Jorge Zavaleta Alegre
La protección de los derechos de los consumidores constituye un principio rector de la política social y económica del Estado peruano, según el modelo de economía social de mercado, inscrito en la Constitución de los años 90.
Este enunciado, vigente desde 1992 en que se creó el Indecopi - Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Pero este mercado no puede desarrollarse a plenitud porque al frente existen instituciones tan antiguas que arrastran aún dificultades muy serias.
Indecopi, sino tiene la colaboración de la banca y su entidad supervisora, no puede gozar aún de la fortaleza para administrar una sociedad cada vez más informal, con una aluvional migración del interior del país a las ciudades, creciente contrabando de mercancías, en especial, por sus fronteras del sur, narcotráfico que asigna al país el primer lugar como productor de droga en la Región…
Vivimos en una economía informal, con desempleo explosivo y un Estado que en 2018 tiene a cinco expresidentes de la República con severas acusaciones en el manejo irregular de los recursos de un Estado, conducta que se extiende a los alcaldes y gobernadores de los más alejados municipios y regiones. Los penales tienen que ser ampliados para los nuevos reos, si la Justicia mejora.
El Perú de hoy muestra un aparato judicial que clama a gritos reformas profundas. Con un Congreso que arrastra a representantes de conductas cuestionadas que complotan contra la Presidencia de la República y que amparándose en la ley plantea un referéndum para cambiar la Constitución Nacional, y salvar a la democracia representativa del caos y de eventuales golpes de Estado.
Para el Indecopi resulta muy difícil operar, fundamentalmente, entre dos frentes muy poderosos: una banca privada y una superintendencia que arrastra vicios severos contra directorios que han sido cuestionados públicamente. Aún quedan rezagos, hojas críticas, de un superintendente que pasaba seis meses en el Africa ofreciendo servicios de asesoría a gobiernos, los cuales, sin duda, tienen mejor asesoramiento de Europa y los principios éticos de la Unión. Este estilo de vida de aquel superintendente que ya había asumido desde Cofide, un banco de segundo piso del Estado, no aportó nada en impulsar la micro y pequeña empresa.
Otro tema central es el necesario cambio del rol de la banca comercial con el dinero del narcotráfico y el mal uso del erario nacional. La banca, sobre todo la banca telefónica, parece invadida por la informalidad irresponsable, porque tarda o no resuelve con la urgencia que plantea la realidad frente a delitos como la clonación o ataques virales, en una era que la electrónica exige conocimiento, mística y eficiencia de su personal.
No son pocas las voces que señalan infiltración de servidores que no operan la respectiva alarma a quienes sufren la violación de las tarjetas de crédito. La Banca NA comienza a juzgar la ineficencia en el uso de representaciones de tarjetas de crédito de alcance internacional.
Hay bancos que se promueven como legítimos representantes del Perú y no tienen el personal suficientemente capacitado, ni identificado con los clientes. No debemos olvidar que, en la actualidad, hay más de 2 millones 800 mil peruanos residiendo en el extranjero, muchos de ellos en países sudamericanos, sin perjudicar el empleo en ninguno de los destinos.
Después de Estados Unidos, el país extranjero con mayor cantidad de peruanos es Argentina y Chile. No es justo que una persona que tiene un problema con la banca nacional tenga que retornar a Lima con el consiguiente daño a su economía, su salud y consecuencias mil para ser atendido después de varios meses.
Cómo hacer realidad una política del Estado en materia de protección del consumidor respecto a productos que ofrece la banca, por ejemplo, con sus áreas móviles o telefónicas. Persiste un centralismo.
Las oficinas de Indecopi ubicadas en provincias con más de cien mil habitantes carecen de servicios al consumidor en operaciones financieras, con servicios idóneos, con derechos y mecanismos efectivos para su protección. Las oficinas regionales, en plena era digital, derivan los expedientes en correo tradicional, con agentes externos.
Es esencial un alcance nacional e internacional. Es indispensable su fortalecimiento institucional con respecto al sistema de producción nacional. En este sentido, la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del INDECOPI requiere una relación eficiente con los organismos reguladores de servicios públicos (como el OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNASS y OSITRAN), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las entidades sectoriales, como agencia transversal en materia de protección del consumidor.
Es verdad que la economía peruana ha crecido en los últimos años, los mercados también se han desarrollado y la naturaleza de las transacciones se ha vuelto más complejas.
Sea bienvenida la capacitación a los sectores informales, a la pequeña empresa que realice Indecopi en las regiones como Arequipa, Trujillo, Iquitos… Inclusive es necesario dar pasos adelante en cuanto el Código de Protección y Defensa del Consumidor del 2010, en el cual se da un punto de inflexión en la política de protección, según indican documentos reflexivos del Indecopi.
La sociedad exige optimizar las actuaciones de la administración del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas de protección y defensa del consumidor en todo el país.
Una encuesta respecto a la participación de los diversos agentes al llamado de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor arroja lo siguiente: De manera referencial, solo el 24.4% del total de entidades emitieron respuesta respecto de las acciones en materia de protección del consumidor, con una tasa de respuesta del 36% para el caso de los Gobiernos Regionales y de solo el 20.9% y 18.3% en el caso de los Gobiernos Locales y las Asociaciones de Consumidores.
Indecopi, es una entidad necesaria en la vida del país, pero no puede seguir afrontando una conducta errática y soberbia de los bancos comerciales y de una Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que se vale, por ejemplo de Infocor, un medio de intimidación, pánico y sobre todo con sus informes publicados con dos a tres meses de retraso…
Deberle a un banco o hallarse en mora es lo peor que le puede pasar a un ser humano. A los bancos les gusta prestarles dinero sólo a las personas que no lo necesitan. La frase “Robar un banco es un delito, pero es más delito crearlo” se la atribuyen a Bertolt Brecht. Tal vez fue el dramaturgo y poeta alemán quien resumió en esta sentencia toda la tragedia que en asuntos financieros sufren millones de personas.
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Editor
Diario16 El Mercurio, Madrid
Corresponsal en Washington DC
Panoramical, Milán
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