Por JORGE ZAVALETA ALEGRE
Semanario Cambio16, Madrid, enero 2010
Las dictaduras en América Latina van perdiendo presencia política. Al menos, ese clima debería revelar la sentencia definitiva de la justicia peruana contra el autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), que lo condena a 25 años de cárcel sin derecho a indulto, por autoría mediata en asesinatos y secuestros a la población civil. Sin embargo, ese gobernante que reprimió a sangre y fuego a los movimientos Sendero Luminoso y Túpac Amaru, al mismo tiempo gestó una amplia red de corrupción, que aún sigue operando en el Estado con la anuencia del partido Aprista, liderado por Alan García.
El reciente fallo de la Corte Suprema que es reconocido por destacados juristas como un impecable proceso, estaría truncando o interrumpiendo la probabilidad de que el fujmorismo retorne al poder en el 2011, a través de la legisladora Keiko Fujimori, que lidera un movimiento que tiene como principal plataforma lograr la libertad de su padre, que en términos legales recién debería abandonar la celda el 2032 cuando cumpla 97 años de edad.
Si el fallo se cumple a cabalidad, Fujimori no podría solicitar indulto por la vía administrativa, pero su objetivo lo lograría a través del presidente García o del siguiente mandatario. Conforme pasan los días, aparecen argumentos a favor del indulto, indicando que la Carta Magna se encuentra por encima de la Ley 28760, que prohíbe que un condenado por secuestro -como Fujimori- sea beneficiado con el indulto, la conmutación de pena o el derecho de gracia. El derecho de gracia e indulto es irrestricto. No puede ser modificado ni alterado ni reglamentado por una norma de menor jerarquía.
En consecuencia, cualquier presidente puede indultar a Fujimori, si se sustenta en esta primacía del derecho constitucional del jefe de Estado y, en los términos de la Constitución vigente, que es un derecho sin expresión de causa. Todo indica que el debate proseguirá, en tanto el actual gobierno no oculta su alianza con el fujimorismo, a tal punto que encuestas de dudosa fuente dadas a conocer desde el Palacio de Pizarro, favorecen a los seguidores del fujimorismo e ignoran candidaturas de mayor raigambre popular como la del comandante Ollanta Humala, con fuerte presencia en las regiones y la de Alejandro Toledo, cuyo partido Perú Posible dejó una economía estable y en crecimiento.
La defensa de Fujimori, anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional como última instancia para que revise el fallo condenatorio. El máximo magistrado de este Tribunal ya descartó tal alternativa. La ratificación de la sentencia es inapelable y cualquier acción, inclusive un hábeas corpus, no podrá absolver al ex mandatario.
Es probable que el hábeas corpus esté referido a violaciones de derechos constitucionales en el proceso. En tal caso el TC, de encontrar que hubo alguna vulneración, podría anular la sentencia, pero solo para que la Corte Suprema vuelva a dictarla. El TC no podría hacer más, reiteran los magistrados y otros especialistas, en un intento de recuperar la profunda crisis de credibilidad del Poder Judicial.
El comportamiento de los jueces de la Sala Especial, merece reconocimiento del país, empezando por su presidente César San Martín, pero ese reconocimiento no pasa de ser una tentación por lo imposible, en una sociedad marcada por la corrupción endémica, agravada por el fujimorismo.
La parte civil en el juicio al ex dictador considera que el proceso ha sido limpio, que el procesado gozó de todas las garantías y que el fallo de primera instancia y su ratificación en segunda, tienen solidez jurídica. La intención de llevar la demanda a una instancia internacional sería peor.
Las acusaciones centrales del juicio fueron por los crímenes de Barrios Altos, donde se asesinó a personas inermes, incluidos niños, y el no menos horroroso contra nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Además secuestro agravado contra un empresario y un periodista, y compra o alquiler de congresistas y dueños de diferentes medios de comunicación.
El concepto de “autoría mediata” aplicado a Fujimori, es expuesto por el profesor alemán Claus Roxin, cuya teoría se sustenta a partir del juicio al asesino nazi Adolf Eichman y que también ha sido aplicada en el juicio a la junta militar argentina en 1983, en Chile, contra los autores de la “caravana de la muerte”, orientada por Pinochet.
El último 7 abril, la Sala Penal Especial de Lima sentenció a Fujimori a 25 años de prisión. Además tiene otras sentencias por el allanamiento ilegal de la vivienda de la cónyuge de su asesor y ex jefe virtual del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos; y por el pago irregular de varios millones de dólares también a Montesinos, tras estallar el escándalo que implicó el fin del tercer gobierno constitucional consecutivo de Fujimori.
No deja de preocupar a la ciudadanía el poco celo carcelario. Denuncias diversas confirman que el penal unipersonal donde se encuentra el genocida, es un recinto de campaña del fujimorismo, con visitas hasta altas horas de la noche de cuestionados personajes de la política y de los negocios, incluyendo grupos musicales, una adivina y el libre movimiento del reo fuera de ese espacio.
Los gremios profesionales, como el Colegio de Abogados, advierten “que ser corrupto en el Perú no representa ningún riesgo", porque esta conducta se mantiene en la impunidad, se acrecienta y no es sancionada, debido a que la Reforma Judicial, tan urgente en el país, no es política de Estado.
El Poder Judicial acumula al iniciarse el nuevo año, más de 2.5 millones de procesos y los juicios demoran para resolverse entre 6 y 10 años. Pese a estas carencias, el caso Fujimori es un ejemplo de la existencia de capital humano en la estructura del Estado que podría asumir una justicia eficiente. Tampoco existe un registro nacional de abogados sancionados que permita un control ético y profesional.
El juicio al genocida Fujimori es uno de los más importantes en la historia judicial peruana, tuvo una duración de un año y medio, con más de 160 sesiones y con la participación de más de cien testigos. El espacio punitivo para decidir la pena concreta quedaba fijado en no menos de 15 años ni mayor de 25 años de pena privativa de libertad.
Mientras tanto, con el dinero público, sustraído de mil formas, la maquinaria fujimorista promueve una costosa campaña en medios de comunicación cooptados en la década pasada, más un agresivo plan de pintas en los caminos y muros de todos los pueblos del país.
La red de corrupción del fujimorismo sigue actuando en el Estado junto con organizaciones apristas. La prensa de oposición no cesa de publicar la existencia de empresas dedicadas a la venta de armas, aeronaves, equipos y servicios de mantenimiento o fraudulentas licitaciones en el sector de hidrocarburos y minero, sin respetar los derechos ancestrales de comunidades amazónicas y andinas. La más reciente agresión a los pueblos amazónicos en la zona de Bagua, arrojó decenas de muertos. El narcotráfico y el contrabando casi no han sido tocados por la actual administración, habiendo aumentado notablemente la inseguridad ciudadana.
En la estrategia aprista, se aparenta un alejamiento del fujimorismo. Pero el indulto presidencial viene operando para favorecer a poderosos empresarios vinculados a la televisión que anuncian recuperar sus antiguos canales, como es el caso de América TV, una de las más grandes cadenas que ya están en manos de las corporaciones periodísticas de El Comercio y La República.
BREVE DOCUMENTACION
- En noviembre de 2005 Fujimori viajó a Chile y trató de refugiarse en la Embajada de Japón en ese país, pero fue arrestado y enviado para ser juzgado en Perú en septiembre de 2007.
-La procuraduría de Perú, en marzo de 2006 solicitó el auto de requerimiento de extradición.
-El condenado tendrá acceso a todos los beneficios penitenciarios consignados en el Código de Procedimiento Penal, incluyendo la disminución de la pena por trabajo y educación.
-Este Código señala que puede reducirse la pena a las personas que hayan tenido más de 65 años en el momento de cometer el delito. Fujimori, al momento de los hechos, tenía entre 55 y 56 años.
Podrá recibir la libertad condicional cuando haya cumplido la mitad de su pena. También puede acogerse al beneficio de la semi-libertad cuando cumpla una tercera parte de la condena.
Los fujimoristas cuentan con 13 parlamentarios de un total de 120.
Durante la presidencia de Fujimori, hubo dos reelecciones después de modificada la Constitución (1995 y 2000). Este disolvió el Congreso, usó la desaparición y la tortura como parte de su estrategia antisubversiva, acosó a la oposición y vulneró gravemente la independencia de poderes.
En noviembre 2000, a sólo seis meses de su segunda reelección para su tercer periodo presidencial, aprovechó la cumbre del Foro Asia Pacífico (Ápex) en Brunéi, para refugiarse en Japón, desde donde mandó por fax su carta de renuncia a la Presidencia del Perú.
CASA DE LA MEMORIA
Está en marcha el Museo de la Memoria, en homenaje a los 70 mil muertos que provocó la violencia terrorista y la represión oficial. Se edificará en un terreno en Lima, frente al mar de Miraflores.
“El museo será la casa de todas las víctimas”, declara Mario Vargas Llosa, presidente de este proyecto, que cuenta con la contribución financiera de Alemania.
El actual mandatario reconoce que el Estado no estuvo preparado para afrontar aquella violencia y que por ello cometió errores, excesos y abusos.
El ex secretario general de la OUNU, Javier Pérez de Cuéllar, recuerda al fallecido ex presidente de la República Valentín Paniagua por haber creado la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Fujimori hizo mucho daño jugando a la doble nacionalidad. La cooperación japonesa se retiró del Perú por la violencia política que alcanzó niveles dramáticos con la toma de la embajada en Lima, los atentados a proyectos y la muerte de varios de sus voluntarios misioneros.
El Consejo de Reparaciones informa que por falta de recursos esa institución ha paralizado sus labores.
Abogados especialistas en Derechos Humanos son indebidamente acosados por la policía y la justicia, porque insisten respuesta de la justicia en el caso de El Frontón, postergación que resulta sospechosa. La matanza de El Frontón ocurrió durante el primer mandato del presidente, Alan García.
