Los decibeles de ira popular van en aumento cuando se percibe que la justicia y la arquitectura de la democracia se dilata ante la creciente corrupción pública y privada. El caso del Perú es patético.
La petición del asilo solicitado al Uruguay por el expresidente peruano Alan García, es decepcionante y desconcertante. Ha despertado múltiples reacciones contra la actitud de este ex gobernante, acusado por la Justicia de su país de haber recibido fondos millonarios por proyectos de inversión, entre ellos algunos vinculados al consorcio Odebrecht del Brasil.
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