Jorge Zavaleta Alegre
América Latina se ha
convertido en la versión absoluta donde el libre mercado solo viene dejando
corrupción. No hay país de esta Región, exceptuando Uruguay, donde la
fragilidad de las instituciones democráticas sea aprovechada para hacer
negocios extremadamente lucrativos.
Esta lista puede ser liderada por el Perú, donde cinco jefes de Estado pasan por procesos
judiciales en diferentes etapas – y
es un paraíso de leyes para los agroexportadoras e
hidroenergéticas, que violando normas comprometen la salud de los consumidores, agricultores, y
destruyen las fuentes de agua en perjuicio del presente y futuro de miles de los pueblos andinos.
Hoy percibimos, por señalar la grave amenaza del pueblo de Caraz, en la Cordillera de los Andes Nororientales, que
despierta para exigir que el sexto presidente nacional, derogue el Decreto
Supremo N° 114-2019 PCM, que declara el “Estado de Emergencia de la Laguna
Parón, “por peligro inminente ante posible desembalse” que asegura
el agua de una transnacional radicada en la
costa norte del país, bastión del
partido aprista fundado en 1917 por Haya
de la Torre y sepultado por Alan García Pérez, con su suicidio a principios del
2019..
La decisión gubernamental se basa en un informe de la Autoridad Nacional que señala que el
nivel del agua de la laguna se encuentra por encima de la cota mínima de
seguridad. Sin embargo, la comunidad en protesta señala que el interés de las
autoridades, es jugar en pared con la transnacional hidroenergética Orazul,
para que finalmente el agua sea descargada en beneficio de la empresa.
Orazul, anteriormente
tenía la licencia de uso del agua de la Laguna de Parón y perjudicaba a los
agricultores de la Comunidad de Cruz de Mayo que también usaban el agua que
venía de la laguna; hasta que el 2008 las comunidades se organizaron y
recuperaron el control de la Laguna.
En ese entonces la empresa hidroenergética Orazul realizaba
irregulares y grandes descargas de agua, poniendo en peligro la sostenibilidad
de la Laguna y perturbando el delicado ecosistema del Parque Nacional Huascarán
en general, del que es parte la Laguna.
La versión de la comunidad,
a través de la Red Muqui, señala
que no han tenido conocimiento del informe técnico, y que a pesar de que
anteriormente han participado de mesas de diálogo, no les hicieron llegar el
informe, que se suma a una serie de errores que el Estado ha venido cometiendo,
al no asumir los compromisos con las
poblaciones que se encuentran alrededor de Parón.
La agroexportadora
desde febrero ha querido descargar la laguna, señalando un “inminente peligro”. “En años anteriores
también señalaron lo mismo y la comunidad permitió que se realicen descargas de
agua, pero descargaban más de lo acordado, perjudicando el riego”.
Orazul ha logrado que el ex presidente
de la comunidad sea defenestrado.
Las autoridades no tienen interés ahora de proteger el turismo. La comunidad no se opone a la
descarga de agua siempre y cuando no esté muy por debajo de la cota máxima de
seguridad que y terminaría afectando al turismo y la agricultura.
La arbitrariedad del
gobierno y su agroexportadora aliada
amenaza con la fuerza cuando
crece la voz de las rondas campesinas, con la participación de docentes,
agricultores, la junta de regantes, transportistas, etc.
En la zona de la Laguna de Parón, las comunidades aledañas y
gran parte del Parque Nacional Huascarán están concesionados a una empresa
minera que tiene un proyecto llamado Yanamia. Las comunidades necesitan mejorar
la gestión de agua para que todas las comunidades sean beneficiadas en el uso
del agua de la Laguna Parón.
José Antonio Segrelles, del Departamento de Geografía Humana ,
Universidad de Alicante (España), explica que la globalización y la progresiva liberalización
de los mercados agropecuarios mundiales representarán un importante estímulo
para que los países latinoamericanos intenten aumentar la productividad y la
competitividad internacional de sus producciones agrícolas y ganaderas, en
consonancia con un modelo de crecimiento económico basado en la búsqueda de
beneficios a corto plazo.
Pero advierte que este proceso conducirá sin duda alguna a la
profundización de los clásicos antagonismos entre la agricultura comercial y
capitalista, ejercida por los complejos agroindustriales controlados por las
empresas transnacionales y los grandes agricultores locales, y la agricultura
campesina, condenada a la precariedad.
Tanto la creciente pobreza rural, por un lado, como la
intensificación productiva, por otro, llevan consigo la degradación de los
ecosistemas y graves desequilibrios ecológicos que acentúan los agudos
problemas ambientales heredados de la revolución verde y del papel dependiente
y periférico de América latina dentro del capitalismo mundial.
Aunque cada vez existe mayor atención ecológica en la
población latinoamericana, no tiene ningún sentido reclamar el respeto
ambiental y la necesaria conservación de los recursos sin criticar la lógica
del modelo liberal, pues existe una incompatibilidad manifiesta entre el
desarrollo sostenible y el modo de producción capitalista.
Con la Revolución Industrial se consolidó un mercado mundial
para los principales cereales. En la actualidad cerca de 250 millones de toneladas
de cereales son objeto de transporte internacional cada año. El aumento en el
comercio de frutas y hortalizas frescas es responsable de la mayor parte de los
problemas actuales asociados a las plagas de cuarentena y el despojo
de alimentos para los campesinos productores.
Tampoco la agro exportación es sinónimo de calidad
alimentaria. La prueba es la industria alimentaria de los
EEUU que viene generando la obesidad como enfermedad social, que ya se
extendió a México y algunos sectores
populares de Inglaterra y España.
