No hay necesidad de retroceder tres siglos, desde la colonia, para concluir que los pueblos nativos de la Amazonía siguen siendo presas de la muerte impune.
Sus luchas contra las actividades ilícitas que ponen en riesgo nuestros ecosistemas y la vida de los indígenas, terminan en la anomia de un Estado que pretende hacer inclusión social desde la capital del país y no de la descentralización y el desarrollo local.
Los dirigentes asháninkas Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima
Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo han sido asesinados
recientemente por bandas criminales asociados a la tala ilegal que aún
siguen fugitivos.
Diversas voces comparten los mensajes de la Defensoría del Pueblo:
que el Estado emprenda los operativos que permitan ubicar los restos
mortales de los fallecidos y la captura de los criminales responsables
de los hechos ocurridos contra la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto
(Ucayali), en el distrito de Masisea, frontera con Brasil, y con el
Pueblo Indígena Asháninka.
Los dirigentes indígenas que han perdido la vida denunciaron
públicamente, desde hace varios años, la extrema debilidad estatal en la
zona y la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban.
Pidieron a sus autoridades, en diversas ocasiones, protección de sus
derechos fundamentales.
En junio último, los dirigentes asháninkas se trasladaron a Lima para
reiterar sus demandas. La Defensoría del Pueblo convocó a dichos
dirigentes y a los representantes de la Presidencia del Consejo de
Ministros, y de los Ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores,
Agricultura y Riego, Defensa, Desarrollo e Inclusión Social, de la Mujer
y Ambiente, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre (Osinfor).
EL CRIMEN
En dicha cita, Edwin Chota denunció las amenazas contra él y otros dirigentes de su comunidad por personas que se dedicaban a las actividades de tala ilegal dentro de sus territorios comunales.
En dicha cita, Edwin Chota denunció las amenazas contra él y otros dirigentes de su comunidad por personas que se dedicaban a las actividades de tala ilegal dentro de sus territorios comunales.
En ese espacio se asumieron compromisos orientados a atender sus
preocupaciones por la titulación de sus tierras, la superposición con el
Bosque de Producción Permanente de Ucayali, la falta de servicios
públicos básicos y la tala ilegal de madera dentro de sus territorios
comunales, entre otros conflictos.
Los sectores del Estado convocados se comprometieron a evaluar una
visita a esa localidad, pero solo Osinfor ha sido la única entidad que
ha tomado contacto con la zona para investigar las denuncias de tala
ilegal.
La Defensoría del Pueblo exige la captura de los criminales
responsables de estos hechos. De igual modo, considera necesaria la
presencia de altas autoridades gubernamentales en la Comunidad Nativa de
Alto Tamaya Saweto para brindar a sus familiares todo el apoyo que
requieren, así como adoptar medidas urgentes y eficaces para proteger la
vida, integridad y garantizar los derechos colectivos de los miembros
del pueblo asháninka.
La Aidesep condenó el asesinato a balazos de cuatro líderes
asháninkas a manos de madereros ilegales y en las propias tierras de su
comunidad. Según referencias extraoficiales los cuatros hermanos
indígenas fueron asesinados delante de todo los vecinos de la comunidad.
“Los delincuentes agarraron a las víctimas, las amarraron y las
balearon en el campo deportivo”, contó Robert Guimaraes. Otros
testimonios dicen que fueron descuartizados.
UNA MUERTE ANUNCIADA
El difunto Edwin Chota Valera había presentado repetidas denuncias ante las autoridades forestales de Pucallpa, en contra de los madereros que actúan ilegalmente en la zona, explotando indiscriminadamente los recursos naturales de la comunidad. Estas denuncias no han tenido éxito y los madereros ilegales aún actúan impunemente en el Alto Tamaya.
El difunto Edwin Chota Valera había presentado repetidas denuncias ante las autoridades forestales de Pucallpa, en contra de los madereros que actúan ilegalmente en la zona, explotando indiscriminadamente los recursos naturales de la comunidad. Estas denuncias no han tenido éxito y los madereros ilegales aún actúan impunemente en el Alto Tamaya.
“Por el Respeto a la vida, la integridad física y los derechos
colectivos de los pueblos indígenas”, la Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), exige al Estado Peruano y al
Poder Judicial, hallar a los responsables y sancionarlos.
Aidesep exige al Estado Peruano, dar cumplimiento con lo establecido
en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas y los demás tratados
internacionales firmados por el Perú, en defensa y respeto de los
derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Finalmente reitera el compromiso por la defensa de los derechos
colectivos, sus territorios ancestrales y mantenerse firmes en el
objetivo de proteger y conservar nuestros bosques “NUESTRA CASA GRANDE”.
La comunidad de Alto Tamaya exige la titulación de sus tierras, como
punto de partida para que sus derechos no sean conculcados y para evitar
cualquier incursión de empresas que perjudican el cuidado ambiental.
Las comunidades campesinas y nativas del Perú controlan al menos el
55 por ciento de las tierras agrícolas, pero muchas comunidades deben
hacer frente a problemas de titulación de tierras, debido a que el
Estado no ha cumplido su compromiso de destinar los recursos necesarios
para el saneamiento legal de los actos de titularización.
CONFLICTOS
Un nuevo marco normativo ha liberalizado el tratamiento de las tierras,
pero ha generado en el seno de las comunidades una desigual expectativa
respecto a la titulación de tipo individual; esta situación ha creado no
pocas tensiones.
Las dificultades con que tropieza el saneamiento legal-revela la FAO,
se ven agudizadas por el desconocimiento de los comuneros de sus
derechos en materia de tierras comunales. Es necesario reforzar la
información sobre la importancia y utilidad de la titulación tanto de
las tierras de comunidades como de las tierras de propiedad familiar. Es
fundamental conocer los intereses de los propios comuneros y sus
expectativas respecto al proceso de titularización, y revisar y
modificar la legislación comunal.
Estas tareas son tanto más urgentes cuanto que el Estado,
desconociendo los derechos de las organizaciones campesinas, ha vuelto a
manifestar su interés por las vastas tierras eriazas de propiedad de
las comunidades, y ha declarado su intención de entregarlas a
inversionistas privados, denuncian Aidesp y la prensa brasileña.
Jorge Zavaleta Alegre
Colaborador
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