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| Organizaciones internacionales alertan a gobiernos falta creciente de recursos naturales. Mineria informal en Madre de Dios. Papa anuncia sínodo en Brasil. |
Una nueva lucha por la tierra está cobrando intensidad en los países en desarrollo. La demanda mundial de recursos naturales (minerales, madera, petróleo y tierras de cultivo fértiles) está aumentando vertiginosamente, mientras que los mercados se recuperan de la Gran Recesión de 2008 y el crecimiento económico eleva el estándar de vida de millones de personas.
Para mantenerse al ritmo de la demanda, las empresas
expanden sus operaciones con rapidez hacia lugares
que cuentan con muchos recursos, como África, Asia
y América Latina, y a menudo usurpan tierras que
durante generaciones han estado en manos de pueblos
indígenas y comunidades rurales.
Los documentos formales sobre la tierra pueden
ayudar a las comunidades a convencer a otros de sus
derechos legales y así garantizar que otros los reconocerán
y respetarán. Estos documentos se pueden
usar como prueba de posesión legal en un tribunal
cuando surjan inconvenientes; donde por lo general
tienen más peso que el testimonio verbal sobre los
derechos consuetudinarios.
Los certificados o títulos
de propiedad sobre la tierra también pueden proporcionar
a las comunidades una influencia crucial en las
negociaciones con inversores externos y así mejorar
las posibilidades de obtener un trato justo al compartir
los beneficios y reducir la probabilidad de los conflictos
que puedan surgir de los tratos poco favorables.
Los derechos a la tierra comunitaria documentados
también pueden crear oportunidades de acceder a
financiación de proyectos
Las comunidades
están perdiendo su tierra a un ritmo alarmante debido
a que son forzadas a hacer lugar para estos inversores.
Los pueblos indígenas y las comunidades rurales
ahora están urgidos a asegurar sus derechos a la tierra
antes de que las empresas llamen a la puerta. Aunque
conjuntamente poseen más de la mitad de la tierra
del mundo, legalmente estas comunidades poseen tan
solo el 10 por ciento de la tierra mundial, e incluso un
porcentaje menor de esta tierra está registrado y tiene
título.
Estos acuerdos de tenencia consuetudinaria que
alguna vez protegieron la tierra de posesión colectiva
ahora se están debilitando, y aquellos que pierden
su tierra pierden todo: sus fuentes de sustento, sus
hogares, su herencia cultural y mucho más.
Pero como comprueba este informe, los pueblos indígenas
y las comunidades rurales enfrentan una batalla
difícil al intentar registrar y documentar sus derechos
a la tierra. Este informe es uno de los primeros estudios
integrales a nivel mundial de la manera en que
las comunidades y las empresas obtienen derechos
formales a la tierra, y pone al descubierto los distintos
obstáculos que enfrenta cada uno; disparidades que
otorgan a los inversores una clara ventaja.
Para proteger sus derechos a la tierra, las comunidades
sacrifican años, a veces décadas, pasando por procesos
gubernamentales onerosos y difíciles de manejar. A
medida que estos procedimientos se vuelven interminables,
las empresas adquieren derechos a largo
plazo sobre grandes franjas de tierra comunitaria sin
documentar.
Los inversores, con abogados habilidosos y
conexiones políticas profundas, encuentran atajos para
sortear los requisitos complejos, trabajan con el gobierno
para obtener derechos sobre la tierra en tan solo 30 días
y, en algunos casos, comienzan a despejar la tierra antes
de asegurarse los derechos sobre ella.
Estas reglas de juego injustas no solo amenazan las
fuentes de sustento de los 2500 millones de personas
que dependen de la tierra de posesión colectiva, sino
que también presentan riesgos graves para el medioambiente.
Con demasiada frecuencia, los inversores
que obtienen derechos a las tierras comunitarias
agotan los recursos naturales en una comunidad y
luego pasan a la siguiente.
Desplazan a los pueblos
indígenas y las comunidades rurales, muchos de los
cuales han administrado de manera sostenible su
tierra, los bosques que la rodean y los ríos cercanos.
No es de extrañar que, como muestra la investigación
anterior de WRI en la Cuenca Amazónica, las tasas de
deforestación en las tierras indígenas aseguradas por
tenencia sean menos de la mitad de lo que son fuera
de ellas.
A medida que la carrera por la tierra se intensifica,
los gobiernos, las empresas y las organizaciones de
la sociedad civil deben redoblar sus esfuerzos para
proteger los derechos a la tierra de pueblos indígenas
y comunidades locales.
Este informe muestra de qué
manera la creación de procedimientos más justos y
accesibles para registrar y documentar la tierra de
posesión colectiva, así como también el seguimiento
hasta la implementación, puede comenzar a igualar
las condiciones para todos.condiciones para todos.
El informe también exige proporcionar a las comunidades
un conjunto de derechos más integral, entre
ellos el derecho a dar su consentimiento libre, previo
e informado a cualquier desarrollo en su tierra. De
igual modo, es crucial establecer recursos dedicados
para mediar en forma transparente en los conflictos
limítrofes y resolver reclamos contrapuestos de terceros
que surjan durante los procesos de formalización
de la tierra.
Estas recomendaciones serán útiles para
organismos agrarios del gobierno, comunidades que
buscan el reconocimiento de sus derechos, empresas
que desean operar en forma ética y organizaciones
no gubernamentales que presionan para lograr una
reforma legal y regulatoria.
Hay mucho en juego. Reducir la inequidad en los procedimientos
de las comunidades y las empresas para
adquirir derechos formales sobre las tierras puede
ayudar a proteger los derechos de nuestros mejores
guardianes del medioambiente: los pueblos indígenas
y las comunidades que cuidan de la mitad de la tierra
del mundo
CERCA DE LOS AUTORES
Laura Notess es analista de investigación de Land and Resource Rights
Initiative en el Centro de gestión de World Resources Institute (WRI).
CONTACTO: Laura.Notess@wri.org
Peter G. Veit es el director de Land and Resource Rights Initiative en
el Centro de gestión de World Resources Institute (WRI).
CONTACTO: peterv@wri.org
Iliana Monterroso es becaria de postdoctorado del Center for
International Forestry Research (CIFOR), P.
CONTACTO: I.Monterroso@cgiar.org
Andiko es abogado especialista en sostenibilidad de AsM Law Office,
Indonesia.
CONTACTO: andi.ko.ko@gmail.com
Emmanuel Sulle es investigador del Institute for Poverty, Land and
Agrarian Studies (PLAAS), University of the Western Cape, Sudáfrica.
CONTACTO: sulle.emmanuel@gmail.com
Anne Larson es científica principal del Center for International
Forestry Research (CIFOR),
Perú.
CONTACTO: a.larson@cgiar.org
Anne-Sophie Gindroz es moderadora regional del sudeste asiático en
Rights and Resources Initiative (RRI), Indonesia.
CONTACTO: asgindroz@rightsandresources.org
Julia Quaedvlieg es consultora en el Center for International Forestry
Research (CIFOR), Perú.
CONTACTO: juliaquaedvlieg@gmail.com
Andrew Williams es asesor técnico en National Forestry Authority,
Uganda.
CONTACTO: andrew.mazingira@gmail.com
CREDITOS DE
Jorge Zavaleta Alegre
Presidente de Papel de Arbol
papeldearbo@gmail.com
Perú - Maryland. Emmitsburg
jorgez.1944@yahoo.es
Corresponsalía en EEUU y Perú
El Mercurio y Diario16 de España
Panoramical de Milán y Bruselas
Tandil Nesws, Argentina
El Mercurio y Diario16 de España
Panoramical de Milán y Bruselas
Tandil Nesws, Argentina
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