Jorge
Zavaleta Alegre. Madrid-Lima
No hay necesidad de retroceder tres siglos, desde
la colonia, para
concluir que los pueblos nativos de la Amazonía siguen siendo presas de
la muerte impune.
Sus
luchas contra las actividades ilícitas
que ponen en riesgo nuestros ecosistemas y la vida de los indígenas, terminan en
la anomia de un Estado que pretende hacer inclusión social desde la capital del
país y no de la descentralización y el desarrollo local.
Los
dirigentes asháninkas Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima Meléndez, Jorge Ríos
Pérez y Francisco Pinedo han sido asesinados
recientemente por bandas criminales
asociados a la tala ilegal que aún siguen fugitivos.
Diversas
voces comparten los mensajes de la Defensoría
del Pueblo: que el Estado emprenda los operativos que permitan ubicar los
restos mortales de los fallecidos y la captura de los criminales responsables
de los hechos ocurridos contra la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto
(Ucayali), en el distrito de Masisea, frontera con Brasil, y con el Pueblo
Indígena Asháninka.
Los
dirigentes indígenas que han perdido la vida, denunciaron públicamente, desde
hace varios años, la extrema debilidad estatal en la zona y la situación de
vulnerabilidad en la cual se encontraban. Pidieron a sus autoridades, en diversas
ocasiones, protección de sus derechos fundamentales.
En junio
último, los dirigentes asháninkas se trasladaron a Lima para reiterar sus demandas. La Defensoría del
Pueblo convocó a dichos dirigentes y a los representantes de la Presidencia del
Consejo de Ministros, y de los Ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores,
Agricultura y Riego, Defensa, Desarrollo e Inclusión Social, de la Mujer y Ambiente, Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).
En dicha cita,
Edwin Chota denunció las amenazas contra él y otros dirigentes de su comunidad
por personas que se dedicaban a las actividades de tala ilegal dentro de sus territorios
comunales. En ese espacio se asumieron compromisos orientados a atender sus
preocupaciones por la titulación de sus tierras, la superposición con el Bosque
de Producción Permanente de Ucayali, la falta de servicios públicos básicos y la tala ilegal de madera dentro de sus
territorios comunales, entre otros conflictos.
Los sectores del Estado convocados se
comprometieron a evaluar una visita a esa localidad, pero solo OSINFOR ha sido la única entidad que ha tomado
contacto con la zona para investigar las denuncias de tala ilegal.
La
Defensoría del Pueblo exige que se realicen los operativos que permitan la
inmediata ubicación de los restos mortales de estos dirigentes y la captura de
los criminales responsables de estos hechos.
De igual
modo, considera necesaria la presencia de altas autoridades gubernamentales en
la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto para brindar a sus familiares todo el
apoyo que requieren, así como adoptar medidas urgentes y eficaces para proteger
la vida, integridad y garantizar los derechos colectivos de los miembros del
pueblo asháninka.
Se encargó
a Lisbeth Castro Rodríguez las funciones de Jefa
de la Oficina de Defensoría del Pueblo en Loreto, por el periodo del 8 al 19 de
setiembre de 2014.
La AIDESEP da cuenta que cuatro líderes asháninkas
fueron asesinados a balazos en manos de
madereros ilegales y en las propias tierras de su comunidad. Según referencias extraoficiales los cuatros
hermanos indígenas fueron asesinados delante de todo los vecinos de la
comunidad. “Los delincuentes agarraron a las víctimas, las amarraron y las
balearon en el campo deportivo”, contó Robert Guimaraes.
El difunto Edwin Chota Valera
habría presentado repetidas denuncias ante las autoridades forestales de
Pucallpa, en contra de los madereros que actúan ilegalmente en la zona,
explotando indiscriminadamente los recursos naturales de la comunidad. Estas
denuncias no han tenido éxito y los madereros ilegales aún actúan impunemente
en el Alto Tamaya.
“Por
el Respeto a la vida, la integridad física y los derechos colectivos de los
pueblos indígenas”, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
– AIDESEP, exige al Estado Peruano y al
Poder Judicial, hallar a los
responsables y sancionarlos.
AIDESEP
exige al Estado Peruano, dar cumplimiento con lo establecido en el Convenio 169
de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y los demás tratados internacionales firmados por el Perú, en defensa
y respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Finalmente reitera el compromiso por la defensa de los derechos colectivos, sus territorios
ancestrales y mantenerse firmes en el objetivo de proteger y conservar nuestros bosques
“NUESTRA CASA GRANDE”. La comunidad de Alto Tamaya
exige la titulación de sus
tierras, como punto de partida para que sus derechos no
sean conculcados y para evitar cualquier
incursión de empresas que perjudican el cuidado ambiental.
Las comunidades campesinas y nativas del Perú
controlan al menos el 55 por ciento de las tierras agrícolas, pero muchas
comunidades deben hacer frente a problemas de titulación de tierras, debido a
que el Estado no ha cumplido su compromiso de destinar los recursos necesarios
para el saneamiento legal de los actos de titularización. Un nuevo marco
normativo ha liberalizado el tratamiento de las tierras, pero ha generado en el
seno de las comunidades una desigual expectativa respecto a la titulación de
tipo individual; esta situación ha creado no pocas tensiones.
Las dificultades con que tropieza el saneamiento legal se ven agudizadas por el desconocimiento de los comuneros de sus
derechos en materia de tierras comunales. Es necesario reforzar la información
sobre la importancia y utilidad de la titulación tanto de las tierras de
comunidades como de las tierras de propiedad familiar. Es fundamental conocer
los intereses de los propios comuneros y sus expectativas respecto al proceso
de titularización, y revisar y modificar la legislación comunal.
Estas tareas son tanto más urgentes cuanto que el
Estado, desconociendo los derechos de las organizaciones campesinas, ha vuelto
a manifestar su interés por las vastas tierras eriazas de propiedad de las
comunidades, y ha declarado su intención de entregarlas a inversionistas privados,
denuncia AIDESP y la prensa brasileña.
El Poder Ejecutivo del Perú da cuenta que brindará
protección a los deudos de los líderes asháninkas asesinados en la quebrada Cayanya, según los ministerios del Interior y
de de Cultura. Un equipo de ambos
sectores se encuentra en la ciudad de Pucallpa con los familiares de Edwin
Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, muertos junto con seis niños, dos docentes y
dos presidentes
de comunidades cercanas a Saweto.
Los familiares pudieron denunciaron el hecho, después de
un viaje de 7 días por río. Diversas
instituciones ligadas a los derechos humanos
seguirán de cerca el anunciado apoyo a las víctimas de Saweto.
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