Jorge Zavaleta Alegre
En el Perú la temática social va ocupando el espacio esperado por la ciudadanía. Una
democracia para ser completa debe
abordar, al mismo tiempo, los aspectos políticos, económicos y sociales, con mayor énfasis en la integración de las poblaciones más alejadas y débiles del país.
Esta es la percepción pública sobre la labor de las mesas y
comisiones multisectoriales. Veamos dos referencias últimas:
Acaba de realizarse en Lima la XIV Conferencia Anual por los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes - CADEN 2012. En ella se
informó que la Comisión Multisectorial encargada del Plan Nacional de Acción
por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, integrada por 12 sectores y 6
instituciones del Estado peruano, ha asumido una posición de consenso respecto
al anteproyecto de modificación del Código del Niño y Adolescente.
Las delegaciones de niñas, niños y adolescentes al referido Encuentro
Nacional, provenientes de Cuzco, Loreto, Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, Piura,
Lima, Callao, Ucayali y Pasco, plantearon a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos del Congreso de la República cuatro puntos centrales:
La incorporación del
uso del lenguaje inclusivo. Mención expresa a la prohibición de la violencia sexual y castigo físico y
humillante. Derecho de los adolescentes al libre acceso de información,
orientación y servicios sobre salud sexual y reproductiva. Creación de los
consejos consultivos en diversos espacios y su derecho a la libertad de
opinión, expresión y participación.
Estos planteamientos encontraron eco en las organizaciones
latinoamericanas, como REDLAMYC. En
documento expreso se suman a las voces
peruanas, respecto al dictamen parlamentario sobre el nuevo Código de la Niñez
y Adolescencia.
Un segundo hecho es el Programa Nacional Vida Digna, que se
inicia en el Cercado de Lima, orientado a las personas adultas en situación de
calle. Es fruto de las “Políticas Públicas de Promoción y Protección de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores”.
El Programa orientará
su intervención en acción conjunta con las Sociedades de Beneficencia Pública,
gobiernos regionales y locales, sector privado y voluntariado. Destaca la participación de la Municipalidad
de Lima. Los servicios serán orientados a promover el acceso y restitución de
los derechos de las personas adultas mayores, atención en centros de
referencia, atención en casas de acogida y estancia, así como acompañamiento y
apoyo a la familia.
También recoge avances normativos e intervenciones existentes
en la política pública nacional, en el
marco de los compromisos internacionales del Estado peruano. Los Centros de
Atención Residencial para Personas Adultas Mayores (CARPAM), serán reforzados
para brindar mejores servicios de alojamiento, alimentación completa,
vestimenta y otros servicios básicos.
La primera fase del Programa Piloto se ejecutará en siete ciudades: Lima, Ica,
Arequipa, Huancayo, Tacna, Huaraz e Iquitos. Según el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el INEI y la Municipalidad de Lima, el grupo
poblacional de adultos mayores es el de mayor crecimiento anual en el Perú. La acción
pública es una respuesta acertada y también
una interpelación a la sociedad
en su conjunto, que demanda la intervención del Estado en cumplimiento de su
rol de garante de derechos.
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