Jorge Zavaleta Alegre
Tres ciudadanos, dos hombres y una mujer, visitan las oficinas de un banco peruano, portando una carta fianza para formalizar una operación de crédito. Al principio ellos muestran serenidad de hierro. El documento comienza a ser revisado por una exigente funcionaria a quien no le convence la fidelidad de las rúbricas.
Los tres clientes pasan a un segundo filtro, y la fianza es aceptada, con rapidez asombrosa... Este segundo tamiz es identificado como parte de una mafia… Llega la policía y los cuatro involucrados son llevados a la comisaria e internados a un penal. Cuatro días después la fiscal provincial dispone la libertad de los cuatro, ante la indignación de los policías que ven frustrada su acción ciudadana. Y la primera funcionaria del banco se retira a su domicilio, casi convencida de su frustración laboral. La corrupción se extiende…
Este relato se lee en la prensa, se escucha, se vive en Trujillo, la virreinal ciudad capital de la primavera, donde el enriquecimiento ilícito se extiende en amplios sectores de empresas formales informales, con nuevos protagonistas.
La población de las provincias y regiones vecinas se han trasladado a la capital de La Libertad porque en sus pueblos pequeños la posibilidad de vivir se agota día a día. La minería legal e ilegal, el narcotráfico, el contrabando, la coima, el soborno, universidades de dudoso origen, junto a la diabólica acción delictiva de algunos jueces, va configurando una urbe cada vez más difícil para vivir.
En este maremágnum, el ciudadano se expone a la vulnerabilidad de sus documentos personales, incluyendo las tarjetas de débito y crédito. Tratados de economía advierten que si se logra identificar el "número único e imprevisible" que autentifica las operaciones, los millones de usuarios en todo el mundo podrían ser víctimas de fraude, según lo señala una investigación de la Universidad de Cambridge.
La actual vulnerabilidad del popular método de pago con tarjetas de débito y crédito —que poseen un chip y un número pin— ha sido expuesta por investigadores de esa y múltples casas de estudios.
Meses atrás, los hallazgos, presentados en una conferencia de criptografía en Leuven, Bélgica, muestran que las tarjetas aún pueden ser clonadas, a pesar de las promesas de los bancos que aseguran que los dispositivos están protegidos de cualquier amenaza.
Según los expertos, la razón es la escasa implementación de métodos de criptografía. Por ello, acusan a las instituciones bancarias de ocultar información acerca de las debilidades del sistema.
El trabajo de investigación asegura que aunque el método del chip y la clave secreta ha sido utilizado por más de una década, "solo recientemente ha comenzado a estar bajo el escrutinio de la industria, los académicos y los medios de comunicación".
Cuando alguien saca dinero del cajero automático, se genera "un número imprevisible" para darle autenticidad a la operación.
Se supone que ese código (UN, por sus siglas en inglés), generado por un software en los cajeros y otros equipos similares, se escoge al azar. Sin embargo, los investigadores descubrieron que los equipos menos modernos pueden generar números muy previsibles.
"Si se logra adivinar el UN, será posible grabar todos los datos necesarios para conseguir un acceso momentáneo a la tarjeta y volver a utilizarlos en el futuro", indica la investigación de Mike Bond, según la BBC de Londres. "Es como si se hubiese clonado el chip. Se trata de un ataque planeado".
Más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo realizan transacciones de débito y crédito. Pero el sistema bancario que tiene el Perú carece de eficiencia, y una clonación se convierte en un martirio para el cliente. La demora en resolver una clonación no tiene la respuesta inmediata. Las alarmas no se dan. Algunos bancos recurren a sutiles encuestadoras de los clientes para amainar la indignación y la demora en resolver los errores del sistema.
Todo indica que dentro de un banco existen infiltrados en técnicas de clonación, porque no es casualidad que una tarjeta de crédito vuelve a ser clonada, irregularidad que tras meses de reclamo dan la razón al usuario y se evade toda responsabilidad sobre los gastos en defensa y otros. Las instituciones públicas como SBS e indecopi, actúan con una desesperante parsimonia. Y todo reclamo va quedando en la impunidad. Y la sociedad va perdiendo confianza en la banca.
