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miércoles, 11 de julio de 2018

¡LA AMAZONIA ES SOLO PARA EMPRESAS Y NO PARA COMUNIDADES!




Jorge Zavaleta Alegre
Una y otra vez, las investigaciones han demostrado que el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas y comunitarios es una solución comprobada para la conservación de los bosques, la mitigación del cambio climático, la reducción de la pobreza y la catalización del desarrollo sostenible. 

Una nueva investigación del Instituto de Recursos Mundiales permite corroborar la existencia de un campo de juego desigual entre las comunidades y las empresas que luchan por los derechos a la tierra.

“Las comunidades sacrifican décadas navegando en complejos y costosos procesos gubernamentales que pueden obligarlos a renunciar al territorio y los derechos, mientras que las empresas pueden obtener rápidamente concesiones en la misma tierra”, explica el IRM, en una extensa publicación enviada a esta publicación.

"Las compañías expanden rápidamente las operaciones en África, Asia y América Latina, y poseen muchos recursos. Aunque más del 50 por ciento de la tierra del mundo se mantiene en forma colectiva, los grupos indígenas y las comunidades poseen legalmente solo el 10 por ciento de la tierra a nivel mundial", señala el IRM.

Esta paradoja se explica en el  tiempo y el costo  del proceso para formalizar los derechos a la tierra. En muchos casos el trámite  demora hasta 30 años o más.

En Filipinas, el proceso requiere 56 pasos legalmente obligatorios, y en Indonesia, 21 entidades gubernamentales diferentes están involucradas, pero las empresas normalmente pueden asegurar los derechos a largo plazo de la tierra en solo 30 días a cinco años.

The Scramble for Land Rights: Reducing Inequity between Communities and Companies, analiza las discrepancias en tiempo, dinero, tamaño de la tierra y derechos otorgados en 15 países.

Los Pueblos Indígenas y las comunidades a menudo se ven obligados a renunciar a áreas significativas de sus tierras consuetudinarias o perder derechos sobre recursos naturales valiosos como agua limpia o plantas medicinales, paralizando sus medios de vida.

"Los gobiernos deben estudiar detenidamente cómo sus políticas sobre derechos de propiedad favorecen a las empresas, especialmente las que talan bosques, queman turberas ricas en carbono o agotan los recursos naturales, sobre comunidades indígenas que han protegido los bosques del mundo por mucho tiempo", comenta Victoria Tauli-Corpuz , el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

"Este campo de juego injusto no solo plantea graves riesgos ambientales, sino que también amenaza los medios de subsistencia de más de 2.500 millones de personas que dependen de tierras colectivas".

El informe concluye que, en la mayoría de los países, las empresas pueden garantizar los derechos a la tierra sin examinar reclamaciones comunitarias existentes sobre la misma tierra, y que incluso cuando los gobiernos requieren consultas comunitarias, las empresas solo hacen gestos simbólicos en lugar de intentar sinceramente obtener, consentimiento previo e informado.

Según Global Forest Watch, el mundo perdió 15,8 millones de hectáreas de bosque tropical en 2017, pero la tasa de pérdida de cobertura arbórea fue menos de la mitad en comunidades y tierras indígenas en comparación con otros lugares.

WRI lanzó el informe en Lima, Perú en asociación con AsM Law Office, el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), Rainforest Foundation United States (RFUS), Derechos y Recursos Initiative (RRI) y Ujamaa Community Resource Team que dirigió la investigación de campo en Indonesia, Perú y Tanzania.

Los expertos hablaron junto con funcionarios del gobierno y líderes indígenas que luchan por garantizar los derechos formales a la tierra en la Amazonía peruana.

En Perú, las empresas pueden encontrar fácilmente accesos directos en torno a requisitos onerosos, como comprar pequeñas parcelas de tierra y convertirlas en grandes concesiones agroindustriales para evitar las regulaciones ambientales y franjas claras del Amazonas.

Las comunidades indígenas no tienen esta opción, por lo que cuando surgen disputas por la tierra u otros obstáculos, los esfuerzos para titular su tierra se detienen.

Por ejemplo, en 2014, grandes secciones de los bosques ancestrales de la comunidad de Santa Clara de Uchunya comenzaron a desaparecer.

Sin el conocimiento o consentimiento de la comunidad, el gobierno regional había cedido los derechos a muchas pequeñas parcelas de sus tierras, que Plantaciones de Pucallpa, una compañía de aceite de palma con conocidos problemas ambientales y legales, compró.

"Para comunidades como la mía, nuestra tierra es nuestro sustento. En Ucayali, una compañía de aceite de palma nos ha excluido de la tierra que es nuestro hogar, talando el bosque y dejándonos sin otra opción que luchar en la corte ", dijo Carlos Hoyos Soria, líder de la comunidad de Santa Clara de Uchunya en Perú

"Al mismo tiempo, nuestra solicitud de título de propiedad de la tierra se ha estancado durante varios años, durante los cuales hemos recibido amenazas de muerte y ataques violentos contra nuestra comunidad. Tememos por nuestras vidas, pero sin nuestra tierra, perdemos todo ".

Tensiones como estas están escalando en muchos de los 15 países estudiados en The Scramble for Land Rights. 

Las disparidades entre las comunidades y las empresas generan hostilidad que puede convertirse rápidamente en un conflicto, especialmente en América Latina, donde cientos de defensores del medio ambiente han sido asesinados en la última década en medio de una escalada de violencia. Los conflictos van desde disputas fronterizas con vecinos a concesiones superpuestas, y pueden unir a las comunidades en burocracia burocrática durante años. 


 Para nivelar el campo de juego entre comunidades y empresas, la IRG llama a los países a hacer procedimientos más complejos y más claros, enmendar pasos que imponen cargas difíciles e indebidas a las comunidades y hacer cumplir uniformemente las políticas de adquisición de tierras corporativas. 

Y en todo el mundo, urge  una mejor resolución de conflictos Los cambios son necesarios para abordar reclamaciones de terceros en competencia e incrementar las consultas comunitarias que garantizan el consentimiento libre, previo e informado (CLPI). 
tierras.

*Papeldearbol@gmail.com
Editor Jorge Zavaleta Alegre
Corresponsal El Mercuriodigital.net  de España, Tandilnews de Argentina, Panoramica de Milan, Diario16 de Madrid
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