Escribe: Jorge Zavaleta Alegre | Opinión - 23 dic 2012
Las municipalidades del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones – MIMP han asumido la responsabilidad conjunta de construir un sistema nacional que ofrezca servicios efectivos para enfrentar la violencia familiar y sexual.
En el Perú, la trata de personas, la corrupción, el narcotráfico y actividades informales en la minería, constituyen el universo de una violencia que genera negocios ilícitos por mil millones de dólares anuales, sostiene el embajador de los Países Bajos, Arjan Hamburger, en declaraciones para Cambio16 de Madrid.
La sustentación se encuentra en el tercer balance sobre la implementación de la Ley 28950 y su Reglamento (DS 007-2008-IN) contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes; y en la agenda pendiente 2013-2016, elaborados por la Fundación Adenawer y CHD Capital Humano y Social Alternativo.
El MIMP informa que la meta para este año son 25 “Centros Emergencia Mujer” provinciales, que se suman a más de cincuenta que operan en distritos y poblados rurales. Las municipalidades de Barranca, Huancané, Requena en Loreto y Jorge Basadre de Tacna, son las primeras que asumen el gobierno local desde una perspectiva de desarrollo social, con énfasis en el rol de la mujer.
Los “Centros de Emergencia Mujer” - CEM han sido concebidos para orientar a la población en aspectos legales, psicológicos y sociales, mediante la coordinación y la capacitación en la problemática de la violencia familiar y sexual, como un buen punto de partida para avanzar en la moderna gobernabilidad.
Los alcaldes se comprometen a brindar un local ad hoc y trabajar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, que asume el costo operativo del personal, un fondo rotativo de caja chica y servicios de telefonía. En estos espacios las mujeres pueden presentar sus denuncias, encontrar una gestión interdisciplinaria y asegurar la sostenibilidad de la Municipalidad.
“No es posible profundizar la democracia y construir un desarrollo local sostenible sin la intensa participación de los municipios. Este es el reto de los gobiernos locales en el presente siglo”, expresa el Dr. Julio Rojas, en Barranca, Huancané, Requena y Tacna, en su condición de primer viceministro de Poblaciones Vulnerables del Perú creado en enero último , como parte del Ministerio de la Mujer, liderado por la jurista Ana Jara.
Las normas relacionadas a las diferentes formas de violencia no son conocidas, en muchos casos, por los funcionarios regionales o locales encargados de solicitar el correspondiente presupuesto, revela el informe de CHD. Es parte de la “vulnerabilidad funcional”, que según el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, persiste el desconocimiento sobre el concepto del proxenistimo y la explotación sexual, delitos graves, pero que tienen diferencias abismales en la sanción con penas inferiores y mínimo legal, en particular en lugares alejados y pobres, en los que más se captan víctimas.
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