Jorge Zavaleta Alegre
Guamán Poma de Ayala, en su Crónica del Buen Gobierno, escribió al rey de la Península Ibérica sobre los grandes
excesos en América, como los “abusos de los españoles, la pereza e idolatría de
los indios, la codicia de los caciques y la lujuria de los curas”.
El cronista indígena
Poma (Ayacucho, 1534 - Lima, 1615), era un convencido
racista y aristocrático y creía que el
gobierno debía volver a manos de los caciques de linaje, pues los problemas
habían nacido de la confusión de las castas, de la proliferación de mestizos y
mulatos, de la destrucción de los ayllus y de la usurpación de cacicazgos por
indios del común.
Frente a esta visión de la realidad remarcó
“no hay remedio”; aunque no
dejaba de alabar al rey y a algunas autoridades coloniales.
Este clima, reaparece
como un velado fondo en el Perú del
Siglo XXI, con la expansión del narcotráfico
y la corrupción institucionalizada. Las
alianzas del Estado con empresas
transnacionales conducen a delinquir en
la impunidad.
Una
compilación de Erandi Mejía, Arely Reyes, Ricardo Becerril, Ana Luisa Olivares
e Itzel Rosas abordan los casos de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala y México, en los que presidentes,
funcionarios de alto nivel y empresas están involucrados, respaldado por
fuentes internacionales de reconocida trayectoria.
La
crisis actual de Petrobras es, por
ejemplo, consecuencia de una serie de
factores que se vinculan con la vulnerabilidad del sistema político brasileño a
los actos de corrupción y de impunidad. La llamada operación Lava Jato,
iniciada en marzo de 2014, reveló la existencia de licitaciones fraudulentas de
los contratos de Petrobras.
Chile es considerado internacionalmente como uno de los
países menos corruptos del continente, no obstante, casos como los de Penta,
Soquimich y Caval han mermado considerablemente esta positiva imagen.
Varias y diversas son las acciones que se han tomado en
diferentes países para tratar de enfrentar la corrupción, con magros resultados.
Tras décadas de impunidad absoluta, cobijadas por cruentas dictaduras militares
que azotaron a la región durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX,
hoy en día la prevalencia de medios masivos de comunicación, grupos de la
sociedad civil organizada e instancias de rendición de cuentas en prácticamente
todos los países de la región permiten, al menos, que la población esté
enterada de los actos de corrupción que cometen las élites o neo-caciques de sus respectivos países.
Las organizaciones
sindicales por efecto de la escasez de
trabajo o normas laborales frágiles han llevado a una virtual desaparición de los
movimientos populares, aspecto que comienza a renacer con frecuentes
movilizaciones en calles y plazas.
DE PRADO A HUMALA
La «política de la simulación» es cada vez menos sostenible
en la actual era de la información. Por lo tanto, quedará en manos no sólo de
la clase política, sino también de la opinión pública, presionar a sus gobiernos
por fomentar un cambio, en tanto la TV y
la prensa en general sean vehículos de comunicación social y no voceros
oficiales de mensajes manipulados por el gran capital.
“Contrariamente a la frase final del cronista Guamán Poma de que el “Perú ya no tiene remedio”, en el presente siglo XXI la
ciudadanía ha incubado una incontenible ira por el permanente asalto a
la caja fiscal por sucesivos regímenes
de la etapa republicana. El uso indebido del erario nacional nunca ha sido
castigado sino burlado con la anuencia de la Justicia.
Lo que ocurre ahora, en cuanto a cifras y distorsiones
siempre se ha referido al militar Mariano Ignacio Prado, que en plena Guerra
del Pacífico (Chile-Perú,1879), tras las derrotas navales y terrestres en el
sur, decidió viajar a Europa para comprar armamento, y no más volvió. La clase
dominante nunca ha condenado semejante deserción.
En el 2016, un soldado de origen andino asalta un cuartel de su institución (Locumba en Tacna), audacia barata que le facilita llegar a la primera magistratura, cambiando una hoja de ruta contraria a la que propuso como candidato. Pues la pareja presidencial Humala-Heredia deja el Palacio de Pizarro, firmando seis meses antes de finalizar su mandato, suscribiendo uno de los contratos más lesivos para toda la población, en contubernio con un firma brasileña, y cuyo directivo cumple condena de 19 años, con derecho a “delación”.
En el 2016, un soldado de origen andino asalta un cuartel de su institución (Locumba en Tacna), audacia barata que le facilita llegar a la primera magistratura, cambiando una hoja de ruta contraria a la que propuso como candidato. Pues la pareja presidencial Humala-Heredia deja el Palacio de Pizarro, firmando seis meses antes de finalizar su mandato, suscribiendo uno de los contratos más lesivos para toda la población, en contubernio con un firma brasileña, y cuyo directivo cumple condena de 19 años, con derecho a “delación”.
Resulta inexplicable cómo
el poder político puede, sin argumento
técnico alguno, triplicar el valor de un contrato por un proyecto
de transporte de gas en los andes. Si hace dos años, la firma brasileña Odebrecht
presentó a Proinversión una propuesta
valorizada en 3,500 millones de dólares, en diciembre del 2015, a siete meses
de que termina el mandato el aventurero
comandante y su pareja (Humala-Heredia), ese mismo proyecto se convierte en una sólida alianza público-privada, por una
suma que supera los 11 mil millones de dólares, según una profusa investigación,
que a continuación damos cuenta,
elaborada por un equipo de profesionales liderado por Manuel
Romero Caro, fundador de Gestión, el primer diario de economía y
negocios del Perú, en marzo de 1992.
Hoy en día el Gasoducto Sur Peruano, se encuentra “Bajo la
Lupa” de millones de ciudadanos, que en forma orgánica y con voces cada vez más
altas y sólidos argumentos exigen a la nueva administración del Perú, liderada
por el presidente Pedro Pablo Kuzcynsky, la necesaria revisión del
GSP.
Romero Caro, en tácita
alianza con los conglomerados de prensa de El Mercurio, Panorama Latinoamericano, Cambio16, PerúSemanal, PapeldeArbol y una cadena de organizaciones de
investigación social y económica, advierten
que dada la magnitud de los problemas
que va gestando el indicado megaproyecto gasífero debe ser paralizado o
renegociado porque de seguir en los términos suscritos causa grave perjuicio a
la economía de millones de consumidores de energía eléctrica.
El nuevo Gobierno debería modificar el DS 410 para
posibilitar una renegociación bilateral y una disminución de los irracionales
niveles de subsidio pactados, propone
Romero Caro.
Tanto Odebrecht como los prestamistas tienen quien defienda sus
intereses; pero ¿quién defiende los
intereses de los consumidores?. Debe ser el Estado, el flamante gobierno, no
solo porque es una obligación garantizada por normas nacionales sino para velar la salud, la moral ciudadana y castigar
con severidad la gravísima inconducta de un
gobernante involucrado en uno de
los casos más grandes de mal uso de la caja fiscal de este
país sudamericano de 33
millones de habitantes, donde el 99% del PBI, la
riqueza nacional, se concentra en
el uno (1%) por ciento de sus habitantes.
Los peruanos exigen la inmediata intervención del nuevo Gobierno. ¿PPK y/o el Gabinete Zavala defenderán los intereses de los consumidores o nuevamente quedarán desamparados?
Existe un aspecto que
podría complicar la aprobación de la adenda. Se trata de una manifestación de
David San Frutos, directivo del GSP en
reemplazo de Odb, quien informó que para ejecutar la inversión cuenta dos estudios de abogados extranjeros “de
primer nivel” para que certifiquen que el proyecto GSP es legal y correcto para obtener la concesión del
Estado, enunciado que se habría
obtenido.
Si de equidad se trata, le correspondía haber hecho algo similar al
Estado peruano, pero hasta el cambio de Gobierno, el MEF se habría negado a
gestionar dicho requerimiento.
Aparentemente, el problema sería la preocupación de que en
una eventual delación premiada del expresidente de Odb, Marcelo Odebrecht, este
pueda revelar alguna ilegalidad en el otorgamiento de la concesión.
¿Qué pasaría si el Gobierno emitiera ese certificado de buena
conducta, aprobara la adenda de bancabilidad, la suscribiera y luego, fruto de
las investigaciones de la Policía Federal de Brasil, de la Fiscalía o de una
delación premiada se descubriera que hubo dolo?
Es que la solución de la problemática del GSP es una
verdadera “papa caliente” que le ha dejado el Gobierno de Humala a PPK. Es por
ello que tanto él como Alfredo Thorne, jefe del plan de gobierno, intentaron infructuosamente que el ex MEF
Alonso Segura aprobara la adenda pendiente.
Lo que sucedió es que el ministro Segura, consciente de los riegos
involucrados en dicha firma, fue postergando y postergando la firma de la
adenda del proyecto favorito de la pareja presidencial por varios meses hasta
el cambio de Gobierno. Por lo que se recomienda que el Gobierno renegocie el
contrato del GSP.
El destrabe de los megaproyectos no puede hacerse a cualquier
costo para los consumidores. En una edición de Gestión, Romero Caro explica que “los consumidores de energía
eléctrica tendremos que entregar más de
11,000 millones de dólares en subsidios por el Gasoducto Sur Peruano (GSP)”. Esa suma, según estudios complementarios estaría subiendo y
se estima que podría llegar a 14 mil
millones de dólares, según revelaciones del grupo que sigue.
investigando el caso.
Asimismo, el ingreso del GSP no solo originará una
considerable alza en las tarifas eléctricas (lo que haría inviable la promesa
electoral de PPK en el sentido que en su Gobierno no se iba a elevar dicha
tarifa) sino que unido a otras intervenciones del Estado en el sector, están
generando una serie de distorsiones y deficiencias en la asignación de recursos.
Al extremo que en su
primera manifestación a los medios, el nuevo ministro de Energía (MEM) enfatizó
que “el mercado eléctrico está muy desordenado”.
Teniendo en cuenta la considerable magnitud de los futuros
incrementos de tarifas eléctricas (por el GSP y otros proyectos) llegará un
momento en que la presión ciudadana frente a los aumentos será muy intensa, y
se solicitaría que el Tesoro Público asuma dichas obligaciones (ya se viene
planteando pero todavía muy tímidamente), y ya sabemos cómo reaccionan los
gobiernos antes las movilizaciones sociales.
Por lo que eventualmente se podría ceder; con lo que las
metas de déficit fiscal para el 2017 y 2018 anunciadas por Alfredo Thorne, el jefe de plan de
gobierno de PPK, no podrían ser alcanzadas, con las negativas consecuencias que
acarrearía.
LA RENEGOCIACIÓN
Es muy importante que el Gobierno renegocie el contrato del
GSP, sobre todo en estos momentos en que el Grupo Odebrecht está muy necesitado
de liquidez para afrontar una serie de problemas derivados de los importantes
problemas judiciales que enfrenta.
El GSP, a solicitud de los bancos, requiere que el Gobierno
apruebe y firme una adenda de bancabilidad. Sin embargo, el ministro Tamayo,
del sector Energía, ha manifestado que
ellos no negociarían mientras Odebrecht (Odb)controle el GSP, argumentando
además que los dispositivos legales vigentes establecen que durante los 3
primeros años de concesión solo se permite que se efectúen cambios relativos a
la corrección de errores materiales; al cierre financiero y a ciertos aspectos
operativos.
En efecto, el DS 410- 2015-EF establece lo dicho en el
párrafo anterior. “Tanto Odebrecht como
los prestamistas tienen quien defienda sus intereses; pero ¿quién defiende los
intereses de los consumidores?”.
El Gobierno debería renegociar el contrato del gasoducto al
sur. El considerable monto de subsidios, el significativo aumento en tarifas y
las distorsiones que está generando aconsejan un obligada renegociación de esa inexplicable alianza público privado,
en la cual el Estado pone el capital, sacrificando los magros bolsillos de la
mayoría de consumidores para que un inescrupuloso presidente de la República y
la primera dama, burlando la confianza ciudadana, triplica el
valor de una obra faraónica.
Para llevar el gas del
Cusco al resto de la región sur
de Perú, la firma Odebrecht se presentó
a Proinversión por segunda vez y después de tres años, en
diciembre del 2015, con el mismo proyecto de la firma de Kuntur-Odebechet, pero
por más del doble del valor. Si la primera vez el proyecto implicaba un monto total de 3,500
millones de dólares, en la segunda convocatoria el líder del llamado ”Partido Nacionalista” opta por avalar
ese mismo proyecto por una
suma que de ser concluida la obra implicaría el desembolso
de la caja fiscal de 14 mil millones de dólares, suma en la que se
incluye el alza de las tarifas por consumo de energía, que mes a mes pagan los
consumidores.
Se trata de una
preocupante y aventurera “proeza nacionalista”, una descarada decisión, una
ausencia total de ética en el ejercicio de la Política. Estamos ante el verdadero rostro de un soldado traidor a los intereses de 33
millones de habitantes, vergüenza
y amenaza a la economía popular de un país, donde la anemia infantil crece día a
día, los salarios mínimos son los más bajos
de la región, la salud y la educación por los suelos
y el trabajo cuasi clandestino
de un entorno muy cercano a Montesinos,
el asesor de Alberto Fujimori, que
desde una celda, ambos siguen manejando
en fondo y forma el plan que pensaban continuar mediante su hija
en Palacio de Gobierno, tras una campaña
financiada con dinero del narcotráfico, información revelada por fuentes
norteamericanas en víspera de las
elecciones generales 2016.
¿UNA NUEVA ETICA?
Los bancos extranjeros “solicitaron iniciar un proceso que
asegurase que el consorcio no tuviera ningún vínculo con el caso de corrupción
en Brasil” (Gestión 25.04.2016).
Sobre este tema, fuentes del sector informaron que Odb habría
contratado a dos bancos. La solución de la problemática del GSP es una
verdadera “papa caliente” que le ha dejado el Gobierno de Humala a PPK, remarca
la investigación de Romero Caro.
Un periodista le
comenta al filósofo Robert Spaemann:
“Quizás la época de la globalización, extendida por todas partes y
anunciada a toque de campana, exija una ética económica o política
completamente nueva. ¿Necesitamos una ética mundial de carácter global? ¿Son
las exigencias morales que hoy tenemos ante nosotros de índole tal que resultan
ya insuficientes los intentos de respuesta de toda la ética filosófica que se
ha mantenido hasta hoy?
Robert Spaemann: Vd habla de que quizás
“necesitemos” una nueva ética. Ahora bien, me deja perplejo el solo
planteamiento de que se necesite una nueva ética. Ética es precisamente la
reflexión acerca de lo que realmente es necesario. Por ejemplo, se puede leer
en Hans Küng…. que nosotros necesitaríamos un Weltethos, una “ética universal”.
