Andrea Monje Silva, Bs.As.
Jorge Zavaleta Alegre, Emmitsburg MD.
Hay que cambiar algo para que las cosas sigan igual. Esta frase, tan común en el habla popular de América, permite describir la cruda realidad que aflora hoy, durante la pandemia, con consecuencias mucho más graves para la mujer, desde el punto de vista del trabajo y la remuneración.
Y si hablamos de igualdad? Se pregunta el Banco Interamericano de Desarrollo, al promover un nuevo periodismo, que induce que otras entidades financieras incluyendo las de propiedad social, se sumen a esta dinámica. El trabajo de la mujer latinoamericana sigue siendo cotizado con remuneraciones menores que la mujer nativa. Y, el trabajo femenino en el hogar no es considerado como tal.
El mensaje es que nuestros gobiernos no se limiten a tomar medidas reactivas que protejan a estas trabajadoras solo durante una crisis. “Deben establecer leyes y regulaciones que impulsen su formalización, garanticen sus derechos y aseguren el respeto de sus condiciones de trabajo”, escribe Andrea Monje Silva, especialista de género de la División de Género y Diversidad (GDI) en Argentina.
Los gobiernos de Latinoamérica suelen hablar de los proyectos reformistas para reestructurar la comunidad, esto es re colectivizar las áreas bajo su dominio y darles una fisonomía empresarial. Sin embargo, esa “reestructuración” ha significado únicamente cambiar la nomenclatura, sin ninguna transformación de importancia.
Por ejemplo, el Perú en los años 70 del siglo XX acabo jurídicamente con el régimen de hacienda y también un estilo de dominación social. Pero, la explotación económica subsiste. Inclusive, se ha agudizado, y sustituida por el control estatal. El resquebrajamiento de la dominación terrateniente (...) tampoco ha llegado a ser absoluto.
Las trabajadoras del hogar tienen un régimen laboral especial. Una diferencia que no se reconoce el derecho a la remuneración mínima vital, sino que se pacta entre las partes. Las vacaciones por cada año de servicio son la mitad (15 días), gratificaciones son del 50% de la remuneración mensual y la compensación por tiempo de servicios es igual a 15 días de servicio.
Existen dos tipos de modalidades de trabajo para esta labor: trabajo cama adentro y cama afuera. El empleador agresor no reconoce a la trabajadora del hogar como sujeto de derechos y es en las casas de los empleadores (espacio privado) donde es complicada la fiscalización y protección de los derechos laborales.
En Latinoamérica y con algunas deformaciones en el resto del Continente, la realidad y la pregunta que surge es: ¿Qué tanto ha cambiado la situación de estas trabajadoras con la llegada de la pandemia y, consecuentemente, las medidas de cuarentena?
El estado de emergencia que fue declarado el 16 de marzo de este año ha traído diversas consecuencias, siendo la desaceleración económica una de ellas. Los sindicatos dan a conocer que “algunas trabajadoras han sido despedidas directamente, a otras las han obligado a tomar vacaciones y también están a las que les han dicho que las llamarán cuando esta situación termine, pero es incierto”.
Se han dado despidos arbitrarios por parte de los empleadores sin respetar, el preaviso de 15 días o la indemnización equivalente que establece la ley. Los problemas laborales que ya presentaban las trabajadoras del hogar, tales como explotación, maltrato, violencia, sueldos bajos o incumplimiento de contratos (si es que existían) se han visto incrementados por la situación actual, especialmente en los casos de la modalidad cama adentro.
La ONU registra que en América Latina y el Caribe (ALC) hay 18 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos (comparativamente, hay 27 millones de enfermeras/os en todo el mundo) y, aproximadamente, el 93% son mujeres. Este sector es de gran importancia en el empleo femenino de la región: 14% del total de las mujeres ocupadas son trabajadoras domésticas. Pero más del 77% se encuentra en condición de informalidad.
Consecuentemente, la situación laboral de la mayoría de las trabajadoras domésticas es extremadamente precaria y vulnerable. Además, estas trabajadoras también son víctimas de discriminación, racismo y abuso porque un gran porcentaje de ellas son mujeres afrodescendientes, indígenas, rurales y/o migrantes.
Trabajando durante la pandemia
El Coronavirus ha agravado la situación de las trabajadoras domésticas. La OIT informa que el 70,4% están afectadas “por las medidas de cuarentena, la limitación de la actividad económica, el desempleo, la reducción de las horas trabajadas o la pérdida de salarios”.
Entre las que pudieron conservar sus empleos, miles fueron obligadas por sus empleadores a instalarse en los lugares de trabajo para reducir el riesgo de contagio; muchas tuvieron que incrementar la cantidad de horas de trabajo sin necesariamente recibir mayor paga porque sus empleadores.
Algunos países han implementado medidas para mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre este grupo de personas. Por ejemplo, Argentina estableció que las trabajadoras domésticas deben gozar de licencias pagadas durante la cuarentena, también las incluyó como beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia.
Otros países han puesto en marcha campañas de sensibilización dirigidos a los empleadores, y material de información para que las trabajadoras conozcan sus derechos en estos momentos de crisis. No obstante, según una encuesta realizada por la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar a más de 2.600 trabajadoras en 14 países de América Latina, la mitad fue despedida o suspendida sin sueldo y solo el 14 % se encuentra en cuarentena remunerada.
En los últimos años, algunos países de ALC han avanzado en esta materia ratificando el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos y poniendo en marcha normativas para equiparar sus derechos y combatir la discriminación. Sin embargo, la pandemia ha puesto de manifiesto que estas regulaciones quedan en papel.
Algunas iniciativas que el BID están apoyando: Con la plataforma digital Zolvers en Argentina, que ofrece el servicio de registro para los empleadores e inclusión financiera para las trabajadoras.
La Ley de Trabajo Doméstico, el gobierno de Uruguay realiza periódicamente visitas y operativos en los hogares, así como campañas de información, lo que ha permitido incrementar el porcentaje de formalización y afiliación al sistema de pensiones (de 30% en 2004 a 70% en 2019).
Las Iniciativas de Paridad de Género de Panamá y Costa Rica, apoyadas además por el Foro Económico Mundial, han revisado sus planes de acciones para incorporar medidas que fortalezcan las condiciones de las trabajadoras domésticas.
La OIT provee asistencia técnica a los países para realizar cambios y revisiones normativas en pro de estas trabajadoras. Sin embargo, es indispensable que los empleadores también asuman una responsabilidad y un rol clave que desempeñar para asegurar su bienestar.
Preguntas para el lector: ¿Estás familiarizado con las leyes que protegen a estas trabajadoras en tu país? ¿Conoces sus derechos?
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