La legitimación y deslegitimación de la violencia revolucionaria en el Perú: Jan Lust

http://www.lahaine.org/mundo.php/legitimacion-y-deslegitimacion-de-la

(27 de junio de 2016)

Breve introducción publicado en Argenpress Jorge Zavaleta, Corresponsal en Lima: http://cultural.argenpress.info/2014/05/la-izquierda-peruana-en-el-siglo-xxi.html

https://www.youtube.com/watch?v=B22hpAye1cc

Conferencia de Jan Lust, autor del libro: 

"LA LUCHA REVOLUCIONARIA", en el Perú 1958-1967.

Una evaluación de la justificación de la violencia revolucionaria por parte de la izquierda revolucionaria armada de las décadas de 1960 y 1980

La izquierda peruana tiene una historia marcada por el uso de violencia política. Seis años después de la Revolución Cubana, guerrilleros peruanos trataron de “copiar” la experiencia cubana pero fallaron dramáticamente. Los guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron vencidos en enero de 1966 después de siete meses de batalla.

En 1980, con el retorno de la democracia tras 12 años de la dictadura militar, el Partido Comunista del Perú – Por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui (PCP-SL) inició su lucha guerrillera que duró, según la organización, hasta 1993 (un año después de la captura de sus líderes). En 1982, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) empezó sus acciones armadas. Aunque en 1996 el MRTA obtuvo fama mundial cuando tomó la residencia del embajador japonés en la capital de Perú Lima, sin embargo, en 1992, la organización ya había entrado en un proceso de descomposición cuando fue capturado su líder principal Víctor Polay.

Los guerrilleros de las décadas de sesenta y ochenta se basaron principalmente en los pensamientos de Lenin, Castro, Guevara y Mao para justificar el uso de la violencia revolucionaria. Aunque no se puede comparar la situación política y económica del Perú en la década de sesenta con la situación al final de la década de setenta y a principios de la década de ochenta, es interesante observar que la izquierda revolucionaria armada en el Perú utilizó, en términos generales, las mismas razones y las mismas categorías políticas y económicas para justificar el uso de la violencia revolucionaria.

El propósito de este artículo es analizar la legitimación del uso de la violencia revolucionaria por el MIR, el ELN, el PCP-SL y el MRTA. Con el fin de elaborar una evaluación completa de la justificación del uso de la violencia revolucionaria por estas organizaciones, consideramos necesario (i) indagar en los principales puntos de vista de Lenin, Castro, Guevara y Mao, y otros, que formaron la “base teórico” para la justificación de la violencia revolucionaria por parte de las organizaciones guerrilleras peruanas; (ii) comparar estos puntos de visto con los documentos de “nuestras” organizaciones políticas-militares; y, (iii) elaborar un análisis político, económico y social de los años anteriores a los brotes guerrilleros con el fin de determinar si existía una situación revolucionaria en el país, como argumentaron estas organizaciones para justificar el uso de la violencia revolucionaria.

Este análisis contribuye a la historiografía de las organizaciones guerrilleras en general y a las organizaciones armadas peruanas en particular, ya que ayudará a entender la derrota de estas organizaciones sobre la base de sus propias perspectivas teóricas. Contribuye a la comprensión de los debates sobre la legitimación y deslegitimación de la violencia revolucionaria puesto que examina, en el caso del Perú, la situación política, económica y social concreta y se relaciona esta situación con los conceptos marxistas y/o leninistas que fundamentaron el inicio de las acciones armadas.

Este documento está estructurado en 8 secciones. En la sección 1 presentamos los principales puntos de vista teóricos marxistas que formaron la base para la justificación del uso de la violencia revolucionaria por parte de las organizaciones guerrilleras peruanas. Sección 2 analiza el contexto político y económico de la década de sesenta y en sección 3 presentamos los puntos de visto del MIR y del ELN sobre el uso de la violencia revolucionaria. Sección 4 analiza el contexto político y económico de las décadas de setenta y ochenta y en sección 5 presentamos la legitimación del uso de la violencia revolucionaria por parte del PCP-SL y del MRTA. Sección 6 determina si existía una situación revolucionaria en el Perú al comienzo de la década de sesenta y al final de la década de setenta y al comienzo de la década de ochenta. En sección 7 hacemos una comparación entre las cuatro organizaciones guerrilleras en relación a las razones “adicionales” que justificaron la violencia revolucionaria. En la sección 8 presentamos nuestras conclusiones.

1. La legitimización de la violencia revolucionaria: la “teoría”

Las discusiones sobre el uso de la violencia revolucionaria para avanzar en un proceso hacia la destrucción del sistema capitalista y para instalar el socialismo nunca han sido debates teóricos abstractos. Las organizaciones políticas revolucionarias que utilizaron la violencia revolucionaria se basaron en el desarrollo político, económico y social de sus respectivas sociedades. Los objetivos de las organizaciones políticas revolucionarias y el desarrollo de la sociedad no pueden ser separadas para analizar la legitimación y deslegitimación de la violencia revolucionaria.

No obstante la relación estrecha entre sus objetivos y el desarrollo de sus sociedades, las organizaciones políticas revolucionarias se han basado en diferentes autores marxistas para legitimar el uso de la violencia revolucionaria. En el caso de la guerrilla peruana, Lenin, Mao, Guevara y Castro destacan.

Esta sección tiene como objetivo revisar los puntos de vista de estos marxistas sobre la legitimación del uso de la violencia revolucionaria. Esta revisión nos ayudará a enmarcar teóricamente nuestro análisis sobre la justificación del uso de la violencia por las organizaciones revolucionarias peruanas.

Como argumentemos arriba, la legitimación del uso de la violencia por las organizaciones políticas revolucionarias no puede ser desconectada de su análisis de la sociedad. En caso que existía una situación revolucionaria, la violencia revolucionaria fue legitimada. En su trabajo “La bancarrota de la II Internacional”, Lenin (1970a: 310) describe una situación revolucionaria de la siguiente manera: “Para un marxista es indiscutible que una revolución es imposible sin una situación revolucionaria, aunque no toda situación revolucionaria conduce a la revolución. ¿Cuáles son, en términos generales, los síntomas distintivos de una situación revolucionaria? Estamos seguros de no equivocarnos cuando señalamos los siguientes tres síntomas principales: 1) cuando es imposible para las clases gobernantes mantener su dominación sin ningún cambio; cuando hay una crisis, en una u otra forma, entre las “clases altas”, una crisis en la política de la clase dominante que abre una hendidura por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no basta, por lo general, que “los de abajo no quieran” vivir como antes, sino que también es necesario que “los de arriba no puedan vivir” como hasta entonces; 2) cuando los sufrimientos y las necesidades de las clases oprimidas se han hecho más agudos que habitualmente; 3) cuando, como consecuencia de las causas mencionadas, hay una considerable intensificación de la actividad de las masas, las cuales en tiempos “pacíficos” se dejan expoliar sin quejas, pero que en tiempos agitadas son compelidas, tanto por todas las circunstancias de la crisis como por las mismas “clases altas”, a la acción histórica independiente. Sin estos cambios objetivos, que son independientes de la voluntad, no solo de determinados grupos y partidos sino también de la voluntad de determinadas clases, una revolución es, por regla general, imposible. El conjunto de estos cambios objetivos es precisamente lo que se llama situación revolucionaria.”

Para que una situación revolucionaria pueda llevarse a una revolución, a las condiciones objetivas tienen que juntarse las condiciones subjetivas; es decir, “la habilidad de la clase revolucionaria para realizar acciones revolucionarias de masas suficientemente fuertes como para destruir (o dislocar) el viejo gobierno, que jamás, ni siquiera en las épocas de crisis “caerá” si no se lo “hace caer”” (Lenin, 1970a: 310).[1] En “La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo”, Lenin (S/F: 405-406) formula las condiciones para la revolución de la siguiente forma: “La ley fundamental de la revolución, confirmada por todas ellas, y en particular por las tres revoluciones rusas del siglo XX, consiste en lo siguiente: para la revolución no basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo como viven y exigen cambios; para la revolución es necesario que los explotadores no puedan seguir viviendo y gobernando como viven y gobiernan. Solo cuando las “de abajo” no quieren y los “de arriba” no pueden seguir viviendo a la antigua, solo entonces puede triunfar la revolución. En otras palabras, esta verdad se expresa del modo siguiente: la revolución es imposible sin una crisis nacional general (que afecte a explotados y explotadores). Por consiguiente, para la revolución hay que conseguir, en primer lugar, que la mayoría de los obreros (o, en todo caso, la mayoría de los obreros conscientes, reflexivos, políticamente activos) comprenda a fondo la necesidad de la revolución y esté dispuesta a sacrificar la vida por ella; en segundo lugar, es preciso que las clases dirigentes atraviesen una crisis gubernamental que arrastre a la política hasta a las masas más atrasadas (el síntoma de toda revolución verdadera es la decuplicación o centuplicación del número de hombres aptos para la lucha política pertenecientes a la masa trabajadora y oprimida, antes apática), que reduzca a la impotencia al gobierno y haga posible su rápido derrocamiento por los revolucionarios.”

Es importante mencionar que Castro también ha referido a condiciones objetivas y subjetivas. Sin embargo, estas condiciones tenían que ver con el proceso revolucionario. Como decía Hart Dávalos (1967: 10), uno de los líderes del Movimiento de 26 de Julio, “en algunas oportunidades se ha confundido nuestra afirmación de que hay condiciones con la concepción leninista de situación revolucionaria. Cuando hablamos de condiciones no nos estamos refiriendo a lo que en el criterio estricto de Lenin se señalaba como situación revolucionaria. Si nos atenemos a lo que Lenin llamó situación revolucionaria, podríamos concluir que no existe tal situación en el continente. Ahora bien, en América Latina hay condiciones económicas, sociales y políticas para crear, con el desarrollo de la guerra popular, situaciones revolucionaria”. Según Castro (1966a) “de lo objetivo y lo subjetivo se refiere, lo primero, a las condiciones sociales y materiales de las masas, es decir, sistema de explotación feudal de la tierra, de explotación inhumana de los trabajadores, miseria, hambre, subdesarrollo económico, en fin, todos esos factores que producen desesperación, que producen por sí mismos un estado de miseria y de descontento en las masas. Esos son los llamados factores objetivos: masas explotadas de campesinos, de obreros, intelectuales descontentos, estudiantes, en fin... Yo no diría intelectuales descontentos, pero sí intelectuales oprimidos. Y los factores subjetivos son los que se refieren al grado de conciencia que el pueblo tenga.”[2]

Lenin (1961: 801) consideraba que el camino hacia el socialismo era violento. En su “Programa de la revolución proletaria” argumentaba que las “guerras de clases” eran necesarias “para alcanzar ese bello porvenir”. Según el líder de la Revolución Rusa, “una clase oprimida que no aspirase a aprender el manejo de las armas, a tener armas, esa clase oprimida sólo merecería que se la tratara como a los esclavos. Nosotros, si no queremos convertirnos en pacifistas burgueses o en oportunistas, no podemos olvidar que vivimos en una sociedad de clases, de la que no hay ni puede haber otra salida que la lucha de clases. En toda sociedad de clases ─ya se funde en la esclavitud, en la servidumbre, o, como ahora, en el trabajo asalariado─, la clase opresora, está armada. No sólo el ejército regular moderno, sino también la milicia actual ─incluso en las repúblicas burguesas más democráticas, como, por ejemplo en Suiza─ representan el armamento de la burguesía contra el proletariado. Esta es una verdad tan elemental, que apenas si hay necesidad de detenerse especialmente en ella. Bastará recordar el empleo del ejército contra los huelguistas en todos los países capitalistas. El armamento de la burguesía contra el proletariado es uno de los hechos más considerables, fundamentales e importantes de la actual sociedad capitalista. ¡Y ante semejante hecho se propone a los socialdemócratas revolucionarios que planteen la “reivindicación del desarme”! Esto equivale a renunciar por completo al punto de vista de la lucha de clases, a renegar de toda idea de revolución. Nuestra consigna debe ser: armar al proletariado para vencer, expropiar y desarmar a la burguesía. Esta es la única táctica posible para la clase revolucionaria, táctica que se desprende de todo el desarrollo objetivo del militarismo capitalista y que es prescrita por este desarrollo” (Lenin, 1961: 802).

En su trabajo “La guerra de guerrillas”, Lenin (1906) consideraba que “la lucha de guerrillas es una forma inevitable de lucha en un momento en que el movimiento de masas ha llegado ya realmente a la insurrección y en que se producen intervalos más o menos considerables entre “grandes batallas” de la guerra civil”. En ciertos tiempos de crisis política y económica, “la lucha de clases, al desenvolverse, se transforma en guerra civil abierta, es decir, en lucha armada entre dos partes del pueblo. En tales períodos, el marxista está obligado a tomar posición por la guerra civil. Toda condenación moral de ésta es completamente inadmisible desde el punto de vista del marxismo. En una época de guerra civil, el ideal del Partido del proletariado es un partido de combate”.

Mao ha escrito mucho sobre cómo llevar a cabo la lucha guerrillera, sin embargo, no tanto sobre las razones por las cuales se debe usar la violencia revolucionaria para instalar el socialismo. Es importante señalar eso porque sobre todo la guerrilla del PCP-SL se ha basado en los escritos de Mao.

Mao hace una diferencia entre una guerra justa y una guerra injusta. Es decir, se debe “oponer la guerra revolucionaria a la guerra contrarrevolucionaria”. Las guerras contrarrevolucionarias son guerras injustas. Con la guerra revolucionaria se pondrá “fin a la época de guerra en la historia de la humanidad”. Esta guerra “es la bandera de la salvación de la humanidad” (Mao Tse Tung, 1967: 87).

La guerra justa no se puede librar sin el pueblo. En su “Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria en China” dice que “una guerra librada por la gran mayoría de la humanidad y del pueblo Chino es incontestablemente una guerra justa” (Mao Tse Tung, 1967: 87). De eso desprende el consejo de Mao que si los objetivos políticos de la guerrilla “no coinciden con las aspiraciones de la gente”, no se pueda ganar su simpatía, su cooperación y su apoyo. La guerra de guerrillas “se deriva de las masas y se apoya en ellos”. Además, la guerrilla no “puede existir ni prosperar si se separa” de las “simpatías y cooperación” del pueblo (Mao Tse Tung, 2007: 43-44).

Bayo (2005: 19), el entrenador militar español de la guerrilla de Castro, consideraba que la guerrilla siempre será derrotada cuando se levanta contra un gobierno que no es enemigo del pueblo o cuando no es una dictadura. También Castro pensaba que en democracia no se debe usar la violencia revolucionaria. En su discurso en la conmemoración del noveno aniversario del asalto al palacio presidencial el 13 de marzo de 1966 decía “que cuando en un país todas las vías no están cerradas ─como ocurre en la inmensa mayoría de los pueblos de América Latina─ la lucha armada revolucionaria no se pone a la orden del día” (Castro, 1966b).

Guevara no descartaba que también en democracia se pueda usar la violencia revolucionaria. Decía que el combate podría empezar cuando se ha agotado “los medios pacíficos” de lograr la liberación del pueblo (Guevara, 1977a: 71; 1977b: 229). En su trabajo “Guerra de guerrillas: un método”, Guevara (1977c: 209) dice que “no debemos admitir que la palabra democracia, utilizada en forma apologética para representar la dictadura de las clases explotadoras, pierda su profundidad de concepto y adquiera el de ciertas libertades más o menos óptimas dadas al ciudadano. Luchar solamente por conseguir la restauración de cierta legalidad burguesa sin plantearse, en cambio, el problema del poder revolucionario, es luchar por retornar a cierto orden dictatorial preestablecido por las clases sociales dominantes: es, en todo caso, luchar por el establecimiento de unos grilletes que tengan en su punta una bola menos pesada para el presidiario. En estas condiciones de conflicto, la oligarquía rompe sus propios contratos, su propia apariencia de «democracia» y ataca al pueblo, aunque siempre trate de utilizar los métodos de la superestructura que ha formado para la opresión. Se vuelve a plantear en ese momento el dilema: ¿Qué hacer? Nosotros contestamos: La violencia no es patrimonio de los explotadores, la pueden usar los explotados y, más aún, la deben usar en su momento.”

La discusión en círculos marxistas sobre el momento del inicio de la guerra de guerrillas o del uso de la violencia revolucionaria para instalar el socialismo fue enriquecida por el debate sobre las calidades de la guerrilla. Según Guevara (1962), la lucha armada funcionaría como un catalizador que podría “haciendo nacer una conciencia” […] de la necesidad de un cambio en una situación social dada y a la certeza de la posibilidad de ese cambio”, es decir, la conciencia necesaria para desarrollar la revolución. En 1966, Castro (1966c) decía que “no hay mejor maestro de las masas que la misma revolución, no hay mejor motor de las revoluciones que la lucha de clases, la lucha de las masas contra sus explotadores. Y fue la propia Revolución, el propio proceso revolucionario quien fue creando la conciencia revolucionaria. […] No hay mejor maestro de las masas que la misma revolución, no hay mejor motor de las revoluciones que la lucha de clases, la lucha de las masas contra sus explotadores. Y fue la propia Revolución, el propio proceso revolucionario quien fue creando la conciencia revolucionaria. […] Y el verdadero revolucionario no espera que esos llamados factores subjetivos se den de una manera cabal.”[3]

2. Contexto político y económico de la década de sesenta

En los años cincuenta y sesenta América Latina fue el patio trasero de los Estados Unidos. Dominaron las esferas económicas y políticas. Los monopolios norteamericanos controlaban la producción de 22 productos primarios estratégicos, entre ellos el 90% de cobre, el 95% del plomo, el 98% de zinc, el 70% de plata, el 62% del hierro y más del 50% de la producción de petróleo (Uschner: 1975: 31). En 1957, el valor de los productos que América Latina exportó a los Estados Unidos era casi la mitad de todas sus exportaciones. Las empresas norteamericanas establecidas en América Latina tenían una participación de alrededor del 80% en estas exportaciones (Halperen, 1973: 57).

Las inversiones de los capitalistas estadounidenses fueron muy lucrativas. Lo que salió de América del Sur, debido al constante deterioro de los términos comerciales junto con los ingresos generados por la inversión y las amortizaciones e intereses de la deuda, fue tres veces superiores a lo que teóricamente entró a través de la Alianza para el Progreso (Debray, 1968: 188).[4] En los años 1960-1966 los monopolios de los EE.UU. llevaron 11.5 mil millones dólares de América Latina (Uschner, 1975: 33).[5] Galeano (1984): “En el periodo 1950-1967, las nuevas inversiones norteamericanas en América Latina totalizaron, sin incluir las utilidades reinvertidas, 3.921 millones de dólares. En el mismo periodo las utilidades y dividendos remitidos al exterior por las empresas sumaron 12.819 millones. Las ganancias drenadas han superado en más de tres veces el monto de los nuevos capitales incorporados a la región”.[6]

La Revolución Cubana de 1959 cambió la situación política en América Latina. El éxito de la Revolución Cubana inspiró los pueblos de América Latina a reforzar la lucha contra sus enemigos de clase. En el período 1959-1962 había un rápido incremento de movimientos guerrilleros en una gran cantidad de países.

La mejor expresión del estado de ánimo y el impulso de estos días era “La Segunda Declaración de La Habana”, el manifiesto de la revolución latinoamericana: “Con lo grande que fue la epopeya de la independencia de América Latina, con lo heroica que fue aquella lucha, a la generación de latinoamericanos de hoy les ha tocado una epopeya mayor y más decisiva todavía para la humanidad. Porque aquella lucha fue para librarse del poder colonial español, de una España decadente, invadida por los ejércitos de Napoleón. Hoy les toca la lucha de liberación frente a la metrópoli imperial más poderosa del mundo, frente a la fuerza más importante del sistema imperialista mundial, y para prestarle a la humanidad un servicio todavía más grande del que le prestaron nuestros antepasados. Pero esta lucha, más que aquella, la harán las masas, la harán los pueblos; los pueblos van a jugar un papel mucho más importante que entonces; los hombres, los dirigentes, importan e importarán en esta lucha menos de lo que importaron en aquella. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados; la van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas; epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño; rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui.” (Castro, 1971: 170-171)

La Revolución Cubana y “La Segunda Declaración de La Habana” dejaron huellas claras en la mente de exguerrilleros peruanos. Héctor Béjar (1990: 363-364), excomandante del ELN, escribió: “Para los comunistas, la Revolución Cubana planteaba cuestiones que hasta ese momento no habían existido en el debate político: la cuestión de la toma del poder como objetivo del movimiento revolucionario; la posibilidad de hacer la revolución como objetivo inmediato y no lejano; la posibilidad de la lucha armada; el carácter prescindible de aportar la ideología marxista-leninista para hacer la revolución en América Latina; la calidad revolucionaria de sectores de la pequeña burguesía por encima del proletariado clásico, de cuya acción se había esperado hasta entonces una revolución futura; el rol revolucionario del campesinado, que ya había demostrado en el curso de la revolución china; la relativa obsolescencia de los partidos comunistas como instrumentos adecuados para hacer la revolución.”

Alain Elías, exdirigente del ELN, también tiene una opinión muy clara respecto al efecto de la Revolución Cubana. Él dice: “La Revolución Cubana es la que pone sobre el tapete la lucha armada por la lucha electoral. Hasta antes de la Revolución Cubana no se consideraría la lucha armada sino la lucha electoral, la famosa acumulación de fuerzas. Hasta ahora están acumulando fuerzas.” (entrevista, Elías, 14/05/2003) Citando un documento del ELN de 1965, dice además: “El advenimiento de la Revolución Cubana quebró para siempre el mito geopolítico de la impotencia revolucionaria en América Latina. […] La Revolución Cubana señaló además que el único camino a seguir para la conquista y la liberación nacional es la lucha armada porque las clases explotadores no abandonarán jamás el poder de manera pacífica. […] La Revolución Cubana demostró finalmente que las condiciones subjetivas toman impulso y se desarrollarán graciosamente en favor la lucha guerrillera” (entrevista, Elías, 07/05/2003).[7]

La Revolución Cubana trajo consigo una nueva fuerza política en América Latina, el castrismo, que fue de opinión de que no era necesario esperar hasta que todas las condiciones estén presentes para iniciar la lucha armada porque el mismo inicio del foco guerrillero contribuye a crearlas. Aníbal Quijano, sociólogo peruano, comentó sobre la influencia del castrismo de la siguiente manera: “Además a la Revolución Cubana, el castrismo hizo una contribución fundamental a América Latina: la ruptura con las bases socio-psicológicas e ideológicas (no tanto teórica) del reformismo y el burocratismo, tradicional para movimientos de izquierda. El castrismo colocó por primera vez ante las masas y los revolucionarios el problema concreto del poder y, con su ejemplo victorioso, desató la imaginación y la acción hacia ese objetivo” (Cordero y Hernández, 1973: 58). La CIA (1962a: 4) escribió lo siguiente sobre el castrismo: “El aspecto más peligroso del castrismo era su gran atracción como símbolo del cambio revolucionario y la certeza nacionalista en América Latina. La propaganda de Cuba ha tomado ventaja de este hecho y ha sido sin duda una influencia más importante en la situación de América Latina que otras actividades subversivas de Castro. Durante los años 1960 y 1961, el castrismo se convirtió en una fuerza que tenía que tomarse en cuenta políticamente en varios países de América Latina. Algunos gobiernos se sintieron obligados a moverse en la dirección de posiciones más neutrales y de izquierda”.

El efecto de la Revolución Cubana en los políticos y militares de los Estados Unidos fue, como en el caso de la izquierda revolucionaria latinoamericana, muy impactante y, posiblemente, el efecto fue más fuerte. La Revolución Cubana, como otras grandes revoluciones del siglo pasado, ayudó a que las fuerzas contrarrevolucionarias pudieran mejorar sus políticas e instrumentos de represión. Los Estados Unidos quisieron evitar de cualquier manera un “segundo Cuba”.

La política de los Estados Unidos dirigida a evitar “un segundo Cuba” tenía un lado socioeconómico y un lado militar. La política socioeconómica hacia América Latina se plasmó en el tratado Alianza para el Progreso. El componente militar se reflejó en la extensión de la ayuda militar, la creación de unidades de contraguerrilla y en la intervención en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Ambas partes de la política latinoamericana de los Estados Unidos eran las dos caras de una misma moneda (Morray, 1973: 113). En los años 1958-1961, la ayuda militar a América Latina aumentó de 48 a 91 millones de dólares (Villanueva, 1974: 147).[8]

           La Alianza para el Progreso fue un tratado que encajaba perfectamente en la estrategia global de los Estados Unidos porque no solamente trataba de eliminar las condiciones objetivas para la revolución y suprimir movimientos revolucionarios, sino también intentó mantener y profundizar la hegemonía norteamericana en América Latina ampliando su base política y extendiendo los mercados para sus productos. La Alianza para el Progreso se centró en el mantenimiento y la profundización del sistema capitalista a través de la modernización de la producción y la desaparición gradual de las relaciones de producción pre-capitalistas en el campo.

           

       Los Estados Unidos no dejaron de intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Es más, reforzaron sus ataques cuando la política de los gobiernos latinoamericanos podría afectar los intereses norteamericanos. El caso de Guatemala de 1954 es emblemático.

En 1963, se formuló la llamada doctrina Kennedy. De acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, “los estados americanos deben estar preparados para acudir en ayuda de cualquier gobierno que la pida para evitar una toma de poder más vinculada a la política del comunismo extranjero que a un deseo interno de cambio. Mi país está dispuesto a hacer esto. Nosotros en este hemisferio, también debemos utilizar cada recurso a nuestro alcance para impedir el establecimiento de otra Cuba en este hemisferio” (Geyer, Herschler y Keefer, 2004: s.p.). La doctrina Mann de 1964 proporcionaba a los responsables políticos de la Casa Blanca una orientación política en cuanto a las condiciones reales y los acontecimientos concretos. Los regímenes dictatoriales deberían ser reconocidos cuando estos sustituyeron gobiernos “pro-comunistas” y, por lo tanto, defienden los intereses norteamericanos (Mann, 1977: 151-152; Kramer-Kaske, 1977: 96). La doctrina Johnson de 1965 era un paso más allá de la doctrina Mann porque decía que los Estados Unidos tenían que prevenir que se estableciera un régimen “comunista” en el Hemisferio Occidental.

La política externa de Washington llegó al final de abril de 1965 a un clímax cuando invadió la República Dominicana. Las propuestas económicas del presidente Juan Bosch perjudicaron los intereses estadounidenses.

En la década de sesenta la sociedad peruana se caracterizó por una distribución de propiedad extremadamente desigual, especialmente en las zonas rurales. Si bien el Perú se había transformado lentamente, después de la Segunda Guerra Mundial, de una economía predominantemente agraria a una economía industrial y de servicios, en el periodo 1950-1965 la mayoría de la población trabajaba en el sector agropecuario (Neira, 1968: 56-57; Béjar, 1969: 16-19).[9] Un cambio en las relaciones de propiedad de la tierra era esencial para llevar a cabo cualquier cambio social.

En el interior del país, un 3% de los propietarios poseía el 83% de la tierra. En la costa la distribución era un poco mejor: 10% de los propietarios era dueño del 89% de la tierra. En la selva la distribución fue la más desigual, ya que el 3% del total de los propietarios tenía el 93% de la tierra en sus manos. Para el Perú, en su conjunto, esto significó que alrededor del 12% de los propietarios poseían el 95% de la tierra (Letts, 1964: 27).[10]

La distribución desigual de la propiedad en las zonas rurales tuvo su impacto en las condiciones de vida de las masas campesinas peruanas. Bajo el sistema de aquel entonces, los campesinos indígenas no tenían derechos políticos porque eran “analfabetas”, es decir, no hablaban español, sino el quechua o aimara o cualquier otra lengua minoritaria del Perú. El censo de 1961 mostró que el 38.9% de la población mayor de quince años era analfabeta (Webb y Fernández Baca de Valdez, 1990: 136).

En el campo peruano existieron relaciones de producción más comparables a las de una sociedad precapitalista o “feudal” que a las de una sociedad capitalista (De la Puente, 1966: 134-144; Montoya, 1970: 34-53; Frias, 1970: 66). Sin embargo, según cifras del censo de 1961, el 49% de la PEA se encontraba en relaciones de producción capitalistas directas, es decir tenía un trabajo asalariado, y el 4.32% estaba en las llamadas relaciones de producción semi-feudales directas. Para el resto de la PEA no se pudo determinar en qué tipo de relaciones de producción se encontraban (Montoya, 1970: 84-85).

La transformación del Perú de una economía predominantemente agraria a una economía industrial y de servicios, en gran parte como consecuencia de la inversión extranjera y el crecimiento de las exportaciones después de la Segunda Guerra Mundial, fue superficial en términos de su impacto sobre la situación socioeconómica de la población. Aunque nuevos estratos sociales surgieron y más del 50% de la PEA no agrícola pertenecía a la capa de la pequeña burguesía surgida de la burocracia, de la profesionalización, del aumento de las actividades llamadas servicios y el comercio urbano, esto no se tradujo en un cambio en la distribución del ingreso. En 1961, 61.300 personas (1.9% de la PEA) ganaban el 44% del ingreso nacional (Béjar, 1969: 17, 33).[11] Además, para hacer posible una apropiación mayor de lo que se produce en el país por parte de los nuevos estratos sociales, era necesario que el poder de los latifundistas, las grandes empresas agropecuarias y el sector financiero, se hubiera roto. Todavía estos sectores determinaron el 75% de los créditos, tenían una participación dominante en la agricultura, la minería y la industria de cemento, y una posición dominante en el mercado inmobiliario de Lima.

El desarrollo político y económico del Perú fue visto por los Estados Unidos con mucha preocupación. En mayo de 1962 la CIA (1962b: 3) señalaba que “el Perú es un excelente ejemplo de un país latinoamericano que poco a poco se desplaza hacia la revolución social. La pregunta central es si los reformistas moderados tienen la capacidad -y tendrá la oportunidad- para poner en marcha los cambios necesarios para evitar una revolución violenta, sin al mismo tiempo provocar un golpe de estado militar por la élite conservadora”.

Para evitar “un segundo Cuba” en el Perú era necesario que los cambios en la estructura económica se tradujeran en reformas políticas. La incompetencia natural de los representantes de los latifundistas para dar cabeza y pie a reformas políticas que en última instancia irían directamente en contra de sus propios intereses, condujó a un callejón sin salida.

La persona, de la que se creía podría estar en capacidades de implementar las reformas políticas necesarias era Fernando Belaúnde. Durante las elecciones de 1963, los Estados Unidos habían apoyado su candidatura. Al igual que el Ejército, esperaban que él podría eliminar las condiciones para una revolución. El Partido Comunista Peruano (PCP) también había apoyado la campaña de Belaúnde.

Belaúnde, presidente electo en 1963, fue considerado como la encarnación de los objetivos de la Alianza para el Progreso (Cotler, 1978: 354). El nuevo presidente había ganado con un programa de reformas agrarias, una reforma fiscal, descentralización, la expropiación de algunas empresas extranjeras, un plan integral de carreteras, vivienda y servicios de salud, etcétera. El plan para llevar a cabo una reforma agraria fue una de las principales propuestas. Adelantando la próxima reforma agraria, una ola de ocupaciones de tierra azotó la sierra.

El Gobierno cumplió sus promesas y pretensiones solo parcialmente. La ley de la reforma agraria, por ejemplo, aprobada en 1964, resultó en que el Estado solamente apropió 18.9% de los 8.975.496 acres que los expertos en agricultura consideraban necesarios para poder llevar a cabo una reforma agraria efectiva. Solo 11.343 familias se beneficiaron de la ley, el 1% del número total de hogares proyectados (Petras y LaPorte, 1971: 79, 82).[12]

La población, o su representación en organizaciones populares, no logró obligar al presidente implementar las propuestas electorales. En el período 1964-1966 el número anual de huelgas fue menor que en 1963. Mientras en 1963 se registraron 422 huelgas, en los años 1964, 1965 y 1966 había, respectivamente, 398, 397 y 394 paros. Este número bastante elevado de huelgas palidece cuando se compara con los resultados de elecciones municipales que después de un break de 50 años fueron convocadas en 1963 y 1966. En ambas ocasiones el partido de Belaúnde (Acción Popular) ganó las elecciones. En 1963, el partido logró juntar 47% de todos los votos emitidos (Cotler, 1978: 354, 360).

Los problemas económicos que Fernando Belaúnde ha tenido que enfrentar no pueden llevar a la conclusión de que no ha sido posible de financiar las reformas agrarias. Anualmente el Producto Bruto Interno (PBI) real creció significativamente. Incluso, en 1966, podría ser considerado como robusto (un aumento de 8.1%). La inflación, no obstante, fue desproporcionada. En 1965, por ejemplo, llegó al 16.3%. La cuenta corriente de la balanza de pagos fue solo positiva en el año 1964. El Gobierno debía recurrir a la importación de capital como préstamos extranjeros para compensar el déficit. En 1963, la deuda externa ascendía a 237 millones de soles y en 1967 llegó a 680.9 millones de soles (Vos, 1969: 3; Banco Central de Reserva del Perú, 1967: 1112). No fue posible vivir más allá de sus capacidades económicas por mucho tiempo y entonces en 1967 el sol fue devaluado en un 44%.

Los diferentes gabinetes encabezados de Belaúnde no han sufrido, hasta el 1967, de una falta de recursos financieros que podrían haber imposibilitado la implementación de las reformas propuestas. El gasto público creció más rápido que los ingresos y el PBI. Más aún, durante el período de 1963-1966 el gasto público se duplicó como consecuencia del aumento de los sueldos del personal docente, el aumento con más del 50% del número de maestros de la educación primaria y secundaria, el aumento del gasto en pensiones y el crecimiento de las transferencias financieras a las universidades, entre otros. La inversión pública (carreteras, riego, vivienda, etcétera) aumentó, anualmente, en el período 1963-1966 en términos reales en un 20% (Kuczynski, 1980: 74, 104, 107-108).[13]

3. La legitimización de la violencia: El MIR y el ELN

En la década de sesenta dos organizaciones guerrilleras han desarrollado la lucha armada en el Perú. La lucha guerrillera empezó el día 9 de junio de 1965 con las acciones del MIR liderado por Guillermo Lobatón y Máximo Velando. En septiembre de 1965 el ELN inició sus acciones militares. El ELN tenía como comandante a Héctor Béjar. A continuación presentamos los puntos de vista del MIR y del ELN respecto a las razones para usar la violencia como medio para que el pueblo peruano llega al poder.

MIR

El MIR fue una organización que surgió del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), una organización autoritaria y populista que fue fundado en 1924 en México y debía convertirse en una agrupación continental contra el imperialismo. José Carlos Mariátegui (1978: 90, 92) calificó el APRA como el Kuomintang de América Latina.

La derechización del APRA, por un lado, y la Revolución Cubana, por otro lado, motivó a un grupo de apristas fundar una nueva organización, APRA Rebelde. El APRA Rebelde, sin embargo, fue precedido por el Comité Aprista de Defensa de los Principios Doctrinarios de la Democracia Interna que quería detener el proceso de la derechización del APRA. Bajo la influencia de la Revolución Cubana y la marxistización de APRA Rebelde, pronto dejó todas las viejas posiciones apristas. La izquierdización culminó con la creación del MIR. Aunque el MIR se basó en el marxismo-leninismo, no fue una organización “maoísta”.

El MIR ha intentado de construir seis frentes guerrilleros. Sin embargo, solamente tres de ellos habían funcionado como frentes guerrilleros. El 9 de junio de 1965 la unidad guerrillera Túpac Amaru, liderada por Lobatón, empezó con sus primeras acciones en el departamento de Junín. En el departamento de Cuzco se encontraba el cuartel general de la guerrilla. La unidad guerrillera que actuó allí, Pachacútec, fue dirigida por Luis de la Puente. En el departamento de Piura había el tercer frente guerrillero, Manco Cápac. Este lo dirigieron Gonzalo Fernández y Elio Portocarrero. Como secretario general del MIR, Luis de la Puente tuvo la dirección general sobre las acciones guerrilleras. En enero de 1966 la guerrilla fue derrotada.

            El MIR consideraba la lucha armada como el único medio que podía privar a la clase dirigente de su poder. Además, era esencial para el establecimiento del socialismo. Un análisis de las condiciones objetivas no fue necesario porque, según De la Puente (1973: 8), “ellas no solo están maduras, sino que lo han estado siempre. No creo que haya un país en América Latina, que presente las condiciones infra y supraestructurales, tan injustas, tan carcomidas, tan arcaicas como las nuestras”.

            La organización llegó a la conclusión que el camino hacia el socialismo no puede ser otro que violento. El MIR (1971: 2, 14): “[…] es un engaño equivalente a una traición, crear paralelamente ilu­siones en cuanto a las posibilidades de un paso pacífico al socialismo. En estos países la revolución tiene que ser violenta. Y no podrá ser de otra manera porque en ninguna parte las contradicciones son más antagónicas. En ninguna parte tampoco las oligarquías y el imperialismo están más amenazados de muerte, lo que los lleva a las más feroces intransigencias. […] Decíamos alguna vez que si el pueblo del Perú en una campaña gigantesca y millonaria hubiera conocido y creído las plataformas de los distintos grupos de izquierda y hubiera votado mayoritariamente por revolucionarios; decíamos, que aún en ese caso hipotético, los problemas del Perú no hubieron podido ser encarados ni menos resueltos. [...] Es que el poder político es expresión del poder económico, contando con la garantía de la fuerza armada. El sistema imperante está perfectamente acondicionado con métodos, medios e instituciones, que sirven únicamente para defender los intereses de la minoría privilegiada. Es ilusorio, ingenuo, infantil pensar que la oligarquía y el imperialismo se van a dejar arrancar el poder real con sonrisas en los labios, pactos, componendas o nobles invocaciones.”[14] Incluso, la historia ha demostrado que la toma de poder es violenta. De la Puente (1980: 95-97): “Hasta el momento no ha habido un solo caso en la historia de la humanidad, en que se haya capturado el poder por la vía electoral, la vía parlamentaria o cualquier otra vía pacífica. Aún el propio poder que detentan los explotadores en todas partes, ha sido capturado por medios revolucionarios. La burguesía capturó el poder a través de las revoluciones burguesas entre las que destaca la revolución francesa. Quienes piensan llegar al poder por la vía electoral, están equivocados o no quieren hacer la revolución. [...] Esto es esencial. Sin capturar el poder, sin llegar al gobierno revolucionariamente, no es posible transformar las infraestructuras de la sociedad. Y para llegar al poder, repetimos, es indispensable liquidar o desintegrar al ejército enemigo. Las experiencias son muchas y valiosas en este aspecto. Algunos revolucionarios quisieron hacer gobiernos sobre la base del anterior ejército, reorganizando, y las consecuencias no pudieron ser más funestas. Ese es el caso de Guatemala de Jacobo Árbenz, por citar un solo caso.”

La guerrilla poseería una serie de cualidades que podrían ayudar a desarrollar las condiciones subjetivas para la revolución. De la Puente (1973: 8): “En cuanto a las condiciones subjetivas, partimos de la concepción de que ellas no están puramente dadas, pero que el inicio del proceso insurreccional será factor desencadenante para su perfeccionamiento en la integración, con caracteres tales que no es posible imaginar”. MIR (1973: 5): “La guerra irá creando las condiciones que faltan. [...] Una guerra de esta naturaleza, desencadenadora de todas las potencias heroicas de las masas, no necesita inevitablemente de tan mezquinos recursos para ir creando las condiciones revolucionarias. Si algunas faltan, ella misma las irá creando en el camino.” En su parábola “Los dos árboles”, De la Puente escribió: “Con la conciencia de la lucha armada, el pueblo sabe que el único camino para resolver sus necesidades económicas y tomar el poder es el de la vía armada; que no hay camino electoral ni tránsito pacífico, porque con ello se crean ilusiones y falsas esperanzas en las masas retardando su liberación. Por la vía legal nunca pueden prosperar reclamos de tipo económico y político, porque las leyes las han hecho los propios explotadores cuidando sus intereses.” (MIR, 1980: 116)

El período en que el MIR se disponía rumbo definitivo a la organización de frentes guerrilleros (1963-1965), la organización dijo: “elecciones no” (MIR, 1973: 8) La izquierda fue culpable de que aún el pueblo tuviera confianza en el camino electoral. El MIR (1973: 8) escribió que “si el pueblo participa –en las elecciones-, no es porque el pueblo crea en ellas. El pueblo participa porque hasta ahora no se le ha abierta otro camino”. En una entrevista que fue tomada en 1967 y publicada en la revista chilena Punto Final, una militante del MIR decía: “Toda la dirección del MIR conocía las propias limitaciones en lo que respecta al desarrollo partidario, control de masas, etcétera. Pero, ¿podíamos seguir este camino sin hacer concesiones a la legalidad burguesa, sin caer en el juego de ésta? No. Hay un límite de desarrollo en el cual un partido o movimiento revolucionario, o renuncia a la revolución y sigue por el viejo camino del oportunismo, o sacrifica algunas tareas y toma el rumbo de la revolución. No olvidemos que vivimos en un mundo en que el neocolonialismo tiene la experiencia de China, Vietnam, Argelia, Cuba, etcétera, que penetra insidiosamente en todos los estratos de la sociedad, que corrompe, debilita, adultera, en todos las formas y por todas las vías posibles, a los movimientos y partidos revolucionarios. Romper el círculo vicioso en que los poderes dominantes encierran y ahogan a las posibles vanguardias revolucionarias, es una necesidad histórica. Y dicha ruptura solo puede hacerse a través de la lucha armada.” (Mercado, 1967: 212)

El MIR llevó a cabo su lucha guerrillera cuando en el Perú había un gobierno “democráticamente elegido”. Esto, según Lobatón, no tenía ninguna influencia sobre la validez de la lucha guerrillera. Él escribió: “4ta. Enseñanza: Dadas las condiciones materiales se puede desencadenar la revolución violenta en cualquier momento; las condiciones subjetivas se van creando en el curso de la misma lucha. El Che Guevara señala una limitación: solo sería posible desencadenar con éxito la guerra de guerrillas cuando una dictadura militar haya cerrado todas las salidas democráticas en un país. Conviniendo en que esta es, naturalmente, la época más indicada, nosotros no descartamos de antemano toda posibilidad en alguna otra época. Por el contrario, estamos persuadidos de que las mismas guerrillas pueden contribuir a desvelar definitivamente el carácter de los regímenes pseudos-democráticos, delimitar con toda claridad los campos enemigos, y obligar a la reacción a vestir su auténtica vestidura: la dictadura militar.” (Lobatón y Eluau: S.F: 42).”

ELN

El ELN fue fundado en septiembre de 1962. Surgió del deseo de jóvenes peruanos por seguir el ejemplo de la Revolución Cubana. Eran personas que habían salido por voluntad propia o que fueron expulsados del PCP. También había estudiantes becados por el Gobierno cubano que, impresionados por los éxitos de la Revolución Cubana, se motivaron para organizar la guerrilla. Además había gente que vino de otras organizaciones.

El desarrollo del ELN ha pasado por tres fases. El primer período empezó en 1961 con la salida de algunos peruanos a Cuba con el objetivo de prepararse para la lucha armada, y terminó en mayo de 1963 en la ciudad de Puerto Maldonado con la primera derrota del ELN. El proceso de reestructuración que se inició y culminó posteriormente en la creación del frente guerrillero Javier Heraud en el departamento de Ayacucho en septiembre 1965, fue la segunda etapa. La tercera fase comenzó después de la derrota de la guerrilla en diciembre de 1965. Este último periodo está centrado principalmente en el intento de crear un nuevo foco guerrillero en el departamento de Puno, y estaba en relación directa con la guerrilla boliviana dirigida por el Che Guevara en los años 1966 y 1967 (Lust, 2013: 396-423; Lust, 2016). La muerte del Che, el 9 de octubre de 1967, no implicó el final de los intentos peruanos para levantar una guerrilla. Fue un año después, cuando el general Juan Velasco hizo un golpe de estado, que la guerrilla empezó a desintegrarse. Las condiciones objetivas para una guerra de guerrillas fueron eliminadas.

El ELN (1965: 8) consideraba que “a la violencia ejercitada criminalmente y a diario por la oligarquía y el imperialismo debemos oponer la lucha armada del pueblo como único medio para tomar el poder e instaurar un régimen popular y socialista que ponga fin a la explotación del hombre por el hombre”. Según la organización, “preconizando vías pacíficas en un país que como el nuestro es aherrojado por una oligarquía económica y militarmente poderosa, habituada a ejercer la tiranía, el despotismo y el golpismo. Además, hacerlo, equivaldría a ir contra todo precedente histórico. En ninguna parte del mundo y en ninguna época las transformaciones económicas, políticas y sociales se llevaron a cabo pacíficamente” (ELN, 1965: 8). En 1968, Béjar (Revolución, 1968: 2) escribió: “En otras palabras, hay que decirle claramente al pueblo, que con elecciones -del año 1969- no se conquista el poder y que hacer de la recolección de votos, el objetivo fundamental no pasa de ser una tarea divisionista e ilusoria. No creo que la constitución de una fuerza política capaz de enfrentarse a los partidos de la burguesía sea, de por sí, un hecho negativo. Lo negativo es reemplazar la lucha política revolucionaria por la lucha electoral. Hay que distinguir entre el éxito inmediato y los principios. Ganar amigos, conquistar varias decenas de miles de votos para una candidatura de izquierda puede ser, efectivamente, un éxito. Pero suele ser un fracaso a largo plazo, una derrota de los principios frente a las limitaciones de una lucha circunscrita de antemano a un plano “legal” que es ilusorio y mentiroso para un pueblo que, como el nuestro, ha sido arrojado a la ilegalidad permanente. Quienes se lanzan entusiasmados a la construcción de una gran maquinaria electoral se niegan a reconocer que la tolerancia del poder oligárquico hacia la actividad electoral de la izquierda, está íntimamente ligada a la estabilidad del sistema en su conjunto, a su perdurabilidad; en la medida en que participemos en el juego y obtengamos pequeñas ventajas, contribuiremos al fortalecimiento de un régimen político que es, precisamente, el que debemos destruir.”

EL ELN fue una organización guerrillera en la tradición del castrismo. Las condiciones subjetivas que faltaron pudieron crearse. Béjar: “Muchos dicen que las condiciones no están dadas porque el campesino no tiene conciencia política, que hay que darle primero la conciencia política revolucionaria. A ellos podemos responderles que no conocen al campesino. Nuestra táctica debe adaptarse a la psicología del campesino peruano y no podemos esperar movimientos aluvionales de masas que nos digan que ya hay las condiciones para empezar la lucha por el poder. Para que el campesino se desarrolle políticamente hay que vivir junto a él, pero no en plan de simple propagandista u organizador sindical, o de visitante eventual que va, le pronuncia un discurso ininteligible y se regresa sin más ni más a dar su informe al partido o a los dirigentes de la ciudad. Hay que estar armado para defenderse y defenderlo de los gamonales y de los esbirros y para demostrar la fuerza de las armas y la organización. Pero hay que subsistir a la represión enemiga. Subsistir es una obligación del guerrillero, porque en la medida en que nosotros sobrevivimos, estamos demostrando al pueblo que la revolución no solo es necesaria, sino también posible.” (Pensamiento Crítico, 1967: 194).

El comienzo de la lucha guerrillera durante un gobierno “democrático” fue justificado por el ELN (1967, 188-189) en su primer manifiesto, publicado después del comienzo de sus acciones: “Desde que Belaúnde asumió la presidencia de la República, ningún cambio fundamental se ha producido en la situación desesperante de nuestro país y nuestro pueblo. Olvidando las promesas que hiciera en el proceso electoral, cediendo cada vez más a la presión oligárquica, Belaúnde continúa, sin escrúpulos, el camino de sus antecesores; a cambio de que le permitan seguir disfrutando del poder, permite que la International Petroleum, la Cerro de Pasco y otros monopolios norteamericanos saqueen nuestro petróleo, cobre, hierro, plomo y zinc; trafica con la miseria del campesinado mediante un simulacro de Reforma Agraria que no toca al latifundio y reprime violentamente al pueblo con la fuerza armada. Vivimos los momentos más cruciales de nuestra historia, las clases dominantes han impuesto la violencia total. Belaúnde sometido a los partidos conocidos por su política de ferocidad contra el pueblo, ha traicionado la independencia de nuestra soberanía nacional al haberse cobijado también, bajo las brutales garras del Departamento de Estado yanqui. El saqueo y la explotación inmisericorde de nuestro país no para, más aún, ello continúa. El pueblo reclama y dice: ¡Basta ya de saqueos y explotación! Siguiendo las tradiciones revolucionarias, que nos legaron Túpac Amaru, Pumacahua y otros abanderados, para desalojar a la ocupación colonial, hacemos nuestros los postulados de Liberación Nacional y la necesidad de crear su brazo armado.” En su artículo “Revolución: presente y futuro”, Béjar (1967: 4-5) escribió: “Denunciamos el carácter reaccionario de la burguesía media o nacional. A nuestro criterio, la burguesía nacional no es sino un sector de la clase dominante, estrechamente ligado a los monopolios extranjeros y a la oligarquía bancaria y terrateniente. Está fuertemente vinculada al orden social presente y sus contradicciones con el resto no tienen carácter antagónico. Ello explica las características del Gobierno de Belaúnde que reflejan no otra cosa que el reagrupamiento de la oligarquía mediante la asimilación política de la burguesía media. […] Desenmascaramos a la “democracia representativa”. En realidad, nuestro país vive bajo una dictadura oligárquico que usa el parlamentarismo o la imposición militar según sus conveniencias.” Julio Dagnino, uno de los cuadros principales del ELN, decía: “El mismo Che plantea que las guerrillas son factibles en gobiernos dictatoriales, en gobiernos no democráticos, lo que dice en su libre la Guerra de guerrillas. Yo lo que diría es que las condiciones de supervivencia, las condiciones de pobreza, las condiciones objetivas continúan. Y el otro factor, que es el factor subjetivo, aunque eso suene un poco esquemático, lo que nosotros decíamos, era para que se dé un estado, un momento revolucionario, se necesita una situación objetiva y una situación subjetiva. Estos son los dos elementos principales que se decían en aquella época. Las condiciones objetivas son las condiciones sociales, económicas, las condiciones de lucha de clases. Eso es algo que caracteriza. El otro factor, el factor subjetivo es el motor si tú quieres de la revolución, con lo que se puede hacer la revolución. Eso es de la organización, y de los grupos, y de la gente esclarecida, hacían llegar lo de la vanguardia, lo de la concepción de la vanguardia, una vanguardia política y una vanguardia militar. Nosotros en ese entonces constituíamos esa vanguardia política militar, y concebíamos que fuera posible aun por las condiciones que se daban -para empezar la lucha guerrillera-. Entonces había ese factor subjetivo, ese factor de vanguardia, un grupo que quiere hacer la revolución vía la lucha armada. La otra salida hubiera sido desmovilizarnos y entrar en las elecciones con nuestros candidatos pero no era así. Este grupo de 39 o 40 inicialmente que estaba en La Paz pensaba que era posible. En 1963 había una conciencia revolucionaria, habían factores revolucionarios dentro de este grupo, primero ser un organismo político y luego, simultáneamente, un organismo militar.” (entrevista, Dagnino, 26/12/2003)

4. Contexto político y económico de las décadas de setenta y ochenta

El 3 de octubre 1968, el Ejército Peruano dio un golpe contra el presidente Belaúnde. El nuevo régimen encabezado por el general Juan Velasco inició reformas que tenían el propósito de desarrollar el capitalismo en el Perú.

El régimen implementó una reforma agraria que eliminó la clase terrateniente y ponía el país a un camino hacia la industrialización. Los intereses del capital extranjero no fueron amenazados por el régimen. Las corporaciones extranjeras y locales fueron consideradas claves para la industrialización del país (Bamat, 1983: 146).

La reforma agraria no ha contribuido a un cambio de la estructura agrícola. A pesar de que las tierras de los latifundistas se convirtieron en cooperativas llamadas Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS) y en Cooperativas de Producción Agrarios (CAP), en 1972 80% de las unidades agrícolas ocuparon 6.6% de la tierra. En 1961, el 83.2% de las unidades de agricultura y de ganadería concentraron el 5.5% de la tierra (González Gómez, 1986: 233).

La expropiación de las tierras de los grandes propietarios no benefició a todos los campesinos. Sólo el 39% de la tierra estaba sujeta a la reforma agraria (Parodi Trece, 2010: 124). Según Fitzgerald (1981: 152), el 25% de todas las familias campesinas se beneficiaron de la reforma agraria, es decir, algo de 275.000 familias campesinas.

A pesar del nacionalismo de Velasco, el capital extranjero mantuvo su importancia y presencia en la economía peruana (Cabieses y Otero, 1978: 61-69). Por ejemplo, el total de Inversión Extranjera Directa (IED) de los Estados Unidos en los años entre 1966 y 1971 creció. Mientras que en 1966 el capital norteamericano invirtió US$ 548 millones, en los años 1967, 1968, 1969, 1970 y 1971 sus inversiones llegaron a US$ 660, 692, 721, 688 y 674 millones respectivamente (Anaya Franco, 1975: 23-24). Aunque inferior al año 1969, en 1973 el capital extranjero controló el 52.7% del valor bruto producido por las 200 principales empresas industriales en el país (González Gómez, 1986: 244).

La promoción del capitalismo en el Perú fue acompañada por políticas de conciliación de clases. El 1 de septiembre de 1970 se creó la primera comunidad laboral en el sector manufacturero. El objetivo de su creación fue incrementar la productividad. Se pensaba que al asegurar la participación del proletariado en la gestión de las empresas (no todas) y, dependiendo del sector económico, proporcionando a los trabajadores una participación en las utilidades, los trabajadores trabajarían más rápido y más eficientemente. Además, las comunidades laborales recibirían un porcentaje de las ganancias netas de las empresas. Con la compra de las acciones de estas empresas, el límite se estableció a 50%, las comunidades podrían convertirse en copropietarios.

Las empresas con comunidades laborales nunca cambiaron la organización capitalista de la producción. Aún los trabajadores tenían que vender su fuerza laboral y el capital continuó expropiando la plusvalía (Manrique, 2009: 387). De acuerdo con los datos de FitzGerald (1981: 176), las utilidades locales como porcentaje del ingreso nacional neto se incrementó de 16.1% en 1965 a 19.5% en 1970 y de 22% en 1973 a 24.5% en 1976. El peso de los sueldos y salarios de los trabajadores se redujeron en el periodo 1965-1976 del 23.4% al 22.1%. El peso de los sueldos de los empleados se incrementó ligeramente, es decir, de 23.8% a 23.9%.

Las cooperativas en el sector agrícola también mantuvieron su organización capitalista (FitzGerald, 1981: 175; Deniz, 1978: 112; Matos Mar y Mejía, 1984: 71; Manrique, 2009: 387). Además, las diferentes relaciones de producción dentro de las cooperativas (trabajadores permanentes, asociados, los no asociados, trabajadores contratados, etc.) causaron tensiones entre los trabajadores.

            Las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Velasco (1968-1975) tuvieron un efecto positivo en el desarrollo de las organizaciones de izquierda. En primer lugar, se permitió a la izquierda, y sobre todo a la izquierda revolucionaria, reorganizarse después de la derrota de la guerrilla en 1965. Las reformas de Velasco fueron convertidas en una plataforma política para que la izquierda pudiera difundir sus propuestas que apuntaban a una radicalización de estas reformas (Roberts, 1996: 73). En segundo lugar, la creación de las comunidades laborales permitió a la izquierda empujar estas comunidades hacia su radicalización. Sulmont (1977: 234) sostiene que las comunidades laborales no reconciliaron el capital y el trabajo, sino se convirtieron en nuevos terrenos de lucha de clases. Según FitzGerald (1981: 171), la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas fortaleció las organizaciones laborales.

Durante la dictadura militar no se logró la conciliación de clases. En el período 1968-1975 las huelgas se incrementaron. Mientras en 1968 hubo 368 huelgas con una participación de 5.2% de todos los trabajadores, en 1971 se organizaron 377 huelgas en que el 8.6% de la fuerza laboral total participó. En 1973 y 1975 estos cifras fueron 788 y 20.9%, y 779 y 29.0%, respectivamente (Angell, 1980: 13). En la Tabla 4.1 se presenta la evolución de las huelgas, los trabajadores que participaron en estas huelgas y las horas-hombre perdidas en el período 1968-1979.

Tabla 4.1: Huelgas: 1968-1979

Year	Huelgas	Trabajadores involucrados	Horas-hombre perdidas
1968	364	107.800	3.400.000
1969	372	91.500	3.900.000
1970	345	111.000	5.800.000
1971	377	161.400	10.900.000
1972	409	130.600	6.300.000
1973	788	416.200	15.700.000
1974	570	362.700	13.400.000
1975	779	617.100	20.300.000
1976	440	258.100	6.800.000
1977*	234	396.200	5.000.000
1978**	364	1.398.300	36.100.000
1979	637	516.900	7.900.000

* En el paro nacional de 19 de julio de 1977 participaron 272.000 trabajadores (69% del total de trabajadores que participaron en las huelgas en 1977). Eso representó 2.2 millones de horas-hombre perdidas (44% del total de horas-hombre perdidas en 1977).

** En el paro nacional del 23-24 de mayo de 1978 participaron alrededor de 1 millón de trabajadores (70% del total de trabajadores que participaron en las huelgas en 1978). Eso representó 20 millones de horas-hombre perdidas (55% del total de horas hombre perdido I 978).

Fuente: Sulmont (1981: 204-205).

El desarrollo progresivo del movimiento obrero no era una consecuencia aislada de las políticas implementadas por el gobierno militar. También el movimiento campesino volvió a surgir. Al igual que en el caso del proletariado, el régimen de Velasco ayudó a aumentar la conciencia de clase de los campesinos y fortaleció sus organizaciones (Matos Mar y Mejía, 1984: 121).

La Reforma Agraria de 1969 proclamó que la tierra pertenecía a los que trabajaron en ella. Estimulados por esta reforma, los campesinos comenzaron a ocupar las tierras de los grandes terratenientes. Aunque en términos generales las ocupaciones de tierra fueron motivadas por el deseo de los campesinos de poseer un pequeño pedazo de tierra, los motivos concretos para ocupar las tierras fueron diversos. Por ejemplo, la usurpación de la tierra de las comunidades por las cooperativas, la mala gestión de las cooperativas y el hecho de que los campesinos consideraban la tierra suya y ya no querían trabajar más para jefes (García-Sayán, 1982: 37, 39, 70, 126-128, 166).

Aparte del desarrollo progresivo del movimiento de los trabajadores y el resurgimiento del movimiento campesino, también los movimientos sociales urbanos en los barrios populares y los movimientos regionales comenzaron a aparecer (Frentes de Defensa).[15] Estos movimientos no sólo lucharon por sus intereses particulares, sino también se unieron a la lucha de los obreros y de los campesinos.

En 1975 un golpe de la derecha por parte de los militares de derecha liderados por el general Morales ayudó al capital a iniciar un proceso para deshacer las reformas sociales implementadas por Velasco y para evitar una radicalización de la “revolución de los militares”. La debilidad de la izquierda en el gobierno militar contribuyó a que la fracción de la derecha en la cúpula militar tomó el poder (Bamat, 1983: 148; Matos Mar y Mejía, 1984: 45). El golpe fue el resultado de la convergencia de seis factores: (i) el aumento del poder de la izquierda; (ii) el fortalecimiento de las tendencias con conciencia de clase dentro del movimiento obrero; (iii) la lucha del movimiento campesino que apuntaba a una radicalización del “proceso revolucionario”; (iv) el desarrollo de movimientos populares locales y regionales y sus crecientes lazos con el movimiento obrero; (v) la crisis económica (1974-1976); y, (vi) las contradicciones que surgieron dentro del régimen militar en relación con el futuro de la “revolución”.

El retorno de la derecha en el poder ayudó a la izquierda aumentar su fuerza. Las medidas de austeridad (había una crisis económica), las leyes anti-laborales implementadas por el nuevo gobierno (tales como la conversión de las comunidades laborales en meros órganos de participación de los trabajadores en la administración de las empresas), los intentos del capital para aumentar la tasa de explotación (intensificación de trabajo) y los ataques de las empresas al movimiento obrero y la estabilidad laboral, entre otros, proporcionaron a la izquierda una plataforma nacional para la defensa de los derechos de la población trabajadora. La declaración del estado de emergencia en 1976 (esto duró hasta agosto de 1977), la suspensión de los derechos constitucionales después de masivas protestas contra las medidas de austeridad y la prohibición de las huelgas (14 de agosto de 1976), fortaleció la izquierda políticamente, pero al mismo tiempo redujo las huelgas.

En los años 1975 y 1976 había muchas huelgas para la defensa de los puestos de trabajo y la estabilidad laboral. Estas huelgas fueron apoyadas por las manifestaciones de los movimientos sociales urbanos y regionales. Poco a poco la lucha contra el gobierno militar y el capital comenzó a convertirse en una lucha popular en todo el país. Y aunque el gobierno tenía la intención de reprimir las huelgas y las protestas de los movimientos populares, era demasiado tarde para detener la dinámica de la lucha de clases (Sulmont, 1981: 110-111; Sulmont, 1977: 289-290, 293- 297; Lynch, 1996: 159). El 19 de julio de 1977, en medio de un estado de excepción, estas luchas culminaron en una huelga nacional que anunciaba el fin del gobierno militar.

La semana después de la huelga el general Morales anunció el retorno de la democracia. Se convocaba a lecciones para una Asamblea Constituyente en 1978 y elecciones presidenciales en 1980.

Un año después de la huelga del mes de julio de 1977, el 23 y 24 de mayo de 1978, se organizó otra exitosa huelga nacional. Las medidas anti-laborales implementadas por el régimen en marzo de 1978, que significaron el fin definitivo de la estabilidad laboral, enfurecieron a la población.

La huelga de mayo de 1978, dos semanas antes de las elecciones para la Asamblea Constituyente, era más grande que la huelga del mes de julio de 1977 (Letts, 2014: 282; Sulmont, 1981: 117; Nieto, 1983: 88). Sin embargo, el paro nacional de mayo no logró eliminar las medidas anti-laborales (Sulmont, 1981: 120).

Las huelgas de 1977 y 1978 tuvieron un efecto tremendo sobre la fuerza electoral de la izquierda. De acuerdo con Letts (2014: 283, 295), estas huelgas fueron la base de la victoria electoral de las fuerzas populares en la Asamblea Constituyente (18 de junio de 1978). Una izquierda más o menos unida logró obtener el 31% de los votos.

El éxito electoral de la izquierda enmascara el hecho de que la lucha del movimiento obrero estaba empezando a debilitarse a medida que la crisis económica se prolongaba y el miedo a ser despedido comenzó a extenderse dentro del movimiento. Aunque los combates continuaron, parecía que el proceso electoral había eliminado el fervor político de la lucha. El hecho de que el Ejército había anunciado que volvería a sus cuarteles y que otro régimen sería “a cargo” del destino del país ha cambiado la dinámica política de la lucha de clases.

La unidad de la izquierda terminó justamente antes de las elecciones presidenciales de 1980. Mientras que en las elecciones por la Asamblea Constituyente en 1978 la izquierda había sido capaz de unirse, o, tal vez mejor, no “logró” dividirse mucho, durante las elecciones presidenciales de 1980 se dividió en una gran cantidad de candidatos presidenciales, haciendo que el voto por la izquierda (13,8%) se astilló entre los candidatos (Letts, 2014: 295; Crabtree, 2005: 112).

En 1980 Fernándo Belaúnde fue elegido presidente después de 12 años de dictadura militar. Curiosamente, Belaúnde fue el mismo presidente cuyo gobierno fue derrocado por los militares en 1968. Con Belaúnde las mismas personas que habían manejado el Estado antes del golpe militar volvieron (Gorriti, 2008: 37, 75-76; Wise, 1986: 25). Según Pease García (1981: 25), la victoria de Belaúnde expresó el triunfo de la burguesía liberal local, íntimamente ligada a las fracciones financieras del capital transnacional.

De acuerdo a su posición de clase, el régimen de Belaúnde continuó el desmantelamiento de las reformas implementadas por el gobierno de Velasco, ya iniciada por el general Morales (Petras, Morley y Havens, 1983: 33). Sus políticas económicas no sólo apuntaban a la transformación del país en una economía basada en la exportación de productos primarios (Wise, 2010: 173; Burt, 2011: 70; Crabtree, 2005: 49), sino también a la liberalización de la economía. El rol del Estado en la economía se redujo radicalmente (privatizaciones). Apenas seis meses después de su llegada al poder, Belaúnde promulgó una ley que formalizó la individualización de la tierra de las cooperativas. Este proceso se había iniciado, de manera informal, durante el gobierno de Morales (Eguren, 2014: 171; Wise, 2010: 176; Crabtree, 2002: 136).

El desarrollo basado en la exportación de recursos minerales del país no tuvo éxito. En los años 1981 y 1982 los precios de los productos primarios comenzaron a caer, causando efectos negativos en la cuenta corriente e instó al país a recurrir a la financiación internacional. Este choque externo como también la crisis de la deuda internacional, “ayudó” a  “interrumpir” el programa del gobierno. Los datos de Parodi Trece (2010: 162) muestran que mientras en 1980 las inversiones totales (públicas y privadas) crecieron con 44.6% y en 1981 se incrementaron con 24.1%, en los años 1982, 1983 y 1984 su crecimiento volvió negativo: -8.8%, -39.1% y -8.1%, respectivamente. De acuerdo con Wise (2010: 180), en el período 1980-1984 la inversión privada como porcentaje del PBI fue de 21.5%, 20.8%, 15.1% y de 12.1%, respectivamente. En la Tabla 4.2 se presentan datos sobre el crecimiento del PBI real en el período 1980-1984.

Tabla 4.2: Tasa de crecimiento del PBI real: 1980-1984

Año	Tasa de crecimiento del PBI
1980	5.9%
1981	5.2%
1982	-0.2%
1983	-10.4%
1984	3.6%

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html (consultado 06/10/2014).

El retorno de la democracia en 1980 fue favorable para las clases explotadas y oprimidas en el sentido de que se restablecieron los derechos políticos. Sin embargo, económicamente el segundo gobierno de Belaúnde no aumentó el bienestar de la mayoría de la población trabajadora. De hecho, las políticas neoliberales implementadas por el régimen significaron un ataque a este bienestar. En la Tabla 4.3 se presentan datos sobre los índices de salarios y sueldos reales para el período 1980-1984.

Tabla 4.3: Índices de los salaries y sueldos reales (año base = 1979 = 100): 1980-1984

Año	Índice salario real	Índice del sueldo real
1980	105.8	107.4
1981	103.6	109.2
1982	105.0	117.8
1983	86.8	101.0
1984	74.1	93.2

Fuente: INE (1986: 151).

La crisis económica que comenzó a desarrollarse en 1982-1983 y las medidas anti-laborales que harían más fácil despedir los empleados permanentes (Petras, Morley y Havens, 1983: 34), fueron respondidas con protestas. El 15 de enero de 1981, el 22 de septiembre de 1981, el 10 de marzo de 1983, el 10 de julio de 1983, el 27 de septiembre de 1983,el 22 de marzo de 1984 y el 29 de noviembre de 1984 se organizaron huelgas nacionales (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2015: sp).

Las huelgas nacionales no revertieron el impacto negativo de la crisis económica sobre la población. Y aunque las políticas económicas del gobierno no fueron cambiadas por las protestas (Balbi, 1989: 167), muchas medidas como la privatización de las empresas estatales fueron detenidas por la fuerza de la izquierda y de los sindicatos. Los cierres de empresas continuaron, las horas de trabajo se redujeron, los salarios reales disminuyeron y trabajadores fueron despedidos. A medida que el miedo a perder el empleo comenzó a extenderse entre la población trabajadora, el poder de negociación de los sindicatos disminuyó. Los trabajadores empezaron a buscar soluciones individuales en lugar de luchar contra el Estado y el capital. El sector informal se convirtió en una fuente de ingresos adicionales y los trabajadores despedidos comenzaron a trabajar por su propia cuenta. Las actividades de los sindicatos se disminuyeron. Como las horas de trabajo aumentaron, muchas personas tenían más de un trabajo. Como consecuencia, las actividades políticas y sindicales de estas personas disminuyeron (Balbi y Gamero, 1990: 76-77; Balbi, 1988: 13; Parodi, 1986: 332-334; Nieto Montesinos, 1986: 51).

La disminución de las huelgas en los años 1983-1984 indica el debilitamiento del poder sindical. En las Tablas 4.4 y 4.5 se presentan la evolución de las huelgas en el sector público y privado en el período 1980-1985.

Tabla 4.4: Huelgas en el sector privado: 1980-1985

Año	Huelgas	Trabajadores involucrados	Horas-hombre perdidas
1980	739	481.484	17.918.890
1981	871	856.915	19. 973.932
1982	809	572.263	22.750.879
1983	643	785.545	20.300.000
1984	509	694.234	14.081.764
1985	579	237.695	12.228.220

Fuente: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/ (consultado 05/05/2015).

Tabla 4.5: Huelgas en el sector público: 1980-1985[16]

Año	Huelgas
1980	46
1981	62
1982	70
1983	94
1984	93
1985	63

Fuente: Cotler (1994: 183).

En el período 1980-1985 el campesinado no tenía una presencia similar en la lucha de clases como en la década de 1970. Según Montoya (1989: 233, 236-237), durante el régimen de Belaúnde no había ocupaciones de tierras, posiblemente causadas por procesos inducidos por el gobierno hacia la individualización de la propiedad de la tierra. Cáceres (entrevista, 21/05/2015), exsecretario general del Partido Unificado Mariateguista y Militante 1 (entrevista, 11/04/2015) de la organización socialista Pueblo Unido, sin embargo, dicen que aún los campesinos estaban ocupando las tierras, por ejemplo en el departamento de Puno. Petras, Morley y Havens (1983: 42) dicen que había una disminución de las luchas campesinas coordinadas a nivel nacional.

5. La legitimización de la violencia: El PCP-SL y el MRTA

En las décadas de ochenta y noventa dos organizaciones guerrilleras han desarrollado la lucha armada en el Perú. El PCP-SL inició su guerra popular el día 17 de mayo de 1980, en la víspera de las elecciones presidenciales, con la quema de las ánforas y las cédulas de votación en el pueblo Chusci (departamento de Ayacucho). El MRTA inició oficialmente sus acciones en 1984. Ambas organizaciones fueron golpeadas fuertemente con la detención de sus líderes en 1992. Abimael Guzmán fue el líder de PCP-SL y Víctor Polay fue el comandante del MRTA. A continuación presentamos los puntos de vista del PCP-SL y del MRTA respecto a las razones para usar la violencia como medio para que el pueblo peruano llega al poder.

El PCP-SL

El PCP-SL es el resultado de varias divisiones. En 1964 el PCP se dividió en un partido que se orientaba a la Unión Soviética (Partido Comunista Peruano-Unidad) y otro a la República Popular de China (Partido Comunista del Perú-Bandera Roja). En el transcurso de la década de sesenta, el PCP-Bandera Roja se dividió en tres partidos: PCP-Bandera Roja, PCP-Patria Roja y PCP-SL.

En 1980, el PCP-SL comenzó una guerra de guerrillas contra el Estado y el capital. Su base principal era el departamento de Ayacucho. A mediados de la década de 1980 se creía que el PCP-SL tenía alrededor de 2.000 a 7.000 militantes (Wickham-Crowley, 1992: 212).[17]

El PCP-SL caracterizó el país como semi-feudal y semi-colonial. Guzmán (1974): “En estas condiciones de dominio imperialista yanqui, nuestra sociedad evoluciona su carácter semifeudal, pero no se destruye totalmente, sigue superviviendo. Como bajo el dominio inglés (especialmente después de la guerra con Chile), se da un mayor impulso a la destrucción de la feudalidad bajo el desarrollo de una forma de capitalismo ligado a los grandes monopolios y dependiente del imperialismo. Además de mantener su carácter semifeudal, nuestro país sigue siendo semicolonial; esto es, un país dominado que si bien tiene independencia política declarada vive bajo el dominio de una potencia imperialista en lo económico, diplomático, cultural y militar que hacen de la independencia política una cuestión formal.”[18] Por tal razón, el PCP-SL pensó que se necesitaba como primera fase de la revolución peruana una revolución nacional-democrática. Guzmán (1974): “Científicamente hablando el carácter de la revolución peruana es ser una revolución democrático-nacional; democrática en cuanto va contra la feudalidad, a destruir las relaciones feudales del país; y nacional en cuanto es antiimperialista, dirigida a aplastar la opresión imperialista yanqui. Así, en la actual sociedad peruana semifeudal y semicolonial solo cabe una revolución democrático-nacional, antifeudal y antiimperialista.”

Para que la revolución nacional-democrática pudiera tener éxito, debería estar dirigida por el partido comunista. La historia había demostrado que esto era solamente posible mediante la lucha armada. De ahí que la principal tarea de la revolución en el Perú era iniciar la lucha armada (PCP-SL, 1979).

El PCP-SL consideraba su organización central para la revolución. En su libro Memorias desde Némesis, Guzmán y Yparraguirre, líderes indiscutibles de la organización, transcribían partes de las declaraciones de la VI y VII plenos del Comité Central (1977). Al referirse a Mao, el partido iba a ser construido a través del desarrollo del frente único y la lucha armada (Guzmán Reinoso y Yparraguirre Revoredo, 2014: 449).

Los maoístas contemplaron la guerra revolucionaria como una guerra popular, como una guerra campesina. Aunque el campo fue comprendido como “el teatro principal de la acción armada y el citadino complementario pero necesario”, la guerra revolucionaria debería llevarse a cabo en el campo y en la ciudad. Clave para todo eso era el desarrollo de las bases de apoyo (PCP-SL, 1986).[19] El proletariado fue considerado como clase dirigente y el campesinado como la fuerza principal de la revolución (Guzmán Reinoso y Yparraguirre Revoredo, 2014: 434).[20]

El desarrollo de la lucha armada debería permitir la creación del nuevo poder. Este nuevo poder se basaría en la construcción de las bases de apoyo (PCP-SL, 1986). Aunque la creación de las bases de apoyo era clave para la organización, el PCP-SL consideraba a sí mismo como “la forma más alta de organización”. Junto con el ejército (“la forma principal de organización”) y el frente único (el conjunto de fuerzas que luchan contra el Estado peruano), éstos fueron los tres instrumentos “para tomar el Poder por medio de la violencia revolucionaria” (PCP-SL, 1988). “La línea militar”, escribe el PCP-SL (1988), “es el centro de la línea política general”.

El PCP-SL estaba completamente enfocado en el desarrollo de la guerra popular. Todo el trabajo estaba sirviendo a este objetivo. Veamos por ejemplo lo que decía respeto al trabajo con las masas: “[…] todo el trabajo de masas del Partido en la Reconstitución fue para preparar el inicio de la guerra popular, pues, como nos enseña el Presidente Mao antes de iniciar la guerra todo es para prepararla y una vez iniciada todo es para desarrollarla. […] En la dirección de la guerra popular se va a dar un gran salto en el trabajo de masas del Partido, salto cualitativo, pues se plasma la forma principal de lucha: la guerra popular y la forma principal de organización: el Ejército Guerrillero Popular; esta altísima tarea es llevada adelante a través de la militarización del Partido y en lo que respecto al trabajo de masas significa que todo el trabajo de masas se hace a través del Ejército Guerrillero Popular, pues como es ejército de nuevo tipo tiene que cumplir tres tareas: el combatir, el movilizar y el producir […]” (PCP-SL, 1988).

EL PCP-SL (1979) consideraba la situación en el país como una situación revolucionaria. Refiriéndose a Mao, la organización creía que en el Perú siempre existía una situación revolucionaria. PCP-SL (1979): “Pero, además, el Presidente Mao Tsetung ha establecido una brillante distinción entre situación revolucionaria en desarrollo y situación revolucionaria estacionaria, como puede verse en el punto 3 del capítulo II de su obra “Por qué puede existir el poder rojo en China?” El Presidente Mao parte de que en un país semifeudal y semicolonial, como es el nuestro, siempre existe situación revolucionaria, o situación objetiva, como él llama, para el desarrollo de la lucha armada pero que ésta se da en dos formas: 1) situación revolucionaria estacionaria y 2) situación revolucionaria en desarrollo. Más aún, analizando sus planteamientos, podemos decir que una situación revolucionaria estacionaria puede ser convertida en situación revolucionaria en desarrollo por acción de las condiciones subjetivas sobre la situación objetiva; esto es muy importante de tener presente. Además hay que diferenciar el desarrollo desigual de la situación revolucionaria y tener en cuenta que ésta incluso puede darse en una región y que la propia acción revolucionaria puede generalizarla a todo el país y que, además, la lucha armada puede iniciarse en medio de un repliegue general de la revolución como lo prueba el levantamiento de la cosecha de otoño, de agosto 1927 en China.”

Es importante citar extensamente al PCP-SL en relación a su concepción de una situación revolucionaria porque con eso podemos darnos cuenta que la organización no tomaba en cuenta todos los elementos mencionados por Lenin para caracterizar una situación como revolucionaria (ver sección 1). PCP-SL (1979): “Lenin ha sentado tesis fundamentales sobre situación revolucionaria. Analizando los grandes movimientos huelguísticos de la clase obrera y la lucha popular de la segunda década de este siglo en la vieja Rusia de los zares estableció que la raíz de los mismos, su causa, era la existencia de situación revolucionaria, para precisarla escribió: “Rusia vive una situación revolucionaria porque la opresión de la aplastante mayoría de la población, no sólo del proletariado, sino de las nueve décimas partes de los pequeños productores, particularmente de los campesinos, se ha agudizado al máximo, siendo de notar que la opresión agudizada, el hambre, la miseria, la ausencia de derechos y los ultrajes al pueblo se hallan en flagrante desacuerdo con el estado de las fuerzas productivas de Rusia, con el grado de conciencia y con el nivel de las reivindicaciones de las masas...” ¿Puede decirse que tales condiciones no se dan en la actualidad en nuestro país, incluso desde hace muchos años? Es evidente que todas estas condiciones se dan en la sociedad peruana y, más aún, que tales condiciones en los últimos años han entrado en un proceso de profundo agravamiento; necesita demostrarse esto? necesita demostrarse que las “nueve décimas partes” especialmente el campesinado peruano, está sujeto a una creciente opresión y explotación?, necesita demostrarse que cada día más se agudiza la explotación y opresión del proletariado peruano?, necesita demostrarse el hambre, la miseria, la ausencia de derechos y los ultrajes al pueblo peruano? Todo esto es tan evidente que nadie lo puede negar y, más aún, para no ir más atrás, todo esto se ha agravado desde el año 68, desde la toma del Poder por el presente régimen y se ha agudizado hasta devenir en la insostenible situación que vivimos hoy, desde el año 75. ¿Alguien puede negar esta realidad que padece nuestra patria? Nadie. Nadie que se sujete al más elemental análisis objetivo de nuestra realidad. Y la existencia de estas condiciones de opresión y explotación son la base misma de la situación revolucionaria, aunque para que ésta surja se necesita a su vez de otra condición, como el mismo Lenin dice: “La opresión, por grande que sea, no siempre origina una situación revolucionaria en un país. Para que estalle la revolución no suele bastar con que los de abajo no quieran seguir viviendo como antes. Hace falta además, que los de arriba no puedan seguir administrando y gobernando como hasta entonces”. Así, Lenin definió lo que es una situación revolucionaria, lo que son condiciones objetivas de la revolución y las sintetizó en dos: 1) que los de abajo no quieran seguir viviendo como antes y 2) que los de arriba no puedan seguir administrando y gobernando como hasta entonces; estas dos condiciones son las que generan las movilizaciones de las masas, sus luchas y entre ellas el movimiento huelguístico del proletariado. No es, pues, que la movilización de las masas genere la situación revolucionaria si no al revés; la situación revolucionaria, o sea las condiciones objetivas de la revolución son la causa de las movilizaciones y éstas son su efecto. Pero además, y esto es de gran importancia, Lenin considera que la situación revolucionaria genera una crisis política en la base misma del Estado; en sus propias palabras: “Rusia atraviesa una crisis política de escala nacional, y se trata de una crisis que afecta precisamente las bases de la estructura estatal, y no en modo alguno cualquier parte secundaria de ella; afecta los cimientos del edificio y no tal o cual accesorio, tal o cual piso”. Esto es fundamental, la situación revolucionaria afecta las bases mismas, los cimientos del Estado y por lo tanto no es factible “una salida reformista de la situación”. No son factibles parches ni remiendos sino que sólo cabe una salida revolucionaria. El mismo Lenin, sintetizando magistralmente la situación revolucionaria, dice: “El estado de las masas de la población de Rusia, el empeoramiento de su situación en virtud de la nueva política agraria (a la que han tenido que apelar los terratenientes feudales como última tabla de salvación), las circunstancias internacionales y el carácter de la crisis política general de nuestro país constituyen la suma de condiciones objetivas que hacen revolucionaria la situación de Rusia a causa de la imposibilidad de resolver las tareas de la revolución burguesa por este camino y por los medios existentes (en manos del gobierno y de las clases explotadoras)”. Todo esto parece escrito para nuestro país. Resaltamos el problema de “los de arriba”; obviamente en el Perú los de arriba no pueden seguir gobernando y administrando como hasta hoy, la prueba es la tercera reestructuración del Estado que se concreta en la nueva Constitución, como es evidente, tiene que ver con todo el orden estatal. La síntesis transcrita a todas luces resume una situación similar en nuestro país y, en consecuencia, la existencia de condiciones objetivas, de situación revolucionaria en nuestra patria. Sin embargo, en el Perú hay grave confusión sobre este problema, pues se pone la movilización de las masas como causa de la existencia de situación revolucionaria lo que está abiertamente en contra con las tesis sumamente claras de Lenin y tiene un fondo: el centrar en el movimiento reivindicativo de las masas para soslayar la revolución, la toma del Poder y, en último término, soslayar la violencia revolucionaria para ir tras los procesos electorales y difundir cretinismo parlamentario. Otros, en el país, plantean que la situación revolucionaria se deriva y se desarrolla de la complementación de las condiciones objetivas con las condiciones subjetivas lo que implica otro grave error, pues condiciones subjetivas, para Lenin, implica la clase y los instrumentos para llevar adelante la revolución, ya que como él mismo dice: “Ni la opresión de los de abajo ni la crisis de los de arriba basta para producir la revolución -lo único que producirán es la putrefacción del país- si el país dado carece de una clase revolucionaria capaz de transformar el estado pasivo de opresión en estado activo de cólera y de insurrección”. No es lo mismo, por tanto, situación revolucionaria o condiciones objetivas de la revolución que condiciones subjetivas, y estas son la clase y los instrumentos capaces de convertir la situación revolucionaria en violencia revolucionaria, lo que en nuestro país implica lucha armada, frente único, Partido que maneje a ambos, proletariado capaz de dirigir y cumplir su papel de clase dirigente y un campesinado capaz de levantarse en armas.”[21]

Aparte de que el PCP-SL consideraba la situación en el Perú como una situación revolucionaria, afirmó también, refiriéndose a Mao, que las “condiciones objetivas de las revolución y su desarrollo” estaban dadas. PCP-SL (1979): “El Presidente Mao Tsetung establece las condiciones que conforman la situación objetiva y principalmente las contradicciones que se dan y de cuyo desarrollo derivan el desenvolvimiento de la revolución, en esencia la lucha armada y el triunfo inevitable de la revolución. Como puede verse en el punto 4 de su obra “Una sola chispa puede incendiar la pradera”, destaca los siguientes puntos y contradicciones:

1) En el plano internacional, desarrollo de las contradicciones entre los países imperialistas. Evidentemente éstas hoy son más agudas que ayer y la lucha por la hegemonía mundial entre las dos superpotencias, el imperialismo norteamericano y el socialimperialismo soviético, se acrecienta cada día más. Lo cual repercute en nuestro país como contradicciones en el seno de los explotadores, principalmente de la gran burguesía como se ha visto en los últimos tiempos en las facciones de la misma: la burguesía burocrática y la burguesía compradora, lo que lejos de amenguarse seguirá desarrollándose.

2) Contradicción entre los gobernantes reaccionarios y las grandes masas de contribuyentes. Entre nosotros el crecimiento del aparato estatal lleva necesariamente al aumento de impuestos que recae sobre las amplias masas populares y, además, la economía estatal se desenvuelve en constante crisis presupuestaria; el proceso seguido bajo el actual régimen y la situación del presente demuestran palmariamente lo dicho, así como que son las masas populares las que a través de los impuestos indirectos soportan más y más los gastos estatales, situación que se agrava cada vez más y seguirá agravándose.

3) Contradicción entre el imperialismo y la industria nacional. También entre nosotros es evidente esta contradicción; la industria en el país está cada día más sujeta al dominio imperialista y el acceso a sus mercados cada vez más restringido; por otro lado, la agresión de mercaderías extranjeras manejada por el imperialismo restringe la industria nacional y las propias imposiciones financieras del imperialismo la hunden más en la recesión económica agravada incluso por la crisis mundial. Como dijera Mariátegui, el imperialismo no permite el desarrollo de una industria nacional.

4) Contradicción entre la burguesía y la clase obrera. Buscando escapar a sus dificultades los capitalistas “tratan de encontrar una salida a través de la desenfrenada explotación de los obreros, y éstos les oponen resistencia”. Esta afirmación del Presidente Mao se comprueba entre nosotros todos los días hasta la saciedad, principalmente la vemos hoy en el desarrollo de la crisis que el país viene padeciendo en los últimos años. En síntesis, vemos como brutalmente se reducen los salarios, se aumenta la jornada y se imponen duras condiciones de trabajo para salvaguardar las ganancias empresariales; pero frente a esto vemos la resistencia del proletariado a través de la lucha huelguística persistente aún contra toda forma de persecución y represión, suspensión de garantías y estado de emergencia.

5) Profundización aún mayor de la contradicción entre la clase terrateniente y el campesinado. En el país el Estado ha asumido el cobro de la renta territorial a través de la deuda agraria, la inversión imperialista principalmente a través del banco agrario y el control de todo el sistema asociativo (cooperativas, SAIS, etc.) en la producción agrícola y, además, mantiene formas serviles de producción sumándose así a la vieja explotación terrateniente feudal. De esta forma se ha agravado la situación del campesinado por la evolución de la feudalidad que imprime la ley agraria y la penetración del capitalismo burocrático en el campo

.

6) Los comerciantes en productos nacionales y los productores independientes se ven empujados cada vez más a la quiebra. Actualmente la crisis económica muestra fehacientemente la validez de esta afirmación, basta recordar la situación de quiebra que enfrentan la pequeña producción industrial y el pequeño comercio, así como la pequeña minería; resaltemos la grave situación que soportan los ambulantes sobre los cuales incluso recae la represión. Pero la situación golpea hasta los medianos productores.

7) El gobierno reaccionario incrementa ilimitadamente sus tropas. En el país es evidente el desarrollo y reforzamiento de las fuerzas armadas y policiales de la reacción, tanto en contingente como en armamento, con la creación de nuevos cuerpos represivos y la ampliación de sus funciones y el mayor control que ejerce sobre todas las funciones de la sociedad. Evidentemente, este proceso se desarrollará más.

8) El hambre y el bandolerismo se extienden por todo el país. Las masas populares peruanas soportan hambre crónica, pero hoy con la crisis es mayor aún; las masas realmente, en especial los campesinos pobres no tienen nada que llevarse a la boca y con el hambre viene aparejada la enfermedad que se ceba principalmente con los niños y la juventud. La delincuencia se expande más y más y el abigeato se acrecienta en el campo amparado por las propias autoridades.

9) Las grandes masas campesinas y los pobres de la ciudad se encuentran en una situación en la que apenas pueden subsistir. Esta comprobación que el Presidente Mao hacía en China es también entre nosotros una cruel realidad, la miseria se asienta más y más entre las masas populares de nuestra patria.

10) Por falta de presupuesto muchos estudiantes temen no poder continuar sus estudios. Para el país ésta también es una verdad, el presupuesto de educación, como el de salud, decrece y la educación se agita en una profunda crisis; así muchos estudiantes dejan de estudiar por falta de centros de estudios y, además, por falta de recursos.

11) Por el carácter atrasado de la producción, muchos estudiantes graduados no tienen esperanzas de encontrar empleo. Entre nosotros igualmente se da esta situación, miles de graduados trabajan en todo menos en su profesión.

Así es como el Presidente Mao Tsetung enjuicia la situación revolucionaria en los países atrasados y al analizar las contradicciones que presenta la situación objetiva encuentra la base material que da sustento a la lucha armada, a su desarrollo y triunfo. De lo expuesto se ve que en nuestro país se da similar situación objetiva y que se desarrollan las mismas contradicciones. Todo esto es sumamente evidente, son realidades que nadie puede negar y, más aún, son contradicciones que se desarrollan y que en modo alguno pueden ser resueltas por un gobierno reaccionario; además, todos sabemos que las contradicciones que no se resuelven se agudizan, por tanto la situación objetiva de nuestro país es y será cada vez más propicia al desarrollo de la revolución, al desarrollo de su forma superior, de la lucha armada; en consecuencia la cuestión es iniciar la lucha armada, esta es la perspectiva inevitable de nuestra condición de país semifeudal y semicolonial. ¿Qué otra perspectiva puede tener nuestra patria? ¿Qué otro camino podemos seguir en el Perú? ¿Qué otra esperanza pueden tener nuestras masas populares y el proletariado? […] ¿Siguiendo nuestro país las mismas leyes de la revolución, siendo similar nuestra situación e igual nuestra perspectiva, podemos pensar de distinta manera? No, en modo alguno.”

De los conceptos de Lenin y de Mao y de su aplicación a la realidad peruana, el PCP-SL (1979) llegó a las siguientes conclusiones: “1) En nuestro país se dan las dos condiciones que sobre una situación revolucionaria planteara Lenin; 2) en nuestro país se da la situación objetiva que como contradicciones analizara el Presidente Mao; 3) es fundamental que para comprender nuestra realidad tengamos en cuenta la diferencia que hay entre situación revolucionaria estacionaria y situación revolucionaria en desarrollo; 4) teniendo en cuenta lo dicho sobre el país al analizar las tesis de Lenin y Mao, debemos concluir que estamos viviendo una situación revolucionaria en desarrollo expresada en la evidente creciente protesta popular que entre nosotros se desenvuelve atizada por la crisis que hace años vivimos. Así pues, si nos sujetamos al marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung, y a partir de él analizamos la realidad concreta de la revolución peruana tenemos que concluir que vivimos una situación revolucionaria en desarrollo y, en consecuencia, toda estrategia, táctica y acción políticas deben partir de tal reconocimiento, pues de otra manera erraremos gravemente.” Además, se lee “si analizamos, por muy someramente que sea, pero a la luz del marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung, la situación objetiva, las condiciones objetivas del país, la situación de los de arriba que ya no pueden seguir gobernando ni administrando como lo hacían, y la situación de los de abajo que ya no pueden ni quieren seguir viviendo como hasta hoy y la creciente protesta popular, no podemos menos que concluir: en nuestro país existe situación revolucionaria en desarrollo y éste es el punto de partida para determinar toda política, estrategia y táctica que sirvan al proletariado, al pueblo y a la revolución. Y una situación así no puede ser base nunca para centrar la actividad política del pueblo en procesos electorales pues éstos, en circunstancias como las que vivimos, lo desorientan de su camino revolucionario.”

Aunque la existencia de una situación revolucionaria determinaba que el tiempo era adecuado para iniciar la lucha armada, la organización pensaba, además, que la “lucha de clases en polarización y su desarrollo como lucha armada han atizado más aún la preexistente situación revolucionaria en desarrollo; y, así hoy y en perspectiva, la situación revolucionaria en desarrollo más caldeada en la actualidad estimulará más la lucha de clases y ambas impulsarán fuertemente la lucha armada” (PCP-SL. 1982).

Aparte de que en el país existía una situación revolucionaria, había otras razones para las cuales el PCP-SL consideraba el uso de la violencia revolucionaria legítimo:

1) Solamente a través del uso de los armas se puede llegar al poder. PCP-SL (Guzmán Reinoso y Yparraguirre Revoredo, 2014: 250): “La experiencia de la lucha de clases en la época del imperialismo nos enseña que sólo mediante la fuerza del fusil, la clase obrera y las demás masas trabajadoras pueden derrotar a la burguesía y a la clase terrateniente armadas; en este sentido cabe afirmar que sólo con el fusil se puede transformar el mundo entero. Somos partidarios de la eliminación de la guerra, no deseamos la guerra. Pero sólo mediante la guerra se puede eliminar la guerra. Para acabar con los fusiles, hay que empuñar el fusil’.”

2) Es solamente a través de la lucha armada que se desarrolla la lucha armada. PCP-SL (1982): “[…] es la propia lucha armada la que abre en los hechos el camino de la lucha armada y asimismo va machacando con hechos contundentes las ideas, el camino de la lucha armada en la propia mente de los hombres como parte integrante de las masas y así se incorpora a éstas más y más al gran camino de la guerra popular.”

3) Porque el mundo estaba viviendo “la ofensiva estratégica de la revolución mundial, vivimos el barrimiento del imperialismo y la reacción de la faz de la Tierra en los próximos 50 a 100 años”, era necesario militarizar el partido (PCP-SL, 1988).

4) La sociedad estaba “marchándose a una sociedad militarizada”. Entonces, “militarizando el Partido plasmamos un paso hacia la militarización de la sociedad que es la perspectiva estratégica para garantizar la dictadura del proletariado” (PCP-SL, 1988).

El MRTA

El MRTA fue fundado en 1982. Aunque la organización comenzó a operar oficial y públicamente en 1984, en el periodo 1982-1984 ejecutó diferentes acciones y organizó sus militantes política y militarmente.

La organización habría contado de 1.000 a 10.000 militantes (Sterr, 1997: 252; Strong, 1992: 218; Polay, 2007: 127). Cuando en 1992 su líder Víctor Polay fue capturado, las acciones de la organización disminuyeron drásticamente. La ley del arrepentimiento, promulgada en mayo de 1992 y que otorgaba beneficios a los militantes encarcelados que proporcionaron información que ayudaba a desarticular la organización, debilitó considerablemente al MRTA (Renique, 2015: 149-150; Sterr, 1997: 255).[22]

En diciembre de 1996 el MRTA asaltó la residencia del embajador de Japón en Lima. Durante cuatro meses los militantes de la organización guerrillera ocuparon la residencia, tomaron 72 personas como rehenes, entre congresistas, empresarios, policías, diplomáticos japoneses y otros. En abril de 1997, comandos peruanos de las Fuerzas Armadas atacaron la residencia, liberando todos menos uno de los rehenes quien murió en la acción. Los 14 guerrilleros murieron, algunos liquidados con sólo una bala en su cabeza. El ataque fue mortal para el MRTA.

El MRTA consideraba el Perú como un país capitalista en el cual la clase obrera “no sólo juega un rol clave en nuestra economía, sino que políticamente ha pasado a ser la fuerza principal de la revolución” (MRTA, 1990b: 21). El Estado peruano fue considerado una “maquinaría de opresión” de la clase dominante (MRTA, 1990c: 23).

En el documento “El camino de la revolución peruana”, aprobado en la segunda reunión del Comité Central Unificado del MRTA en 1988,[23] la sociedad peruana se caracterizó de la siguiente manera (MRTA, 1988: 20-26):

1) El Perú estaba dominado por el imperialismo y fue una semi-colonia. El país fue política, económica y militarmente controlado por el imperialismo.

2) Los sectores capitalistas de la economía fueron los sectores más importantes. Aunque en el sector agrícola era posible de encontrar formas de relaciones de producción feudales, la importancia de este sector había disminuido.

3) Un pequeño grupo de corporaciones, de “carácter monopólico”, determinaba el curso de la economía. Según el MRTA, sólo el “6% de las empresas que emplean más de 100 trabajadores y cuyos propietarios constituyen la burguesía intermediaria y la gran burguesía: tienen casi la mitad de los trabajadores de la industria; producen cerca de las dos terceras partes del valor agregado y poseen casi las tres cuartas partes de la capacidad instalada en máquinas y equipos”.

4) La mayoría de las empresas empleaban entre 5 y 19 trabajadores, a pesar de que su contribución al empleo total estaba alrededor del 20%.

            Además decía, “podemos decir que la nuestra es una sociedad capitalista, dominada por el imperialismo bajo formas neocoloniales. Subordinados a este modo de producción predominante, se encuentran formas semifeudales, comunitarias y primitivas de producción que han sido integrados y supeditadas a la acumulación del capital” (MRTA, 1988: 29).

El objetivo del MRTA fue “la captura del poder y la construcción del socialismo” (MRTA, 1988: 38). Con el fin de tomar el poder, las fuerzas políticas-militares tuvieron que ser construidas. Esto, de acuerdo con el MRTA, sólo era posible a través de la guerra revolucionaria. MRTA (1988: 39): “El proceso de construcción de esta fuerzas político-militar popular es la guerra revolucionaria del pueblo, esto es, el complejo e integral proceso de entrelazamiento de diversas formas de lucha y organización que ordenándose en torno al eje estratégico de la lucha armada, permite la generación de una nueva correlación de fuerzas entre las clases y la derrota de la contrarrevolución. Por eso es que definimos la estrategia de la revolución peruana como la de la guerra revolucionaria del pueblo”. Y esta guerra revolucionaria debería mantenerse, fundamentalmente, por “el pueblo en armas, organizado en milicias urbanas y rurales, y en el ejército regular revolucionario, que es donde se concentra la fuerza y la técnica militar” (MRTA, 1988: 41).

El MRTA (1988: 39) pensó que la lucha por el poder no solamente se “despliega en todos los planos de la lucha de clases”, sino también “se sintetiza en la construcción de los órganos de poder popular”. Se creía que los “órganos del poder popular” podrían desarrollarse más rápidamente en el campo, “sustentados en la fuerza militar revolucionaria”. Los nuevos órganos del poder asumirían “funciones de Estado expulsando a los órganos locales del poder burgués”.

La lucha armada fue considerada como el principal elemento de la estrategia. “La guerra”, como escribe el MRTA (1988: 41), “es la única forma de ir constituyendo, en la lucha misma, la fuerza político-militar del pueblo y volcar la correlación de fuerzas entre las clases”. Sin embargo, no descartó otras formas de lucha. MRTA (1988: 40-41): “La guerra revolucionaria del pueblo es la vía estratégica por la que se abre paso la revolución peruana. La entendemos como el complejo proceso en el que se entrelazan diversas formas de lucha y organización que se articulan en torno al eje estratégico de la lucha armada. Esto permite la acumulación de fuerzas político militar del pueblo generando la correlación de fuerzas que ha de permitir la victoria revolucionaria.”[24] Además planteaba la necesidad de desarrollar un Frente Unido de la Revolución. Este frente, debería levantarse “a partir de las organizaciones sociales, políticas y culturales que el pueblo ha gestado a través de sus luchas” (MRTA, 1988: 41).

Al comienzo de la década de ochenta el MRTA definió la situación política en el Perú como una situación prerrevolucionaria.[25] En “Nuestra Posición”, un documento publicado por los precursores del MRTA en 1981, se puede leer lo siguiente: “Estamos en la antesala del recrudecimiento de los factores objetivos que signaron el periodo pre-revolucionario. Nuestra impotencia como izquierda nos llevó a su desaprovechamiento y a que las clases dominantes impusieron su opción electoral. Esta perspectiva nos indica que aparte de la construcción del destacamento de vanguardia, se requiere en este periodo iniciar la acumulación de la fuerza militar como instrumento inherente en la lucha por el poder.” (MRTA, 1990c: 27)

El MRTA no definió lo que es una situación revolucionaria sino proporcionó una descripción general de los elementos que llevó el MRTA a concluir que existía una situación prerrevolucionaria en el país.[26] En el documento “El MRTA y las tareas en el periodo pre-revolucionario” del segundo Comité Central de febrero de 1985, la organización mencionó algunos elementos “por los que sustentamos el periodo pre-revolucionario”. Enumeraba factores internacionales como “la crisis más profunda del capitalismo”, “la persistencia de la crisis y el estancamiento y/o retroceso en algunos casos de las economías” en América Latina, “la proletarización de las masas campesinas y de la pequeña burguesía funcionaria, creando favorables condiciones para una alianza entre estas clases”, “la consolidación de la revolución cubana y los avances de Nicaragua”, y “la profundización del ascenso de masas y el fortalecimiento de la lucha anti-dictatorial y democrática en el cono sur”. Cuando se refirió al Perú mencionó, en términos generales, “una crisis profunda de las clases dominantes”, “no existe capacidad dirigente entendida como una clase o sector con proyecto alternativo”, “la burguesía está incapacitada para resolver los problemas fundamentales para el desarrollo del país”, la “clase obrera y masas populares que vienen demostrando sus cualidades tanto combativas como importantes experiencias de conducción del poder popular en los frentes de defensa”, y el “descontento de las llamadas capas intermedias también se produce en estos periodos y la burguesía se encuentra incapacitada para seguir manejando estos sectores” (MRTA, 1990d: 69-70).

La primera reunión del Comité Central en enero de 1984 consideraba que las condiciones objetivas de la revolución se aceleraban (MRTA, 1990f: 54). En la segunda reunión del Comité Central la organización confirmó que “[…] la situación económica y política ha empeorado para las masas. Se ratifica en consecuencia la validez y la vigencia del periodo pre-revolucionario prolongado y que la forma de acumular fuerzas es mediante la lucha armada de manera prioritaria […]” (MRTA, 1990a: 47). El MRTA debería contribuir a que la situación prerrevolucionaria se transformaba en una situación revolucionaria (MRTA, 1990d: 70).

En el periodo prerrevolucionario era necesario que se acumulara las fuerzas revolucionarias. MRTA (1990d: 69): “El avanzar en el terreno estratégico implica la incorporación del pueblo al proceso de guerra que vive el país. Es decir, organizar la violencia revolucionaria de masas.” Además decía que “en un periodo pre-revolucionario la tarea de los revolucionarios es madurar este periodo hacia una situación revolucionaria. En nuestro país sólo es posible mediante la lucha armada. En esa perspectiva lo fundamental de nuestra actividad debe estar centralizada en el desarrollo de la lucha político-militar” (MRTA, 1990d: 69).[27]

En un documento de la segunda reunión del Comité Central Unificado de 1988, se puede extraer la siguiente: “Estamos en un periodo pre-revolucionario en que las condiciones para la revolución se van dando, las masas se encuentran en un estado paupérrimo, van adquiriendo creciente combatividad y autonomía ideológica a cuyo calor se va forjando una dirección revolucionaria con la incorporación de sectores de vanguardia a la guerra revolucionaria.”[28] (MRTA, 1988: 70)   

 

La principal razón para el uso de la violencia revolucionaria fue la situación prerrevolucionaria. Sin embargo, en relación con la situación prerrevolucionaria había otras razones. A continuación presentamos estos motivos:

1) Los medios legales para la lucha revolucionaria se habían agotado. MRTA (1990g: 74): “[…] teniendo en cuenta que se han agotado de manera fundamental los medios legales de la lucha en la búsqueda de lograr satisfacer las necesidades esenciales del pueblo trabajador, y que la democracia formal se ha convertido en un círculo vicioso que envuelve y arrastra en su dinámica al conjunto de los partidos burgueses y reformistas perpetuando indefinidamente la explotación imperialista y la opresión de las masas populares […].”

2) La pérdida de legitimidad por el gobierno de Belaúnde (1980-1985) ante las masas. Según el MRTA (1990c: 28), “[…] el cierre sistemáticos de libertades burgueses ante la presión del movimiento popular” activará la combatividad popular como también el aumenta de la represión. Entonces, “[...] se perfilan más nítidamente las condiciones para el uso de la violencia revolucionaria”.[29]

3) El desarrollo de la lucha armada podría generar una conciencia revolucionaria. MRTA (1990c: 27): “Es asimismo real que no generaremos conciencia socialista en las amplias masas en base a la propaganda oral o escrita. Se requiere, necesariamente, la incorporación de nuevos métodos de acción revolucionaria; la incorporación, entendida como proceso, de la violencia organizada en la lucha de las masas.”

4) Para la toma del poder se debe organizar la violencia revolucionaria. MRTA (1990d:56): “Asegurar el futuro de la revolución es asegurar primero la salud revolucionaria de las masas. Qué significa: evitar que la derroten, que la desvíen o la ilusionen con prédicas reformistas; pero todo esto se logra con la incorporación de nuevas formas de lucha y nuevas formas de organización. Cuando hablamos de nuevas formas de lucha nos referimos específicamente al uso de la violencia organizada. Se justifica no sólo del punto de vista de la defensa ante la brutalidad policial, sino porque debemos difundirla y masificarla como forma fundamental de lucha de la población por la toma del poder.”

5) La militarización del país al comienzo de la década de ochenta. Polay (2007: 183, 212): “[…] no veíamos otra posibilidad que ese proceso de militarización, y que decíamos que el pueblo y la izquierda debían estar preparados […] En cuanto a la línea militar, entendíamos que frente a la violencia del Estado y la militarización creciente de la sociedad peruana, frente a la agresión constante de las Fuerzas Armadas ante la población civil inerme, como lo ha determinado la Comisión de la Verdad ─esos han sido años muy difíciles donde las desapariciones, genocidio, tortura, eran como el pan de cada día─, el MRTA debía avanzar y organizar una contraviolencia popular […].”[30]

6) La “ilegalidad” del gobierno de Belaúnde. Polay: “[…] en el primer manifiesto que lanzamos al país hicimos en nombre de la Constitución de setenta y nueve, nosotros insurgimos levantando el derecho de insurgencia porque entendimos que este Gobierno había dejado de ser legítimo, un Gobierno que tenía el privilegio de haber desarrollado la guerra sucia en el Perú […], había dejado de ser legal […].”

6. Las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución en el Perú

En las secciones anteriores hemos desarrollado nuestro marco teórico, las condiciones políticas, económicas y sociales que llevaron el ELN, el MIR, el MRTA y el PCP-SL a tomar las armas y hemos visto sus razones para legitimar la violencia revolucionaria. Ahora analizamos sus puntos de vista, tomando en cuenta el contexto político, económico y social, en relación con lo que han dicho las principales referencias de estas organizaciones políticas, es decir, Lenin, Mao, Guevara y Castro. Esta sección está dividida en dos partes. En la primera subsección tratamos la década de sesenta y en la siguiente los años finales de la década de setenta y los del comienzo de los años ochenta.

La década de sesenta

La lucha guerrillera en 1965 se llevó a cabo en un contexto internacional que haría muy difícil una victoria de las fuerzas socialistas. Después de la Revolución Cubana, los estadounidenses trataron, en una variedad de formas, de eliminar las tendencias progresistas. No toleraron un “segundo Cuba”. Y si fuese posible, la dirección revolucionaria de Cuba debía ser liquidada. El imperialismo buscaba la guerra porque sus intereses estaban en juego.

            Los Estados Unidos no encontraron ningún obstáculo que impidiera defender sus intereses. Los militares latinoamericanos y éstos políticos que no querían introducir reformas, estaban dispuestos a ayudar a los Estados Unidos en su lucha contra el “surgimiento del comunismo” en América Latina.

El imperialismo no tenía ningún problema para apoyar a la burguesía local, ni le importaba cuán fuerte reprimiera a su propia población. Washington haría cualquier cosa para ayudarla en su lucha contra organizaciones y grupos que buscaron el derrocamiento del orden existente. La rápida construcción de un aparato de contraguerrilla en toda América Latina muestra claramente la dirección del pensamiento político y militar de los responsables políticos en los Estados Unidos, expresado en varias “doctrinas”.

La Alianza para el Progreso, que fue creada con mucho ruido en 1961, tuvo en su mayor parte una función ideológica y propagandística. A la población latinoamericana se le debía mostrar el lado humano del capitalismo, junto con productos manufacturados en América del Norte. Los objetivos socioeconómicos de la Alianza para el Progreso no se cumplieron, los objetivos militares sí, es decir, evitar un “segundo Cuba”.

La invasión en la República Dominicana en abril de 1965 mostró que si los Estados Unidos no fueron capaces de colocar un gobierno títere o no pudieron convencer a los militares locales de cometer un golpe de estado contra un presidente reformista, ellos mismos invadirían el país cuyo pueblo había elegido un gobierno que no tanto tomaría en cuenta los intereses del capital norteamericano.

            En el contexto de la lucha contrarrevolucionaria continental había un interés especial en el Perú. Este fue, según la CIA, “un excelente ejemplo de un país latinoamericano que poco a poco se desplaza hacia la revolución social”.

La clase dominante peruana no sufrió, ni antes ni durante los “años guerrilleros”, una crisis de existencia. La primera condición objetiva de Lenin para considerar una situación como revolucionaria no existió. Aunque había diferencias entre la clase dominante, es decir, entre Belaúnde (AP), Víctor Raúl Haya de la Torre (APRA) y Manuel Odría (UNO), la unidad política fue lo que finalmente dominó. Llama la atención, por ejemplo, la facilidad con que el Gobierno peruano pudo obtener el préstamo de bonos para financiar la guerra contra la guerrilla.

La no existencia de una crisis dentro de la clase dominante se expresa, paradójicamente, en la elección de Fernando Belaúnde como presidente. Los grandes terratenientes y las instituciones financieras, en la década del sesenta considerados por la izquierda como la oligarquía, se dieron cuenta de que la estructura de la sociedad había cambiado y que se estaba cociendo un gran descontento entre la población, sobre todo entre el campesinado. El imperialismo, visto en el contexto de la Revolución Cubana, estaba consciente de que las clases dominantes latinoamericanas necesitaban “renovarse” y que era necesario que el pueblo no se “alienara” del orden capitalista. La elección de Fernando Belaúnde mostró que la oligarquía estaba dispuesta a compartir el poder con grupos sociales emergentes con el objetivo de no poner en peligro el sistema en conjunto. Las propuestas de la reforma agraria no estaban destinadas a ser implementadas, sino para demostrar a los campesinos que el orden democrático capitalista fue capaz de defender sus intereses.

Se puede defender la tesis que el gobierno de Fernando Belaúnde contó con la aprobación del pueblo peruano. Inmediatamente después de su ascenso a la presidencia, las elecciones municipales fueron reintroducidas y ganadas tanto en 1963 como en 1966 por la alianza que gobernaba el Perú.

La segunda condición objetiva para considerar una situación como revolucionaria, es que la situación de la clase oprimida tendría que haber sido empeorada enormemente. Esta situación tampoco existía. Las condiciones socioeconómicas de la clase obrera y los campesinos no se deterioraron drásticamente ni (directamente) antes ni durante “los años guerrilleros”. Incluso, cabría decir que su situación mejoró. Por supuesto, todavía había un pequeño grupo de terratenientes que poseía la mayor parte de las tierras, pero la propuesta de hacer una reforma agraria no puede ser consideradas otra cosa que una mejora en una situación generalmente miserable.

El gobierno de Fernando Belaúnde ha tenido que enfrentar graves problemas económicos solamente en la fase final de su gobierno. Antes y durante los “años guerrilleros” la economía iba viento en popa. Aunque el aumento del gasto público no fue compensado con un aumento proporcional de los ingresos del Gobierno, ese fue un problema que no se quería tratar al momento, tal vez en el futuro. Sin lugar a dudas, la población no ha “sufrido” por el aumento de las inversiones públicas en carreteras, viviendas y riego, tampoco por el crecimiento del salario de los docentes y el aumento en número de profesores de primaria y secundaria. En resumen, en el período 1963-1965 la situación de las clases oprimidas no se deterioró drásticamente en comparación con los años anteriores.

La tercera condición objetiva de Lenin para determinar si existe una situación revolucionaria tiene que ver con un cambio subjetivo causado por circunstancias objetivas: un aumento de la actividad política de las masas como resultado de una crisis económica y política. En el Perú no hubo una crisis política ni económica en el período desde la Revolución Cubana. A pesar de estas favorables condiciones objetivas para la clase dominante en su conjunto, desde 1958 hasta los primeros meses de 1964 hubo un importante resurgimiento de la lucha de masas.

Durante el Gobierno de Manuel Prado (1956-1962), el número de huelgas aumentó y en cuatro años la cantidad de huelgas se duplicó. En promedio se produjo en 1962 más de una huelga por día y el número de sindicatos reconocidos por el Gobierno se incrementó más del 100%. Además, en este periodo los campesinos comenzaron a demandar reformas agrarias y la sindicalización tomó vuelo. Los sindicatos campesinos se triplicaron.

La juramentación de Fernando Belaúnde en junio de 1963 como presidente del Perú contribuyó al desarrollo de la lucha de las masas. Los campesinos adelantaron la reforma agraria propuesta por el nuevo presidente durante la campaña electoral. Había masivas ocupaciones de tierra. Los cientos de tomas de tierras que tuvieron lugar en todo el país, en enero de 1964, junto con el gran número de huelgas en estos años, podrían haber ayudado a acercarse a una situación revolucionaria. Aunque el sector de agricultura era macroeconómicamente menos importante que el sector secundario y terciario, en 1961 todavía la mayoría de la población económica activa trabajaba en la agricultura y la mayoría de la población vivía en las zonas rurales.

El campesinado era una masa que se movía en todo el país. Si esta masa hubiera establecido conexiones políticas y organizativas con los trabajadores en huelga, pudo haber sembrado una cizaña entre las diferentes fracciones de la clase dominante exigiendo reformas agrarias radicales. La falta de organizaciones revolucionarias capaces de unir la lucha de los campesinos y de los obreros, de traducir sus demandas políticamente y de convertirlas en acciones concretas y revolucionarias, la hizo imposible y, por lo tanto, el Gobierno tenía el campo libre para reprimir la resistencia campesina. Además, la llegada de Belaúnde al poder trajo un cierto grado de euforia entre la población que dificultaba la práctica política de las organizaciones revolucionarias. Existía la idea de que se implementarían cambios fundamentales en el país: Belaúnde fue elegido con el apoyo de los comunistas, era visto como progresista y antiimperialista y había prometido nacionalizar la petrolera norteamericana International Petroleum Company (IPC).

            Una situación revolucionaria se transforma en revolución por el acto consciente de la clase revolucionaria y sus aliados. En base a la experiencia acumulada de lucha y bajo la dirección de la vanguardia, es decir -de acuerdo con Lenin- los trabajadores organizados con conciencia de clase y políticamente activos, se inician las acciones en cooperación con campesinos y sectores de la pequeña burguesía (por ejemplo intelectuales) que deberían derribar el régimen. La vanguardia debe ser capaz de hacerlo e involucrar a las masas en estas acciones.

            Las condiciones subjetivas pueden dividirse en tres elementos interrelacionados: (1) las experiencias de la lucha de las masas, (2) el nivel de la conciencia de clase entre las masas; y, (3) la existencia de una vanguardia organizada. En el Perú se había adquirido muchas experiencias importantes en la lucha de los campesinos y durante las huelgas en las ciudades, existían diversas organizaciones políticas de izquierda que lucharon entre sí por la hegemonía y hubo un bajo nivel de conciencia de clase. En otras palabras, solo por una parte se había reunido las condiciones subjetivas.

            La lucha de la clase obrera en las ciudades no superó su carácter economicista. La lucha campesina se estancó al nivel de una lucha de intereses. La izquierda tenía poca influencia en las ocupaciones de tierras por las comunidades al final de la década de cincuenta y al comienzo de la década de sesenta. Aunque las acciones de las comunidades fueron muy fuertes, como por ejemplo contra la Cerro de Pasco Corporation, sin embargo, estos campesinos estaban más lejos de una conciencia de clase que los campesinos que se organizaban en sindicatos.

            Las experiencias de lucha que se fue acumulando después de la Revolución Cubana no sufrieron ningún cambio cualitativo. La lucha no fue llevada a un nivel superior.

            En el período de la reactivación de la lucha de clases, la izquierda revolucionaria, aparte de los trotskistas en la provincia La Convención y en el distrito de Lares en el departamento de Cuzco, no estaba presente en forma organizada. Una de las razones fue que el APRA y el PCP dominaron el movimiento sindical y, además, la izquierda fue a menudo objeto de represión por lo cual una construcción organizada, sólida y estable de sus organizaciones fue impedida. Asimismo, la izquierda estaba tremendamente dividida y eso fue agravado por la división dentro del PCP en partidarios de Moscú y de Beijing.

            La conciencia de clase de las masas está relacionada con el nivel político de la lucha de clases y las actividades de la vanguardia revolucionaria. Las masas peruanas tuvieron un bajo nivel de conciencia de clase. La lucha guerrillera del MIR y del ELN duró muy poco para que el proceso planteado por el Che Guevara y Fidel Castro pudiera iniciarse; es decir, para que la guerrilla pudiera elevar la conciencia de clase de las masas. Las condiciones subjetivas no fueron, a diferencia de lo que esperaba el líder guerrillero del MIR Guillermo Lobatón, creadas en la lucha. Igualmente, no todas las fuerzas heroicas de las masas, como el MIR pensaba que iba a suceder, fueron desencadenadas para que no fueran necesarias de utilizar “mezquinos recursos” para crear las condiciones revolucionarias.

La década de setenta-ochenta

Al comienzo de la década de ochenta no existía una crisis dentro de la clase dominante. De hecho, durante las elecciones presidenciales de 1980 la mayoría de la población votaba por los partidos de la derecha.

La situación económica de la mayoría de la población se empeoró radicalmente a partir de 1978. Entonces, podríamos decir que se cumplió la segunda condición de Lenin.

Desde el inicio de la dictadura militar la lucha de clases estaba en aumento. Las huelgas de los trabajadores y también la lucha del campesinado evidencian un incremento de la actividad política de las masas. Sin embargo, a partir de 1984 esta lucha se estaba disminuyendo. Parece que la tercera condición de Lenin también se cumplió antes del 1984.

Se podría argumentar que había condiciones subjetivas para la revolución. En la década de setenta y al comienzo de ochenta las masas habían adquirido muchas experiencias. Eso muestra claramente los resultados electorales para la Asamblea Constituyente de 1978 y el hecho de que en 1984 Alfonso Barrantes, el candidato de una confluencia de fuerzas de izquierda (Izquierda Unida), fue elegido alcalde de Lima. Sin embargo, como veremos abajo, no podemos decir que existía un alto nivel de conciencia de clase entre las masas.

            Al final de la década de setenta y al comienzo de la década de ochenta existían muchas vanguardias. No había una organización con una clara hegemonía. Y aunque es cierto que la izquierda legal logró unificarse en la organización Izquierda Unida, la izquierda no fue capaz de convertir esta organización en un frente revolucionario de masas. La Izquierda Unida fue un frente electoral y nada más. Según el PCP-SL, la izquierda legal y el MRTA fueron parte del campo de enemigo. La izquierda legal no consideró el MRTA como enemigo, pero tampoco estaba dispuesto a convertirse en el brazo legal del MRTA o, por ejemplo, juntarse en una nueva organización.

            En el Perú no existió una situación revolucionaria si analizamos estrictamente las condiciones de Lenin. Por lo tanto, el uso de la violencia revolucionaria como medio para llegar al poder no fue legítimo.

            En el caso de la década de sesenta la situación política y económica en el Perú era muy clara. No existió una situación revolucionaria. Sin embargo, al final de la década de setenta y al comienzo de la década de ochenta la situación era más complicada. Entonces, debemos ver con más detalle los elementos políticas de las condiciones objetivas para llegar a una apreciación correcta.

            El hecho de que no existía una crisis en la clase dominante no significa que esta crisis no fue latente. Una lucha de masas que se combina con una lucha armada podría generar la crisis. Sin embargo, al comienzo de la década de ochenta no existía una crisis latente. A pesar de que el Gobierno de Belaúnde introducía políticas económicas que no fueron favorables para el capital nacional, éstas políticas no causaron fricciones elementales dentro de la burguesía. Y aunque el Gobierno tenía problemas económicos, estos problemas fueron la consecuencia de la crisis internacional y no (directamente) causada por el “frente interno”.

            En los años 1977 y 1978 si había una crisis dentro de la burguesía. La lucha de masas fue su catalizador principal. La clase dominante logró solucionar eso con la convocatoria a un Asamblea Constituyente y elecciones presidenciales. El Gobierno de Belaúnde continuó, en general, las políticas del gobierno militar anterior. Es decir, no había una ruptura política y económica real.

La lucha del campesinado en la década de setenta fue en aumento pero no fue (directamente) causado por sus propias organizaciones o por las organizaciones de izquierda, sino fue el resultado de la Reforma Agraria de 1969. Además, en general, la lucha del campesinado era una lucha para obtener la propiedad de un pequeño pedazo de tierra. Entonces, no se debe sobreestimar el nivel de conciencia de clase del campesinado.

            La lucha sindical en la década de setenta fue fenomenal cuando revisamos las estadísticas sobre la cantidad de huelgas, los trabajadores involucrados en estas huelgas y de las horas-hombre perdidas. Las grandes huelgas de 1977 y 1978 eran netamente huelgas económicas. Para eliminar el potencial política de la huelga de 1977, el Gobierno de Morales convocó a elecciones. El hecho de que en las elecciones presidenciales la población votó en mayoría por los partidos de la derecha no puede atribuirse simplemente al hecho que la izquierda se había dividida. El voto por la derecha expresa también que no existió una conciencia de clase consolidada. Una conciencia economicista dentro de la clase trabajadora fue dominante.[31]

            Las medidas neoliberales del Gobierno de Belaúnde al comienzo de la década de ochenta causaron un nuevo ascenso de la lucha sindical. Pero estas luchas eran principalmente defensivas. Además, no lograron revertir las medidas políticas económicas del Gobierno.

Se podría argumentar que la lucha sindical tenía un alto componente político porque durante las elecciones municipales de 1984 la izquierda logró obtener la alcaldía de la municipalidad de Lima como de múltiples otros municipios en el país. Sin embargo, igual como en el año 1979, el movimiento huelguista empezó a disminuirse con la prolongación de la crisis económica y el miedo a ser despedido. Además, en vez de buscar soluciones colectivas de sus problemas, la masa trabajadora empezó a solucionar sus problemas individualmente. Eso está expresado en el aumento del sector informal y en el incremento de los trabajadores que laboraban por su propia cuenta (“independientes”).

            Podemos decir, con el MRTA, que existió una situación prerrevolucionaria porque no se cumplieron todas las condiciones de Lenin. También se puede argumentar con el PCP-SL que existió una situación revolucionaria en desarrollo. Entonces, como ellos manifiestan, se puede usar la violencia revolucionaria como método para llegar al poder. En este sentido, el MRTA y el PCP-SL seguían lo que decía Hart Dávalos: una guerra popular puede crear “situaciones revolucionarias”.

            Cuando revisamos los textos del MRTA y del PCP-SL llegamos a la conclusión que el concepto prerrevolucionario como también el concepto de situación revolucionaria en desarrollo no necesariamente pueden justificar el uso de la violencia política. Incluso, en el caso del PCP-SL, podemos encontrar que han usado el concepto situación revolucionaria incorrecto. A continuación nuestros argumentos.

            El PCP-SL ha justificado el uso de la violencia política porque existía una situación revolucionaria en el país. En relación con su concepto situación revolucionaria en desarrollo decían que “una situación así no puede ser base nunca para centrar la actividad política del pueblo en procesos electorales pues éstos, en circunstancias como las que vivimos, lo desorientan de su camino revolucionario”. Según la organización, la situación revolucionaria debería convertirse en violencia revolucionaria.

Las condiciones subjetivas eran determinantes para cambiar una situación revolucionaria estacionaria en una situación revolucionaria en desarrollo. Parece que la situación estacionaria es similar al concepto situación prerrevolucionaria del MRTA.

            El PCP-SL refería solamente a dos condiciones objetivas de Lenin en vez de tres para argumentar que existía una situación revolucionaria en el país. Consideraba que la tercera condición (el movimiento de las masas) es el resultado de las primeras dos condiciones (crisis en la burguesía y el empeoramiento de la situación socio-económica de las masas). No negamos que Lenin dice que “como consecuencia de las causas mencionadas, hay una considerable intensificación de la actividad de las masas”, sin embargo, la tercera condición debe existir para determinar si hay una situación revolucionaria.[32]

            El análisis del PCP-SL de las primeras dos condiciones es muy escueto. Dice que la explotación y la opresión se agudizan más pero no muestra la diferencia entre, por ejemplo, 1980 y 1977. Es decir, no explica al fondo lo que ha cambiado cualitativamente entre el inicio de la guerra popular en mayo de 1980 y en los años anteriores.

El PCP-SL consideraba que existió una crisis en “los de arriba”. Decía que la constitución de 1979 (la “nueva Constitución”) es una prueba de la crisis en la clase dominante. Sin embargo, justamente esta constitución solucionó la crisis dentro de la clase dominante en los años anteriores.

La organización maoísta trató de aplicar el concepto situación revolucionaria en desarrollo de Mao a la situación concreta en el Perú. Mencionó 11 elementos que deberían dar evidencia que en el Perú existía una situación revolucionaria en desarrollo. Había contradicciones entre los países imperialistas, entre el Gobierno y las masas, entre el imperialismo y la industria nacional, entre la burguesía y la clase obrera, y entre los terratenientes y el campesinado. Todas estas contradicciones existían antes del inicio de la guerra e, incluso, en cierta forma, hasta hoy existen. El partido no demostró si estas contradicciones habían llegado a un nivel más alto en comparación con un periodo anterior.

En la lista de elementos de una situación revolucionaria en desarrollo hay también elementos que deben mostrar que la situación socio-económica de la población se empeoró. Los comerciantes y los productores independientes “se ven empujados cada vez más a la quiebra,” el hambre se extiende por todo el país, las grandes masas campesinas y pobres apenas pueden subsistir, los estudiantes no pueden continuar sus estudios y falta de empleo.

La aplicación del concepto de una situación revolucionaria en desarrollo por parte del PCP-SL no es convincente ni cuando se acepta que una situación revolucionaria existe cuando se cumple las primeras dos condiciones objetivas de Lenin. Que la situación de las masas se ha empeorado es evidente. Las políticas neoliberales del Gobierno de Belaúnde apuntaban al aumento de la tasa de explotación. Sin embargo, no está mostrado que realmente existía una crisis dentro de la clase de burguesía.

Según el PCP-SL las protestas a finales de la década de setenta mostraron que ellos tenían toda la razón en su aplicación del concepto de situación revolucionaria en desarrollo. La situación revolucionaria en desarrollo estaba “expresada en la evidente creciente protesta popular”. Sin embargo, como hemos visto arriba, el nivel de la conciencia de las masas no era alto y sus protestas fueron defensivas. Las luchas de masas no lograron revertir las medidas anti-laborales del Gobierno.

             El MRTA no definió lo que era una situación prerrevolucionaria sino describió sumamente breve algunos factores que consideró como elementos de una situación prerrevolucionaria. Hablaron sobre “una crisis profunda de las clases dominantes”, pero no detallaron en qué consistió esta crisis. Parece que el MRTA confundió la crisis económica con una crisis dentro de la clase burguesía. Además, cuando dice que la burguesía no está capaz de manejar el descontento de las clases intermedias, no explica en qué consistió esta incapacidad.

            En su documento “El MRTA y las tareas en el periodo pre-revolucionario” decía que la burguesía era incapaz de solucionar los “problemas fundamentales para el desarrollo del país”. Desde el punto de vista marxista o, quizás mejor, desde el campo de la izquierda socialista, siempre se argumenta que la burguesía no sabe solucionar los problemas fundamentales del país. Es decir, este ‘factor’ no diferencia cualitativamente la situación al comienzo de la década de ochenta con por ejemplo la situación en 1976.

            El MRTA escribía que la clase obrera y las masas populares estaban demostrando sus cualidades combativas y mostraban sus “experiencias de conducción popular”. Como hemos argumentado arriba, estas luchas fueron defensivas. Parece que el MRTA confundió las expresiones de la realidad de la lucha con lo que estaba motivando la lucha. Recordamos lo que decía Castro: “[...] los factores subjetivos son los que se refieren al grado de conciencia que el puebla tenga”.

            El concepto de la situación prerrevolucionaria podría ser muy útil para caracterizar un país que estaba en camino hacia una situación revolucionaria. Sin embargo, un adecuado uso del concepto urge en primera instancia una definición del mismo concepto. Esta definición debe indicar la diferencia con una situación revolucionaria y con una situación antes de una situación prerrevolucionaria. Es decir, debe definir claramente las diferencias cualitativas. En segunda instancia, se debe aplicar la definición de una situación prerrevolucionaria a la situación concreta diferenciando las expresiones de la realidad de las tendencias o desarrollos estructurales, subyacentes.

7. Las otras razones para usar la violencia revolucionaria

El análisis de la situación en el país fue esencial para determinar si la lucha armada debería empezar o no. Sin embargo, había otras razones que llevaron el MIR, el ELN, el PCP-SL y el MRTA a usar las armas. En esta sección hacemos una comparación entre las cuatro organizaciones guerrilleras respecto a estas razones “adicionales”.

Todas las organizaciones afirmaban que la lucha armada es la única vía para tomar el poder. O, en otras palabras, los cambios revolucionarios solamente podrían materializarse a través del método revolucionario, es decir, la lucha armada. Aunque eso podría ser cierto, no significa que la lucha guerrillera era la vía más apropiada. También una insurgencia popular y armada podría ser el camino hacia la revolución. Y aunque Lenin consideraba que el proletariado debería tener armas y creía que “la lucha de guerrillas es una forma inevitable”, todo dependía de la situación concreta.

            El MIR, como el ELN, consideraba que su organización era débil. Lo que faltaba era organizar y reforzar el factor subjetivo. La lucha armada fue considerada como el medio apropiado para desarrollar sus organizaciones. Sin embargo, eso solamente podría haber ocurrido en caso que no existiera el ejemplo cubano. No solamente los guerrilleros tomaron lecciones de la guerrilla de Fidel Castro, sino también la burguesía nativa y el imperialismo.[33] Se puede argumentar que el MRTA pensaba lo mismo cuando decía que la lucha armada podría generar una conciencia revolucionaria. Y esta conciencia era primordial para el desarrollo de la organización como también para la lucha para la toma del poder en general.[34] El PCP-SL aprendió de la experiencia guerrillera de la década de sesenta en el sentido que ellos prepararon su organización desde el comienzo de la década de setenta para el inicio de la lucha armada.

            Es interesante ver que el MIR, el ELN y el MRTA aceptaron la premisa que en una democracia no se puede llevar a cabo la lucha armada. Sin embargo, argumentaron que el Gobierno de Belaúnde (en la década de 60 como en la década de 80) no era realmente democrático. Mientras Lobatón decía, coincidiendo, en cierta forma, con Guevara, “que las mismas guerrillas pueden contribuir a desvelar definitivamente el carácter de los regímenes pseudos-democráticos, delimitar con toda claridad los campos enemigos, y obligar a la reacción a vestir su auténtica vestidura: la dictadura militar”, Béjar argumentaba que “en realidad, nuestro país vive bajo una dictadura oligárquico que usa el parlamentarismo o la imposición militar según sus conveniencias” y el MRTA consideraba que los medios legales se habían agotado.[35] Sin embargo, Castro no hablaba sobre medios legales agotados sino sobre vías cerradas. En la década de ochenta las vías legales no estaban cerradas como muestra la participación de la izquierda socialista en las elecciones nacionales y locales.

Todas estas razones para el uso de la violencia también pueden ser usados para argumentar que la violencia no es el método adecuado para llegar al poder. Es decir, parecen que estas razones son solamente el relleno de otra argumentación. Esta argumentación tiene que ver con la situación del país: situación revolucionario en desarrollo, situación prerrevolucionario y situación revolucionaria.

            Ninguna organización que se considera a sí misma como una organización que busca destruir el sistema capitalista, expropiar la burguesía e instalar el socialismo, niega que, al final, la revolución sea un acto armado. Todas estas organizaciones consideran la democracia parlamentaria como una psuedo-democracia porque el pueblo no tiene la decisión sobre el uso de los medios de producción. Finalmente, las organizaciones socialistas que no usan la violencia como método para llegar al poder no solamente pensaron que la situación no era adecuada para usar la violencia revolucionaria, sino también consideraban sus organizaciones muy débiles para iniciar la lucha armada. El argumento que estas organizaciones frecuentemente usan es la falta de acumular fuerzas antes del inicio de un proceso armado.

El MIR pensaba que el desarrollo de una organización revolucionaria tiene límites impuestos por el sistema. Entonces, para saltar esta barrera consideraba que era necesario desarrollar la lucha armada. Si no hacia eso, la organización tendiera al reformismo. En cierta forma el ELN estaba de acuerdo con esta posición porque creía que la participación en las actividades políticas legales no llevan al poder. La oligarquía no permitiría entregar el poder político a las organizaciones revolucionarias. Participar en su juego (electoral), como escribía Béjar, contribuye “al fortalecimiento de un régimen político que es, precisamente, como el que debemos destruir”.

En contraste con el ELN, el MIR y el MRTA, el PCP-SL consideraba la militarización de la sociedad peruana como un paso adelante hacia la dictadura del proletariado. Recordamos que decían que “militarizando el Partido plasmamos un paso hacia la militarización de la sociedad que es la perspectiva estratégica para garantizar la dictadura del proletariado”. La violencia aplicada por el Ejército y el Gobierno peruana fue uno de los motivos para iniciar la lucha armada por parte del ELN, del MIR y del MRTA. La diferencia entre la posición del PCP-SL y las otras organizaciones se base en el hecho de que el PCP-SL era una organización militarista con el objetivo, ya determinado al comienzo de la década de setenta, de iniciar la lucha armada de cualquier forma. Por eso ellos dicen que “es la propia lucha armada la que abre en los hechos el camino de la lucha armada”.

La violencia (policial y militar, no económica) ejercitada por el estado capitalista no es suficiente razón para iniciar la contra-violencia. Esa es una estrategia a la derrota y no un camino a la victoria porque una vez que el estado ya no ejercita esta violencia, la contra-violencia no encuentra una base social. La historia política del Perú en la década de noventa ha mostrado que la violencia estatal no lleva las masas populares a participar en la contra-violencia, sino hunden las organizaciones populares y causan que las masas se retiren, eliminando las bases para un proceso revolucionario.[36]

8. Conclusiones

La lucha armada en las décadas de sesenta y ochenta no fue legitimada si aplicamos el concepto situación revolucionaria de Lenin. La lucha armada fue legitimada si consideramos, como Castro, que la lucha armada puede crear situaciones revolucionarias. Sin embargo, como argumentó Castro también, la lucha armada no es legítima cuando las vías legales aún están abiertas. En la década de sesenta las vías legales estaban cerradas. Partidos internacionales como el PCP no estaban permitidos de participar en las elecciones. En la década de ochenta el frente electoral Izquierda Unida participó con gran éxito en las elecciones nacionales y locales.

Legitimar y deslegitimar la lucha armada en las décadas de sesenta y ochenta en base a lo que decían los “teóricos de la guerrilla” sobre la “fecha” apropiada para el inicio de la lucha armada es un ejercicio muy válido para una evaluación a distancia de los hechos. Sin embargo, pensamos que la realidad concreta de las décadas de sesenta y ochenta hacían muy difícil desarrollar estas evaluaciones por la misma efervescencia política de estas décadas.

La Revolución Cubana, las intervenciones imperialistas en los países latinoamericanos y las luchas populares en la década de sesenta en el Perú crearon una atmosfera política en la cual un proyecto armada fue casi una consecuencia natural. No exigía un análisis al fondo de la realidad peruana, sino que se debería aprovechar el tiempo para avanzar lo más rápido posible en el desarrollo de una forma de lucha que podría terminar en un “segundo Cuba”.

Al final de la década de setenta y al comienzo de la década de ochenta existió una situación similar a la década de sesenta. Había grandes luchas, había una democracia frágil, había el triunfo de la Revolución Nicaragüense, había guerrillas en diferentes partes de América Latina y había intervenciones imperialistas en los asuntos internos de América Latina. Además, en la izquierda socialista peruana ya habían debates sobre las vías de llegar al poder. Sin embargo, a diferencia de la década de sesenta, había también un frente electoral de izquierda muy fuerte en el Perú.

Indudablemente, al final de la década de setenta y al comienzo de la década de ochenta, las organizaciones de la izquierda socialista en el Perú valoraron y analizaron los diferentes elementos que componen la definición de Lenin. Las experiencias guerrilleras de la década de sesenta fueron debatidas en la izquierda socialista. En sus documentos el PCP-SL y el MRTA hacían referencia a la gesta guerrillera de 1965. Sin embargo, parece que se habían llevado por la efervescencia del periodo en vez de ver más allá que solo las expresiones de la realidad. Es decir, las organizaciones armadas de la década de ochenta cometían el mismo error que los guerrilleros de la década de sesenta.

El PCP-SL y el MRTA cambiaron la definición de Lenin o usaban otros conceptos que tenían que legitimar la lucha armada. La aplicación de estos conceptos no ha sido suficientemente rigurosa o la definición de estos conceptos no estaba bien elaborada para que estos conceptos pudieran permitir un cabal entendimiento de la situación en el país. El concepto de una situación revolucionaria en desarrollo o una situación prerrevolucionaria, en la forma como fueron aplicados y elaborados por el PCP-SL y el MRTA, tampoco pudieron legitimar la lucha armada.

Parece que las organizaciones que desarrollaron la lucha armada en la década de ochenta cambiaron el concepto de Lenin de una situación revolucionaria o usaron los conceptos situación revolucionaria en desarrollo y situación prerrevolucionaria para justificar una decisión ya tomada. Es decir, porque ya habían decidido que era necesario iniciar la guerra de guerrillas mutilaron el concepto de Lenin, buscaron conceptos “maoístas” o elaboraron conceptos supuestamente “leninistas” que encajaban en esta decisión.

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Entrevistas

Militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Dagino, Julio, 26/12/2003, Lima.

Elías, Alaín, 07/05/2003; 14/05/2003, Lima.

La izquierda peruana del periodo 1980-2015

Cáceres, Eduardo, ex secretario general de Partido Unificado Mariateguista, 21/05/2015, Lima.

Militante 1 de Pueblo Unido, 11/04/2015, Lima.

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[1] Según Abraham Guillén, un teórico anarquista española, “una revolución en un país o región determinada sólo puede hacerse bajo determinadas condiciones históricas y políticas en las que la clase dominante ha perdido prestigio: cuando es responsable de las guerras, de las crisis sociales y económicas, de la especulación financiera y la inmoralidad, encarnando toda las crímenes, desgracias, miserias y la frustración sufrida por las clases populares. Además, sólo puede ser realizada por una clase mayoría que represente, al mismo tiempo, el interés general de la sociedad y las otras clases oprimidas. Sólo entonces, y siempre que esta clase es consciente de su misión histórica de la liberación, puede liderar una revolución a la victoria y a las últimas consecuencias políticas, económicas y sociales de una transformación total de la sociedad, es decir, la superación de las relaciones sociales anacrónicas e instituciones” (Guillén, 1973: 254).

[2] Ver también, Castro (1966c).

[3] “Quienquiera que se detenga a esperar que las ideas triunfan primero en las masas, de manera mayoritaria, para iniciar la acción revolucionaria, no será jamás revolucionaria” (Castro, 1967: 162).

[4] Según M. Uschner (1975: 31), las pérdidas anuales del intercambio desigual ascendió a más de 2 mil millones de dólares. Frank (1976: 152-153) señala que en el periodo de 1950-1961, los siete países latinoamericanos más importantes (Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Colombia y México) exportaron, por una suma de 2.081 millones de dólares, más capital a los Estados Unidos que lo que importaban. Ver abajo sobre la Alianza del Progreso.

[5] Para cifras comparables, ver: C. Furtado (1971: 46) y Malpica (1975: 24).

[6] Ver también Frank (1970: 294; 1975: 94).

[7] El texto citado por Elías se encuentra en ELN (1966: 5-6).

[8] Ver también W.F. Barber / C.N. Ronning (1966: 237).

[9] En 1940, el 62.5% de la Población Económicamente Activa (PEA) trabajaba en la agricultura y en 1961 ese porcentaje había disminuido a 51.8%. En el sector industrial, las cifras fueron respectivamente 19% y 19.4% y en el sector de servicios 18.5% y 28.8% (Malpica, 1967: 423).

[10] Aunque los datos sobre la distribución de la tierra difieren, coinciden en que había una gran concentración en pocas manos, ver Béjar (1969:15), Klarén (2004: 394) y Favre (1969: 145).

[11] Klarén (2004: 392) escribe que en 1960 el 5% de la población recibió 48% de la rente nacional. Según Webb (1975: 29), en 1961 el 5% de la población disponía de 43% de la renta nacional.

[12] El Estado estimó que 1.092.420 familias deberían haber sido favorecidas por la reforma agraria (Petras y LaPorte, 1971: 82).

[13] En 1965 los gastos de educación habían crecido con 85% en comparación de 1960 (Cotler, 1978: 366). Para cifras comparables respecto a los gastos de educación, ver Malpica (1975: 86).

[14] “Se quejan que los burgueses y los oligarcas los aplasten con sus campañas, como si esa fuera cosa de sorprender a nadie. Lo primero que tiene que comprender un revolucionario es que las clases dominantes han organizado el Estado de manera de poder mantenerlo por todos los medios. Y se valen no sólo de las armas, se valen no sólo de las armas físicas, no sólo de fusiles, sino se valen de todos los instrumentos para influir, para engañar, para confundir. Y los que creen que les van a ganar en unas elecciones a los imperialistas no son más que unos ingenuos; y los que creen que incluso el día que ganan unas elecciones los van a dejar tomar posesión, no son más que unos superingenuos.” (Castro, 1967: 168)

[15] Los movimientos regionales fueron llamados Frentes de Defensa. En estos frentes convergieron, entre otros, los sindicatos, las asociaciones de estudiantes, pequeños comerciantes y organizaciones populares (Sulmont, 1981: 153). El objetivo de estos frentes de defensa era la defensa de los intereses regionales específicos.

[16] En la mayoría de los servicios públicos está prohibido organizar sindicatos (Sulmont, 1981: 144). Los datos en la Tabla 4.5 muestran la evolución de las huelgas en el sector público, sin embargo, en términos generales, datos sobre las huelgas en el sector público, con la excepción de los maestros, son escasos. Aunque en muchas ocasiones no fue posible registrar los sindicatos en el sector público, a mediados de 1980 el 95% de las personas que trabajaba en el sector público estaba afiliado a un sindicato (Balbi, 1988: 9-10). Las estimaciones de Yépez del Castillo y Bernardo Alvarado (1985: 51, 52) muestran que en los años 1981 y 1982 el 82.8% de las personas que trabajaba en el sector público y que podría afiliarse a un sindicato, pertenecía a un sindicato. Los afiliados en el sector público como porcentaje de los asalariados totales fue de 59.9% y como porcentaje de la PEA ocupada fue 10%.

[17] Según Tapia (1997: 93) el PCP-SL tenía 3.000 militantes.

[18] Según el PCP-SL, en 1988 aún el país era semi-feudal y semi-colonial. PCP-SL (1988): “Por qué es semifeudal? El Presidente Gonzalo plantea: “El caduco sistema semifeudal sigue subsistiendo y marcando al país desde sus bases más profundas hasta sus más elaboradas ideas y, en esencia, manteniendo persistente el problema de la tierra, motor de la lucha de clases del campesinado, especialmente pobre que es la inmensa mayoría”, nos remarca que el problema de la tierra sigue subsistiendo porque se mantiene relaciones semifeudales de explotación evolucionando la semifeudalidad, problema básico de la sociedad que se expresa en tierra, servidumbre y gamonalismo; condición que debemos verla en todos los aspectos, económico, político e ideológico, en la base y en la superestructura; demuestra cómo es que el campesinado constituye alrededor de un 60% de la población, que durante siglos trabaja la tierra pero está atado a la gran propiedad y a la servidumbre; nos enseña que existe gran concentración de tierras en pocas manos, con formas asociativas y no asociativas y, la inmensa mayoría del campesinado es campesinado pobre que no tienen tierras o si las tienen son muy pocas dando así lugar al minifundio sometido a la voracidad del latifundio.”

[19] “[…] las Bases de Apoyo que son la médula del camino de cercar las ciudades desde el campo […]” (PCP-SL, 1988).

[20] Ver también, Guzmán (1974).

[21] El documento “Desarrollemos la guerra de guerrillas”, el PCP-SL (1982) definió la situación revolucionaria como “los de arriba no pueden seguir mandando como ayer y los de abajo no quieren seguir viviendo como hasta hoy”.

[22] También el PCP-SL se vio afectado por esta ley: sofocó sus bases, privándolo de su apoyo logístico ya que la ley contribuyó a que el Estado pude llegar a sus militantes de “nivel bajo” (Burt, 2011: 303).

[23] En diciembre de 1986, el MRTA y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria - Voz Rebelde (MIR-VR) se unificaron; de ahí la denominación Comité Central Unificado.

[24] “La vía estratégica para la Revolución Peruana es la Guerra Revolucionaria de todo el pueblo (G.R.P.); en ella se entrelazan diversas formas de lucha, articuladas por la lucha armada” (MRTA, 1988: 55).

[25] “[…] desde nuestro punto de vista, nosotros veíamos que el Perú vivía un periodo prerrevolucionario y avanzaba hacia una situación revolucionaria […]” (Polay, 2007: 300).

[26] Según Polay (2007: 300-301), el MRTA estaba convencido de que el Perú se encontraba en una situación prerrevolucionaria “porque sentíamos que por el lado del movimiento popular, donde teníamos trabajo, había una gran demanda por iniciar una actividad político-militar, distinta en el país”.

[27] Durante el proceso de formación del MRTA, los precursores de la organización política-militar, el MIR-El Militante y el Partido Socialista Revolucionario-Marxista-Leninista, coincidieron “que el periodo pre-revolucionario de carácter prolongado no había cambiado porque sus causas eran estructurales y que implicaba la preparación para la guerra revolucionaria. El acuerdo básico de esta unidad es que en el Perú estaban dadas las condiciones para la lucha armada” (MRTA, 1990a: 15).

[28] La relación entre un empeoramiento de la situación económica de la población en relación con un proceso hacia una situación revolucionaria también ha sido formulada en “Hiperinflación-recesión y militarización: Las dos caras del proyecto contrarrevolucionario del gran capital”. De acuerdo con el MRTA (1990e: 183), el empeoramiento de la situación política y económica de las masas aumentaría el espíritu de lucha de la población.

[29] Ver también, MRTA (1990h: 106).

[30] MRTA (1990f: 57): “El actual clima de violencia represiva tiene que ser enfrentado. No es posible que la policía siga ensañándose impunemente con la población indefensa.”

[31] Hay que recordar lo que decía Mao. Si los objetivos políticos de la guerrilla “no coinciden con las aspiraciones de la gente”, no se pueda ganar su simpatía, su cooperación y su apoyo. La guerra de guerrillas “se deriva de las masas y se apoya en ellos”.

[32] Como hemos podido leer en la sección 5, según el PCP-SL todas las organizaciones que consideraban que las tres condiciones de Lenin forman un conjunto para determinar si existía una situación revolucionaria o no, no quieren desarrollar la violencia revolucionaria.

[33] “Cuba ha elevado el nivel de preparación material e ideológica de la reacción imperialista en menos tiempo que el de las vanguardias revolucionarias. Si hoy, y en menor plazo, el imperialismo ha extraído más ventajas de la Revolución Cubana que las fuerzas revolucionarias, esto no debe -mucho lo dudamos- a que posea una superior inteligencia. El imperialismo está en mejores condiciones de llevar a la práctica más rápidamente las enseñanzas que ha extraído de la Revolución Cubana, porque dispone de todos los medios materiales de la violencia organizada, más el influjo nervioso que le presta su instinto de conservación.” (Debray, 1968: 203-204).

[34] Ver también Guevara en sección 1 que decía que la lucha armada podría funcionar como un catalizador para hacer nacer la conciencia y Castro que argumentaba que el propio proceso de la revolución crea la conciencia revolucionaria.

[35] Según el MRTA, el cambio de una dictadura militar (1968-1980) a un gobierno civil no había cambiado las condiciones para el uso de la violencia revolucionaria porque los factores estructurales que agravan la situación del país hacen que el desarrollo de la guerra sea posible (MRTA, 1990a: 17). Es interesante observar que años después de la derrota política y militar, Alberto Gálvez, uno de los dirigentes del MRTA, consideró que “[…] el hecho de que el enfrentar a un gobierno democrático nos dejaba sin la superioridad moral indispensable para cualquier victoria revolucionaria […]” (Polay, 2007: 435).

[36] Recordamos que el MRTA pensó que la violencia política y militar por parte del Estado peruano “activará la combatividad popular”.