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En los últimos meses la mayoría de los argentinos son testigos de un giro de 180 grados en el rumbo político y económico de su país. De encabezar una lucha mundial contra los flujos financieros ilícitos y la economía pirata de los fondos buitres que los llevó a tener una victoria ante la Asamblea de Naciones Unidas que condenó a Elliot Managament, ahora con Macri están sentados en la mesa con los buitres, renegociando el pago total de una deuda que ya se había reconocido como ilegítima.
Y no sólo eso, también en la cancha social se ven nuevas jugadas anti populares por parte del nuevo gobierno. Las últimas noticias hablan del despido de casi cien mil trabajadores, entre públicos y privados, con la aplicación de las medidas económicas neoliberales de Macri.
Ello ha traído a la Argentina un clima de convulsión social que se vive en todos sus rincones. Tanto así que varias organizaciones de la sociedad civil están denunciando una fuerte represión hacia cualquier manifestación de rechazo de las medidas impuestas.
Como señalan muchos analistas argentinos desde diversos espacios, las próximas semanas serán decisivas para el futuro de nación, más aun cuando el gobierno está buscando desesperadamente pagarle a los fondos buitre endeudando nuevamente al país. El pretexto es reactivar la economía argentina, pero lo que esconde es la alianza entre buitres y los que ganaron las elecciones el año pasado.
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Jessica Portocarrero *
Según Oxfam, entre 2002 y 2015, las fortunas de los
multimillonarios de América Latina crecieron en promedio 21% anual, este
crecimiento fue seis veces superior al
que experimentó el PIB de la región.
La salida de los
flujos financieros ilícitos y la fuga de capitales productos de la
evasión y elusión de impuestos, así como
los privilegios tributarios de los que se sirven las empresas transnacionales
para pagar menos impuesto, son los principales desafíos que enfrenta la región,
ya que estas malas prácticas han venido erosionado la base impositiva de los
países, además de atentar contra los recursos tributarios que son necesarios
para garantizar el desarrollo de América
Latina.
Según la CEPAL, la región pierde anualmente 320,000 millones
de dólares producto de la evasión y la
elusión fiscal, lo que representa el 6,7 % del PIB, cifra mayor a la inversión
extranjera directa (137, 251.2 millones
de dólares en 2014[1]).
La evasión fiscal deriva principalmente de operaciones
empleadas por las empresas transnacionales a fin de pagar menos impuestos a
través de mecanismos como la manipulación de precios de transferencias, la
planificación fiscal, es decir el traslado artificial de sus utilidades a
jurisdicciones de baja o nula tributación, con el fin de reducir la carga
impositiva en aquellos países donde se genera el valor agregado (maniobras
lícitas para sacar provechos de normativas imperfectas), pero también de los
incentivos tributarios que se generan hacia algunos sectores en busca de atraer
mayor inversión.
La evasión fiscal deriva principalmente de operaciones
empleadas por las empresas transnacionales a fin de pagar menos impuestos a
través de mecanismos como la manipulación de precios de transferencias, la
planificación fiscal, es decir el traslado artificial de sus utilidades a
jurisdicciones de baja o nula tributación, con el fin de reducir la carga
impositiva en aquellos países donde se genera el valor agregado (maniobras
lícitas para sacar provechos de normativas imperfectas), pero también de los
incentivos tributarios que se generan hacia algunos sectores en busca de atraer
mayor inversión.
El último reporte de la CEPAL sobre evasión tributaria en
América Latina[2] señala que durante el 2005 y 2007 la pérdida estimada de
ingresos tributarios en los países de América Latina por manipulación de
precios en operaciones comerciales con empresas de EEUU y de la Unión Europea
superó los 31,000 millones de dólares y entre los países con mayores pérdidas
fiscales acumuladas para este mismo periodo sobresalen México ($19, 941 millones) y Brasil ($6,448
millones) ambos representan el 84.3% del
total de la región.
En cuanto a las tasas
de evasión en el Impuesto al Valor Agregado IVA, los países de la región
mostraron una tendencia decreciente entre el 2003 y 2007, sin embargo en el
2010, posterior a la crisis financiera internacional, países como El Salvador,
Colombia, México y Chile presentaron incrementos en su tasa de evasión en el 2010. En el 2012 México, Colombia y especialmente Uruguay
(quien presento la menor tasa de evasión en la región con un 13,4%) mostraron
mejoras en términos de niveles de evasión, siendo el caso contrario para Chile,
que experimentó incrementos en su tasa de evasión llegando a 24.8% en el 2012,
con una leve reducción en el 2014. En el caso de los países de Centroamérica,
como Costa Rica y Guatemala, estos mostraron incumplimientos en el IVA de 30% y
40% respectivamente.
Está claro que la evasión tributaria sigue siendo una de las
principales debilidades del actual
sistema tributario de la región, el cual proporciona a las empresas
trasnacionales y a las grandes fortunas oportunidades para que eviten pagar los
impuestos que deben de pagar. La pérdida de estos recursos se traduce en
pérdida de oportunidades para el crecimiento de nuestras economías y el
estancamiento de un crecimiento sostenido e inclusivo en la región por lo cual
es esencial que los gobiernos trabajen en la implementación de un sistema
tributario más progresista y justo para todos.
[2]Evasión tributaria en América Latina.
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