Monarquía: el pueblo debe de tomar una acuciante decisión
Las revelaciones sobre los negocios presuntamente corruptos y sin declarar a Hacienda de Juan Carlos I están demostrando que la Monarquía es una institución opaca que no aporta nada ni a la democracia ni al pueblo español
La democracia es una forma de organización del Estado en la que las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Según esta definición, la Monarquía no entraría en la categoría de institución democrática, puesto que no ha sido elegida por el pueblo y, por lo tanto, no tiene legitimidad alguna para ocupar cargos en un Estado democrático.
Platón, primero, y Aristóteles, después, definieron tres tipos básicos de formas de gobierno: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno «de los mejores» para Platón, «de los menos», para Aristóteles), democracia (gobierno «de la multitud» para Platón y «de los más», para Aristóteles).
Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes y la Monarquía no ha sido elegida por el pueblo. Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos. En España, no se ha dado la oportunidad al pueblo de elegir a la persona o la institución que debe ocupar la Jefatura del Estado.
Finalmente, hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos y referéndums vinculantes, elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, concepto que incluye la democracia líquida.
Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso de una de las tres formas en un sistema político concreto. En España, en cualquiera de estos tres modelos, la Monarquía queda fuera porque la institución fue elegida por un dictador y nadie, después de 45 años, ha rebatido o puesto en duda la voluntad de Franco.
Los negocios del rey Juan Carlos están demostrando, además, que la Monarquía se ha movido en unos círculos de presunta corrupción totalmente ajenos a los mínimos exigibles a una institución incluida con calzador y con manipulación, tal y como lo reconoció el propio Adolfo Suárez.
Las últimas revelaciones demuestran que la Monarquía vive de espaldas a la situación de la ciudadanía española. Ya no fue sólo la cacería de Botsuana, sino que, según ha publicado El Confidencial, en los años más duros de la crisis económica, Juan Carlos I sacó una media de 100.000 euros al mes de sus cuentas en Suiza para cubrir gastos no declarados de la Familia Real. El pueblo sufriendo y el Jefe de Estado sacando dinero sin declarar a Hacienda de sus cuentas en Suiza. Esto es la Monarquía, «todo por el pueblo, pero sin el pueblo», y no cambiará por mucho que los monarcas se pongan la etiqueta del parlamentarismo o de la democracia.
Todo lo que hizo o pudo hacer Juan Carlos de Borbón, todos los negocios, todas las presuntas comisiones enmascaradas en donaciones, no es más que la consecuencia de la inviolabilidad que una Constitución democrática le reconoce que, en realidad, no es más que otorgar legalidad a la impunidad y permitir que un Jefe del Estado pueda vivir fuera de la ley.
Por todo ello, el pueblo tiene que tomar una decisión y no puede dilatarla. Ahí están sus representantes en el Parlamento a quienes todos y cada uno de los ciudadanos de este país está éticamente obligado a reclamarles que realicen las reformas necesarias para cambiar la Constitución y retirar cualquier elemento que deje fuera del control de los tribunales a los cargos públicos, independientemente del cargo que ocupen, y, en segundo término, para la convocatoria urgente de un referéndum en el que sea el pueblo español quien decida el modelo de Estado para legitimar de una vez por todas a la figura ocupe la más alta institución del país.
Si, por cuestiones ideológicas o de otra índole, los representantes públicos se negaran, entonces la situación se haría mucho más grave, ya que estaríamos ante un verdadero golpe de Estado por parte de los partidos políticos.
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