Jorge Zavaleta Alegre
América Latina no
logra salir de la zona roja del índice sobre percepción de corrupción. La
organización alemana, Transparencia Internacional, reveló en su informe para el
año 2017 que la corrupción en el sector público en los países latinoamericanos
sigue muy alta a pesar de ciertos avances.
La organización resaltó que la creación de legislaciones
fuertes, como en Chile, y la investigación a altos personajes de poder como en
Ecuador y Perú, no son avances generalizados y “no constituyen políticas integrales
que aborden las causas históricas y estructurales de la corrupción en la
región”.
El actual presidente
del Perú, Martín Vizcarra, prometió
"tiempos mejores" luego de que el Congreso aceptara la
renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a quien la fiscalía pasó a calidad de
investigado por el Caso Odebrecht.
"Seremos firmes en la lucha contra la corrupción. La
transparencia será un pilar de nuestro mandato", prometió Martín Vizcarra.
"Van a venir tiempos mejores", había dicho al ingresar a prestar
juramento en el Congreso, donde fue recibido con aplausos, inclusive por la oposición
liderada por Keiko Fujimori, hija del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien huyó del país cargado de fondos fiscales
y al volver fue condenado a prisión e indultado fingiendo gravedad de su salud.
Ahora, 11 de julio, Vizcarra anuncia que el Poder Ejecutivo conformará una comisión de personas notables para integrar un equipo que diseñe un proyecto de reforma del Poder Judicial, a ser presentado el próximo 28 de julio al
Congreso de la República, como parte de su Mensaje a la Nación.
Esta reacción. es
consecuencia de “los graves hechos conocidos en los últimos días y que
involucran a magistrados del Poder Judicial y miembros del Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM), que revelan el “enorme grado de inmoralidad” con el que
actúan quienes están llamados a administrar justicia”, según reza la versión
oficial del jefe de Estado.
Enfatiza el gobernante que la existencia de “mecanismos,
prácticas y vicios” que pervierten y contaminan la administración judicial, los
cuales deben ser erradicados. Pide al Congreso aplicar artículo 157 de Constitución
y remover miembros del CNM.
El gobierno acepta que todas las medidas dispuestas para
solucionar este problema resultarán insuficientes si se mantienen las mismas
redes y prácticas que corrompen y envilecen a la administración judicial.
Enfatiza en que ninguna fuerza política, ningún miembro de la administración
judicial y ningún peruano de buena voluntad podrían oponerse a una reforma de
fondo del Estado y de la justicia.
Más allá de las palabras y los voces encendidas de algunos
parlamentarios, que resaltan el trabajo periodístico del Instituto de Defensa
Legal-IDL, dando cuenta de audios que vinculan el turbio manejo de la justicia por parte fiscales de la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo Nacional de la Magistratura, el país percibe la anomia de la
maquinaria estatal para abordar con seriedad este flagelo de la corrupción.
Por ello, lo que afirma el economista Manuel Romero Caro, fundador de Gestión, diario peruano, desde su
columna Atalaya Económica, los lectores advierten
los peligros de que la corrupción siga latente, en tanto el los Poderes del
Estado no emprendan serias reformas desde las raíces, empezando por el Poder
Judicial. La prensa libre ratifica la necesidad de reestructurar desde las bases
esta administración nacional:
La empresa Odebrecht y los gobiernos
del Perú muestran los más grande
escándalos de corrupción en el último
cuarto de siglo.
“Cuatro son los
objetivos de Odb : 1) Vender rápidamente sus proyectos. 2) Pagar lo menos
posible por reparaciones. 3) Quedarse a trabajar aquí. 4) Que no los penalicen
judicialmente”.
Las autoridades brasileñas han suspendido la cooperación
judicial con sus pares peruanos ante el reclamo de los abogados de Odebrecht
(Odb) sobre que se les persigue judicialmente a pesar de la colaboración que
están brindando.
Como primera medida, suspendieron las declaraciones que iba a
prestar el exdirector del Departamento de Operaciones Estructuradas (daba los
sobornos) de Odb. Y correría igual suerte el nuevo interrogatorio a Jorge
Barata y la entrega de una copia de los archivos encriptados de la Caja 2 de
Odebrecht.
Y aunque el todavía fiscal de la Nación, Pablo Sánchez ha
manifestado que “superarán el impasse” y que sí llegará la copia de los
servidores de Odb, la verdad es que ya en diversas oportunidades ha anunciado
lo mismo y nunca ha llegado dicha valiosa información.
Otros factores que contribuyen a este bajón en la lucha
contra la corrupción (LCC) son la falta de liderazgo efectivo y públicas
descoordinaciones entre los dos equipos que investigan el caso Odebrecht en la
Fiscalía; las críticas que recibe esta última del Poder Judicial (PJ); la falta
de armonía entre las labores de la Procuraduría, PJ y Fiscalía. Y la ausencia
de una estrategia efectiva de esta última frente al caso Odb. Ya en más de una
oportunidad hemos advertido que la LCC había decaído.
Por ejemplo, desde hace muchos meses Odb decidió dejar de enviar informaciones sensibles sobre megaproyectos y se concentró en delatar solo sobre los muy publicitados aportes electorales. La razón es muy sencilla: si seguía delatando sobornos en otros megaproyectos, el monto de las reparaciones se elevaría muy significativamente, y eso no le convenía.
Por su parte, la Fiscalía no ha estado haciendo nada efectivo
para contrarrestar esa estrategia. Y tampoco tiene una buena capacidad
investigativa, por lo que fundamentalmente depende de lo que le pueda dar Odb.
El proceso de caída en la LCC estuvo acompañado de una aguda etapa de
inestabilidad política.
Posteriormente llegó la distracción generada por las
peripecias de nuestro seleccionado de fútbol. Y finalmente el Mundial de Rusia,
que prácticamente monopolizó la atención de los medios de comunicación. Pero ya
regresó a casa nuestra selección y la Copa del Mundo está por concluir. Por lo
que se espera que se reactive la lucha contra la corrupción.
En realidad, todas las movidas de Odebrecht, de sus
funcionarios actuales y sus exfuncionarios responden a un cuidadosamente
elaborado plan, el que responde a cuatro objetivos:
1) Vender rápidamente sus proyectos (hidroeléctrica de
Chaglla, Olmos, etcétera).
2) Pagar lo menos posible por las reparaciones
(compensaciones al Estado por los delitos incurridos, sobrecostos, ganancias
ilícitas, etcétera).
3) Quedarse a trabajar en el Perú y reanudar sus actividades
normalmente.
4) Que a cambio de su colaboración no se penalice
judicialmente ni a la constructora ni a ninguno de sus directivos o ex
directivos.
Por lo que debemos concluir que el partido por el Lava Jato
peruano lo está ganando Odb por goleada: tienen estrategia, equipo cohesionado
y liderazgo. Mientras que el equipo local es obvio que no tiene liderazgo ni
estrategia, y hay frecuentes peleas entre los principales jugadores.
¿Qué esperan para cambiar, o es que les interesa mantener la
situación actual?,
¿A quién beneficia el statu quo?
Es indispensable que terminen las dos estrategias diferentes
en la Fiscalía y se concentren en la cooperación eficaz de Odb, a la vez que le
exijan que entregue toda la documentación sustentatoria de sus delaciones y
refuercen significativamente su capacidad investigativa.
*Manuel Romero Caro
Sirva la Atalaya para poder darle una mirada global y una perspectiva crítica a la economía y entender los temas sectoriales, microeconómicos , y la implicancia que ellos tienen para el país.
Manuel Romero Caro. Economista por la Universidad del Pacífico. Master en economía (Virginia Polytechnic Institute and State University) y Bachiller en Administración de Empresas, además de diversos cursos de post grado en BID, ESAN, University of Notre Dame, etc.
Ha sido gerente general y Presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Decano del Colegio de Economistas del Perú y ministro de Industria, Comercio, Turismo e Integración. Luego fundó y dirigió la consultora Servicios para la Gestión Empresarial y en 1989 creó la revista Gestión que luego se convertiría en el Diario Gestión.
Se ha desempeñado también como Director Ejecutivo de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. e integrante del Directorio en diversas compañías y gremios como la Cámara de Comercio de Lima ; la American Chamber of Commerce of Perú y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En la actualidad, se desempeña como director independiente en diversas empresas.
Manuel Romero Caro. Economista por la Universidad del Pacífico. Master en economía (Virginia Polytechnic Institute and State University) y Bachiller en Administración de Empresas, además de diversos cursos de post grado en BID, ESAN, University of Notre Dame, etc.
Ha sido gerente general y Presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Decano del Colegio de Economistas del Perú y ministro de Industria, Comercio, Turismo e Integración. Luego fundó y dirigió la consultora Servicios para la Gestión Empresarial y en 1989 creó la revista Gestión que luego se convertiría en el Diario Gestión.
Se ha desempeñado también como Director Ejecutivo de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. e integrante del Directorio en diversas compañías y gremios como la Cámara de Comercio de Lima ; la American Chamber of Commerce of Perú y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En la actualidad, se desempeña como director independiente en diversas empresas.
Jorge Zavaleta Alegre
Editor de Papeldearbol
Corresponsal en Washington DC y Perú
del Grupo El Mercurio de España, Tandil News de Argentina, Panoramica Milán-Bruselas y Diario16 de Madrid.
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