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jueves, 25 de octubre de 2018

Cámara de Comercio de Lima promoverá Programa Anticorrupción



Jorge Zavaleta Alegre

El 10 de octubre se instaló la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Este grupo de trabajó tendrá la función de plantear propuestas para detectar y prevenir casos de corrupción. Además, tendrá la responsabilidad de promover que las empresas privadas implementen un programa anticorrupción dentro de sus organizaciones.

La Comisión está presidida por Manuel Romero Caro y  conformada por José Hopkins; Sergio Mottola; Beatriz Boza; Eduardo Vega; Martha Rodríguez; Katia Lung; Juan Cortez; Luis Bracamonte; Alicia Martinez y Mónica Huertas. Asimismo Nelly Gamarra fue designada como Secretaria Técnica de la Comisión.

La iniciativa de la CCL, nos lleva a analizar y saludar los objetivos que persigue. Las siguientes líneas precisamente nos dan alguna  información sobre las consecuencias  de la corrupción y las ventajas de prevenir:

En América Latina y el Caribe puede que las pérdidas se acerquen al límite superior de las estimaciones de la Unión Europea (entre el 7% y el 25% de los contratos de adquisiciones). Dado que el gasto en adquisiciones equivale al 8,6% del PIB, el malgasto en las adquisiciones, analiza una publicación del  Banco Interamericano  de Desarrollo.

El dinero público malgastado en América Latina bastaría para acabar con la pobreza extrema. Las ineficiencias en los presupuestos gubernamentales de la región superan los 220.000 millones de dólares anuales, según la misma fuente.

Los economistas argentinos  Alejandro Izquierdo y Carola Pessino  explican los graves  daños  que causa la corrupción en América Latina  y  Caribe. Sin embargo, poca atención prestan los diferentes gobiernos, con la admirable diferencia de Uruguay, Bolivia,  Chile y Costa Rica que muestra los menores índices.

Izquierdo  y Pessino demuestran,  con  numerosos gráficos y estadísticas,  que en 2016 los gobiernos de América Latina y el Caribe gastaron cerca de US$450.000 millones en compras públicas, lo que incluye la adquisición de bienes y servicios y de equipos de capital.

Ejemplos de estas adquisiciones son la compra de computadoras para las escuelas primarias, el suministro de agua potable, gas y electricidad, y la construcción de una carretera o un aeropuerto.

Sin embargo, ¿son eficientes y efectivas las compras públicas? ¿Los precios pagados son competitivos con el sector privado, y son similares en diferentes oficinas públicas y a lo largo del país?. ¿Los bienes y servicios producidos cumplen las normas de alta calidad?

Estas preguntas son pertinentes dado que el gasto en compras públicas no solo es grande sino que también influye en los ámbitos funcionales del  gobierno, incluida la educación, la salud y la infraestructura.

En promedio, las compras públicas representaron el 32,5% del gasto del gobierno general en los países de la OCDE (14% del PIB) y el 29,8% en los países de América Latina y el Caribe (8,6% del PIB).

Sin embargo, en la región,  el tamaño del gasto en este rubro varía desde  el 15% del gasto total en promedio en Argentina y Uruguay hasta el   47% en Bolivia y Perú, debido a la mayor proporción de gasto de capital en el gasto total.

El gran volumen de transacciones, junto con la estrecha y compleja interacción entre los sectores público y privado, hace que las compras públicas queden expuestas a diversos riesgos de malgasto, mala gestión y corrupción.

Se estima que entre un 10% y un 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público puede perderse debido a la mala gestión y la corrupción.

En América Latina y el Caribe se observan algunos de los ejemplos del gasto público más ineficiente del mundo, este gasto ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, hasta llegar al 29,7% del PIB en 2016.

El malgasto en salarios es otro tema clave. América Latina tiene una de las brechas salariales público-privadas más altas del mundo a favor de los trabajadores del sector público. El 14,2% del gasto salarial para el país promedio es malgasto.

Las filtraciones de los subsidios a la energía, los programas sociales y el gasto tributario equivalen al 65% del gasto focalizado teórico. En total, en las adquisiciones, la nómina salarial y las transferencias focalizadas, el monto promedio total del malgasto asciende a cerca del 4,4% del PIB y del 16% del gasto público promedio.

Esto equivale a US$220.000 millones, un monto entre el PIB de Perú (US$190.000 millones) y el de Chile (US$250.000 millones), dos de las economías más grandes de la región.

LA MEJOR  OPCION
Mejorar la calidad y la inversión en capital humano son factores determinantes fundamentales para aumentar el crecimiento a largo plazo.

Los países de América Latina y el Caribe deberían comenzar a mejorar las condiciones para adquirir habilidades en lugar de solo gastar en educación, y deberían proponerse facilitar la capacitación en el lugar de trabajo eliminando las distorsiones del mercado laboral, sobre todo los incentivos a la informalidad.

SBS privilegia a banca privada y pospone a Banco de la Nación


Cientos de personas protestaron en  Trujillo, la tercera  ciudad del Perú, al constatar los  perjuicios que provoca  la atención privilegiada  de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a la banca privada, en grave perjuicio del Banco  de la  Nación.
La  SBS indica que su "reporte de deuda",  es proporcionada por las entidades financieras. Sin embargo este enunciado no se cumple con el Banco de la Nación  de manera paralela, sino con un retraso  de dos o tres días y cada dos  meses.

La  SBS indica que su reporte mensual contiene información de deudas con no más de cinco años de antigüedad, contados desde la fecha de vencimiento, tarea que debería darle a conocer en períodos  más  breves.

Los bancos, por lo general, se nutren del  dinero popular que va a las arcas de los  grandes accionistas y no a la promoción del desarrollo. Las  tasas de interés por cada día de  retraso son  demasiado altas que impiden la creación y fortalecimiento de la micro, pequeña empresa o mediana empresa.

La SBS,  con los usuarios de los sectores populares es  deficiente. En su propaganda señala que si se tiene consultas puede contactar al Departamento de Servicios al Ciudadano. Pero su línea gratuita a  nivel nacional no suele  contestar  dentro ni  fuera del país.

Cómo puede cumplir el BN sus objetivos para fortalecer la inclusión social, pues es una de las pocas entidades estatales que llega a lugares remotos del país. 

El BN no solo tiene un potencial altísimo como instrumento de inclusión social, cultural y política, sino que también adscribe un paradigma importante y completamente mandatorio: una política transversal que apuesta por una población más global, por todos y todas, sin mediar ningún tipo de filtro. 

Este enfoque de inclusión social es un requerimiento de la población, en un país donde actualmente se encuentra ausente el Estado en más de un tercio del territorio y en una gran proporción de aquellos lugares en donde existe, es débil. 

El Banco de la Nación cumple una labor muy importante   promoviendo la inclusión social y la descentralización, objetivo que pretende ser recortado por la banca privada, empezando por aquel que injustamente lleva el nombre de Perú.

La reacción airada de los usuarios del  BN tiene que ver con el clima de tensión que  hoy provoca la corrupción nacional  liderada por una "fuerza popular", cuyos recursos del  Estado y de los partidos allegados vienen utilizando la banca privada para lavar el dinero de fuentes ilícitas.

Hoy en día, las mayorías de pobladores recuerdan esa indigna acción  delincuencial de los asesores presidenciales de  Fujimori, que tuvieron estrechos vínculos con los propietarios de bancos de crédito  que inclusive llegaron a facilitar sus aviones privados para trasladar mercaderías prohibidas y dañinas para la salud.

La  SBS no logra  superar aún el trauma disfuncional dejado por directivos como Daniel Schilowski, quien pretendió presidir la  SBS y antes la Corporación Financiera de  Desarrollo-COFIDE, dividiendo en dos el año laboral entre Lima  y el Africa. 

Conductas como las mencionadas en estas líneas ubican al Perú, con más del  25 por ciento del PIB que representa la corrupción, según investigaciones  auspiciados por el  Banco Interamericano  de Desarrollo.

Ironía de la SBS, que en una publicación auspiciada meses atrás, se indica que "el 2050 la población de adultos mayores, pasará fácilmente el 22 % del total de habitantes del país. Preocupante si se considera, que actualmente el 51 % de ellos no cuenta con un respaldo de ahorro, pensión o siquiera jubilación" según “Estudio Nacional de Dependencia Económica" de la tercera edad.