Por Jorge Zavaleta Alegre
Los pueblos del sur viven la maldición de los recursos naturales, el resource curse de crecimiento sin desarollo, donde los países mineros  aprenden  poco porque les   falta voluntad. De allí que se proponga "repensar las industrias extractivas".
Las corporaciones ejercen el poder tridimensional: económico, político  y discursivo, sostiene Doris Fuschs, PH.D profesora del Institute for Political Science, y deben ser vistas como  centros de poder e influencia locales, nacionales y globales..Este poder corporativo, business power, ha tendido a crecer y desarrollarse en el mundo actual, al punto  que es considerado uno de los principales actores globales.
Las grandes inversiones mineras
son objeto de un riguroso análisis  desde
las  Ciencias Políticas y Sociales,  reflexiones para un  Buen Gobierno. Doris Fuschs, PH.D profesora del Institute for Political Science, comenta el libro del Dr Francisco
Durand, Poder  político y gobierno minero, el cual  considera doce proyectos   de las mineras modernas  y “se explica mejor recurriendo al concepto
enclave, que permite conocer las posibilidades 
y limitaciones para permitir el desarrollo  de la institucionalidad de la sociedad  civil”
Para Francisco Durand,
experimentado académico egresado de las Universidades de California-Berkeley y
Oxford,  la autorregulación  corporativa tiene límites  fijados por la  defensa del interés  económico, y por lo  tanto la relación
corporación-comunidad-Estado va más allá del lente de la responsabilidad social  corporativa y de  los diálogos.
Explica que el enclave que se
usa en las visiones críticas de la Ciencia Política y Sociología, es una  gran empresa extractivo exportadora,  generalmente 
privada-extranjera, que domina un extenso territorio.
FUNCION DEL ESTADO
En el  Perú, esos enclaves operan en entornos
sociales pobres y de  cultura
indígena  y mestiza, realidades que  hacen urgente 
a las corporaciones  obtener  la “licencia social para operar”.  La alianza que logran con el  Estado 
les  facilita ejercer  el 
control  local,  pero   de un modo que afecta o limita la autonomía y
la capacidad de gestión  y decisión  colectiva 
comunitaria.
“La  realidad cotidiana de cómo actúan en la
práctica diaria las corporaciones en el Perú y otros  países 
parecidos,  alejan la valoración
de que las corporaciones  proponen un
manejo  altruista del entorno sobre la
base del  conocimiento”, expresa el
analista Durand. 
Desde otras perspectivas,
señala  Durand, en algunos casos las  corporaciones son vistas  como “buenas ciudadanas”,  que adoptan las  buenas prácticas, buscan mantener relaciones
horizontales colaborativas  con las
comunidades o  enfatizan en el rol  del diálogo y conflicto en las relaciones con
las comunidades y  el  Estado,  por “medio de acuerdos”, generalmente
frágiles, poco estables y rápidamente 
mutables.
Francisco Durand,  consultor del BID y autor de libros y
artículos sobre las relaciones empresarios –gobierno, en el Perú y América
Latina, actualmente se encuentra 
investigando  a doce  grupos de poder  económico peruanos: 6 de Lima y provincianos.
HISTORIAS DE VIOLENCIA Y MUERTE
Uno de sus más  recientes investigaciones  es el  Cuaderno
de CooperaciónAcción N° titulado Poder político 
y gobierno minero, cuyo enfoque y su aplicabilidad es el Perú,
analizan el modelo económico y doble ritmo de políticas públicas, en el
gobierno caso Tintaya y otros once grandes empresas  mineras
El  período 
de análisis  se centra en la  gestión 
gubernamental de Alejandro  Toledo
(2001-2006)  y Alan  García (2006-2011), cuyos conflictos
socioambientales  originaron la
suspensión de 34 proyectos de inversión.
Entre diciembre  del 
2011 y julio del 2012, al inicio 
del gobierno de  Ollanta  Humala (2011-2016) se  suspendieron 
16  proyectos mineros más y se
paralizaron definitiva o temporalmente US$422,000 millones de inversiones.
Entre  los años 
2006 y 2011, los  conflictos
socioambientales resultaron en 219 
muertos y 2,781 heridos, revelando la cantidad e intensidad de las  protestas la 
dura respuesta  policial.
Dada la alta  conflictividad,  el doctor 
Durand  señala,  osciló  entre la represión o  la organización  de Mesas 
de Diálogo. Pues al comienzo del 
gobierno  de Humala, solo  en el caso del  proyecto 
minero Conga, el  saldo fue de 5 muertos
y 150 heridos.
Al  2014, la protesta amainó al  suspenderse las inversiones mientras  el gobierno dialogaba con 92 comunidades
buscando  acuerdos en las Mesas de
Diálogo, recientemente  creadas.
Las industrias  extractivas (las más  importantes de la economía, empezando por la
minería,  generan dinámicas de poder
donde al aumentar las inversiones aumentan los conflictos y  se desarrolla 
tarde y mal la institucionalidad.
jorgez@telefonica.net.pe

 
