El zorro de abajo, por Sinesio López Jiménez

Jorge  Zavaleta Alegre

Corresponsal en EEUU/ El Mercurio

El zorro de arriba y el zorro de abajo, una de las novelas del  escritor peruano José María  Arguedas, plantea la profunda transformación de su país, desde mediados del siglo XX. Chimbote, el puerto  destruido por un violento terremoto de 1970,  surge  como encrucijada entre  dos progenies principales, la criolla y la indígena. Para ello, utilizó el mito de los zorros andinos que aparecen en el texto quechua Dioses y hombres de Huarochirí –traducido por primera vez al español por él mismo en 1966–para retratar su país. 

Como homenaje al autor de este gran aporte de JMA, Sinesio López,  en su  blog Los zorros de abajo y en diferentes espacios académicos  y laborales, plantea en sucesivas crónicas, con un lenguaje pedagógico, el profundo daño que causa a la América Latina, la administración pública en manos de audaces, improvisados  y corruptos políticos y una masa de cerca de un millón de medio de empleados que se oculta en una  abultada planilla, que resta  recursos para los olvidados de siempre.

Sinesio López Jiménez es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, Perú. Hizo estudios de doctorado en la Ecole Pratique des Hautes Etudes de la Universidad de París bajo la dirección de Alan Touraine. En la actualidad es profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM. Fue coordinador de la maestría en Sociología de la PUCP, coordinador de la maestría en Ciencia Política de la PUCP, Director de la Biblioteca Nacional del Perú (2001-2005), Director de El Diario de Marka (1982-1984) y columnista político del mismo. Los campos de interés académico son la Teoría Política, la Política Comparada, el Estado, la Democracia y la Ciudadanía. Ha sido profesor visitante de FLACSO, Quito, Ecuador y del CAEM.

SLJ. Es autor de los libros El Dios Mortal, Ciudadanos Reales e Imaginarios, Los tiempos de la política, coautor de varios libros de sociología y política y ha escrito muchos artículos y ensayos de su especialidad publicados en el Perú y en el extranjero. Actualmente es columnista del diario La República, de Lima. A continuación, leamos  algunas  de sus crónicas, las cuales inciden en palabras  suyas: “En la democracia y en el republicanismo las autoridades no aceptan restricciones en sus decisiones y nada impide que los mejores gobiernen en favor del bien público, mientras que el liberalismo sostiene que hay derechos que no pueden ser violados por agentes públicos o privados (transgresión). El neoliberalismo actual ha fortalecido el componente liberal y ha debilitado el componente republicano, ha fortalecido el rechazo a la transgresión, pero es tolerante frente a la corrupción”:

¿Y COMO LO HACEN?

La corrupción es destructora de la política, de la sociedad y, a la larga, de la misma economía. Ella conduce a la anti política, a la desmoralización social y probablemente al estancamiento económico. Ella ha convertido a algunos políticos de origen social modesto en ampulosos millonarios y ha incrementado significativamente las ganancias de grandes empresas nacionales y extranjeras. No se trata de una empresa, sino de varias, por no decir casi de todas. Stiglitz afirma que en los presupuestos de las grandes corporaciones figura un rubro dedicado a la corrupción.

Para comprenderla a cabalidad hay que desplegar diversos enfoques interdisciplinarios, pero es la economía política la que permite entender algunos aspectos sustantivos de la misma. Sugiero algunas ideas exploratorias sobre el tema.

En primer lugar, hay una relación estructural entre la economía y la política en el capitalismo. Ella consiste en lo siguiente: El Estado promueve la inversión privada y garantiza la seguridad jurídica de las inversiones del capital y este, a cambio, ofrece los impuestos necesarios para que el Estado se organice y funcione. A los políticos les interesa que a los capitalistas les vaya bien porque de ese modo ellos resultan también favorecidos. Este es un intercambio legalizado y legitimado, pero puede ser fuente de inequidad y de corrupción, en particular por el lado de la capacidad impositiva (evasión, elusión, regresión, etc.).

En segundo lugar, hay una relación coyuntural entre la economía y la política que se desarrolla en los procesos electorales competitivos para acceder al gobierno en los regímenes democráticos. La competencia electoral se desarrolla principalmente a través de los medios (en particular la TV) que son muy costosos y obliga a los políticos a buscar los recursos económicos necesarios para financiarla. El financiamiento puede ser público (franjas electorales) o privado que, a su vez, puede ser legal (de individuos o empresas) o ilegal (robos al fisco, coimas de empresas, narcotráfico, etc.).

Algunos candidatos han desarrollado sus campañas dentro de la legalidad, pero sospecho que otros han apelado a la corrupción disfrazándola de actividades legales. No es posible ni creíble que algunos candidatos financien sus millonarias campañas electorales con rifas, polladas o contribuciones de sus modestos militantes. El problema es que los organismos electorales son incapaces para controlarlos y el poder judicial es incapaz para juzgarlos y sancionarlos.

En tercer lugar, hay una relación entre la economía y la política que surge de las políticas públicas que despliega el Estado. Para analizar la corrupción en este nivel hay que considerar principalmente cuatro políticas públicas: Las privatizaciones de las empresas públicas, las inversiones públicas, las concesiones del Estado a las empresas privadas y las Alianzas Público Privadas.   La corrupción del fujimorismo se produjo en las dos primeras mientras la corrupción de los tres gobiernos democráticos (Toledo, García y Humala) se ha dado en las dos últimas. Vuelvo sobre la corrupción que nace de estas cuatro políticas públicas en la próxima columna.

ENTRE EL ESCEPTICISMO Y LA ESPERANZA

Una de las cosas peores de la corrupción no es la inmoralidad de los gobiernos y de los estados sino la desmoralización de las sociedades cuando ella no es castigada sino que es mantenida en la impunidad. Sospecho que cuando se llega a ese nivel y se percibe que todo está podrido, incluida la sociedad, ya no hay un punto de retorno, salvo las salidas anti-institucionales. Creo que no hemos llegado aún a ese nivel de desesperanza. Sospecho que la mayoría de los peruanos se mueve entre el escepticismo y la esperanza.

Hay un gran escepticismo sobre la capacidad de las instituciones de control horizontal (Congreso, Fiscalía y Jueces, Procuraduría, CNM, TC y Contraloría) para denunciar, combatir y sancionar la corrupción. Para comenzar, la denuncia traumática sobre la corrupción de Odrebecht y de algunos funcionarios peruanos no proviene de ellos sino de la justicia norteamericana y brasileña. Los organismos peruanos de control, con alguna que otra honrosa excepción, no la vieron o, si la vieron, silbaron al techo. Todos pasaban piola. Hoy se ven empujados por la justicia norteamericana y brasileña y por los medios.

¿Qué se puede esperar de la Comisión del Congreso encargada de investigar el Lava Jato?. Poco o nada. La mayoría de sus integrantes apoyaron a los gobiernos acusados de corrupción.  Algunos han ofrecido poner las manos al fuego e inmolarse por sus líderes. Es obvio que la mayoría, lejos de investigar la corrupción, va a blindar a sus presidentes y funcionarios. Poco es lo que puede hacer allí algún congresista que nada tuvo que ver con los gobiernos corruptos.

Y ¿qué podemos esperar de los jueces y fiscales?. Si nos atenemos al papel que han jugado en las últimas décadas no es mucho lo que se puede esperar de ellos. Siempre hay excepciones. Los fiscales que acusaron y los jueces que encarcelaron a los corruptos del gobierno de Fujimori merecen un reconocimiento especial. Hay, sin duda, fiscales y jueces honestos. Pero la mayoría de ellos, comenzando por las cabezas, parecen haberse dedicado a blindar y a encubrir a los presidentes y funcionarios acusados de corrupción. Frente al enorme desafío actual, tienen la oportunidad de mostrar que son capaces de cambiar.

Lo mismo se puede decir de los otros organismos institucionales de control horizontal (Procuradurías, CNM, TC y Contraloría), lo que es una lástima porque sus decisiones son vinculantes. Obligan a todos también los mecanismos del control vertical, en particular los que provienen de los resultados electorales. La eficacia de estos es, sin embargo, desigual. 

Funcionaron bien durante los últimos tres gobiernos: Redujeron su representación (Apra 2011 y 2016) o la desaparecieron (el fujimorismo el 2001, Perú Posible, 2006 y 2016 y Gana Perú 2016). Los electores castigaron su pobre desempeño y la corrupción. No todo, sin embargo, está perdido. En las horas más difíciles y en los grandes desafíos han aparecido los grandes movimientos de la ciudadanía y de la sociedad civil que adquieren una gran fuerza política cuando van acompañados por la denuncia y la difusión de los medios. La pregunta no es si va emerger o no una gran movilización social anticorrupción sino en qué momento va a aparecer. En esto radica la esperanza de salir del fango en que nos encontramos.

CORRUPCION Y DEMOCRACIA

Los estados desarrollados son, por lo general, menos corruptos que los estados post-coloniales porque sus funciones y capacidades están claramente diferenciadas del sistema económico y sus relaciones de interdependencia están bien institucionalizadas. En los estados post-coloniales, en cambio, las diferencias entre los sistemas económicos y políticos son borrosas y sus interdependencias no están sometidas a reglas y normas respetadas por todos.

Los gobiernos y los regímenes democráticos son menos corruptos que los gobiernos y regímenes no democráticos porque cuentan con controles horizontales, verticales y sociales que buscan impedir la corrupción y, cuando ella se produce, tratan de evitar la impunidad. Los gobiernos y regímenes no democráticos (dictaduras, autoritarismos, totalitarismos, etc), en cambio, no respetan la ley ni las instituciones. Son el reino de la arbitrariedad, del robo y de la impunidad.  Transgreden la ley y roban impunemente.

Las democracias no son inmunes a la corrupción, especialmente aquellas que no se han consolidado como tales o tienen, como ha señalado Phillipe Schmitter, una consolidación mínima o básica de alternancia en el poder, pero que no han alcanzado una consolidación amplia e institucionalizada. Ellas “exhiben una accountability horizontal débil o intermitente” (O´Donnell).  Este parece ser el caso nuestro y de gran parte de las democracias de AL.

Guillermo O´Donnell sostiene que “la debilidad de la accountability horizontal implica que los componentes liberales y republicanos de ellas son endebles. Las poliarquías (o democracias realmente existentes:slj) son la síntesis de tres corrientes históricas o tradiciones: democracia, liberalismo y republicanismo. Esta convergencia es parcialmente contradictoria porque algunos principios básicos de cada una de estas corrientes son inconsistentes con los principios básicos de las otras, lo que complejiza a las poliarquías pero las hace dinámicas y abiertas”.

El componente liberal asume al individuo como realidad primordial y enfatiza los derechos y libertades civiles mientras el componente republicano asume la comunidad de ciudadanos como la realidad primordial, defiende el bien común, enfatiza los derechos políticos, trata de hacer compatible el interés individual con el bien común y, si no lo logra, sacrifica al primero en nombre del segundo. Ambos distinguen entre la esfera pública y la privada, pero el liberalismo valora más la segunda y el republicanismo la primera. 

La discrepancia entre liberalismo y republicanismo lleva a conclusiones divergentes acerca de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, el sentido de la participación política, el carácter de la sociedad civil. En la democracia y en el republicanismo las autoridades no aceptan restricciones en sus decisiones y nada impide que los mejores gobiernen en favor del bien público, mientras que el liberalismo sostiene que hay derechos que no pueden ser violados por agentes públicos o privados (transgresión). El neoliberalismo actual ha fortalecido el componente liberal y ha debilitado el componente republicano, ha fortalecido el rechazo a la transgresión, pero es tolerante frente a la corrupción.

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