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| Dr, Gonzalo García, Presidente Anticorrupción |
Además, la CAN solicita que la Fiscalía de la Nación interponga una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional - TC contra la mencionada Ley 29703, para que se elimine del sistema jurídico, no sólo a partir de la fecha en que se expida la sentencia, sino también para atacar los posibles efectos de la “retroactividad benigna” en que algunos puedan ampararse aún estando derogada.
Tales decisiones se suman a la elección del actual titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ingeniero Gonzalo García Núñez, como nuevo Presidente de la CAN, en sesión del 4 de Julio, en Palacio Nacional de Justicia.
El CNM está integrado por siete Consejeros elegidos en votación secreta: Uno, por los miembros titulares de la Corte Suprema. Uno por la Junta de Fiscales Supremos. Uno por los Rectores las universidades nacionales. Uno por los Rectores de las universidades particulares. Uno por los agremiados en los distintos Colegios de Abogados del País, en elecciones organizadas por la ONPE. Dos por los agremiados en los demás colegios profesionales (ingenieros, contadores públicos, médicos, economistas, sociólogos, etc).
García Núñez tendrá una inmensa responsabilidad, en tanto reemplaza al doctor César San Martín Castro, notable magistrado, conocido por haber presidido el tribunal que juzgó y condenó al ex presidente Fujimori a 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos y corrupción generalizada.
El jurista San Martín, manifestó que García Núñez por su experiencia, trayectoria profesional y la función que cumple ayudará a promover una cultura contra la corrupción y la institucionalidad del país. La función de la CAN será articular los esfuerzos de la sociedad civil y llevarlos hacia objetivos concretos, eficientes y rápidos.
A continuación una entrevista con el flamante Presidente de la CAN, quien remarca la trascendencia de la participación de catorce instituciones, donde cada una desarrolla un conjunto de medidas que sean ejecutables, proyectos y normas contra la corrupción y en especial medidas disciplinarias en la administración pública en sus distintos modos de ejercicio. La tarea será buscar un tratamiento armónico y un conjunto de medidas integradas en un solo paquete que permita cumplir objetivos concretos.
-¿En nuestra sociedad abundan leyes y mecanismos para mejorar la justicia. Casi nadie se opone públicamente a los esfuerzos contra la corrupción. Sin embargo, no hay confianza en este tipo de anuncios y gestos moralizadores?
GGN. Efectivamente, para lograr la transparencia de una gestión se tienen que modernizar las instituciones, acortar los procesos, incorporar tecnologías de información para realizar rápidos procesos administrativos y mejorar la gestión pública. Un tema central es la efectividad en la lucha contra la corrupción. Todos los instrumentos administrativos deben permitir una rápida ejecución. Una resolución tiene salir en el día. Un acuerdo del directorio debe caminar de inmediato. Los reclamos deben hacerse dentro de los plazos razonables. Se trata de construir una eficiencia para evitar el mecanismo dilatorio que permite la corrupción. Las sanciones eficaces no deben generar rehabilitaciones y reingresos de los mismos que cometieron irregularidades.
-Durante el fujimorsimo se montaron, presuntamente, varias reformas del Poder Judicial, que se tradujeron solo en costosa infraestructura física financiadas con endeudamiento externo, como los llamados módulos de Justicia. Las placas de esos edificios son la prueba irrefutable de la ineficacia de los proyectos, porque sus principales promotores están presos, fugitivos o han fallecido. ¿Cómo va a funcionar la articulación con el Poder Judicial?
GGN. Desde hace algunos meses, con mi gestión en la CNM hemos convenido con el PJ un conjunto de acciones. Tenemos un convenio, basado fundamentalmente en la modernización de nuestro proceso de evaluación, selección, ratificación, destitución de magistrados, a partir del uso del expediente virtual, la firma electrónica, y que todos los procedimientos administrativos sean transparentes para el público, dentro de un plan anticorrupción.
La AID nos está poniendo un sistema de software muy avanzado para los procesos disciplinarios. Y con el Poder Judicial, a través de tecnologías de información, con telemática, con modernización, podremos ingresar a la gestión de los procesos para desde allí acelerar la gestión. Con nuevas tecnologías, se pueden conocer los resultados y aplicar un sistema garantista, es decir de respeto a los derechos fundamentales de los acusados, para evitar los mecanismos persecutorios. Se parte de la presunción de la inocencia, pero también, en el momento en que se encuentra que la acusación es fundamentada se actúa y se aplica la pena en plazos inmediatos.
El garantismo es bueno porque evita cualquier presunción de acusación indebida, pero al mismo tiempo da la posibilidad de ejercitar la función y no hay forma de justificar la dilatación o perturbación del proceso, es decir frustrar la administración de justicia. En este campo el PJ está avanzando en forma muy intensa. Nosotros acompañamos, desde el Consejo de la Magistratura y desde la Fiscalía, con el uso de la telemática que facilita la comunicación nacional. Son mecanismos que están actuando muy directamente en distintas instituciones. Todo esto permitirá un trabajo más efectivo de la CAN.
Necesitamos en definitiva el respaldo político, para acelerar los proseos anticorrupción. Entiendo que eso lo que esperan todas las instituciones.
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| Corte Suprema del Perú |
-Ud. cree que esE respaldo político se dé en la dimensión que esperan, empezando por Ud. que fue parte del equipo del presidente electo Ollanta Humala.
GGN. En el 2006 acompañé al candidato presidencial Ollanta Humala como postulante a la vicepresidencia de la República y com parte responsable del programa “por la gran transformación nacional”. Naturalmente, para la función actual, no forma parte la actividad partidaria. Respetando las normas constitucionales y todos los canales legales, no tengo ninguna filiación partidaria.
Independientemente de esto y cualquiera sea la opción partidaria que haya escogido el país creo que es indispensable una acción sincronizada en todos los poderes del Estado – Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y en el caso de instituciones como la CAN. Dentro de esta sincronización queremos entregar un paquete de medidas eficiente, rápido, eficaz, Creo que eso es lo que significa el voto de la población, por una clara y eficaz lucha contra la corrupción.
Saludaremos al Presidente electo y le trasmitiremos nuestro programa de acción. Como presidente de la CAN y antes del CNM, nuestra preocupación es hablar con el Presidente Humala y encontrar consensos para actuar.
-Cuál va a ser la reacción frente a la Legislación que pretende salvar de responsabilidad a los corruptos del régimen que fenece, según la ley 297703.
GGN. La CAN ha acordado por unanimidad plantear observaciones a esa disposición legal, y en especial para que no siga surtiendo efecto. Esperamos que la decisión del Tribunal Constitucional paralice en adelante cualquier efecto de esa norma. Hacia atrás hay procedimientos modificatorios, en especial de aquellos que trataban de enervar el hecho, con una colusión que quiere ser mitigada por esa ley en términos de relación o no relación patrimonial con el Estado.
Entonces al eliminarse el instrumento presuntivo que había antes, se estaban creando condiciones para quienes habían delinquido en actividades ilícitas con terceros y exceptuando a los perjuicios patrimoniales con el Estado.
Esa norma casi tiene nombres propios, porque están vinculados a los recientes procesos judiciales abiertos.
-¿Inclusive con la propuesta anunciada, quedaría paralizado el efecto de esa norma. Estaría aún abierta una ventana para los corruptos?
GGN. Tiene un alto riesgo político, porque quienes se aprovechen se pondrán en evidencia quienes habrían impulsado esa ley. Quien pretenda beneficiarse con esta norma, evidentemente estaría vinculado a procesos de corrupción.
-¿Presupuesto para la CAN?
GGN. Cada una de las instituciones tiene dentro de sus estructuras presupuestales el compromiso vinculado a programas anticorrupción. Además existe una fuente de recursos ligados a la cooperación internacional. Propiciaremos que esta misma acción se lleve adelante en las regiones. Tiene que crearse en las municipalidades y en la sociedad civil.
Hay dos fuerzas motoras: el conjunto de instituciones y la CONFIEP que representa a los empresarios y viene expresando voluntad de lucha firme contra la corrupción. Estos elementos movilizadores de la sociedad civil se suman al Acuerdo Nacional, que preside el Dr. Max Hernández.
También es importante resaltar la labor de la prensa en la construcción de la conciencia nacional en materia de corrupción. Según una encuesta de la PUCP los peruanos tenemos una apreciación negativa sobre la función pública. Hay una tarea muy fuerte de reconstrucción de ideas, de modos, de hábitos, de costumbres, de educación y de contenidos. El 90% de la población se informa a través de la TV.
¿El tema de la educación es clave, qué hacer con un país único y diverso a la vez?
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| Congreso del Perú, en Centro Hisgorico de Lima |
Nuestra sociedad es diversa, pluricultural, con expresiones lingüísticas propias. Hay una tarea muy importante de accesibilidad. Es decir de conocimiento y respeto de los valores. Es deber compartirlos y tener mecanismos para superar las fricciones culturales. No pueden repetirse sucesos tan lamentables como Bagua y Puno, chocando con la institucionalidad política. Hay que valorar a las minorías étnicas del país en el campo de la justicia, en los ámbitos pluriculturales, en las lenguas quechua, aymara y de los 34 grupos etnolingüísticos. Hay un campo amplísimo de trabajo donde el Ministerio de Educación tiene que cumplir. Lo primero que haremos es conversar con el Ministro de Educación y plantearle estas dificultades y encontrar consensos.
Hace poco el Poder Judicial desarrolló este tema con gran precisión. Varios vocales como Landa, Rodríguez, Prado y expertos italianos realizaron un adecuado balance y manejo de la diversidad jurídica, dentro del concepto del Pluralismo Jurídico.
La corrupción es un fenómeno que atraviesa la sociedad. ¿Cómo enfrentar la informalidad en la producción, que supone violaciones de las leyes laborales, ambientales…?
La lucha contra la informalidad está vinculada a una estrategia económica fundamentalmente. Y eso significa una dotación de factores y de agentes que les asegure un margen pequeño. Si no se tiene un margen de sobrevivencia no se va a formalizar. La tarea no es perseguirlos para que funcione el IGV. La tarea principal es hacer que produzcan para que puedan pagar el IGV. Hay una diferencia clara con el “legalismo”, que después de 30 años de praxis creo que ha fracasado. La pequeña producción tanto agrícola como industrial demanda capital a bajo costo, mezcla de fondos que le reduzca el costo del dinero, más acceso a recursos tecnológicos para contar con mano eficiente y económica. Además, acceso al mecanismo de Indecopi y otros elementos para facilitar el camino a la formalidad.
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HOJA DE VIDA.
El Dr. Ing. Gonzalo García Núñez es profesor con cuarenta años de experiencia en el sector universitario, especialmente de la UNI. Ha sido miembro del Foro Democrático y ha estado presente en varias jornadas democráticas. Es colaborador de diversas publicaciones nacionales y del exterior en temas de desarrollo. Dr. en economía por la universidad de Grenoble. Es docente del Instituto Geopolítico Rennes de Gran Bretaña en la región francesa, y acaba de ganar el concurso de la Cátedra de las Américas.
Ha sido decano del Colegio de Ingenieros. Ha participado en varios proyectos regionales, especialmente en Huancavelica y Caravelí - Arequipa, con organizaciones como Desco, para emprender propuestas de lucha contra la pobreza y en la construcción de ciudades saludables con incorporación de energías renovables, telecentro y vinculación informativa.
