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jueves, 9 de agosto de 2018

ONU: Hay que proteger a los pueblos indígenas, también cuando emigran


Existen alrededor de 400 millones de personas indígenas en el mundo, la mitad de ellas son mujeres y representan un importante rol en la lucha contra el hambre.

A pesar de sus contribuciones, las indígenas no son parte de los procesos de decisión que afectan sus vidas, y los programas de protección social muchas veces excluyen sus necesidades y puntos de vista.

-elmercuriodigital, expresa su solidaridad con los Pueblos Indígenas en su Día  Internacional. 
-Una coalición internacional pide al presidente de Ecuador que proteja a ‘Guardianas de la Naturaleza’ frente a ataques.
-Eliana María Muchachasoy /Una mujer indígena cultiva maíz en Sibundoy. Desde el origen de los tiempos han sobrevivido mujer y maíz, ambas semillas de vida que cíclicamente se tejen al ritmo lunar.
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En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONU ha hecho un llamado para apoyarles y garantizarles sus derechos humanos, especialmente en un momento en el que muchos de ellos están migrando.

“La migración es una oportunidad, pero también conlleva riesgos inherentes. Muchos migrantes indígenas viven en condiciones poco seguras e insalubres en las zonas urbanas. Las tasas de trata y otras formas de violencia son desproporcionadamente elevadas entre las mujeres y las niñas indígenas. Los jóvenes indígenas se enfrentan a cuestiones complejas con respecto a su identidad y sus valores”, ha dicho el Secretario General en su mensaje para el Día.

António Guterres recalca que en algunos países los territorios de los pueblos indígenas están divididos por fronteras internacionales y que la cooperación a través de esos cruces es importante para salvaguardar su identidad y sus ocupaciones y prácticas tradicionales.

El titular de la ONU confía en que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que deberá aprobarse a finales de año, cree un marco internacional de cooperación y una plataforma que maximice los beneficios de la migración y brinde apoyo a los grupos vulnerables como los pueblos indígenas.

“Es fundamental que se protejan los derechos y las identidades de los pueblos indígenas”, resalta Guterres, haciendo eco al llamado de varios expertos de la ONU.

Los Estados deben comprometerse

En un comunicado, el grupo de expertos en derechos humanos hizo un llamado a los Estados alrededor del mundo para que lleven a cabo acciones efectivas que aseguren el respeto de las garantías fundamentales de los indígenas migrantes.

"Si bien los Estados tienen la prerrogativa soberana de administrar sus fronteras, deben también reconocer los estándares internacionales de derechos humanos y asegurar que los migrantes no son sujetos de violencia, discriminación u otros tratos que pudieran violar sus derechos. 

Adicionalmente, los Estados deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación; a la tierra, el territorio y los recursos; a la nacionalidad, así como a los derechos a la familia, la educación, la salud, la cultura y al lenguaje”, expresaron.

Los expertos aseguraron que los Estados debían recordar que todos los pueblos indígenas tienen derechos bajo los instrumentos internacionales, incluida la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

También recalcaron que cualquier iniciativa gubernamental e industrial, incluido el desarrollo nacional, la infraestructura, la extracción de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático u otros asuntos que afecten a los pueblos indígenas, deben contar con el consentimiento libre, previo e informado, para que no sean obligados a desplazarse en contra de su voluntad.

“Estamos preocupados por las violaciones de derechos humanos durante la detención, el procesamiento y la deportación por parte de los Estados. Existe también escasez de datos adecuados sobre los pueblos indígenas que además son migrantes. Como resultado de esta invisibilidad, a aquellos detenidos en fronteras internacionales a menudo les es negado el acceso a un debido proceso, incluida la interpretación y otros servicios que son esenciales para una representación justa en un proceso legal”, dijeron.

Los expertos también llamaron a los países a reunir a los niños, padres y cuidadores que hayan sido separados en detenciones o deportaciones fronterizas.

Especial atención exigen las mujeres y los niños que están expuestos al tráfico de personas y de drogas, y a la violencia sexual, así como los indígenas con discapacidad, a quienes les niegan servicios de accesibilidad.

“Dondequiera que vivan, velemos por que los pueblos indígenas gocen de reconocimiento por sus contribuciones y tengan la oportunidad de desarrollarse y prosperar en paz en un planeta sano”, concluye António Guterres en su mensaje.

Guardianas de la naturaleza
El 9 de agosto de 2018, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una coalición internacional ha lanzado una campaña, acompañada de una carta abierta, dirigida al Presidente Lenin Moreno, proponiéndole tres acciones concretas para proteger a las “Guardianas de la Naturaleza”: aquellas personas que dedican su vida a proteger los derechos humanos y la naturaleza, muchas de ellas líderes y lideresas Indígenas.

Esta coalición está integrada por las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos Acción Ecológica, Amazon Watch, Amnistía Internacional, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y Fundación Pachamama, quienes proponen al presidente: firmar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que fortalece derechos ambientales; implementar una política nacional de protección; e implementar un protocolo de investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos.

“En este día en que el mundo entero conmemora los derechos y las grandes contribuciones de los Pueblos Indígenas para la naturaleza y la sociedad, cinco organizaciones hermanas unimos esfuerzos para comenzar a construir un sueño: que todas las personas en Ecuador que decidan dedicar su vida a proteger la naturaleza, puedan hacerlo libres de ataques y amenazas”, dijeron Cecilia Chérrez, Leila Salazar-López, Erika Guevara Rosas, Belén Páez y Elsie Monge, representantes de las organizaciones que conforman la coalición, en una declaración conjunta.

Tras el inicio del gobierno del Presidente Moreno, y a pesar de algunos avances en el diálogo con la sociedad civil y organizaciones Indígenas, han ocurrido ataques contra personas Indígenas que defienden derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio o el medio ambiente –y, en el caso de Ecuador, derechos de la naturaleza, los cuales están reconocidos por la Constitución de 2008– frente a los posibles impactos negativos de proyectos extractivos en los territorios pertenecientes a sus comunidades.}

Estos ataques han quedado frecuentemente en la impunidad, exponiéndoles a peligros que les dificultan continuar protegiendo los derechos de las personas y la naturaleza. Entre las victimas están Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Yaku Pérez, líderes Indígenas que han sido objeto de estigmatización, amenazas de muerte, ataques contra su integridad personal e incluso intentos de asesinato por proteger la Amazonía o defender los derechos de sus comunidades al agua, a un medio ambiente sano o a ser consultadas sobre proyectos extractivos en sus territorios.

A pesar de que estos ataques fueron denunciados, las autoridades encargadas de protegerles y de investigar estos delitos aún no han identificado a los responsables materiales e intelectuales, ni han garantizado las condiciones para que Patricia, Nema, Salomé y Yaku puedan continuar con su importante trabajo libres de ataques y amenazas. La labor que realizan estas personas es fundamental para la sociedad y estos ataques, que permanecen en la impunidad, tienen graves efectos de riesgo, intimidación, temor y autocensura sobre ellas, sus comunidades u otras personas defensoras en el país.

El Presidente Moreno se ha comprometido públicamente en varias ocasiones a proteger los derechos de los Pueblos Indígenas y a suspender el otorgamiento de nuevas concesiones mineras que no obtengan el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Sin embargo, su gobierno aún debe tomar acciones concretas para materializar estas promesas.

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