alcaldes y regidores municipales, gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales para los próximos cuatro años: 2019-2022.
Están habilitados para votar más de 23 millones de ciudadanos. Revisando los programas de gobierno muy pocos candidatos abordan la Educación como premisa fundamental y la Biblioteca Pública como motor de integración social y desarrollo local, como sostiene desde hace varias décadas la UNESCO.
Napoleón Becerra García, del Partido Humanista Peruano, quien postula a la alcaldía de Lurigancho, el distrito de mayor población de Lima. Y Manuel Velarde, actual alcalde de San Isidro, uno de los tres municipios con mayores ingresos del Perú, participa por la agrupación Siempre Unidos, ambos coinciden que el modelo gestión en el cual se involucre la educación y la participación ciudadana es el mayor acierto para el desarrollo local.
Ambos líderes, Becerra y Velarde, reconocen y remarcan la imperiosa necesidad de involucrar a la ciudadanía en el quehacer municipal. En este horizonte, la Biblioteca Pública, es un instrumento valioso para la integración del ciudadano a la vida de su ciudad.
La idea de la biblioteca pública no es nueva en la América Latina. Fue enunciada por Mariano Moreno y José de San Martín, al establecer las bibliotecas de Buenos Aires (1810) y de Lima (1820), nos recuerda la investigación de Luis F. Málaga, destacando estas instituciones públicas que son pioneras en la gran causa de la educación popular.
La Tabla de Notación Interna del Luis F. Málaga y la Tabla de Clasificación Perú de Ricardo Arbulu, son los aportes más importantes de la bibliotecología peruana al conocimiento universal, destacan los estudios de bibliotecología del presente siglo, incluyendo ahora las facilidades de la tecnología que nos ofrece esta nueva etapa del desarrollo contemporáneo.
Sigamos con la Historia de la Biblioteca, la cual fue puesta en práctica por Sarmiento en la República Argentina en 1870 y por Vasconcelos en México, en 1921.
Cabe destacar que mayor dimensión adquiere Sao Paulo (1935) y las bibliotecas Benjamín Franklin, de México, Artigas-Washington de Montevideo y Americana de Managua.
Sin embargo, el concepto de la biblioteca pública que se tiene en forma general está muy lejos aún de los ideales de Moreno y San Martín y la condición de los servicios de biblioteca pública entre nosotros es muy diferente de la que han alcanzado algunas de las bibliotecas públicas pioneras.
La censura del libro durante la época colonial, la restricción a la ilustración popular en la misma época y el complejo económico, político, social, religioso, psicológico y cultural del régimen colonial determinaron la virtual proscripción de la biblioteca como entidad de cultura democrática.
Por eso es por lo que San Martín, que representaba un movimiento de liberación, dio esencia y contenido a la biblioteca pública: libertad de lectura, democratización cultural y oportunidad de progreso educativo y social. Comprendió él, más que adivinó, el papel fundamental que la biblioteca pública debía desempeñar en el desarrollo económico y social de los nuevos países libres.
Las bibliotecas que fundaron Moreno y San Martín se transformaron luego en bibliotecas nacionales, a la manera de las grandes bibliotecas europeas. Sin pretender objetar la creación de nuestras primeras bibliotecas nacionales, creemos que el cambio efectuado en la naturaleza y nombre de las bibliotecas de Buenos Aires y Lima explica la supervivencia durante más de cien años de algunos conceptos heredados del régimen colonial y la influencia de una cultura exclusiva y pretendidamente erudita.
Como una tardía justificación de la idea original y por una necesidad latente e insatisfecha, dichas bibliotecas nacionales han tenido que reabrir parcialmente sus puertas al gran público.
El siglo XIX no vio ningún desarrollo bibliotecario en América Latina, exceptuando las experiencias limitadas de Argentina y Brasil. Esa época fue precisamente la que produjo el formidable movimiento de la biblioteca pública en Inglaterra, Estados Unidos de América, Suecia, Noruega y Dinamarca.
El siglo xx, con las consecuencias de un tremendo desarrollo industrial, tecnológico y económico en Europa y en los Estados Unidos de América, de dos grandes guerras mundiales y de un movimiento universal de justicia, despertó a las repúblicas latinoamericanas a una nueva realidad. Habían permanecido estacionarias nuestras fuerzas económicas y sociales y era necesario apresurar nuestro desarrollo para no atrasarnos en la evolución del mundo.
Entonces es cuando otra vez aparece pujante, pero contenida, la idea de la biblioteca pública. Son las últimas generaciones las que comprenden el mensaje de la educación como un poderoso resorte en el desenvolvimiento de la América Latina. Son también las fuerzas económicas incipientes las que al aparecer requieren adecuados instrumentos de trabajo y son las fuerzas sociales, largo tiempo adormecidas, las que se dan cuenta de que les faltan los elementos que articulen el desarrollo local.
El Estado, aparentemente, no tiene suficientes medios para atender los servicios públicos de una sociedad civilizada. Las fuentes de riqueza permanecen semi explotadas; las masas humanas se debaten en una situación de miseria e ignorancia; no se ha llegado a establecer un orden jurídico ni se ha estructurado una verdadera democracia.
La educación de las masas en nuestros países de escaso desarrollo económico y cultural es uno de los grandes propósitos de la literatura de las principales instituciones del mundo.
La biblioteca pública ya no será un depósito de libros ni un refugio de escritores desafortunados. Superando esa etapa de infantilismo, la biblioteca pública será una agencia de educación fundamental, que colabore en la ardua tarea de salvar para la cultura a los pueblos. Será también una agencia de educación complementaria de la escuela y de formación de la futura clientela de lectores.
Asimismo será una agencia social de servicio que preste información, consejo, recreación y guía al niño, al adolescente y al adulto, que escapan al radio de influencia de la educación formal, cualquiera que sea su condición social, nacionalidad, raza, credo, idioma o profesión.
Por último, las bibliotecas públicas de las ciudades más importantes del mundo son agencias de civismo, al servicio de los altos intereses colectivos y de los supremos ideales humanos, que inspire la conciencia social del individuo y del grupo, que contribuya a fomentar la actividad creadora del pueblo y que sepa encauzar las aspiraciones altruistas de los elementos más calificados de la sociedad.
La biblioteca pública, como la escuela, tiene que adaptarse en cada país a las condiciones peculiares del medio físico y social si se quiere que sea un organismo vivificante, sensible a los requerimientos del hombre e identificable con su destino. Sin duda este tema no se agota en una crónica…Nuestros municipios esperan mucho de sus futuras Bibliotecas Públicas, como centros cívicos de la ciudad que nos cobija.
*Jorge Zavaleta Alegre
Corresponsal en America Latina
El Mercurio de España
Diario16 de Madrid
Panoramica de Milán
Tandilnews Argentina
Editor de Papeldearbol
papeldearbol@gmail,com
Perú-EEUU-Emmitsburg
*Jorge Zavaleta Alegre
Corresponsal en America Latina
El Mercurio de España
Diario16 de Madrid
Panoramica de Milán
Tandilnews Argentina
Editor de Papeldearbol
papeldearbol@gmail,com
Perú-EEUU-Emmitsburg
EL SECRETO DE LAS CIFRAS
Jorge Zavaleta Alegre
En América Latina se revela el profundo secreto de las cifras. Sigue siendo un instrumento de poder económico, social, político, cultural para manipular a la sociedad.
La reciente publicación del BID, después de un largo trabajo que concluyó en un seminario en Costa Rica 2017, podemos apreciar que todos, sin excepción, con el uso de la tecnología, podemos ahora tener acceso a: Los datos abiertos en América Latina: ¿Qué son y para qué sirven?
La "economía de los datos" se está convirtiendo en el nuevo oro negro del crecimiento económico. Hoy en día, la producción de datos masivos y abiertos es clave para mejorar la toma de decisiones de los gobiernos y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Pero, ¿hasta qué punto están los gobiernos de América Latina comprometidos con la agenda de datos abiertos?
El libro que hoy se puede acceder a través de redes de internet descubre cómo se ha desarrollado la apertura de datos públicos en América Latina, y los desafíos políticos, legales y técnicos a los que se están enfrentando los 21 países.
Existe poca evidencia sistematizada y robusta sobre el valor del uso de los datos abiertos. El GovLab de la Universidad de Nueva York ha sistematizado experiencias que dan cuenta del impacto de los datos incorporados.
Sus editores recomiendan la existencia de un libre acceso a los datos gubernamentales que no deben atentar contra el derecho a la privada ni existir barreras burocráticas y/o administrativas para acceder a los datos.
Los datos abiertos permiten identificar desafíos sociales y económicos, además de monitorear metas de desarrollo.
La Carta Internacional de Datos Abiertos los define como aquellos datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Los datos abiertos también tienen el potencial de mejorar la eficiencia de los gobiernos de la región, facilitando el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas.
El BID, a través de la División de ICS, ha diseñado su estrategia “Datos +” para convertirse en un socio del ecosistema de datos y apoyar a los gobiernos de la región en el diseño e implementación de estrategias de apertura de datos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En este contexto, los gobiernos deben asegurar la confiabilidad de los datos y propiciar espacios de colaboración donde se habilite la generación de valor público, garantizando la confidencialidad de datos personales.
Sin embargo, la apertura de datos gubernamentales se enfrenta a múltiples desafíos políticos, legales, y técnicos como la confiabilidad de los datos publicados, la protección de la privacidad de los individuos.
A pesar de estos retos, América Latina y el Caribe es una región comprometida con la agenda de datos abiertos. Con este documento, desde el Banco Interamericano de Desarrollo se alienta una agenda de datos abiertos que apoya la transparencia, la mejora de servicios públicos, y agilice la innovación y el emprendimiento.
Este trabajo es para la construcción de un ecosistema digital que fomente la innovación pública y es parte de la agenda de conocimiento e investigación de la División de Innovación para Servir al Ciudadano sobre las oportunidades y los retos de la transformación digital del Estado y el fortalecimiento de la transparencia e integridad públicas, explica Carlos Santiso, del BID.
Los datos, masivos y abiertos, son esenciales para mejorar la confianza de los ciudadanos en sus estados y hacerles partícipes de la acción pública, facilitando el acceso a la información y mejorando la calidad de los servicios públicos.
Sin embargo, la apertura de datos gubernamentales se enfrenta a múltiples desafíos políticos, legales, y técnicos entre los que se encuentran cuestiones tales como la confiabilidad de los datos publicados, la protección de la privacidad de los individuos, la falta de vínculo entre oferta y demanda de datos, y la insuficiente medición del impacto de las iniciativas de datos abiertos.
La preparación de esta nota técnica ha sido posible gracias al financiamiento del Fondo de Transparencia del BID, que se beneficia de las contribuciones de los gobiernos de Canadá, Italia, Noruega, y Suecia, así como de MasterCard.
Una buena práctica es contar con portales de datos a nivel central y con un diseño enfocado en el usuario que permita acceder fácilmente y contribuir a su uso, calidad y comparabilidad.
La región cuenta con más de 200 portales de datos abiertos; sin embargo, sólo 13 países cuentan con portales centrales 15 y muchos de los datasets publicados no cuentan con datos puramente abiertos.
En conclusión, los datos abiertos brindan una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y la eficacia de los servicios públicos en la región, además de traer aparejados los beneficios ya conocidos de transparencia y rendición de cuentas.
martes, 24 de julio de 2018
EL NUEVO "ORO NEGRO"
SECRETO DE LAS CIFRAS
Jorge Zavaleta Alegre
En América Latina se revela el profundo secreto de las
cifras. Sigue siendo un instrumento de poder económico, social, político, cultural
para manipular a la sociedad.
La reciente publicación del BID, después de un largo trabajo
que concluyó en un seminario en Costa Rica 2017, podemos apreciar que todos,
sin excepción, con el uso de la tecnología,
podemos ahora tener acceso a: Los datos
abiertos en América Latina: ¿Qué son y para qué sirven?
La "economía de los datos" se está convirtiendo en
el nuevo oro negro del crecimiento económico. Hoy en día, la producción de
datos masivos y abiertos es clave para mejorar la toma de decisiones de los
gobiernos y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Pero, ¿hasta qué punto están los gobiernos de América Latina comprometidos con la agenda de datos abiertos?
El libro que hoy se puede acceder a través de redes de internet descubre cómo se ha desarrollado la apertura de datos públicos en América Latina, y los desafíos políticos, legales y técnicos a los que se están enfrentando los 21 países.
Existe poca evidencia sistematizada y robusta sobre el valor del uso de los datos abiertos. El GovLab de la Universidad de Nueva York ha sistematizado experiencias que dan cuenta del impacto de los datos incorporados.
Sus editores recomiendan la existencia de un libre acceso a los datos gubernamentales que no deben atentar contra el derecho a la privada ni existir barreras burocráticas y/o administrativas para acceder a los datos.
Los datos abiertos permiten identificar desafíos sociales y económicos, además de monitorear metas de desarrollo.
La Carta Internacional de Datos Abiertos los define como aquellos datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Los datos abiertos también tienen el potencial de mejorar la eficiencia de los gobiernos de la región, facilitando el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas.
El BID, a través de la División de ICS, ha diseñado su
estrategia “Datos +” para convertirse en un socio del ecosistema de datos y apoyar
a los gobiernos de la región en el diseño e implementación de estrategias de
apertura de datos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En este contexto, los gobiernos deben asegurar la
confiabilidad de los datos y propiciar espacios de colaboración donde se habilite
la generación de valor público, garantizando la confidencialidad de datos
personales.
Sin embargo, la apertura de datos gubernamentales se enfrenta
a múltiples desafíos políticos, legales, y técnicos como la confiabilidad de los datos publicados,
la protección de la privacidad de los individuos.
A pesar de estos retos, América Latina y el Caribe es una
región comprometida con la agenda de datos abiertos. Con este documento, desde
el Banco Interamericano de Desarrollo se alienta una agenda de datos abiertos que
apoya la transparencia, la mejora de servicios públicos, y agilice la
innovación y el emprendimiento.
Este trabajo es para la construcción de un ecosistema digital que fomente la innovación pública y es parte de la agenda de conocimiento e investigación de la División de Innovación para Servir al Ciudadano sobre las oportunidades y los retos de la transformación digital del Estado y el fortalecimiento de la transparencia e integridad públicas, explica Carlos Santiso, del BID.
Los datos, masivos y abiertos, son esenciales para mejorar la confianza de los ciudadanos en sus estados y hacerles partícipes de la acción pública, facilitando el acceso a la información y mejorando la calidad de los servicios públicos.
Sin embargo, la apertura de datos gubernamentales se enfrenta a múltiples desafíos políticos, legales, y técnicos entre los que se encuentran cuestiones tales como la confiabilidad de los datos publicados, la protección de la privacidad de los individuos, la falta de vínculo entre oferta y demanda de datos, y la insuficiente medición del impacto de las iniciativas de datos abiertos.
La preparación de esta nota técnica ha sido posible gracias
al financiamiento del Fondo de Transparencia del BID, que se beneficia de las contribuciones
de los gobiernos de Canadá, Italia, Noruega, y Suecia, así como de MasterCard.
Una buena práctica es contar con portales de datos a nivel
central y con un diseño enfocado en el usuario que permita acceder fácilmente y
contribuir a su uso, calidad y comparabilidad.
La región cuenta con más de 200 portales de datos abiertos;
sin embargo, sólo 13 países cuentan con portales centrales 15 y muchos de los
datasets publicados no cuentan con datos puramente abiertos.
En conclusión, los datos abiertos brindan una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y la eficacia de los servicios públicos en la región, además de traer aparejados los beneficios ya conocidos de transparencia y rendición de cuentas.
Referencias
Carta Internacional de Datos Abiertos
lunes, 23 de julio de 2018
ATALAYA ECONOMICA DE MANUEL ROMERO CARO
Romero Caro, con la prudencia y el lenguaje técnico que
caracteriza su trabajo, fue quien venía
poniendo énfasis en la necesidad de avanzar la investigación y las sanciones
para los casos de Odebrecht y Lava Jato, que no deben perderse de vista en
este clima de inestabilidad emocional de la ciudadanía.
Con su agudeza de analista se pregunta: ¿Porqué no pensar que en estos casos
también habría una maquinaria encargada de
su operación dentro de la justicia…?
El Congreso, forzado por la presión pública, ha declarado en
emergencia el CNM y la fiscalía se ve obligada a emprender cambios, como la
necesaria unificación de la investigación de los procesos anticorrupción y lavado de activados,
derivados del proceso judicial a Lavajato y Odebrechet.
Sigue pendiente la determinación de los principales
responsables del Poder Judicial, como ha
ocurrido con el desafuero del
expresidente de la Corte Superior del
Callao. Por esta misma presión
social, se tiene ahora un Poder Judicial
en emergencia, con la previa renuncia de
su presidente.
Conviene remarcar que las voces de la ciudadanía exigen nuevos
instrumentos jurídicos para construir un País moderno, con justicia en
el más amplio sentido social. La nueva Constitución debe ser el objetivo global
de este esfuerzo que reclama la
refundación de la democracia.
Romero Caro, en su
columna semanal de Atalaya Económica nos entrega algunas propuestas para no
perder el horizonte, olvidando los casos cuyos efectos perversos pasan las
fronteras nacionales.
Han transcurrido los
primeros tres meses del gobierno
peruano de Martín Vizcarra. Con instituciones desprestigiadas e individuos que
actuando organizadamente privilegian los intereses particulares, en el que las
voluntades se compran, las lealtades cambian y las palabras son papel mojado,
es muy difícil conocer cuál será el resultado final de esta crisis.
Durante este período se puso en evidencia un gobierno alérgico a las confrontaciones y parecía
querer complacer a todo el mundo.
Este esquema empezó a
cambiar de estrategia, al reclamar acertadamente al Congreso, a Fuerza Popular,
aprobar la supervisión de la Superintendencia de Banca a las cooperativas
(muchas de las cuales exhibían claros indicios de irregularidades), lo que
finalmente se logró.
Se suma un elemento más, expresando su oposición a la Ley Mordaza (prohibiendo
la publicidad estatal en los medios de comunicación).
Posteriormente, se pone en evidencia el liderazgo de la lucha contra la corrupción
con rápidas reacciones y propuestas ante
la crisis actual del Sistema de Justicia. Y como el fujimorismo no supo
reaccionar adecuadamente ante la sorpresiva crisis, inicialmente, en lugar de
investigar el fondo del asunto, se dedicó a hostigar a los periodistas que
difundieron los audios.
Posteriormente queda en evidencia la intención de interferir en el nombramiento del
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura-CNM, aunque no le quedó otra que alternativa que
aceptar la iniciativa del presidente
Vizcarra,
Todo indica que continuará la persistente difusión de los
audios, cuyo contenido vuelve a enfrentar a una realidad que muchos se negaban
a reconocer. Y en la opinión pública
vuelve a su memoria la difusión de los
famosos vladivideos, y tratar de sacar
el máximo provecho a la coyuntura y al estado de ánimo de la ciudadanía.
Vivimos más lluvia sobre mojado, ya que esta crisis llega en
un momento en el que el caso Lava Jato Peruano se encuentra paralizado por la
ineficiencia (¿?) de nuestras autoridades.
En ambos casos comprobamos que nos enfrentamos a verdaderos
equipos orientados a favorecer intereses privados a través de sentencias a la
medida.
Para tal efecto se reunían magistrados de diversas
instituciones del Sistema Judicial, funcionarios, políticos y empresarios. ¿Y
porque no pensar que un equipo similar pudiera estar actuando para impedir el
avance de otros casos, como el de Odebrecht y de las demás constructoras
brasileras?.
En este sentido hay que tener en cuenta que las
investigaciones sobre los audios recién están iniciándose. Por lo que resulta
imposible conocer la extensión y alcance de estas redes corruptas.
Asimismo el caso de los audios de ninguna manera debe de ser
excusa para olvidar el Caso Odebrecht, que recién está empezando. Como es
evidente, nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro, sobre todo si de lo que se trata es de lograr
una reforma del muy desacreditado Sistema Judicial.
En lo que al CNM se refiere, ya el Congreso, por unanimidad,
acordó remover a sus miembros. Lo que falta sería determinar cómo reemplazar
las funciones del CNM, lo que requiere de un cambio constitucional. Quizás lo
mejor sea establecer un sistema que haga imposible el compadrazgo y que
privilegie la meritocracia a toda costa.
Y elegir a los nuevos magistrados a través de un Concurso
Público organizado por un grupo de instituciones (o profesionales) intachables.
Asimismo, como la coyuntura no puede ser más propicia para impulsar reformas
que bajo otro contexto sería inviables, se debería aprovechar para reformar el
Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía. Como lo ha demostrado la importante
movilización ciudadana del jueves 20 de julio, la ciudadanía estará pendiente
de los avances a efectuarse.
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