Este acuerdo no implica que el gasoducto del sur (por tuberías) se postergue, sino que el traslado del gas a través de camiones cisterna creará las condiciones para acelerar el uso del gas.
Esta nueva dinámica del sector energético comienza a preocupar a los mercantilistas, que no alcanzan a comprender aún que el libre mercado implica alianzas productivas entre empresas públicas y privadas para apostar por el desarrollo con inclusión social.
Humberto Campodónico, distinguido
por la revista internacional The Oil & Gas Year (Perú 2011), precisa que el
gobierno peruano tiene dos objetivos concretos con respecto a Petroperú, dentro
de una política de cambio de la matriz energética del país: Abastecer de gas el mercado interno con la
recuperación del lote 88 que era una reserva para la exportación y que la empresa
estatal, en una integración vertical
volverá al Upstream que lo dejó hace
15 años.
El memorándum de entendimiento entre PDVSA y Petroperú, para intercambiar experiencias y
tecnología, ha provocado más de una
airada reacción de la Confiep y de sus conglomerados periodísticos, que cuestionan,
en tiempos de acelerada globalización, las relaciones comerciales entre Estados,
más allá de afinidades o diferencias ideopolíticas.
PetroPerú aclara que no se invertirán en recursos en
exploración, sino que se harán estudios para explotar lotes que ya tienen
producción, lo cual descarta riesgo alguno para el país.
No debe olvidarse que PDVSA es la cuarta empresa del mundo,
con reservas incluso mayores a las de Arabia Saudita. Petroperú también anuncia
próximos y similares entendimientos con empresas de Asia para formar asociaciones
y eventualmente proyectos conjuntos.
Igualmente ya son públicos próximos acuerdos con la brasileña Petrobras, que contemplan el estudio de lotes de petróleo y
lubricantes, así como el Gasoducto Andino del Sur. Petrobras actuará a través
de Brasken, en la cual posee el 45 por
ciento de participación.
En Madrid se conocerán
los avances en la modernización y ampliación de la refinería de Talara de
Petroperú, en Piura, obra que estará a cargo de Técnicas Reunidas de España.
Tal refinería ampliará su capacidad de
65 mil a 95 mil barriles diarios y se construirán unidades para que el diesel
tenga poco azufre y para procesar mejor los llamados petróleos pesados.
Brasken y Petroperú también se ocuparán de planificar la
petroquímica futura en la zona de Ilo (Moquegua), que conllevará a inversiones de
infraestructura, puertos y carreteras.
Están en marcha conversaciones con Petroecuador, empresa que
licitará lotes petroleros en la frontera con Perú, un campo atractivo para las
inversiones por la cercanía al Oleoducto Norperuano. Ecuador tiene oleoductos,
pero muy distantes de la zona ecuaperuana, propiamente dicha. Pronto los
ministros de energía sostendrán reuniones binacionales.
Desde el lado de Perú-Petro, se conoce la elaboración de una
ventanilla única para aprobar estudios ambientales de proyectos de
hidrocarburos. Seis contratos de licencia están pendientes de suscripción, y
las inversiones en hidrocarburos superarán los 1,378 millones dólares para el
2012.
Los lotes adjudicados en la subasta realizada en octubre del
2010 son: 182, 184, 180 y 176 al consorcio formado por las empresas Repsol
Exploración Perú, Ecopetrol del Perú e YPF; y 178 y 185 a Emerald Energy Perú.
Estos contratos ya cumplieron su trámite en Perúpetro y se encuentran en
revisión en el Ministerio del sector. Algunas áreas de lotes adjudicados, sobre
todo a Repsol, Ecopetrol e YPF, han sido afectadas por ordenanzas del gobierno
regional de San Martín emitidas luego de la subasta porque ha implementado
reservas naturales.
En suma, el reflotamiento de Petroperú, Perúpetro, ENAPU, los
ajustes tributarios a las grandes mineras en agosto del año pasado y la
anunciada elevación de la presión al 18% a partir del 2012, no entusiasman a la
derecha empresarial.
La reglamentación y aplicación de la Ley de Consulta Previa a las comunidades
será el termómetro de las futuras relaciones económicas y sociales del Perú. Desde
los sectores más lúcidos se plantea: “No más concesiones mineras ni petroleras. Hay que ir a joint ventures del Estado con el
capital privado nacional o extranjero”, al mismo tiempo que se insiste en la reactivación
de la Planificación y no abandonar las grandes transformaciones que el gobierno
anunció al asumir al poder.
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