Jorge Zavaleta Alegre
Una y otra vez, las investigaciones han demostrado que el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas y comunitarios es una solución comprobada para la conservación de los bosques, la mitigación del cambio climático, la reducción de la pobreza y la catalización del desarrollo sostenible.
Una nueva investigación del Instituto de Recursos Mundiales permite corroborar la existencia de un campo de juego desigual entre las comunidades y las
empresas que luchan por los derechos a la tierra.
“Las comunidades sacrifican décadas navegando en complejos y
costosos procesos gubernamentales que pueden obligarlos a renunciar al
territorio y los derechos, mientras que las empresas pueden obtener rápidamente
concesiones en la misma tierra”, explica el IRM, en una extensa publicación enviada a esta publicación.
"Las compañías expanden rápidamente las operaciones en África,
Asia y América Latina, y poseen muchos recursos. Aunque más del 50 por ciento
de la tierra del mundo se mantiene en forma colectiva, los grupos indígenas y
las comunidades poseen legalmente solo el 10 por ciento de la tierra a nivel
mundial", señala el IRM.
Esta paradoja se explica en el tiempo y el costo del proceso para
formalizar los derechos a la tierra. En muchos casos el trámite demora hasta 30 años o más.
En Filipinas, el proceso requiere 56 pasos legalmente
obligatorios, y en Indonesia, 21 entidades gubernamentales diferentes están
involucradas, pero las empresas normalmente pueden asegurar los derechos a
largo plazo de la tierra en solo 30 días a cinco años.
The Scramble
for Land Rights: Reducing Inequity between Communities and Companies, analiza
las discrepancias en tiempo, dinero, tamaño de la tierra y derechos otorgados
en 15 países.
Los Pueblos Indígenas y las comunidades a menudo se ven
obligados a renunciar a áreas significativas de sus tierras consuetudinarias o
perder derechos sobre recursos naturales valiosos como agua limpia o plantas
medicinales, paralizando sus medios de vida.
"Los gobiernos deben estudiar detenidamente cómo
sus políticas sobre derechos de propiedad favorecen a las empresas,
especialmente las que talan bosques, queman turberas ricas en carbono o agotan
los recursos naturales, sobre comunidades indígenas que han protegido los
bosques del mundo por mucho tiempo", comenta Victoria Tauli-Corpuz , el
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
"Este campo de juego injusto no solo plantea graves
riesgos ambientales, sino que también amenaza los medios de subsistencia de más
de 2.500 millones de personas que dependen de tierras colectivas".
El informe concluye que, en la mayoría de los países, las
empresas pueden garantizar los derechos a la tierra sin examinar reclamaciones
comunitarias existentes sobre la misma tierra, y que incluso cuando los
gobiernos requieren consultas comunitarias, las empresas solo hacen gestos
simbólicos en lugar de intentar sinceramente obtener, consentimiento previo e
informado.
Según Global Forest Watch, el mundo perdió 15,8 millones de
hectáreas de bosque tropical en 2017, pero la tasa de pérdida de cobertura
arbórea fue menos de la mitad en comunidades y tierras indígenas en comparación
con otros lugares.
WRI lanzó el informe en Lima, Perú en asociación con AsM Law
Office, el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), Rainforest
Foundation United States (RFUS), Derechos y Recursos Initiative (RRI) y Ujamaa
Community Resource Team que dirigió la investigación de campo en Indonesia,
Perú y Tanzania.
Los expertos hablaron junto con funcionarios del gobierno y
líderes indígenas que luchan por garantizar los derechos formales a la tierra
en la Amazonía peruana.
En Perú, las empresas pueden encontrar fácilmente accesos
directos en torno a requisitos onerosos, como comprar pequeñas parcelas de
tierra y convertirlas en grandes concesiones agroindustriales para evitar las
regulaciones ambientales y franjas claras del Amazonas.
Las comunidades indígenas no tienen esta opción, por lo que
cuando surgen disputas por la tierra u otros obstáculos, los esfuerzos para
titular su tierra se detienen.
Por ejemplo, en 2014, grandes secciones de los bosques
ancestrales de la comunidad de Santa Clara de Uchunya comenzaron a desaparecer.
Sin el conocimiento o consentimiento de la comunidad, el
gobierno regional había cedido los derechos a muchas pequeñas parcelas de sus
tierras, que Plantaciones de Pucallpa, una compañía de aceite de palma con
conocidos problemas ambientales y legales, compró.
"Para comunidades como la mía, nuestra tierra es nuestro
sustento. En Ucayali, una compañía de aceite de palma nos ha excluido de la
tierra que es nuestro hogar, talando el bosque y dejándonos sin otra opción que
luchar en la corte ", dijo Carlos Hoyos Soria, líder de la comunidad de
Santa Clara de Uchunya en Perú
"Al mismo tiempo, nuestra solicitud de título de
propiedad de la tierra se ha estancado durante varios años, durante los cuales
hemos recibido amenazas de muerte y ataques violentos contra nuestra comunidad.
Tememos por nuestras vidas, pero sin nuestra tierra, perdemos todo ".
Tensiones como estas están escalando en muchos de los 15
países estudiados en The Scramble for Land Rights.
Las disparidades entre las comunidades y las
empresas generan hostilidad que puede convertirse rápidamente en un conflicto,
especialmente en América Latina, donde cientos de defensores del medio ambiente
han sido asesinados en la última década en medio de una escalada de violencia.
Los conflictos van desde disputas fronterizas con vecinos a concesiones
superpuestas, y pueden unir a las comunidades en burocracia burocrática durante
años.
Para nivelar
el campo de juego entre comunidades y empresas, la IRG llama a los países a
hacer procedimientos más complejos y más claros, enmendar pasos que imponen
cargas difíciles e indebidas a las comunidades y hacer cumplir uniformemente
las políticas de adquisición de tierras corporativas.
Y en todo el mundo, urge una
mejor resolución de conflictos Los cambios son necesarios para abordar
reclamaciones de terceros en competencia e incrementar las consultas
comunitarias que garantizan el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
tierras.
*Papeldearbol@gmail.com
Editor Jorge Zavaleta Alegre
Corresponsal El Mercuriodigital.net de España, Tandilnews de Argentina, Panoramica de Milan, Diario16 de Madrid
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