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Jorge Zavaleta Alegre
América Latina
Llegamos
a Castrovirreyna, una ciudad en la frontera con Ayacucho, en los andes
centrales del Perú, para conocer los avances de algunos
proyectos de planificación urbana y poder construir ciudades
asequibles a la inversión y turismo, donde las heridas de la guerra entre
Sendero Luminoso y la Fuerza Armada dejan recuerdos de la barbarie,
y que podrían cicatrizar si el estado
nacional tuviera la capacidad democrática y administrar, sobre todo honradez en el uso de los escasos recursos que figuran en los presupuestos, incluyendo la
simbólica cooperación internacional.
El asalto a los fondos públicos es
la práctica cotidiana de muchos gobiernos locales, siguiendo la lección
de cuatro gobernantes de la república, de los cuales dos están en
prisión: Fujimori y Humala. Sobre García y Toledo pesan gravísimas acusaciones de
asalto a la caja fiscal y sobornos a suma alzada.
Esta referencia viene a propósito de la
libertad que la justicia ha otorgado, después de 25 años de prisión, a
una bailarina de ballet, cuya decisión se ha convertido en un espectáculo
por acción de una prensa que destaca el origen social de la
reclusa, como una forma de bajar la acción de los tribunales con respecto a los
millonarios sobrecostos de varios proyectos gasíferos y petroleros en los cuales
las administraciones nacionales son sindicados como responsables.
Esta semana también saldrá en libertad
la abogada senderista Bertha Huapaya y se inicia un nuevo juicio a Abimael Guzmán
por el atentado terrorista en el distrito limeño de Miraflores, el cual produjo la muerte de veinte personas.
La bailarina de ballet Maritza Garrido
Lecca, de 52 años, arrestada el 12 de setiembre de 1992 en su casa del
distrito limeño de Surquillo, donde escondía al cabecilla de Sendero Luminoso,
Abimael Guzmán, un líder mesiánico fundador de una organización maoista creada
en 1980 y que recurrió al terrorismo para tratar de tomar el poder.
Ella, junto a su entonces novio, quien
también ha cumplido cárcel, elaboró una cuidadosa coreografía para su
propósito. Alquiló una vivienda en Lima en la que instaló una escuela de danza
a la que acudían madres con sus hijas.
Mientras las niñas danzaban en el primer
piso del inmueble, en el segundo, la cúpula de esta organización maoísta, con
Guzmán a la cabeza, tramaba estrategias que han sido comparadas con la de los
quémeres rojos de Camboya: tierra arrasada y exterminio de enemigos.
La Agencia France Press señala que la
prensa peruana dedica a la bailarina por estos días una amplia cobertura,
en medio de la controversia. La revista Somos, del diario El Comercio, cuenta
su historia en 19 páginas, y varios programas de televisión han copado con
programas alusivos a ella:
“…. una compañera del partido que ha
cumplido muy bien su función, sabe lo que ha hecho”, dijo Guzmán tras su
captura, según un policía que interrogó al líder senderista en septiembre de
1992.
La Comisión de la Verdad y
Reconciliación, desde el Lugar de la Memoria-LUM, recuerda
que las investigaciones sobre el proceso de violencia de origen político
que se vivió en el Perú entre los años 1980 y 2000, han permitido a la CVR
llegar a constar que el conflicto armado interno constituyó el episodio
de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de
la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros
profundos y dolorosos en la sociedad peruana.
Resulta extraño que el actual
ministro de cultura del presidente PP Kuzynski haya despedido al director
del Lugar de la Memoria, antropólogo Guillermo Nüguet, por haber
autorizado un nuevo informe sobre la represión ejercida durante
el régimen presidente Fujimori, quien está condenado a 25
años de prisión.
La cifra más probable de víctimas
fatales de la violencia es de 69,280 personas. Se ha constatado que existió una
notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad
de ser víctima de la violencia.
Mariza Garrido
En
el departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40 por ciento de
muertos y desaparecidos. Al sumar a ello las víctimas en los
departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega
al 85 por ciento de las víctimas. Conjuntamente con las brechas
socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las
desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país.
La gran mayoría de las víctimas
fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas
como idioma materno.
El Partido Comunista del Perú-Sendero
Luminoso (PCP-SL) inició la lucha armada contra el Estado Peruano, a
contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas, y en momentos
en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres.
Los peruanos tampoco olvidan que
en 1984, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inició a su vez una
lucha armada contra el Estado y es responsable del 1.5 por ciento de las
víctimas fatales que fueron reportadas a la CVR. El MRTA asesinó a disidentes
de sus propias filas.
En ciertos lugares y momentos del
conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró
algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también
prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos
humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de
normas del Derecho Internacional Humanitario.
Es necesario señalar el
reconocimiento especial de la CVR a todas las víctimas pertenecientes a los
partidos que conformaron la alianza Izquierda Unida.violencia. Resalta,
también, que IU fue un canal de representación política de amplios sectores
populares y movimientos sociales hasta entonces no incluidos en la agenda
nacional. De esta forma, en muchas zonas del país, militantes de izquierda
fueron un freno para el avance del PCP-SL.
A través de numerosos testimonios
recogidos, audiencias y estudios realizados, se ha constatado que, durante el
proceso de la violencia, las iglesias Católica y evangélicas contribuyeron a
proteger a la población de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Y se
deplora que algunas autoridades eclesiásticas de Ayacucho, Huancavelica y
Abancay no hayan cumplido con su compromiso pastoral.
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