Papel de Arbol

viernes, 14 de marzo de 2014

ES URGENTE RESTABLECER PROMPYME EN PERU




Una propuesta de Fernando Villarán, exministro de Trabajo y ahora Decano de Universidad Jesuita Ruíz de Montoya.
Jorge Zavaleta  Alegre. Cambio16 –Madrid.
 

Los campamentos de las más grandes empresas mineras en Los Andes, son transitorias y cómodas islas  para el confort de sus funcionarios y trabajadores calificados, que manejan las tecnologías extractivas  de punta,  realidad que revela la imposibilidad de que generen empleo masivo. Sin duda, para este sector, los sueldos son altos. No así en los grandes supermercados, ni tampoco en los neolatifundios reconstituidos en  desiertos donde el Estado invirtió cuantiosas sumas del erariio nacional.

Si hace dos décadas, con el riesgo de sus vidas,   los mineros abrían  los socavones  a pico, lampa y dinamita,  ahora desde una cabina cubierta de vidrio polarizado, una joven  obrera  presiona un botón, y a un kilómetro de distancia  los cerros se desmoronan con el impacto de los explosivos. Montacargas llenan una fila de  volquetes gigantes para llevar el mineral  a los  puertos del Pacífico. La materia prima, casi en bruto, va  la poderosa, variada y sofisticada producción industrial del primer mundo.   

En consecuencia, la promoción y generación de empleo en  países de la Región con una economía de exportación primaria, tienen, necesariamente, que recurrir al Estado para atender la creciente demanda de empleo con salario digno.

Fernando Villarán, ex ministro de Trabajo en el Perú, ahora   decano  en la universidad jesuita Antonio Ruíz de Montoya** de  las facultades de Ingeniería y Gestión, argumenta la necesidad de invertir fondos públicos en la generación de empleo a partir de la micro,  pequeña y mediana empresas. “Todos los países de América Latina, a excepción del Perú, tienen un Centro de Promoción  de las PYMES que posibilita mejorar la calidad del empleo. El 70% del empleo informal del Perú, se origina en la micro y mediana empresa”.

Prompyme, era un organismo que en el Perú formaba parte de los Ministerios de la Producción y Trabajo, pero fue desactivado por el gobierno de  Alan García (2005-2012),  para alentar más la  inversión extranjera con bajos salarios. 

Fruto de su experiencia profesional en la vida académica y en el  BID, Villarán, autor de “La Picadura del Escorpión”, un  libro que habla de las falencias humanistas  del neoliberalismo, plantea  la reactivación de ese organismo público, porque sirvió, en momentos muy difíciles, para  dar respuestas a la demanda laboral de 180 mil empleados, una  bomba  social, que se aplacó con la creación de canales formales para apoyar la  generación de pequeñas  empresas.

Una de las formas de estimular la generación de empleo pasa por los incentivos tributarios  a las empresas.  Esto implica reducción de los impuestos  en función  de los empleos que se van generando. En el Perú, las grandes empresas no tienen efectos muy amplios en el empleo. Las mineras no generan mucho empleo.

Son las Medianas y Pequeñas Empresas – MYPYES las que generan más puestos de trabajo, y se requiere mejorar la calidad del empleo, incrementando  la productividad de estas unidades. La desactivación del Prompyme, en el régimen anterior, fue parte de la política de reducir el Estado, junto con algunos organismos descentralizados.

“Los grandes inversionistas  pagan bajos salarios. No se puede hacer un programa de empleo  con las grandes empresas. Por ese camino  no se va a resolver  el problema, porque los  ministerios  de Producción  y de Trabajo han dejado de jugar el rol de la promoción.” 

Ese organismo promotor, era presidido por la primera vicepresidencia de la República e integrado por el Consejo de Ministros, Producción, Turismo e Industria,  Economía y  Finanzas, Trabajo y Promoción Social, un representante del gremio empresarial – CONFIEP y un representante del Sector Pequeña  empresa.

Por D.S. del 25-11-97 fue creado el Centro e Promoción de la Pequeña y Micro Empresa -PROMPYME- para reforzar la actividad de Promoción del Estado a través de un programa de desarrollo  que contribuya a la ampliación y dinamización de los mercados en que actúan las pequeñas y micro empresas.

Era el ente  de enlace para facilitar el encuentro comercial entre la demanda y la oferta de bienes y servicios de la Pequeña y Micro Empresa. Sus funciones: Desarrollar el sector PYME a través de la ampliación y dinamización de sus mercados. Mejorar el acceso a mercados de productos locales, regionales, nacionales y de exportación. Fomentar la interrelación del sector PYME con la mediana y gran empresa. Fortalecer a las empresas que brindan servicios al sector PYME.

Tenía en marcha los Programas de Promoción Comercial,  de Compras Estatales, de Sub Contratación y Consorcios, de Capacitación y Asistencia Técnica, de Apoyo a la Formalización de Mercados y de Maquicentros. Actuaba de manera concertada con los Organismos descentralizados Autónomos e Instituciones Públicas Descentralizadas.

La  política de compras del Estado permitía el acceso de la PyMe a este importante mercado (principal comprador del Perú) y además establecía: Adjudicación directa y compras de menor cuantía. Eliminación de registro de proveedores. Sustitución de carta de fianza por declaración jurada. Los Consorcios de Pymes podían presentarse a compras. Encargaba a Prompyme el enlace de la Oferta  Pyme y las demandas estatales.

DATOS NECESARIOS
Trabajo con salario digno es una demanda creciente. El salario mínimo legal es de 280 dólares mensuales (750 nuevos soles), suma que priva al trabajador  a múltiples  limitaciones para acceder a la educación, formación de familia….

La información oficial precisa que la tasa de desempleo urbano en Perú cae a 6% en 2013, según OIT. Las tasas de desempleo se pueden reducir más si se cumplen las proyecciones de crecimiento económico del país de 5.7 por ciento el próximo año.
La tasa de desempleo urbano en Perú disminuyó y pasó de 7.2% en el 2012 al 6% en el 2013, señaló OIT en su informe sobre el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe.

En Lima Metropolitana, existen 7 millones 151 mil 700 personas que tienen edad para desempeñar una actividad económica (PET). De este total, el 68,6% (4 millones 908 mil 100) integran la Población Económicamente Activa (PEA) y el restante 31,4% (2 millones 243 mil 600) la población económicamente Inactiva (PEI), que agrupa a las personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni desocupados.

De acuerdo a la edad, la población económicamente activa de 45 y más años de edad aumentó en 5,9% (66 mil 900 personas) y los que tienen de 25 a 44 años en 2,3% (59 mil 100 personas); mientras, que decreció la PEA de 14 a 24 años de edad en 3,3% (38 mil 300 personas).

La PEA con educación superior no universitaria mostró mayor crecimiento con 10,2% (86 mil 900 personas), seguido por los que tienen educación universitaria con 0,6% (6 mil 700 personas); mientras que disminuyó en 1,5% (6 mil 800 personas) los que tienen educación primaria o menor nivel.

El  Instituto Nacional de Estadística e Informática en su Encuesta Permanente de Empleo destaca que la población subempleada por ingresos (subempleo invisible), es aquella población que tiene un empleo (asalariado o independiente), que normalmente trabaja 35 horas o más a la semana pero cuyos ingresos son menores al valor de la canasta mínima de consumo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aseguró que Perú cerró el 2013 con casi pleno empleo. La tasa de desempleo estaba en 3.8% y ahora se sitúa en 3%, y es casi un pleno empleo, señala la fuente oficial.

Dicha tasa podría continuar descendiendo este año, de acuerdo con el último sondeo de demanda ocupacional. Habrá demanda de puestos de trabajo en todos los sectores entrevistados, como transporte, construcción, comercio, servicios y minería e hidrocarburos".  El segmento de construcción es el que exhibirá el mayor dinamismo.

RUIZ DE MONTOYA, LA NUEVA ACADEMIA
*En el marco de la Reunión de las Universidades Jesuitas Americanas, Xavier University firmó convenio de colaboración con la Ruiz de Montoya. Así se abren puertas a intercambios de estudiantes y trabajos de investigación conjuntas.
**La Universidad Antonio Ruiz de Montoya es heredera de la tradición educativa de más de 450 años. Fundada por la Compañía de Jesús en marzo del 2003, está vinculada a la  red de universidades jesuitas de América Latina y del mundo. Son 200 las universidades jesuitas presentes en los cinco continentes y, particularmente, la UARM es miembro activo de la Asociación de 30 Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), beneficiándose de convenios que aseguran un intercambio de docentes, investigadores y alumnos, informa su Rector Juan Carlos Morante Buchhammer, S.J.

jueves, 13 de marzo de 2014

El Foro de la Mujer: SUD AMERICA Y EL MUNDO ARABE


Jorge Zavaleta Alegre.-
La actual pareja presidencial del Uruguay - cuyo pasado juvenil transcurrió en las  guerrillas de los sesenta y la prisión en  cárceles del Estado  - cuando acabe el período gubernamental se trasladará del palacio de Montevideo a una  pequeña propiedad rural, compartida con  otra familia, donde  cultivan y comercializan  flores, y organizará una escuela  para   enseñar oficios agrícolas a los niños, anuncia  Lucía Topolansky, esposa de   José (Pepe) Mujica.
Esta noticia de la senadora Topolansky,  contribuye a destacar el cambio de paradigmas  en el mundo. El  próximo Foro Internacional de Mujeres Líderes de ASPA, que se realizará en Lima entre  el 7 y 9 de abril, incluye precisamente el  tema del futuro de la mujer rural.
ASPA, que agrupa a representantes de 22 países que integran la Liga de Estados Árabes y  los 12 países que conforman Unasur, alienta la  cooperación en la economía, la cultura,  educación,  ciencia y  tecnología,  preservación del medio ambiente, el turismo y otros temas relevantes para contribuir a la paz mundial.
Según el programa que publica el Ministerio de la Mujer, en la Cita de ASPA se abordarán entre los aspectos fundamentales de la participación política de la mujer, su educación para el empoderamiento, la inversión en la niñez, la paz y seguridad para el desarrollo, su rol  en los desafíos económico,  liderazgo en  empresa y   la mujer rural y el desarrollo.
Considerar el mundo rural, nos lleva a revisar  la crisis de las ciudades, debido al crecimiento  acelerado de la población, por ausencia de la planificación del territorio y la confusión ideológica. El resultado real:  urbes saturadas de caminantes y vendedores de baratijas, muchas veces de contrabando. Son el destino  manifiesto de la deformación del   emprendimiento y expresión más evidente del erróneo modelo citadino del siglo XXI.
Los latinoamericanos y árabes tienen horizontes comunes en cuanto a la urgencia de cambiar el viejo estigma de la dependencia  cuasi natural  de la mujer a vivir en condiciones de marginalidad política, económica y social.
El sector rural  tendrá que ser retomado desde sus raíces  si  queremos innovar y corregir  esa  telaraña  humana, que confunde y tergiversa el futuro de la madre – niño, atrapados entre el caos del trasporte, falta de empleo y aulas de calidad,
Las estadísticas  revelan los altísimos gastos que utiliza la mujer en el cuidado de su salud y sus consecuencias en la economía familiar. Recogiendo lo mejor de esos hábitos, Inacio  Lula,  incorporó  en  programas sociales, el rescate de la autoestima de la mujer  y el reconocimiento del inmensurable rol de ella en la cohesión de la familia y  sociedad.  ASPA encuentra en sus mujeres,  los mejores derroteros por donde fortalecer las relaciones birregionales.

miércoles, 12 de marzo de 2014

SOBRE LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA EN PERU

APROXIMACIONES
La difusión científica en el país
JORGE ZAVALETA ALEGRE PERIODISTA

Si el objetivo de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) es promover la ciudadanía regional, la Ley Universitaria que debe aprobar el Congreso peruano, es un aporte a este propósito de integración.

Lima, la segunda semana de marzo de 2014, se convierte en sede de la reunión de altos delegados y equipos técnicos del Consejo Suramericano de Educación de Unasur, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Durante esta cita se concretarán acciones que forman parte del Plan Operativo Quinquenal de dicho Consejo para los próximos cinco años y se revisarán los avances de los proyectos financiados por el Fondo de Iniciativas Comunes.

La Educación Superior no será un tema específico de este Consejo, del cual el Perú ejerce la presidencia pro témpore 2013-2014, pero bien vale comentar la trascendencia del proyecto de ley que cambiará el rumbo de las universidades nacionales y su correlación con el lucrativo negocio de la educación.

La cantidad no es sinónimo de calidad. Una evaluación de las primeras 100 universidades de América Latina indica que las de mayor prestigio se encuentran en Brasil, México y Buenos Aires. Del Perú no figura ninguna, no obstante que ya cuenta con 140 universidades, el 70% privadas.

Algunos mensajes ratifican el carácter crítico de la Universidad Peruana: Más de 4,000 científicos, egresados de universidades prestigiosas de Europa y Estados Unidos, no pueden retornar a su país, el Perú, debido a las dificultades administrativas.

El congresista Daniel Mora, del partido gobernante Gana Perú y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, cuya vida ha dedicado a la docencia y capacitación, confía en que el proyecto sea convertido en ley, al mismo tiempo que invoca la abstención de su voto en el pleno de aquellos legisladores vinculados a la creación de universidades.

Las críticas se centran en la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria que está adscrita al Ministerio de Educación y la acreditación de la calidad universitaria que pasará a ser obligatoria.

El 9 de diciembre de 2013, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen de la nueva norma. De ser ratificada por el pleno, las universidades tendrán siete años para acreditar sus respectivas carreras y se preparará un plan piloto en nueve universidades nacionales. Se buscará acreditar a todas las universidades de forma obligatoria, de tal modo que las que no consigan esta certificación no podrán entregar títulos en nombre de la Nación.


Publicado: 12/03/2014

lunes, 10 de marzo de 2014

UNIVERSIDAD ENTRE LA UTOPIA Y EL LUCRO INFINITO



Jorge  Zavaleta Alegre. Cambio 16 Madrid.-
Si el objetivo de UNASUR es promover la ciudadanía regional, la Ley Universitaria que debe aprobar  el Congreso Peruano, es un aporte a este propósito  de integración.

Lima, la segunda semana de marzo del 2014, se convierte en sede de la reunión de altos delegados y equipos técnicos del Consejo Suramericano de Educación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Durante esta cita se concretarán acciones que forman parte  del Plan Operativo Quinquenal de dicho Consejo para los próximos cinco años y se revisarán los avances de los proyectos financiados por el Fondo de Iniciativas Comunes.

La Educación Superior no será un tema específico de este Consejo, del cual el Perú ejerce la presidencia pro  témpore 2013-2014, pero bien vale  comentar la trascendencia   del  Proyecto  de Ley que  cambiará  el rumbo de las  Universidades  Nacionales y su correlación con el lucrativo negocio de la educación.

La cantidad no es sinónimo de calidad. Una evaluación de las primeras 100 universidades de América Latina, indica que las de mayor prestigio se encuentran en Brasil, México y Buenos Aires. Del Perú no figura ninguna, no obstante que ya cuenta con 140 universidades,  el 70% privadas.

Algunos mensajes ratifican el carácter crítico de la  Universidad Peruana: - Más de cuatro mil científicos, egresados de  universidades prestigiosas de  Europa  y EEUU, no pueden retornar a su país, el Perú, debido a las dificultades que impone la  Asamblea Nacional de Rectores, entidad que sería reemplazada por una  Superintendencia de la  Educación Superior, que es parte del Proyecto de Ley que deberá  ser aprobado  por el Congreso de la República este mes de Marzo. 

Es irónico que existan universidades privadas que pagan salarios  mínimos a los profesores y rectores con ingresos mensuales cercanos al  millón  de soles (350  mil dólares americanos) e impongan  el nepotismo.

Diversos círculos cercanos a los negocios universitarios como el FIPES, especula sobre  la posible vejación de la libertad de pensamiento con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), adscrita al Ministerio de Educación, que, según el proyecto, supervisará y fiscalizará a las universidades.

El congresista Daniel Mora, del partido gobernante Gana Perú y presidente de la Comisión de Educación del Congreso -  cuya vida  ha sido dedicada a la docencia y capacitación de las Fuerzas Armadas -, confía en que  el Proyecto sea convertido en Ley, al mismo  tiempo que invoca la abstención de su voto en el Pleno de aquellos legisladores vinculados a la creación de universidades.

El Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de la Enseñanza ha brindado diversos aportes para fortalecer el sistema educativo universitario. Se suma la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica,  que  identifica la participación negativa del sector privado en la calidad de la formación del profesional en la mayoría de las instituciones creadas en la última década. Hay universidades que pertenecen a holdings que succionan los ingresos nacionales hacia otras latitudes, pero ninguna de ellas reconoce que es una institución de lucro.

La Federación de Estudiantes del Perú (FEP), en apariencia y siguiendo  la Reforma de Córdova,  rechaza el proyecto porque es una norma que  violenta la autonomía.

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería  votan  por una reforma que mejore la calidad de la enseñanza, por encima de los privilegios que mantienen las actuales autoridades.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresa su preocupación por la aprobación de la nueva Ley,  que incluye el desarrollo de las diez principales universidades públicas, a las cuales se les otorga una década  de plazo para rescatar los principios  esenciales de una educación al  servicio a la comunidad. El gremio empresarial, señala que la norma “no toma en cuenta ninguna opinión de los propios involucrados, que desnaturaliza la autonomía  y que más bien la somete a una entidad bajo el control político de turno”.

La Confiep, pretende confundir o que significa autonomía académica y administrativa en concordancia con calidad y no el negocio especulativo  que gobierna el mercado.  En el proyecto de Ley figura una representación de los sectores empresariales, que le faculta su participación en las decisiones en el sistema universitario, pero no defender el lucro.

La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), considera que una norma que “viola la autonomía política, administrativa y académica; burocratiza la innovación del conocimiento”. Sin embargo, ignora que durante cerca de tres décadas de libre mercado, las universidades no se han quejado de nada,  por el contrario sólo han crecido en número.

Los ataques a la nueva legislación  se centran básicamente contra el presidente de la Comisión de Educación del Congresista, por su cercanía a las  Fuerzas  Armadas, como la Escuela Militar, el Centro de Altos Estudios Militares, que durante el régimen del presidente Velasco Alvarado  (1968-1975), se alentó reformas estructurales en el campo laboral,  agrario e intercambio académico con escuelas de los países vecinos como  Venezuela.

Para prolongar privilegios, la dirigencia de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR)  pide la postergación del debate parlamentario hasta la próxima legislatura.  Aunque la ANR no oculta  su “victoria” cuando considera que la reglamentación de la Ley tardará y también porque no se fija presupuestos de inversión.

Las críticas se centran en la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria que está adscrita al Ministerio de Educación y la acreditación de la calidad universitaria que pasará a ser obligatoria. Los centros de estudios que no logren la certificación no tendrán autorización para expedir títulos.

En el Perú  funcionan 140 universidades, entre públicas y privadas, número que refleja que la educación es vista como un negocio.  Según diagnóstico de la Comisión del Congreso, la rentabilidad de la educación universitaria en promedio es de 30% anual, con lo que una inversión de US$100 millones puede ser recuperada en tres o cuatro años.

Solo entre 2006 y 2011 se crearon en el Perú 49 universidades: 16 públicas y 33 privadas. De las públicas, 12 deben estar cerradas por inconstitucionales. Y de las privadas, ninguna goza de prestigio académico.

El 9 de diciembre del 2013, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen de la nueva Norma. De ser ratificada por el Pleno, las universidades tendrán siete años para acreditar sus respectivas carreras y se preparará un plan piloto en nueve universidades nacionales,  que cubren el desarrollo descentralizado del país: Mayor de San Marcos,  San Cristóbal de Huamanga, San Antonio Abad del Cuzco,  Trujillo, San Agustín de Arequipa,  de Ingeniería,  Agraria La Molina, Altiplano de Puno y la de la Amazonía Peruana.

Se buscará acreditar a todas las universidades de forma obligatoria, de tal modo que las que no consigan esta certificación no podrán entregar títulos a nombre de la Nación. Se cerrarán las facultades que no logren la acreditación en tres evaluaciones consecutivas.