Jorge Zavaleta Alegre.
Periodista licenciado en Ciencias Sociales
Gracias a la política
de titulación de la propiedad, construcción formal de urbanizaciones, mayor
celo de los gobiernos municipales y una prensa más atenta a las demandas
populares, ahora es posible controlar con mayor eficacia el tráfico ilegal de
terrenos.
La siguiente historia
es nueva, porque constituye una lección del derecho a la vida con la ejemplar
participación ciudadana que va abandonando su indiferencia para defender sus
derechos.
Juana Núñez viuda de
Huiza, 92 años, se moviliza en silla de ruedas. Ella fue desalojada, el pasado
30 de enero, de su casa en la urbanización Villa Marina, en Chorrillos, donde
unas 40 familias sufren similar amenaza.
En su inmueble reside
hace más de 35 años con sus hijos, nueras, nietos, incluyendo a Ricardo, de 54
años, persona con discapacidad: secuela de polio y de dos infartos cerebrales,
que lo mantienen postrado y sin habla.
El desalojo tuvo que
dar marcha atrás. Juana Núñez reingresó a su morada por la movilización de los
pobladores y la oportuna respuesta
solidaria y concertada del Estado mediante el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el Programa Vida Digna del Inabif y la Compañía de
Bomberos.
El informe médico
indica que Juana Núñez presenta un diagnóstico de insuficiencia cardíaca.
"De mi casa solo
muerta me podrán sacar", manifestó la agraviada cuando llegaron las
autoridades para defenderla.
Este desalojo pone en
evidencia una compleja cadena de distorsión de la propiedad de los terrenos,
pues al pasar de una empresa a otra se tergiversan contratos de propiedad,
inclusive ya saneados.
La señora Núñez, según
documentación, compró su casa en 1967, hace 35 años, mediante contrato de
promesa de venta con una compañía a la que pagó 60 letras suscritas.
Las sucesivas empresas
formadas en el transcurrir del tiempo han cambiado de razón social y han
inscrito ante los Registros Públicos los mismos inmuebles como terrenos
baldíos.
El caso plantea una
relación más estrecha entre las instituciones y poderes del Estado.
Los programas públicos
tienen la responsabilidad y capacidad para brindar el oportuno apoyo a las
personas vulnerables.
Pero éstos no deberían
ser consecuencia de la levedad o de la abstracción legal.
La administración
pública demanda compromiso con la comunidad. Felizmente, el Gobierno está dando
pasos positivos en ese sentido.
Fecha:10/02/2013
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