Jorge Zavaleta Alegre Periodista
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La consulta previa es un proceso de diálogo intercultural que inicia el Estado con los pueblos indígenas para darles a conocer las medidas legislativas, administrativas o autorizaciones de extracción de recursos naturales ubicados en sus territorios. El objetivo es lograr su consentimiento libre, previo e informado o llegar a un acuerdo con ellos. Asimismo, garantiza su derecho de participación y opinión.
La ONU declaró, el 13 de setiembre de 2007, que más de 370 millones de indígenas del planeta cuentan con un instrumento importante en el reconocimiento, la promoción y protección de sus derechos y libertades fundamentales. Esta proclamación se suma a otros instrumentos como el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo.
Estos y otros documentos del sistema de las NN UU, tan ponderados por el orden internacional, carecen de vigencia en muchos países que los suscriben. No hay instituciones ni legisladores, ni grandes movilizaciones populares que puedan romper este círculo vicioso. El convenio con la OIT, ratificado por el Perú en diciembre de 1993 y vigente desde principios de 1995, fue pospuesto dos años después.
La llamada Ley de Tierras (DL N° 26505) impulsó el comercio libre de tierras, empezando por las comunidades campesinas de la costa de Piura y luego se extendió a la selva, no obstante la insistencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instaba al Estado Peruano a cumplir con los compromisos asumidos.
En el Perú, durante cinco años los legisladores de avanzada han trabajado para buscar soluciones concretas desde una perspectiva intercultural. El país entero constata que la intención de encontrar un pacto social entre los pueblos indígenas y el Estado es una causa que va fermentando, reza el informe de la comisión respectiva del Congreso, publicado por el Centro Amazónico de Antropología y DAR-Derecho, Ambiente, Recursos Naturales.
En la región altiplánica, en junio de 2011, han muerto ocho pobladores. La protesta popular contra la contaminación minera en la cuenca del Ramis y un proyecto de inversión sin consulta previa desbordó, después de un mes de insistente reclamo pacífico, en una violenta destrucción de instalaciones públicas, incluyendo parte del aeropuerto internacional. Las protestas han sido lideradas por los pueblos aimara y quechua, dos de las 44 familias etnolingüísticas del Perú de tiempos inmemoriales.Similar violencia desataron hace dos años los proyectos de inversión petrolera, sin consulta previa, en la región amazónica de Bagua, con la muerte de 34 personas.
Para Puno, el Gobierno ha tenido que expedir una corrección sin precedentes. Alegando razones de Estado, el pleno del Congreso ha aprobado la derogación de los controvertidos decretos legislativos 1090 y 1064, con la oposición de las bancadas del fujimorismo y del empresariado.
Este tenso clima político vive el Perú cuando faltan pocas semanas para que Ollanta Humala asuma al poder hasta 2016, y el país espera que su programa social, de preferencia en el sector rural, pueda ser cumplido con el pago de mayores regalías de las mineras, un mayor control de la tributación, lucha implacable contra la corrupción pública, el narcotráfico, el contrabando y plenas garantías jurídicas para la inversión formal.
Fecha:07/07/2011
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