Jorge Zavaleta Alegre, Emmitsburg MD, 2020
A Sandra Negrón Miguel - Freddy Hurtado Rodríguez de Mendoza, médicos peruanos.
Nuestra vida diaria gira alrededor de actividades cada vez más digitalizadas y, por consiguiente, más sensibles a amenazas cibernéticas. Cadenas de suministro de alimentos, transporte, pagos y transacciones financieras, actividades educativas, trámites gubernamentales, servicios de emergencia, y el suministro de agua y energía, entre un sinnúmero de actividades, operan en la actualidad a través de tecnologías digitales.
Entre los adultos y los milenios hay una brecha profunda, que en muchos casos provoca conflictos en la vida familiar o en el barrio o comunidad. Las personas adultas consideradas en la tercera, cuarta o quinta edad, son vistas no solo por el directorio del Banco Mundial como el pasivo de una economía en crisis y una enorme masa de jóvenes en pugna por conseguir un pequeño espacio laboral. Y hoy.....lluvia intensa sobre mojado, la indomable coronavirus2019, pandemia que ha puesto en evidencia la infinita humanidad de médicos y al mismo tiempo la miserable actitud rentista de clínicas y que especulan con el dolor infinito. La Salud Mental por los suelos y el amor por el "Metal" multiplicado a la enesima potencia.
Una imagen ´poco comprendida es encontrarsse camino a una comunidad de los Andes, por ejemplo Huaylas en Los Andes, a un anciano masticando hojas de coca y cal y el nieto que llega de la ciudad con computadora y celular. Dos universos, incomprendidos, en pugna silente se aburren al no entenderse mutuamente.
Hoy, las políticas de ciberseguridad son fundamentales para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital, tales como la privacidad, la propiedad, así como para aumentar la confianza de los ciudadanos en las tecnologías digitales, y que éstos puedan sentirse cómodos accediendo a dichas tecnologías.
El crimen en línea ya supone, aproximadamente, la mitad de todos los delitos contra la propiedad que tienen lugar en el mundo. A nivel agregado, las cifras adquieren aún mayor magnitud pues los daños económicos de los ataques cibernéticos podrían sobrepasar el 1% del producto interno bruto (PIB) en algunos países.
En el caso de los ataques a la infraestructura crítica, esta cifra podría alcanzar hasta el 6% del PIB. El estudio que comentamos es parte de un denso libro de 450 páginas que publica el Banco Interamericano de Desarollo y la Organización de Estados Americanos.
La investigación, pone en evidencia que la región de América Latina y el Caribe aún no está suficientemente preparada para enfrentar los ataques que se producen en el ciberespacio. Únicamente 7 países de los 32 analizados en este reporte cuentan con un plan de protección de su infraestructura crítica, y 20 han establecido algún tipo de grupo de respuesta a incidentes, llamado CERT o CSIRT.
Solo 5 países de la región se han adherido a la Convención de Budapest, que facilita la cooperación internacional en la lucha contra el crimen informático. Hasta principios de 2020, solo 12 países habían aprobado una estrategia nacional de ciberseguridad.
El área de Instituciones para el Desarrollo del BID, representada por Moisés J. Schwartz explica que principios del 2020 la pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve nuestra dependencia de una infraestructura vital que, para la gran mayoría de los ciudadanos, resulta invisible o su existencia pasa prácticamente desapercibida.
Parte del problema se inicia muchas veces en la propia ley: en un tercio de los países no existe un marco legal sobre los delitos informáticos y únicamente 5 países de la región se han adherido a la Convención de Budapest, que facilita la cooperación internacional en la lucha contra el crimen informático.
Hasta principios de 2020, solamente 12 países habían aprobado una estrategia nacional de ciberseguridad (un aumento con respecto a los 5 que tenían este tipo de estrategias en 2016), y únicamente 10 países han establecido un organismo gubernamental central responsable de la gestión de la ciberseguridad.
Nuestra región requiere reactivar su economía para superar la crisis originada por la pandemia del COVID-19. La puesta en práctica de políticas integrales de ciberseguridad permitirá a los países de nuestra región disfrutar de los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial, protegiendo a sus ciudadanos y potenciando su actividad económica.
Farah Diva Urrutia Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA comenta que la pandemia de COVID-19 nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el progreso en la expansión de las TIC, la conectividad a Internet y la ciberseguridad en el hemisferio.
Nuestra mayor dependencia del ciberespacio durante la crisis subraya la necesidad de extraer lecciones para lo que nos espera en la transformación continua de nuestras sociedades y economías, y en garantizar la ciberseguridad a nivel mundial.
En un sentido más general, en la última década, los ataques cibernéticos han aumentado en frecuencia e ingenio. El bajo costo y el riesgo mínimo que conllevan estos delitos han sido factores clave en su crecimiento. Con el simple uso de una computadora y el acceso a Internet, los ciberdelincuentes pueden causar daños enormes mientras permanecen relativamente anónimos. Tanto las personas como las instituciones están expuestas a la incertidumbre y la impredecible naturaleza del delito cibernético. Por lo tanto, es imprescindible abordar estas amenazas.
Con el informe “Ciberseguridad: riesgos, avances, y el camino a seguir en América Latina y el Caribe”, la OEA busca proporcionar una descripción detallada de las capacidades nacionales de los países de América Latina y el Caribe (ALC) para combatir el ciberterrorismo y garantizar un acceso más seguro a Internet en la región.
Este año en particular, la pandemia global de COVID-19 ha destacado el papel vital y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la prestación de servicios esenciales y su profunda integración en nuestras soedades.
El informe de 2016, por ejemplo, indicó que cuatro de cada cinco países carecían de estrategias de ciberseguridad o de un plan de protección de infraestructura crítica. A principios de 2020, 12 países habían aprobado estrategias nacionales de ciberseguridad, incluidos Colombia (2011), Panamá (2013), Trinidad y Tobago (2013), Jamaica (2015), Paraguay (2017), Chile (2017), Costa Rica (2017), México (2017), Guatemala (2018), República Dominicana (2018), Argentina (2019) y Brasil (2020), entre varios otros en progreso.
El informe representa una visión general del complejo y cambiante universo del ciberespacio. Destaca el trabajo del Centro Global de Capacidad en Seguridad Cibernética (GCSCC, de la Universidad de Oxford, en consulta con más de 200 expertos internacionales provenientes de gobiernos, la sociedad civil y la academia, desarrolló el Modelo de Madurez de la Capacidad de Ciberseguridad para las Naciones (CMM) .
Se trata de un modelo que busca ofrecer una evaluación del nivel de madurez de las capacidades de ciberseguridad de un país, asignándole una etapa específica que corresponde a su grado de logro en materia de ciberseguridad. Las cinco etapas de madurez, que se fijan por medio de una evaluación, van desde la más básica (inicial) hasta la más avanzada (dinámica). Las cinco etapas se definen: • Inicial: En esta etapa no existe madurez en ciberseguridad o bien.
Falta evidencia observable de la capacidad de seguridad cibernética. • Formativa • Consolidada • Estratégica • Dinámica: Las organizaciones dinámicas han desarrollado métodos para cambiar las estrategias con calma. Sin embargo, la rápida toma de decisiones, la reasignación de recursos y la atención constante al entorno cambiante son características de esta etapa. Inicial Formativa Consolidada Estratégica Dinámica.
Las cinco etapas de madurez de la capacidad de ciberseguridad se subdividen en un conjunto de factores que describen y definen lo que significa poseer capacidad de seguridad cibernética en cada factor, e indican cómo mejorar la madurez.
Otros aportes provienen de Pablo Ruiz Tagle-Vial y Daniel Alvarez de la Universidad de Chile. Daniel Álvarez, Valenzuela y profesionales Guyana, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago con sus aportes, que son, coincidentemente, los países que casi en su totalidad cuentan con una política o estrategia nacional de ciberseguridad y que han desarrollado una oferta educativa, tanto pública como privada, que considera la formación especializada en ciberseguridad tanto desde el punto de vista técnico como jurídico.
Es evidente, como señala un estudio de la Universidad de Barcelona que existe la segregación digital en América Latina y el Caribe, es un reflejo de las inequidades sociales y la dependencia tecnológica. La difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) está acompañada por la aparición de la segregación digital. En América Latina y el Caribe la segregación digital es amplia, y abarca la dinámica industrial, el sistema educativo y la innovación tecnológica. La inequidad social se constituye en un factor clave para explicar esta situación. En el contexto de un mundo que tiende a la mayor interconexión y en el que el conocimiento es trascendental para todas las actividades productivas, la segregación digital define un importante reto para toda la región.
....
Papel de Arbol es asociado a Diario16, El Mercurio, Time, Panoramica de Milán, Tandil News de Buenos Aires.
papeldearbol@gmail.com
jcamerieri66@gmail.com
Fundado en 1992 en Lima. 2008 en Pittsburgh PA y desde 2017 Emmitsburg, MD.
301 401 6907.
No hay comentarios:
Publicar un comentario