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viernes, 15 de febrero de 2013

PERU LA LUCHA CONTRA LA ESCLAVITUD DEL SILO XXI

http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-lucha-contra-trata-personas-peru-2039.aspx
Julio Andrés Rojas Julca*
La trata, es decir el traslado regular o irregular de personas, con fines de explotación de cualquier tipo, mediante el engaño, el fraude, la coacción, la violencia o el abuso, constituye uno de los problemas más serios de nuestro tiempo y una de las amenazas más grandes a los derechos humanos.
Este tipo de acciones se define como la versión moderna de la esclavitud humana.

Las víctimas de esta modalidad delictiva provienen de ambientes rurales, suburbanos y urbanos y son mantenidas en la esclavitud a través de una combinación de miedo, intimidación, abuso y controles psicológicos.
Aunque la trata de las niñas, niños y adolescentes es siempre un delito, resulta primordial establecer la diferencia o distinguir entre aquellos que migran en búsqueda de mejores opciones de vida y merecen ser apoyados en sus esfuerzos, y aquellos que son movilizados por otras personas para ser sometidos a la explotación y al abuso posteriormente.
El Perú cuenta con un importante marco legal en esta materia: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.
Asimismo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, entre otras normas.
Existe, además, la Comisión Multisectorial, liderada por el Ministerio del Interior, en la cual el Mimp participa activamente en la recuperación de las víctimas, según lo establece el respectivo reglamento.
 En principio, el problema aún no ha sido internalizado en la conciencia individual y colectiva. Además,  los censos nacionales son un referente general sobre la demografía, pero no son suficientes para emprender iniciativas sectoriales.
Es indispensable una efectiva concertación con el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de personas y afines, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial; es decir, un esfuerzo multisectorial.
La implementación de la Ley  28950 y su reglamento (Decreto  Supremo 007-2008-IN) le asigna la responsabilidad de proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos, políticas, planes y estrategias integrales contra la trata de personas. Los diferentes programas sociales que desarrolla el Estado son esfuerzos que pueden sumarse en esta cruzada.
Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene en el Plan Nacional de  Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 - 2021 los aportes de la Red Nacional de Defensorías del Niño, que operan en las municipalidades provinciales y distritales, del Sistema Nacional de Adopciones con oficinas en las regiones, ONG y empresas privadas.
En consecuencia, creemos que la atención de esta como de otras problemáticas que restringen derechos pasa por una acción global, concertada, entre el Estado y la sociedad.
*Viceministro de Poblaciones Vulnerables en Perú


Editora Perú

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