ATALAYA ECONOMICA: SE DERRUMBAN ALIANZAS Y JURAMENTOS, por Manuel Romero Caro

Jorge Zavaleta Alegre, Diario16 de Madrid
Corresponsal en América Latina
Washington DC.

La prensa internacional no cesa de publicar la acción delictiva del  grupo brasileño Odebrecht en perjuicio de varios países  latinoamericanos y del Africa. Las fuentes estadounidenses, latinoamericanas y europea s difieren en algunas cifras, pero en el fondo se colige que la corrupción, al ser descubierta, plantea serios y profundos problemas para construir la democracia. 

Se informa que Odebrecht estuvo presente en 27 países. Pero ese éxito ha sido descubierto. La empresa ha aceptado pagar 3.500 millones de dólares de multa, la mayor de la historia por sobornos, tras ser acusada de entregar 439 millones a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas.

En esa extensa lista figura  un documento del Departamento de Justicia de EE.UU que  confirma que Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos asociados a más de 100 proyectos en 12 países: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y, en África, Mozambique y Angola. 

Así estalló un escándalo internacional por la magnitud de las cifras. Y  la respuesta de  “Odebrecht ha sido  colaborando con la justicia de los países en los que actúa. Ha reconocido sus errores, pidió disculpas públicas, hizo acuerdos de colaboración con las autoridades de Brasil, EE. UU., Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala, y está comprometida a combatir y no tolerar la corrupción en ninguna de sus formas”.

Análisis provenientes de Colombia afirman que el enunciado de Odebrechet no es tan sencillo. La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferrero Rubio, declara “Lo que se ha demostrado con este caso en la región es que hay poca colaboración para investigar, que hay poca armonización de la legislación entre los países.” 

Estudios económicos de universidades mexicanas y norteamericanas señalan situaciones concretas. Aunque los sobornos no fueron a ciudadanos estadounidenses ni se produjeron allí, se considera un delito que una empresa que cotiza en la bolsa de ese país pague sobornos a funcionarios extranjeros y también que se utilice su sistema financiero para delinquir. Por eso, la constructora brasileña también debió pagar multas a EE. UU. y a Suiza, por donde también pasó el dinero, además de a los países donde efectivamente se produjeron los sobornos. Más allá de estas multas, el caso tiene distintos avances o desenlaces, según lo estipulan las autoridades locales.

Si nos trasladamos a Brasil, los informes revelan que  las investigaciones relacionadas  a la empresa continúan. Marcelo Odebrecht está en prisión domiciliaria desde diciembre. Varios correos electrónicos tratan de la relación entre la empresa e integrantes del Partido de los Trabajadores (PT), cuyo líder se encuentra en prisión y el país es gobernando ahora por políticos de ideología radicalmente contraria a la izquierda.

 En octubre de 2017, el entonces titular de la Procuraduría General de la República de México  dijo que la investigación del caso Odebrecht estaba concluida, pero hasta el momento no se ha ejercido acción penal contra ningún funcionario de Pemex. El proceso en Colombia empezó en diciembre del 2016 y ya han sido condenadas cuatro personas, entre ellas un exviceministro de Transporte y un senador activo. 

En Perú suman más de 27 personas con medidas restrictivas (prisión preventiva, arresto domiciliario e impedimento de salida del país), entre los cuales se encuentra el expresidente prófugo Alejandro Toledo y Ollanta Humala, quien afronta prisión preventiva.  Las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, también han involucrado la campaña electoral (2011) del ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski. Por el momento no se cuenta con una sentencia efectiva.

 La amistad entre Hugo Chávez y Lula potenció los intercambios comerciales entre Venezuela y Brasil. De 2003 a 2016 se acordaron 37 contratos entre ambos gobiernos, 27 de estos para Odebrecht. Entre el 13 y el 17 de febrero de 2017 se tomaron las únicas medidas que adelantó el Ministerio Público: Allanaron la sede de la empresa, congelaron sus cuentas y le prohibieron gravar y enajenar bienes. La fiscal Luisa Ortega Díaz viajó a Brasil para compartir información con la Fiscalía y pidió, el 3 de abril de 2018 ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro por este caso. Aseguró que el mandatario incurrió en los delitos de corrupción y legitimación de capitales.

El informe señala también que el juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi llamó a indagatoria a 49 personas: exfuncionarios como Julio de Vido, exministro de Planificación; Ricardo Jaime, exministro de Transporte, y José López, exsecretario de Obras. También a representantes de firmas que obtuvieron una licitación de construcción del soterrado del tren Sarmiento, como Ángelo Calcaterra, expresidente de la constructora Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, e intermediarios como el ‘Corcho’ Rodríguez. 

El caso Odebrecht salió a la luz por el Lava Jato, en Brasil. Pero la opinión pública se pregunta que si es la única empresa que operaba a través de ilícitos? Fuentes cercanas a la constructora afirman que no. La historia aún necesita ser escrita.

En esta oportunidad, Atalaya Económica de Gestión, diario  fundado por el economista  Manuel Romero caro, se detiene para analizar los pactos, alianzas, silencios y estrategias que  están cambiando en Perú, ante el  anuncio que ya llega a Lima documentación de Odebrechet como parte de la colaboración eficaz. 

Leamos lo que escribe 
Manuel Romero Caro, desde Lima.

Un efecto colateral de la forzada renuncia  del fiscal de la nación, Pedro Chavarry,  las inminentes declaraciones del ejecutivo Barata de Odebrecht  y otros hechos, sería el inicio de la fin de la  alianza del fujimorismo-aprismo.

Sin embargo, esta separación no  implica que sea definitiva, si en el correr del tiempo volvieran coyunturas específicas. Pero ya no tendrían ni la consistencia ni las repercusiones que hasta hace poco consiguieron.

Las declaraciones de los ex funcionarios de Odebrecht (Odb), así como la entrega de la copia del servidor suizo de Odb, afectaría en mucho mayor medida a los que ocuparon Palacio de Gobierno que a una simple y frustrada candidata a la presidencia. 

Es que el núcleo  de las declaraciones brasileras no iba a centrarse en los “pequeños” montos para financiar las campañas políticas, sino en los muy importantes sobornos otorgados en los principales proyectos de inversión. 

Nuestros lectores recordarán que en más de una oportunidad en esta columna de opinión (I) hemos protestado porque se nos estaba haciendo perder el tiempo con los pequeños aportes electorales (el hueso sin entrar a los sobornos por proyectos como las Interoceánicas o las etapas del Metro (la carne). 

Ante esa situación las reacciones de Alan García y Keiko Fujimori habrían sido diferentes . Es así que mientras los integrantes del Partido Aprista tenían mayor interés en presionar al fiscal para que despidiera a los fiscales Rafael Vela y a José Pérez, KF declaraba públicamente que iba a recomendar a su bancada que apoyara el proyecto de ley del Ejecutivo declarando en emergencia al Ministerio Público. 

A esta etapa corresponden las declaraciones de Keiko de “yo no me he fugado nunca. Si hay algo que me caracteriza, es haber vuelto una y otra vez al Perú. No me he quedado en el extranjero como algunos, ni he buscado asilo a pesar de que varias personas me lo sugirieron”. 

Y si bien este misil también puede alcanzar a Alejandro Toledo, el destinatario principal debe haber sido Alan García Pérez. Pues, mientras Keiko está en la cárcel por segunda vez, sin haber logrado la presidencia ni estar involucrada en ningún proyecto público; AGP sigue disfrutando de su  libertad, no obstante  haber sido dos veces Presidente y haber aprobado el mayor número de Adendas. 

La actitud de KF en relación al proyecto de ley del Ejecutivo dejó en una posición desairada a dos importantes congresistas de Fuerza Popular, su partido,  quienes habían adelantado opinión en contra. 

Pues, los fujimoristas tuvieron que cambiar el discurso  y empezar a alinearse con la recomendación de KF. Es evidente  que KF y su núcleo duro están tratando de postergar lo evidente: un choque frontal de las diversas facciones al interior del fujimorismo. Y el proyecto del Ejecutivo y el público apoyo recibido por parte del presidente del Congreso, presentaba el escenario ideal para que se fraccionara la bankada. 

Sin embargo luego vino el anuncio que Keiko iba a seguir en la cárcel pues se había rechazado su solicitud. Y “coincidentemente” los congresistas fujimoristas volvieron a cambiar de actitud y empezaron con sus conocidas maniobras dilatorias en relación al proyecto de ley del Ejecutivo.

Es que este proceso de divorcio fujiaprista no impide que ante circunstancias puntuales; como la de la frustrada reunión de la Junta de Portavoces que planeaba exonerar de comisiones al proyecto del Ejecutivo declarando en emergencia el MP, vuelvan a actuar coordinadamente.

Hay que entender que la alianza fujiaprista se sustentaba en que mientras FP aportaba su aplastante mayoría de 73 congresistas; la fortaleza de los apristas eran los contactos  en la Fiscalía y en el Poder Judicial. 

Sin embargo ahora FP solo cuenta con 60 congresistas, y es posible que en el corto plazo ese número disminuya significativamente. La crisis desatada por los audios de los Cuellos blanco del Puerto ha afectado  la operatividad de “los hermanitos”. Un factor aún más importante es que a medida que el caso Lava Jato peruano avance, afectaría de manera diferente a AGP y a KF. Hemos   visto aquí y en Brasil que cuando en los procesos judiciales las papas queman, no hay lealtades que valgan.

Manuel Romero Caro.
Sirva la Atalaya para poder darle una mirada global y una perspectiva crítica a la economía y entender los temas sectoriales, microeconómicos , y la implicancia que ellos tienen para el país.
Manuel Romero Caro. Economista por la Universidad del Pacífico. Master en economía (Virginia Polytechnic Institute and State University) y Bachiller en Administración de Empresas, además de diversos cursos de post grado en BID, ESAN, University of Notre Dame, etc. 
Ha sido gerente general y Presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Decano del Colegio de Economistas del Perú y ministro de Industria, Comercio, Turismo e Integración . Luego fundó y dirigió la consultora Servicios para la Gestión Empresarial y en 1989 creó la revista Gestión que luego se convertiría en el Diario Gestión.
Se ha desempeñado también como Director Ejecutivo de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. e integrante del Directorio en diversas compañías y gremios como la Cámara de Comercio de Lima ; la American Chamber of Commerce of Perú y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En la actualidad, se desempeña como director independiente en diversas empresas.

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