Fue aprobado el primer acuerdo sobre derechos humanos y medio
ambiente para América Latina y el Caribe.
Por ALICIA GOMEZ, San José
En San José, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 se dio este acuerdo, necesario para motivar el desarrollo del mundo en que vivimos.
La Asociación Ambiente y Sociedad participó como parte de los representantes
del público en el largo proceso de negociación del “Acuerdo regional para el
acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos
ambientales”, que reúne a 24 estados de la región.
El proceso que comenzó
en el 2012 acaba de concluir este fin de semana en San José, Costa Rica.
Después de cinco años, nuestro trabajo de incidencia finaliza con la consecución
del primer Tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe y además el primer
instrumento vinculante donde se incluye una protección expresa a los defensores
de derechos humanos ambientales.
Para Natalia Gomez, investigadora de Ambiente y Sociedad y representante del
público en la negociación, es un acuerdo histórico, que sin duda sienta las
bases para que los defensores ambientales tengan mayor protección, y todas las
personas de la región garanticen de manera efectiva los derechos de acceso, la
democracia ambiental y la protección del medio ambiente.
El tratado se propone como un instrumento que materializará el Principio 10 de la
Declaración de Río de 1992, la transparencia de las entidades gubernamentales y
privadas, la democratización ambiental, el derecho al acceso a la información como
derecho fundamental y el fortalecimiento de las capacidades tanto de los estados
como de la sociedad civil.
El carácter vinculante del acuerdo demuestra la voluntad de los Estados para
adoptar dentro de sus legislaciones estándares más altos que velarán por la
consolidación de la democracia y el desarrollo sostenible participativo.
Recordemos que América Latina y el Caribe es una región caracterizada por la
vulneración continua y sistemática de los derechos humanos y una alta conflictividad
ambiental. La creciente oleada de asesinatos e investigaciones perpetradas contra
los defensores ambientales es muestra de ello.
Este instrumento visibiliza la lucha
ambiental que miles de defensores dan todos los días en nuestra región.
Sin embargo, no todo es ganancia, hay que reconocer que el espíritu del acuerdo
se vio cercenado por las posturas regresivas de varios países, entre estos
Colombia.
En esta reunión la delegación colombiana se mantuvo reacia a ceder en puntos
fundamentales para la solidez del acuerdo. Insistió en la definición restrictiva de
“público” a personas nacionales o bajo la jurisdicción del estado parte excluyendo
extranjeros; buscó la limitación del alcance de “autoridad competente”; abanderó la
anulación del comité de seguimiento órgano esencial para darle cumplimiento y
aplicación al acuerdo(que finalmente quedó en el acuerdo aunque con un mandato
más restringido); e intentó sin éxito la supresión del artículo que prohibía la
formulación de reservas al tratado.
En pasadas sesiones, Colombia había manifestado posiciones regresivas del
mismo talante. Por ejemplo, cuando se negoció el artículo sobre el derecho a la
justicia ambiental, el país solicitó que se cambiara la obligación estatal de garantizar
dicho acceso a la justicia por la obligación de solo facilitar. Además, nuestro país
solicitó eliminar las referencias a establecer órganos especializados en materia
ambiental, a las medidas para facilitar la prueba del daño ambiental, y a alentar el
establecimiento de criterios judiciales uniformes tales como el principio in dubio pro
natura.
Lo que más planeta inquietud es que todos estos temas ya hacen parte de
la Constitución, el marco legislativo o la jurisprudencia nacional en materia
ambiental y de derechos humanos por lo que no es clara la motivación del país al
excluirlos del acuerdo.
A pesar de las dificultades; artimañas políticas y dilataciones, hoy América Latina y
el Caribe hacen historia. Ahora está en manos del Congreso de la República y la
Corte Constitucional que este acuerdo sea ratificado y entre en vigor lo antes posible
en nuestro país. Como sociedad civil seguiremos haciendo seguimiento a la
ratificación e implementación del acuerdo.
Mayor información: Alicia Gómez /
+57 3204821467 aliciagomez@ambienteysociedad.org.co
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