Jorge Zavaleta Alegre
La oportunidad de construir en el Perú
un nuevo orden democrático, después de casi dos siglos de vida republicana,
debería empezar el 28 de julio del 2016, si el gobierno del presidente Pedro
Pablo Kucynsky cumple su programa de campaña y que
ha sido ratificado en el Congreso, después de su juramentación constitucional.
Hijo
de un médico que laboró en las
zonas más alejadas de Lima, como Iquitos, la capital de la Amazonía, anunció
puntos esenciales: agua para todos,
educación de alta calidad, salud pública para todos, la
formalización de un sesenta por ciento
de la actividad laboral y la invitación
al inversionista extranjero previo cumplimiento de las normas ambientales.
Enfatizó PPK, que este sueño será posible si cuenta con el
apoyo de las instituciones y de la
ciudadanía en general. Su objetivo es
alcanzar las metas el 2021,
año del Bicentenario de su Independencia Nacional,
como el ingreso a la OCDE - Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, organismo de cooperación internacional, compuesto por 34
estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, con
sede en París.
Cuando el flamante gobernante pide respaldo de la
ciudadanía, se dirige al Poder Legislativo, dominado por el partido del ex presidente Fujimori, preso por violación de DDHH y corrupción. Este grupo tiene 67 miembros de un total de 120
parlamentarios. La izquierda, según su vocero Verónica Mendoza, la
bancada ejercerá un posición vigilante, crítica.
PRIMERAS
RESPUESTAS
Como respuesta al programa, un centenar
de organizaciones que estudia permanentemente
la realidad latinoamericana, como Oxfam y Bien Común, en su décimo “Informe
2010-2016” propone la necesidad de atención
prioritaria la gestión de las tierras
comunales por sus comunidades, incidiendo sobre la pobreza, desigualdad y
desarrollo en el Perú”
Las
tierras comunales tienen vigencia en todas las regiones del mundo. Pero en
el Perú todos “los líderes de opinión” cuestionan que el Estado moderno debe incidir en las políticas
de parcelación e individualización de los esfuerzos económicos y la vida social
de los pueblos indígenas.
“No hay verdadero desarrollo sin
inclusión social, una adecuada política de redistribución y una política de
Estado con el norte apuntando claramente en dirección del bien común. El informe incluye el pensamiento de
distinguidos investigadores sobre: La codicia por la Amazonía. El “boom”
agroexportador. El abandono de la pequeña agricultura. El lado oscuro de un
“milagro” económico.
La aritmética del poder en las regiones.
Al hablar de un nuevo equilibrio, se le plantea
al Gran Kambio del flamante jefe de Estado que más allá de lo económico se
espera cambios que logren un balance entre el Estado y el mercado. “No existe
hoy ninguna posibilidad de que un ciudadano pueda encontrar solución o
respuesta clara en torno a un reclamo frente a una empresa internacional y peor
aún si está alimentada por la cotidiana informalidad”.
Otro análisis, relacionado al futuro
económico de la Selva que ha pasado de ser insignificante a esencial en el
país, ofrece el científico Marc J. Dourojeanni. Varios proyectos en marcha
escarapelan cualquier vaticinio positivo sobre los efectos futuros, sino se
toman en cuenta la consulta a las poblaciones “para conceder tres cuartas
partes de la selva a empresas petroleras”.
La explotación del gas de Camisea, del
petróleo, oro y otros minerales, y el potencial hidro energético constituyen un
gran atractivo para inversionistas poderosos, proyectos que se complican con
los cultivos ilícitos, la “narcoguerrilla” instalada ahora en los valles de
ceja de selva - VRAEM, donde su
población sufre el quebranto de Salud
Mental y la inexistencia de servicios
primerios, en tanto el ”narcoterrorismo” y el andamiaje del estado acerca al Perú a lo que sucedió en México y otras rutas de violencia.
La asimetría del “modelo”, según el
economista Francisco Durand muestra a la frágil pequeña agricultura que
abastece a la mayor parte de la población. Pero que en los últimos veinte años no ha tenido el mínimo apoyo del
presupuesto público, en tanto han resurgido los latifundios, que a través de
oligopolios imponen precios a los pequeños productores, que son el grueso de la
pobreza rural y cuya propiedad comunitaria está en riesgo de desaparecer o
quedar
debilitada como nunca antes.
En el otro extremo están diez grupos
económicos concentran más de 198 mil hectáreas productivas, entre los cuales
destacan los Rodríguez, Los Wong, Los Oviedo, Perales Huancaruna y los Oviedo.
El capital extranjero está conducido por
Camposol, integrado por el grupo Dayer y capitales noruegos; el grupo
colombiano manuelita y el norteamericano Maple. El promedio es de casi 19,682
hectáreas por grupo económico.
DEUDA SOCIAL
Tampoco se debe ignorar la deuda social
pendiente de aquellos latifundistas que trataron a los campesinos con atroces
métodos de explotación. Basta revisar la historia de las haciendas de La
Libertad, Sunchubamba, por ejemplo, donde arrancar los lóbulos de las orejas a
los campesinos fue una práctica permanente.
La agropexportación presenta cifras para el asombro, empezando por el
régimen laboral que vuelve vulnerables a sus trabajadores, sin posibilidades de
sindicalización. El régimen tributario fue ventajoso para los exportadores, al
ser reducido a la mitad del sistema general, en tanto el pequeño agricultor es
presa del abandono.
La repartición de la bonanza. En 2010,
la carga tributaria impuesta a las mineras osciló entre 42% y 44%, por debajo
de otros países. Ese porcentaje ha subido, no obstante que existe un margen
para ampliar los impuestos. Bolivia,
por ejemplo, ha fijado la
tributación hasta el 80% de las utilidades.
La bomba étnica en los Andes. El antropólogo Rodrigo Montoya, revela que
después de la rebelión de Bagua (2009), los pueblos indígenas de la Amazonía
recién se hicieron visibles como parte del país. Hubo que esperar 190 años para
que este reconocimiento se produzca.
Montoya advierte que el Banco Mundial y
diríamos que también otras multilaterales regionales que viven endeudando más a
los pobres, quisieran que los pueblos indígenas se mantengan dentro de la
esfera estrictamente étnica, como sujetos de ayuda a través de proyectos
incluyentes y no den el salto político para afirmar su autonomía. “Sus
funcionarios más influyentes están convencidos de la necesidad de desactivar la
bomba étnica en los Andes”
Rocío Valdivieso, del Movimiento
Ciudadano frente al Cambio Climático, sostiene que el Perú ha prometido que el
2021 no existirá ni un bosque deforestado, pero desde otro frente continúa
otorgando concesiones para la explotación de recursos naturales en ecosistemas
frágiles.
RACISMO
Uno de los últimos temas planteado por
las organizaciones sociales, es el
racismo y el comportamiento de los medios. En este campo, el nuevo
presidente PPK, dada su amplia formación musical, anuncia que
la Cultura recibirá atención esencial del Estado, empezando por
impulsar el rescate de las manifestaciones de la historia peruana, insertando
su desarrollo como parte de Sudamérica.
Las nuevas cifras al 2016 indican que el régimen comunal titulado o en posesión
representaría 49% de la superficie
del Perú. Esto lleva a afirmar “que la invisibilidad oficial de las
comunidades y sus tierras comunales no
deriva de su bajo número, ni de sus dimensiones insignificantes, ni de
su lejanía. Tampoco obedece a la falta de fondos, en parte de tecnologías
o de fuentes de información. Son consecuencia, porque en parte, los
gobiernos no dan suficiente importancia
a este tema, por considerarlo un tema del pasado.
La invisibilidad de las comunidades permite
la invisibilidad de estas organizaciones para encubrir el tráfico de
tierras comunales en el Perú.
En la actualidad, señala Oxfam, Bien
Común y centenas de ONG, que una de las metas es hacer comprender que la
justicia económica y social son alimentos esenciales para un verdadero desarrollo
sostenible. En esa línea, se suman esfuerzos con unas tres mil organizaciones
locales en más de 100 países con intención de influir en quienes tienen
capacidad de decisión y así se generen políticas y prácticas que pongan fin a
la pobreza.
La ciudadanía peruana ve con escepticismo el anuncio de la
Reforma Judicial del Perú, teniendo en cuenta la burla a la Ley de
los presidentes García y la pareja Humala-Heredia,
ambos comprometidos, respectivamente, en negociados con el indulto a centenas
de narcotraficantes y en negociados millonarios con la empresa Odebrechet para
la construcción del Gasoducto Sur Peruano
en una suma de más de 7 mil
millones de dólares, en tanto que en diciembre del 2015 ese mismo proyecto fue desaprobado cuando
fue valorizado en menos del 50%
de ese monto. La administración que deja el
poder este 2016, deberá ser enjuiciada, según indicios judiciales dados
a conocer.
EL
PRIMER LEGISLATIVO
El 20 de septiembre de 1822 se instaló
el primer Congreso Constituyente del Perú. La
declaración y proclamación de la Independencia del Perú constituye uno de los
hechos más trascendentales de la historia de América. Por ello fue que el
Ejército Unido Libertador del Perú, al mando del general José de San Martín,
arribó al Perú procedente de Chile. Ya en territorio peruano recibieron el
apoyo de la población, especialmente en el norte, donde una inmensa
jurisdicción, la Intendencia de Trujillo, se sumó a la causa independentista
sin violencia, bajo el mando del marqués de Torre Tagle. Tras Trujillo,
sucesivamente juraron la independencia Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y Maynas.
El mismo San Martín reconoció posteriormente que si no hubiera sido por el
apoyo masivo del norte peruano, se habría truncado la Independencia.
Cuenta
García Márquez, al escribir
sobre Bolívar, el general en su
laberinto, que su lugar teniente
José Sucre le comentó: “mientras vuestra merced alienta y lucha por la Unidad de América,
cada día ocurre lo contrario”. La respuesta de Bolívar fue: “aún cuando
sea cierta esa realidad, carajo no la
digas”.
