Las sentencias deben ser cumplidas cuando son justas, por Manuel Domínguez

Por Manuel Domínguez Moreno
Presidente del directorio del Diario16, Madrid

La carta de Juana, la madre coraje, que más que la madre coraje es la madre, madre…, la madre que tod@s hemos tenido o deseado tener. En mi caso la he tenido.

Es una confesión sobrecogedora. La entiendo perfectamente y, desde la razón sin miedo, deseo expresar lo que siento como hombre, sin contribuir con mi cómplice silencio a que un “mal nacido” maltratador italiano, o de la calle Serrano, de la City o del Vaticano, esté escondido en una isla italiana o en la propia ONU. 

Amigas y amigos honestos, etic@s abogad@s que han vivido y conocido, que han visto y soportado, este tipo de cosas; juez@s burócratas que no dejan hablar, ni tienen interés alguno en escuchar a la víctima y a su defensor sino únicamente en celebrar unos cuantos juicios en una mañana y que les importa poco la trascendencia que para unas cuantas vidas —muchos de ellos niños y niñas— tiene su decisión. Dispongo del conocimiento de varios casos por los relatos estremecedores de est@s amig@s, en el ejercicio de su profesión, con ejemplos de juzgados de Madrid y otros lugares.

Hay que cumplir las sentencias, pero las sentencias tienen que ser dictadas por hombres y mujeres, jueces y juezas justos y justas y con conciencia; se trata de la vida de otros seres humanos, que acuden a la justicia a buscar amparo, no un papel sellado.

Comencemos por dejar claro, y la justicia más que nadie, que estamos ante un caso que se fundamenta en el principio del mismo, o sea, que lo de “Señor Francesco Arcuri” es por intentar ser educado y respetuoso, aunque su calificativo no es otro que el de maltratador, el de su defensor, machista, el de sus defensores, fraudes humanos y el de los representantes de la justicia en este caso, presuntamente “frivol@s”.

No olvido, aunque este no es el momento por el espacio que habría que dedicar al tema, a las personas con intereses espurios que están aprovechando el caso que nos ocupa para justificar socialmente sus diferentes comportamientos que éticamente en nada se le parece al caso que hace sufrir injustamente a Juana y a sus hijos.

Mientras todo esto ocurre, los que poseen el privilegio constitucional de resolver esta injusticia están disfrutando de sus hijos, sin la amenaza de perderlos o dejarlos en manos de un secuestrador “legal”, en lugares igualmente privilegiados de vacaciones públicas pagadas por el pueblo al que dejan “maltratar”, con el cómplice silencio de medios de comunicación que venden sus “historias familiares” como de interés de Estado en portadas que exhiben en privilegiados puntos de ventas para atraer la atención de lo “terriblemente humano del pueblo”.

Repito e insisto, es el momento de la revolución de las conciencias y con ella de la desobediencia cívica, pacífica y legal, con el único fin de intentar de una vez por todas influir en los representantes, los mayormente interesad@s, democráticos para que insten al gobierno, incluso al Estado, a la revolución pendiente desde la dictadura, la “revolución de la justicia”.

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