Crece la lucha por la tierra, declara Andrew Steer ,Presidente World Resources Institute

Organizaciones internacionales alertan a gobiernos falta creciente de recursos naturales. Mineria informal en Madre de Dios. Papa anuncia sínodo en Brasil.  

Una nueva lucha por la tierra está cobrando intensidad en los países en desarrollo. La demanda mundial de recursos naturales (minerales, madera, petróleo y tierras de cultivo fértiles) está aumentando vertiginosamente, mientras que los mercados se recuperan de la Gran Recesión de 2008 y el crecimiento económico eleva el estándar de vida de millones de personas. 

Para mantenerse al ritmo de la demanda, las empresas expanden sus operaciones con rapidez hacia lugares que cuentan con muchos recursos, como África, Asia y América Latina, y a menudo usurpan tierras que durante generaciones han estado en manos de pueblos indígenas y comunidades rurales.

Los documentos formales sobre la tierra pueden ayudar a las comunidades a convencer a otros de sus derechos legales y así garantizar que otros los reconocerán y respetarán. Estos documentos se pueden usar como prueba de posesión legal en un tribunal cuando surjan inconvenientes; donde por lo general tienen más peso que el testimonio verbal sobre los derechos consuetudinarios. 

Los certificados o títulos de propiedad sobre la tierra también pueden proporcionar a las comunidades una influencia crucial en las negociaciones con inversores externos y así mejorar las posibilidades de obtener un trato justo al compartir los beneficios y reducir la probabilidad de los conflictos que puedan surgir de los tratos poco favorables. Los derechos a la tierra comunitaria documentados también pueden crear oportunidades de acceder a financiación de proyectos

Las comunidades están perdiendo su tierra a un ritmo alarmante debido a que son forzadas a hacer lugar para estos inversores. Los pueblos indígenas y las comunidades rurales ahora están urgidos a asegurar sus derechos a la tierra antes de que las empresas llamen a la puerta. Aunque conjuntamente poseen más de la mitad de la tierra del mundo, legalmente estas comunidades poseen tan solo el 10 por ciento de la tierra mundial, e incluso un porcentaje menor de esta tierra está registrado y tiene título. 

Estos acuerdos de tenencia consuetudinaria que alguna vez protegieron la tierra de posesión colectiva ahora se están debilitando, y aquellos que pierden su tierra pierden todo: sus fuentes de sustento, sus hogares, su herencia cultural y mucho más. Pero como comprueba este informe, los pueblos indígenas y las comunidades rurales enfrentan una batalla difícil al intentar registrar y documentar sus derechos a la tierra. Este informe es uno de los primeros estudios integrales a nivel mundial de la manera en que las comunidades y las empresas obtienen derechos formales a la tierra, y pone al descubierto los distintos obstáculos que enfrenta cada uno; disparidades que otorgan a los inversores una clara ventaja. 

Para proteger sus derechos a la tierra, las comunidades sacrifican años, a veces décadas, pasando por procesos gubernamentales onerosos y difíciles de manejar. A medida que estos procedimientos se vuelven interminables, las empresas adquieren derechos a largo plazo sobre grandes franjas de tierra comunitaria sin documentar. 

Los inversores, con abogados habilidosos y conexiones políticas profundas, encuentran atajos para sortear los requisitos complejos, trabajan con el gobierno para obtener derechos sobre la tierra en tan solo 30 días y, en algunos casos, comienzan a despejar la tierra antes de asegurarse los derechos sobre ella. 

Estas reglas de juego injustas no solo amenazan las fuentes de sustento de los 2500 millones de personas que dependen de la tierra de posesión colectiva, sino que también presentan riesgos graves para el medioambiente. Con demasiada frecuencia, los inversores que obtienen derechos a las tierras comunitarias agotan los recursos naturales en una comunidad y luego pasan a la siguiente. 

Desplazan a los pueblos indígenas y las comunidades rurales, muchos de los cuales han administrado de manera sostenible su tierra, los bosques que la rodean y los ríos cercanos. No es de extrañar que, como muestra la investigación anterior de WRI en la Cuenca Amazónica, las tasas de deforestación en las tierras indígenas aseguradas por tenencia sean menos de la mitad de lo que son fuera de ellas. 

A medida que la carrera por la tierra se intensifica, los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil deben redoblar sus esfuerzos para proteger los derechos a la tierra de pueblos indígenas y comunidades locales. 

Este informe muestra de qué manera la creación de procedimientos más justos y accesibles para registrar y documentar la tierra de posesión colectiva, así como también el seguimiento hasta la implementación, puede comenzar a igualar las condiciones para todos.condiciones para todos. 

El informe también exige proporcionar a las comunidades un conjunto de derechos más integral, entre ellos el derecho a dar su consentimiento libre, previo e informado a cualquier desarrollo en su tierra. De igual modo, es crucial establecer recursos dedicados para mediar en forma transparente en los conflictos limítrofes y resolver reclamos contrapuestos de terceros que surjan durante los procesos de formalización de la tierra.

Estas recomendaciones serán útiles para organismos agrarios del gobierno, comunidades que buscan el reconocimiento de sus derechos, empresas que desean operar en forma ética y organizaciones no gubernamentales que presionan para lograr una reforma legal y regulatoria. 

Hay mucho en juego. Reducir la inequidad en los procedimientos de las comunidades y las empresas para adquirir derechos formales sobre las tierras puede ayudar a proteger los derechos de nuestros mejores guardianes del medioambiente: los pueblos indígenas y las comunidades que cuidan de la mitad de la tierra del mundo

CERCA DE LOS AUTORES Laura Notess es analista de investigación de Land and Resource Rights Initiative en el Centro de gestión de World Resources Institute (WRI). CONTACTO: Laura.Notess@wri.org Peter G. Veit es el director de Land and Resource Rights Initiative en el Centro de gestión de World Resources Institute (WRI). CONTACTO: peterv@wri.org Iliana Monterroso es becaria de postdoctorado del Center for International Forestry Research (CIFOR), P. CONTACTO: I.Monterroso@cgiar.org Andiko es abogado especialista en sostenibilidad de AsM Law Office, Indonesia. CONTACTO: andi.ko.ko@gmail.com Emmanuel Sulle es investigador del Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS), University of the Western Cape, Sudáfrica. CONTACTO: sulle.emmanuel@gmail.com Anne Larson es científica principal del Center for International Forestry Research (CIFOR), 

Perú. CONTACTO: a.larson@cgiar.org Anne-Sophie Gindroz es moderadora regional del sudeste asiático en Rights and Resources Initiative (RRI), Indonesia. CONTACTO: asgindroz@rightsandresources.org Julia Quaedvlieg es consultora en el Center for International Forestry Research (CIFOR), Perú. 

CONTACTO: juliaquaedvlieg@gmail.com Andrew Williams es asesor técnico en National Forestry Authority, Uganda. CONTACTO: andrew.mazingira@gmail.com CREDITOS DE

Jorge Zavaleta Alegre

Presidente  de Papel de Arbol

papeldearbo@gmail.com

Perú - Maryland. Emmitsburg

jorgez.1944@yahoo.es

Corresponsalía en EEUU y Perú
El Mercurio y Diario16 de España
Panoramical de Milán y Bruselas
Tandil Nesws, Argentina