Papel de Arbol

domingo, 14 de febrero de 2016

Doe Run, “el ciervo que corre” deja en el Perú un pueblo fantasma


Abandona a 3 mil  trabajadores y 10 mil pobladores de Los Andes  centrales en Sudamérica
Jorge  Zavaleta  Alegre. Diario 16, enviado especial



El dirigente metalúrgico Luis Castillo Carlos, revela a la prensa que la Junta de Acreedores de la empresa de La Oroya no contempla el gran peligro de abandonar a tres mil trabajadores mineros y un pueblo de diez mil habitantes

 La paralización indefinida del  Complejo Metalúrgico de La Oroya, por decisión de la empresa americana Doe Run Perú, que no ha cumplido el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental,  y  deja un gravísimo precedente para la insurgencia   social, con consecuencias funestas  para la Sierra Central del Perú, depositaria de gran riqueza  mineral, que desde siglos, sostiene una economía primaria exportadora de materias primas y  cautiva de los mercados de  China, EEUU y Europa.

¿LIQUIDACION DEFINITIVA?
Para los  trabajadores de La Oroya, la responsabilidad recae principalmente en el presidente Ollanta  Humala, un gobernante que será recordado por la traición política, que cambió la  Hoja de  Ruta de un plan de profundas  reformas estructurales por un matrimonio condicionado a  Tratados de Libre Comercio  y sembrado de corrupciones como el  Gasoducto  Sur Andino a cargo de la empresa Odebrechet del  Brasil sobrevalorizado en siete mil millones  de dólares, cuando hace  tres años, la misma firma (Kuntur-Odebrechet) participó en una licitación por la mitad, es decir US$3,500 millones.

 Los Ministerios  del  Ambiente y de Energía y Minas, han anunciado que el Estado optará por la liquidación ordinaria de la planta metalúrgica de La Oroya.
Dicha decisión, según el vocero oficial del  gremio metalúrgico de trabajadores,  tendrá efectos graves en la vida de La Oroya, con el despido de 2.400 trabajadores, de los cuales 1.800 son del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y los restantes de la mina cuprífera de Cobriza.

El impacto sería mayor y generaría un caos, porque la población también participa de la actividad económica  de más 10 mil personas en los pueblos cercanos a Cobriza y en La Oroya, áreas que han creado grandes fortunas a muchos de los empresarios  que  hoy forman  la Sociedad Nacional de  Minería  y Petróleo, empezando por las empresas  de  los Benavides de la  Quintana, que fueron becados a Harvard,  por  el  Estado  cuando estudiaban en la  Universidad Nacional de  Ingeniería.

 EMPRESA-ESTADO
Los  trabajadores de la Metalurgia, como afirma su dirigente,   son diáfanos en sus expresiones cuando revelan que  las empresas mineras, dentro del proceso concursal,  apoyan al Ministro Pulgar Otárola ( como es el caso de Volcan y Cormin), para optar por la liquidación ordinaria en desmedro de los derechos de los trabajadores.

Este ministro del humalismo, forma parte de un clan familiar liderado por  el presidente del  Poder Legislativo, Freddy Otárola, vinculado a su natal Región de Ancash, cuyos principales  directivos están en la cárcel por “inversiones” en una vía transamazónica, echando por los suelos  el  discurso de inclusión social con el cual  el  presidente  Humala,  y su primera dama acusada de lavado de dinero, encubre el gobierno del “Partido Nacionalista”

LA OROYA DEBE VIVIR
Encuestas de la ONG Labor, informes de las más prestigiadas publicaciones del mundo (The Time de  Nueva  York, Diario de El Vaticano, Cambio Financiero y Diario16 de  España, junto con Le Monde y otras editoriales) advierten que la propuesta laboral de reactivación del Complejo Metalúrgico debe ser el único camino para bien de todos, salvo para  Doe Run.

A la fecha se han cerrado decenas de negocios, mercados, incluso colegios, porque los padres de familia no tienen capacidad para pagar la mensualidad a los profesores.

Van  tres  gobiernos nacionales  y ninguno ha demostrado una actitud de dar una solución para el Complejo Metalúrgico, y no reconocen que La Oroya producía US$ 500 millones con la venta de productos refinados, los cuales iban directamente al Estado, además daba trabajo a más de 3.900 personas.

Los  trabajadores organizados, con el apoyo de la Iglesia, inclusive del Papa a través de los  Jesuitas, desde su en Pennsylvania,  conocen de su cerca de su vecino Doe  Run,   que  opera con Bonos  Buitre.

La propuesta que goza  del consenso de los pobladores inclusive de Junín  y Cerro de Pasco es la reestructuración de La Oroya  y no mal baratear la mina Cobriza, que sí tiene potencial.

El Ministerio de Energía y Minas y la Sunat son los que tienen la mayoría de las acreencias (45% de la deuda general).

 Respecto al tema ambiental la propuesta  del sindicato metalúrgico es la reactivación de la planta de zinc y plomo, ya que el circuito de cobre aún no puede empezar a trabajar por los altos índices de contaminación.

La empresa pública Centromín no  cumplió con las leyes ambientales y  Doe Run, modernizó en parte, pero ahora  huye de La Oroya porque se niega a  cumplir el acuerdo suscrito con el Ministerio de Minería y Ambiental.

 UN PROBLEMA NACIONAL
El sindicato de  trabajadores de la metalurgía informa que el 23 y 26 de febrero se ha fijado una agenda en el MEM,  pero desde ya se opone a liquidar el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza, ya anunciada por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Otárola y  ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.

DOE RUN y LOS BONOS BUITRE
Tres mil  trabajadores están enfermos
Existe una frondosa bibliografía sobre empresas y sus directorios que vienen haciendo daño sistemático a amplios sectores sociales de los Andes utilizando capitales encubiertos por “Bonos  Buitre”

El caso de Doe Run (Ciervo que Corre, en español), cuyo proceso de liquidación de activos de La Oroya se contrapone con la demanda de reactivar el centro metalúrgico, debería constituir la mayor reflexión de las autoridades sectoriales y la solidaridad de la Sociedad Nacional de Minería, cuyos socavones de Cerro de Pasco y La  Oroya han dado grandes réditos a decenas de sus miembros,  según precisa el libro  Los  Dueños del  Perú, editada por el  Comité  Malpica,   y que acaba de ser presentado en un  foro del Congreso, ante una masiva concurrencia  y expectativa de la prensa internacional.

La fuerza laboral de La Oroya es capaz de generar ingresos por US$ 876 millones, reclama transparencia en el proceso.

En el daño ambiental Doe Run y las empresas anteriores nunca asumieron responsabilidad alguna por la intoxicación masiva de La Oroya, Cerro de Pasco y comunidades vecinas. Inclusive el Mantaro uno de los ríos de agua pura que desemboca en la cuenca del Atlántico ha sido destruido y no sirve para la agricultura.

Doe Run, desde hace seis años en el Perú, ha causado, inclusive, una explicable reacción violenta de los trabajadores. Los muertos, heridos y desbloqueo de carreteras, son el resultado de la represión policial, en tácita alianza con la empresa, disfrazando la realidad con leyes y tratados intangibles.

Doe Run, la década pasada, logró silenciar a la prensa, ningún corresponsal de Huancayo se atrevía a escribir sobre la intoxicación de los pueblos, por los gases de La Oroya y los relaves de las minas.

El dirigente metalúrgico Luis Castillo, acreedor de la demanda de los trabajadores manifiesta: “Lo que se quiere en el fondo es mandarnos (a los trabajadores) a nuestra casa, sin pago ni nada”, publicó El  Comercio, el diario  centenario  y defensor  de la política de libre mercado económico del gobierno que concluye el próximo  28 de Julio.

Se anuncia que en febrero del 2016 debe realizarse la subasta de los activos del Complejo Metalúrgico de La Oroya y Cobriza, después de haberse modificado la Ley Concursal.

En los últimos 6 años, el Estado peruano ha perdido fundamentalmente la unidad de cobre, valorizada en US$ 4 mil millones.
Se estima que en los próximos cinco meses, hasta la realización de la subasta, la pérdida será de unos US$ 250 millones. Lo que está en juego, el costo del seguro, alcanza los US$ 2,5 millones que cubre hasta por US$ 1.500 los activos de la empresa.

IRA L. RENNERT, DUEÑO DE DOE RUN
El dueño de Doe Run nació en 1934, en Brooklyn, Nueva York, donde reside actualmente, estudió en la Universidad M.B.A. Nueva York. Su ocupación es inversor, cuyo patrimonio neto supera los $ 6,1 mil millones en marzo 2015.
Su patrimonio ha sido multiplicado con los bonos buitre o basura para financiar adquisiciones de empresas, a menudo en quiebra.

Rennert ha acumulado participaciones significativas en industrias cíclicas básicas, como la minería y los metales, incluyendo fundiciones de plomo, magnesio, productores, proveedores de aparatos industriales, y las líneas de montaje de vehículos.  
Hoy él controla uno de los imperios industriales privadas más grandes de  su país, y su fortuna personal se estima en $ 5.9 mil millones, señalan fuentes públicas.

En 1998, Doe Run vendió $305 millones en bonos basura para financiar la adquisición del Perú, así como más minas de plomo en Missouri, de acuerdo con los documentos presentados de Doe Run. Desde el año 1998 la mayoría de los financiamientos Renco han sido deuda bancaria.

La fundición se vendió a Doe Run en 1997, principalmente debido a que el gobierno peruano aprobó una ley que requiere la mejora del medio ambiente en el negocio.  
El Instituto Blacksmith coloca La Oroya en su lista de los diez lugares más contaminados del mundo, junto con Chernóbil, Ucrania,  que el 97% de los niños de La Oroya sufren de deficiencias mentales y físicas relacionadas con la exposición al aire contaminado.

Indecopi del Perú  abrió proceso sancionador a Right Business, socio  de Doe Run, para investigar el presunto desvío presupuestal de cerca de US$1 millón entre el 2012 y el 2014, según denunciaron acreedores. La suma habría salido de las arcas de Doe Run a través de funcionarios de Right Business, que fueron contratados como asesores externos.

Jorge Manco Zaconetti, reputado profesor de la Universidad de San Marcos, conocedor del tema de la minería y petróleo,   opina que el caso Doe Run constituye la crónica de una muerte anunciada. “Siempre sostuve que la privatización iniciada a inicios de los años noventa, de la cual hoy pagamos las consecuencias, fue una absurda decisión política. Hoy la junta de acreedores,  con precios deprimidos de los minerales, tienen fuertes inversiones por hacer y poner en marcha el circuito de cobre, pero no huir como  Doe Run, después de estafar con sus bonos  buitre.


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