Jorge Zavaleta Alegre
La familia recupera con lentitud su espacio en el debate
político y en las decisiones de Estados
más desarrollados, en tanto no se caiga en el dogmatismo de la economía frente
a lo social que pospone el tema
de fondo. No se puede disminuir la frustración familiar sin políticas públicas
sólidas para la Familia, empezando por las aldeas más alejadas de un continente
de geografía agreste y rebelde, poblada por niños y ancianos huérfanos de apoyo
y en condiciones de extrema pobreza, cuyas cifras no siempre expresan
objetivamente la dimensión del drama humano.
Reaparecen “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, como principios de la sociedad moderna, después de la caída
del Muro de Berlín que cambia el rol
hegemónico del Estado.
“La visión económica del desarrollo es una visión suicida a
largo plazo”, argumenta Javier Iguíñiz, investigador latinoamericano, ahora secretario técnico del
Acuerdo Nacional del Perú, con la misión de alentar el cumplimiento de los planes y leyes contra la pobreza y su trágica incidencia en el presente y futuro de LAC.
“Si se insiste en que lo económico es lo principal del
desarrollo, que es la vía para lograr todo lo demás, mientras la desigualdad
sigue creciendo, estamos ante una bomba de tiempo fenomenal”
Esta advertencia, corroborada por diversidad de indicadores y
estudios, concentra su atención en el camino al desarrollo económico,
en particular en el de la agricultura, sobre todo la andina, está en grave
riesgo. Las alusiones a la gran capacidad
de emprendimiento del poblador andino, sin el respaldo orgánico del
Estado, se diluyen en frustración y en
algunos casos se traducen en la ponderación de testimonios de éxito, sin el menor
análisis, por los medios de
comunicación.
El riesgo en la Región consiste en avanzar la
desindustrialización y a la vez la “desagrarización”, confiando, una vez más en los recursos
naturales explotados a gran escala, incluido el gas y el petróleo en las
profundidades de la Cuenca Amazónica.
Los ajustes estructurales de principios de los 90 no han quedado
totalmente en el pasado como tampoco los cambios institucionales necesarios en el Estado y en el agro. Tres
son los grandes obstáculos: Empleo,
centralismo y el desamparo en el que viven, de manera irremediable grandes sectores.
Estamos en la época
del “crecimiento sin empleo”. El
reto de la descentralización constituye un desperdicio de recursos naturales, un gran desarraigo personal, una expropiación del derecho a participar en igualdad de
condiciones en la economía, política
y cultura en general. Las tendencias
principales del proceso
centralista, son además de la concentración en las principales urbes.
El Acuerdo Nacional
del Perú señala que el impacto de la
crisis sobre el desarrollo campesino supone darle un peso mayor a las
relaciones económicas entre productores que compiten entre sí diversos contextos de mercado. Quizá la mejor opción es la de transformar recursos naturales in situ antes de
trasportarlos. Los empresarios quieren situar
sus fábricas ahí donde
exista el mercado más grande.
El problema más
difícil de resolver, incluso a largo plazo, es el de la economía agraria en la sierra.
El aspecto tecnológico, es el que más
estudios económicos ha motivado recientemente. La costa necesita prácticamente de leyes, por ello esta región
es fuente de optimismo para muchos. La sierra, por el contrario, es para muy pocos. La selva, rica pero frágil, misterio evasión.
La agricultura de la
sierra peruana es estacionario desde la reforma
agraria del 1969, que aplicó el gobierno militar, anulando los proyectos
de todos los movimientos insurgentes, después de Cuba.
En los últimos años en
el Perú se ha logrado una reducción de la pobreza entre 10 a 15 puntos porcentuales, reducción que
se refiere solo a la pobreza monetaria. La demanda real es por una mejora en la
calidad de vida de los ciudadanos.
“La pobreza de ingreso baja, pero la pobreza vista más
ampliamente aumenta en otras esferas de la vida, que quedan desatendidas por el
enorme esfuerzo que hay que hacer para obtener ese ingreso”. Se debe mejorar la situación laboral de los trabajadores,
desde un incremento salarial hasta la facilidad para que éstos puedan mantener
las obligaciones que tienen con su familia.
“Si se insiste en que lo económico es lo principal del
desarrollo, que es la vía para lograr todo lo demás, mientras la desigualdad
sigue creciendo, estamos ante una bomba de tiempo fenomenal, porque no podemos
decir que lo más importante es aquello donde la desigualdad aumenta más. Estamos
fabricando frustración”, coinciden los
talleres y estudios del Acuerdo Nacional peruano:
“Una sociedad
subdesarrollada ofrece pocas oportunidades (…) Un pobre, en este enfoque, es
una persona que está atada a su propio destino”
CALIDAD EN LA
EDUCACIÓN
Es fatal afirmar que la calidad de la educación dependa del
nivel de ingreso económico de cada familia. Es antiético que el progreso está teniendo en la
educación esta relación perversa.
Una adecuada ecología seria la toma en cuenta componentes
tanto modernos como tradicionales. El problema de la escasez de la tierra es de más difícil solución. Todos juntos configuran un problema de empleo. Los
resultados en quienes usan los recursos tecnológicos son impresionantes.
En las chacras más
pequeñas, con menos de 100 kg de
semillaje, el porcentaje de charcas con pérdidas es significativamente más alto (56%) en el balance monetario y 81% en el balance total, que en las chacras más
grandes, alrededor de 40% para maneras de calcular balancees, aunque las
pérdidas son de cuantía en las granes. La principal fuente de ingresos del campesino andino y su
principal vía de progreso es la actividad agropecuaria.
REFERENTES
Los ingresos de la
actividad agropecuaria llegan por lo menos al 70% de los ingresos totales. Cuanto
más pobre es la comunidad, más se apoyan las familias en la crianza de
animales, evidentemente el impacto de los ajustes y de cualquier otro tipo de
causa dependerá en gran medida de la combinación de actividades del campesino.
En aquellos lugares
donde la actividad complementario más
importante es el trabajo asalariado, el deterioro ha sido mayor que donde
esa actividad es artesanía.
En la sierra el 26% de los explotaciones agropecuarias tiene
menos de una hectárea, el 52 % posee un
superficie menor de dos hectáreas
y 78 tiene tierras cuya extensión
es menor de 5 has. En estos rangos se encuentra pues la
inmensa mayoría de campesinos. En la medida en que dichas disociación
urbano-rural progrese, debe tener
efectos de largo plazo sobre el desarrollo del agro serrano más alejado de
dichas ciudades.
ALGUNAS CONCLUSIONES
La crisis financiera internacional afecta de manera directa,
aunque diferenciada, a los países de América Latina, a la población rural, y en
particular a la pobreza rural, de once países latinoamericanos: México,
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Brasil, Bolivia,
República Dominicana, Paraguay y Perú.
La crisis nos llega con más fuerza de lo esperado y es
posible que sus efectos duren más de lo originalmente estimado, porque se
presenta en un quinquenio en el cual se registró la expansión más acelerada (y
probablemente sostenida) de los últimos 30 años en América Latina, con
importantes metas logradas en torno a la reducción de la pobreza e indigencia
(CEPAL)
Los efectos de esta
crisis son: a los hogares de menores recursos a través de al menos tres
mecanismos: Menores ingresos por menores oportunidades laborales. Menores
ingresos por reducciones en la remesas de migrantes; y reducciones en el gasto
público, en particular el gasto social (que puede afectar a los más pobres
mediante las disminuciones en sus ingresos o en su consumo).
La frágil institucionalidad pública relacionada con el medio
rural y con el sector agropecuario dificulta imaginar que se logre desarrollar políticas
complejas que combinen estrategias de mitigación de corto plazo con acciones de
mediano plazo.
En países donde se han desarrollado políticas anticrisis
específicas en el sector agricultura, como en el caso peruano o el
nicaragüense, estas se reducen a generación de empleo temporal o ayudan a
cubrir los costos de producción (insumos) de los productores agropecuarios. A
ello hay que agregar una diversidad de
programas impregnados de acciones
sociales, desde el MIDIS, MIMP, DEFENSA
NACIONAL y la inversión en infraestructura en educación, Gobiernos Regionales, aunque con clara indiferencia y preocupación de la
tecnocracia neoliberal y de las grandes empresas monopólicas enraizadas desde hace décadas y observan el viraje de la sociedad comunal a partir de las economías familiares.
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